José Daniel Figueroa Vargas

Expediente 148/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
148/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • José Daniel Figueroa Vargas
  • Licenciada Iliana Yasel Iradiel Villanueva Pérez, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene al Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que mediante auto de seis de octubre del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 418/2023. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado. En consecuencia, se ordena remitir los autos originales al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que se substancie el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Así, atento a su contenido, se tiene a ********************, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el uno de septiembre del dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 80, 81, fracción I, inciso e), 86 y 83 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos de este juicio de amparo y del escrito de revisión, con copia del escrito de cuenta para la Representación Social Federal, y a las demás copias distribúyanse a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 148/2023-V-B, promovido por José Daniel Figueroa Vargas, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de febrero del dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado en la misma fecha a este juzgado, por razón de turno, José Daniel Figueroa Vargas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad, consistente en: La resolución de diecisiete de enero del dos mil veintitrés, dictada en el toca N-01/2023, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control dentro de la causa penal 6225/2022, instruida en contra de José Daniel Figueroa Vargas, por el hecho ilícito de violencia familiar, cometido en perjuicio de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López. SEGUNDO. Preceptos violados. La parte quejosa señala como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos normativos nacionales e internacionales. TERCERO. Admisión de la demanda. El nueve de febrero del dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 148/2023-V-B; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado y al agente del Ministerio Público que actúa en el toca penal; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente sentencia; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 1 fracción VI, 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además de que los actos reclamados, se atribuyen a unas autoridades del Distrito Judicial Bravos, territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción en que ejerce sus funciones este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que el quejoso exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revelan que el acto reclamado por el solicitante del amparo consiste en: La resolución de diecisiete de enero del dos mil veintitrés, dictada en el toca N-01/2023, por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad, mediante la cual confirmó el auto de vinculación a proceso dictado por el juez de control dentro de la causa penal 6225/2022, instruida en contra de José Daniel Figueroa Vargas, por el hecho ilícito de violencia familiar, cometido en perjuicio de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López. Acto que será materia de análisis en la presente resolución. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama y en apoyo a su informe, envió copia autorizada de las constancias que apoyan su comunicación, emitidas contra el quejoso por el ilícito de que se trata; asimismo, remite los discos de audio y video de la audiencia de formulación de imputación y de vinculación a proceso. Medios de convicción con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues los primeros resultan medios idóneos para hacer patente lo acontecido en dichas audiencias, dada la naturaleza del procedimiento en que se verificó el acto impugnado de inconstitucional; además en razón de la naturaleza de las audiencias orales, se registran en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de realizar una audiencia especial de reproducción de su contenido e incluso, durante el trámite de este juicio se dio vista a las partes a fin de brindarles certeza jurídica; en tanto que las documentales, fueron expedidas por autoridad en ejercicio y con motivo de sus funciones, por lo que se tiene por cierto el acto que se impugna de inconstitucional. Tales consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIA CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Empero, al no existir causa de improcedencia que deba examinarse, ya sea porque la hayan propuesto las partes o se advierta de oficio, lo que impone entrar al estudio de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa, respecto de la referida resolución reclamada de diecisiete de enero del dos mil veintitrés, pronunciada en el toca penal N-01/2023, mediante la cual la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, resuelve el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, en el sentido de confirmar el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, dentro de la causa penal 625/2022 del índice del Juzgado Penal de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta localidad, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en agravio de Lluvia Alejandra Hernández López. QUINTO. Conceptos de violación. En este considerando, se tienen por reproducidos los conceptos de violación sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, atento a lo que dispone la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 83 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de los conceptos de violación. Son ineficaces los conceptos de violación que hace valer el quejoso José Daniel Figueroa Vargas, aun suplida queja deficiente, a favor de la parte quejosa, y sin duda, se resolverá con conocimiento pleno de la controversia penal, sin favorecer a alguna de las partes en perjuicio de la otra, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Si bien el promovente tiene el carácter de procesado en la causa penal de origen, por lo que opera a su favor la suplencia de la queja deficiente, acorde con lo dispuesto el normativo citado en el párrafo que precede, y por ende, este Juzgador Constitucional está obligado a examinar cuestiones no propuestas por la accionante en sus conceptos de violación; sin embargo, tal suplencia no es absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino solamente en aquellos casos donde el órgano de amparo la considere útil para favorecer a la parte quejosa con la concesión de la protección constitucional; por lo que, no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, le perjudique o no le reporte utilidad alguna. Además, la falta de pronunciamiento o de expresión del estudio en suplencia de la queja no necesariamente implica que ese análisis no procede o que no se haya hecho. Simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la quejosa o recurrente, respecto de cuestiones que ésta no planteó, de manera que resultan innecesarias para motivar el fallo que le es adverso. Máxime que, acorde con el criterio jurisprudencial definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de tener por satisfechos los requisitos de debida fundamentación y motivación, no es necesario que el juzgador de amparo incluya, de forma expresa, el estudio oficioso del acto reclamado en suplencia, cuando dicho análisis, lejos de beneficiar a la promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna; pues, tal pronunciamiento debe hacerse únicamente cuando le reporte un beneficio. Por tanto, si no se advierte violación de derecho fundamental alguno de la parte quejosa, basta con que los aspectos debatidos por ésta, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea menester demostrar en la argumentación del fallo que tampoco obtendría un resultado favorable, a partir del estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo. El criterio al que se ha hecho referencia, es el identificado con el número de tesis 2a./J. 67/2017 (10a.), cuyo tenor es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Aclarado lo anterior, previo a exponer las razones que apoyan la ineficacia de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, conviene destacar que del análisis efectuado a las constancias que remitió la Sala responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias auténticas del Toca Penal N-01/2023, así como dos discos ópticos de almacenamiento de datos con sus respectivos índices cronológicos correspondientes al procedimiento penal de origen, y un diverso disco óptico, de la audiencia de segunda instancia, con el valor probatorio pleno que previamente les fue reconocido, se desprende que para emitir el auto de vinculación a proceso impugnado en segunda instancia y que dio origen a la resolución que ahora se reclama, se cumplieron los presupuestos que para ese efecto se establecen en el artículo 19 de la Constitución Federal, en correlación con los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establecido lo anterior, resulta pertinente precisar que, el análisis que se efectuará en el asunto en estudio, será tomando en consideración, los requisitos que señala el artículo 19 Constitucional, estableciéndose que en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Orienta lo expuesto, la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En tal contexto, se reitera, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: "19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." La lectura del fragmento antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son los siguientes: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Es dable señalar que, para que un auto de vinculación a proceso cumpla con los requisitos constitucionales y legales señalados en los preceptos transcritos, resulta indispensable que se satisfagan los presupuestos siguientes: a) Requisitos procedimentales 1. Que se haya formulado la imputación contra el indiciado; y, 2. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. b) Requisitos de forma: 1. Expresar el delito que se impute al indiciado; 2. Los datos o antecedentes expuestos por la representación social; y, 3. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. c) Requisitos de fondo: 1. Que esos datos o antecedentes establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; 2. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; y, 3. Que no se actualice una causa de extinción de la acción o excluyente del delito. Establecido lo anterior, se tiene que a juicio de quien resuelve, se considera que en el caso se cumplen todos y cada uno de los requisitos procedimentales, formales y de fondo para la emisión del auto de vinculación a proceso; de ahí que la determinación dictada por la Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, al confirmar la resolución apelada, sea correcta. En efecto, de las constancias que integran la causa penal de origen, se advierte que se llevó a cabo la audiencia inicial el siete de septiembre de dos mil veintidós, en la que el Agente del Ministerio Público, formuló imputación contra José Daniel Figueroa Vargas, por su probable participación en hechos que la ley penal local, configura como delito de violencia familiar, en perjuicio de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López, en presencia de su defensor; diligencia en la que se le hicieron saber los derechos que le asisten, manifestando que los comprendía, así como que se reservó su derecho a declarar. Posteriormente, el imputado solicitó se resolviera su situación jurídica dentro del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas; la representante social solicitó se procediera a dictar el auto de vinculación a proceso correspondiente, emitiéndose por el juez del conocimiento, en la continuación de la audiencia inicial que tuvo verificativo el doce septiembre siguiente, por el delito de violencia familiar. En consecuencia, se consideran satisfechos los requisitos procedimentales que se señalaron en el inciso a) que antecede, al quedar acreditado que se formuló imputación contra el indiciado, aquí quejoso; así como, que se le otorgó la oportunidad para declarar. Por lo que hace a los requisitos de forma a que se hace referencia en el inciso b), también quedaron satisfechos, dado que el Juez penal en el auto de vinculación a proceso que confirmó la Sala responsable en la resolución que se reclama, fue claro en precisar: 1. Que la representación social, en audiencia inicial de siete de septiembre del dos mil veintidós, imputó a José Daniel Figueroa Vargas, la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López. 2. En cuanto a los antecedentes expuestos por la representación social, se advierte que en la referida audiencia inicial la Agente del Ministerio Público y en la continuación de la misma, procedió a relatar los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, que consideró pertinentes para demostrar el hecho constitutivo del delito de violencia familiar. 3. Respecto de las circunstancias de lugar, tiempo y ejecución, de la apreciación integral del auto de vinculación analizado, se desprende que los hechos imputados al hoy quejoso acaecieron el veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiuna horas (tiempo), en el domicilio ubicado en calle Camino Escudero, número 2251, interior 617, de la Colonia Tres Torres, de esta ciudad (lugar), cuando el imputado aquí quejoso, le dijo al a víctima, quien era su pareja, "que era una cabrona, que ya estaba harto de toda su familia, que le hiciera como quisiera, pero que no se iría de la casa y si se iba, se llevaría a su hija" (ejecución); en consecuencia, el juzgador concluyó que se acreditaba el hecho constitutivo del delito de violencia familiar. En razón de lo expuesto, se encuentran satisfechos los presupuestos de forma a que se hace referencia en el inciso b) que antecede. En cuanto a los requisitos de fondo relacionados en el diverso inciso c), en el auto de vinculación a proceso confirmado por la Sala responsable se destacó lo siguiente: 1. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por la Representación Social se aprecian datos de prueba que, como bien lo estimó el juez natural, valorados de manera libre y lógica, hasta esta fase del procedimiento penal acusatorio y oral, se consideran idóneos para establecer razonablemente la existencia del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido por José Daniel Figueroa Vargas, en agravio de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López. 2. Lo anterior es así, pues de dicha investigación se desprende que el imputado José Daniel Figueroa Vargas, probablemente participó en los hechos delictivos, ya que el día veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiuna horas, en el domicilio ubicado en calle Camino Escudero, número 2251, interior 617, de la Colonia Tres Torres, de esta ciudad, le expresó a la víctima Lluvia Alejandra Hernández López, quien era su pareja, "que era una cabrona, que ya estaba harto de toda su familia, que le hiciera como quisiera, pero que no se iría de la casa y si se iba, se llevaría a su hija". Por lo que concluyó que se acreditaba el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, y además también se permitía establecer razonablemente la probabilidad de la participación del imputado en la comisión de ese hecho ilícito. 3. Finalmente, precisó que de los datos arrojados por la carpeta de investigación relatados por el Agente del Ministerio Público, se desprendía que en el caso no se actualizaba una causa de extinción de la acción o excluyente del delito. En consecuencia, es evidente la satisfacción de los requisitos de fondo que requiere el artículo 19 Constitucional, en relación con los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, el juez de control procedió a dictar el auto de vinculación a proceso respectivo, el cual fue confirmado por la Sala responsable en la resolución que ahora constituye el acto reclamado, bajo las siguientes consideraciones. La Sala penal responsable determinó que los hechos materia de la imputación ministerial, efectivamente como lo determinó el A quo, son aparentemente constitutivos del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal para el Estado de Chihuahua (vigente en la época de los hechos), del tenor siguiente: "Artículo 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar. Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada justificación como forma de maltrato. Cuando, a sabiendas de que la mujer se encuentra embarazada, el agente ejecute la conducta descrita en el primer párrafo, la pena se incrementará en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio." Conforme a tal descripción legal, la Sala responsable indicó que los datos de prueba valorados por el A quo primario, eran suficientes para decretar auto de vinculación al imputada por su probable intervención, como autor directo en términos de la fracción I del numeral 21 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, en agravio de Lluvia Alejandra Hernández López. A lo cual indicó la Responsable en la resolución combatida, que de los registros y datos de prueba que obran en la causa penal de origen y que el A quo empleó para emitir el auto de vinculación a proceso recurrido, se tiene la denuncia de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López, vertida ante el Ministerio Público, el veintisiete de diciembre del dos mil veintiuno, y en la que indicó que el día veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiuna horas, en el domicilio ubicado en Calle Camino Escudero, número 2251, interior 617, de la Colonia Tres Torres, de esta ciudad, el imputado, aquí quejoso, le refirió a la víctima "que era una cabrona, que ya estaba harto de toda su pinche familia, que le hiciera como quisiera, pero que no se iría de la casa y si se iba, se llevaría a su hija". Precisando la Sala responsable, que de dicha manifestación se desprende por parte del ahora imputado, violencia de carácter psicológica, derivada de agresiones verbales, la cual se corrobora con la diversa deposición de la testigo Citlalli Hernández, quien refirió que presenció cuando la víctima cuestionó al imputado, aquí quejoso, la respuesta agresiva y el amago de llevarse a la hija. Datos de prueba que, se reitera, destacó la Sala, y los cuales fueron relacionados por el Juez primario, para dictar el auto de vinculación a proceso, materia de apelación y el cual fue confirmado por la autoridad responsable, quien en la resolución materia de reclamo, relacionó a los destacados datos de prueba, el Dictamen en Materia de Psicología, practicado por la psicóloga Patricia Aragón Escalante, perito oficial, por cuanto a que del mismo se deprende que la víctima Lluvia Alejandra Hernández López, presenta afectación emocional moderada y que al efecto requería cuarenta sesiones de terapia psicológica especializada. Concluyendo la Ad quem, que con los datos de prueba previamente descritos, los cuales el Juzgador tomó en cuenta con apoyo en lo indicado por la Representación Social, y que ponderó debidamente, le llevaron a concluir que, en las circunstancias de tiempo, lugar y modo indicadas, se actualizaba el hecho ilícito que la ley señala como delito de violencia familiar; así como que, con esos mismos datos de prueba, a la luz de las reglas de la valoración que se contienen en los numerales 259, 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se justificaba, al menos, a manera de posibilidad, que el imputado José Daniel Figueroa Vargas, había realizado tal hecho delictuoso, en calidad de autor directo, en términos del artículo 21, fracción I, del Código Penal para esta Entidad Federativa. Por lo que, bajo esas condiciones, aquel juzgador advirtió acreditados los requisitos establecidos en el arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de José Daniel Figueroa Vargas. Determinación que estimó certera la Sala responsable, al precisar que el Juez penal de control luego de valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la agente del Ministerio Público y la contra-argumentación de la defensa, vinculó a proceso a José Daniel Figueroa Vargas, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en su calidad probable de autor directo, en agravio de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López. Asimismo, cabe indicar que la Sala responsable en la resolución combatida, al examinar los agravios formulados por la parte recurrente, aquí quejoso, en el recurso de apelación interpuesto, en relación a los mismos, sostuvo que de los registros de la audiencia inicial se advertía, que el imputado gozó de una defensa técnica para desvirtuar la imputación, ya que en la audiencia inicial el imputado, aquí quejoso, posteriormente de que se impuso de las constancias de la carpeta de investigación, manifestó estar en condiciones de realizar una defensa técnica; destacando que el imputado tuvo claridad sobre los hechos de los que debía defenderse y una vez que le fueron expuestos los datos de prueba por la Representación Social, tomó la decisión estratégica en su defensa, tanto que se acogió a la duplicidad del término constitucional, durante el cual ofreció datos de prueba en favor de su descargo. Incluso la responsable, también señaló que no se soslayaba que durante el desarrollo de la continuación de la audiencia inicial, la defensa adujo que la Representación Social omitió datos de prueba, empero, que no menguó la posibilidad de darlos a conocer, pues al respecto no ofertó los que estimó convenientes. Asimismo, indicó que no hay duda que se reflejó a favor del imputado, las condiciones para un debido proceso y el cumplimiento de una defensa técnica de las personas cuyos derechos, obligaciones y libertades se encuentran sujetos a la consideración judicial. También externó la responsable, que en el caso se hizo patente el principio de contradicción y la garantía de audiencia, pues el imputado mediante su defensa fue oído, y previo a la determinación judicial, se expuso una postura antagónica a la del órgano persecutor, sustentada en elementos probatorios que dijo, que omitió entregar el Representante Social, lo cual, revela que, pese a que se duele que no le fueron otorgados la totalidad de las constancias, pero que lo cierto es, que dispuso de todos los datos que consideró adecuados y necesarios para acreditar su postura. En relación al aludido tópico, la Sala externó que no hay duda que el Juez primario permitió a las partes el trato igualitario en el proceso, debido a que garantizó la presentación y la argumentación de sus casos, incluso a través del acto probatorio, bajo las reglas pertinentes en cada etapa procesal, con el fin de persuadir a la autoridad sobre sus posturas procesales, pues en la audiencia respectiva se permitieron aquellos datos probatorios referidos por la defensa, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, precisó que desde que el Ministerio Público, comunicó al imputado, en presencia de su defensa, de la investigación que hasta ese momento se ha realizado en su contra, los datos de prueba en que estos se apoya y el fundamento jurídico que sustentan los mismos, éste tiene la posibilidad de ejercer su defensa, respecto al hecho que le dio a conocer, además el que haya omitido datos de prueba al formular la imputación, no le genera ningún quebranto, puesto que la Representación Social sustentó su cargo con los datos que consideró adecuados para ello; determinado que era claro que no se restringió en contra del imputado, aquí quejoso, el derecho del imputado a una adecuada defensa técnica. Expuesto lo anterior, la Sala determinó que la resolución recurrida se ajustó, en lo esencial, conforme lo previsto por los artículos 19 de la Constitución de la República y 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues consideró correctas las razones que expresó el Juez primario, a fin de considerar demostrado el hecho ilícito de violencia familiar, imputado al aquí quejoso. Continuando con el estudio de los agravios formulados por el apelante, aquí justiciable, la Ad quem, indicó que en el caso particular el imputado insultó a la víctima por una diferencia de opinión, lo que implica una violencia verbal, debido a que se irroga la posibilidad de castigar lo que advirtió como una falta de pareja. Añadió que sin que obste el hecho de que la víctima haya denunciado los hechos meses después de acontecidos, pues ello no debe estimarse como elemento que perjudique a la versión de cargo, porque el ejercicio de un derecho, esto es, el acudir ante la autoridad a fin de dar a conocer un hecho que puede revestirse de interés penal, dentro de los periodos que la ley contempla, no puede acarrear ningún tipo de reproche, como tampoco el que posea condiciones que para el agravio lo tornen indemne a la posibilidad de sufrir violencia, pues el asegurar que la víctima es una mujer empoderada, con independencia económica, tales condiciones no pueden revertirse en su perjuicio a fin de argüir que la violencia fue falaz, pues las ofensas demostradas por los datos de prueba referidos, evidencian que pese a la agencia personal de la víctima, esta fue descalificada y demeritada por su pareja quien desaprobó sus decisiones. Asimismo, la responsable, en la resolución combatida manifestó que no comulga con lo expuesto por el A quo, relativo al valor demostrativo que determinó de la pericial emitida por la perito oficial, Patricia Aragón Escalante, dado que la Representación Social, puntualizó que la experta en mención, plasmó en su dictamen los instrumentos y la metodología que la permitió concluir que la víctima presenta una afectación emocional moderada, para lo cual recomendó cuarenta sesiones terapéuticas; y que si bien la perito, propuesta por la defensa del imputado, indicó que el dictamen emitido por la perito oficial, éste contiene una serie de inconsistencias, así como que no acreditó la calidad de perito y que sus conclusiones son incongruentes, dado que no advirtió ningún tipo de violencia física ni patrimonial; a lo anterior, la sala indicó que no puede tornarse incongruente la conclusión de la perito oficial, porque no advirtió violencia física ni patrimonial, pues el hecho imputado corresponde al de violencia psicológica. Respecto al agravio, relativo al desdén del dato de prueba, consistente en la declaración emitida por el imputado, mediante escrito, la Sala determinó que no le irroga perjuicio, pues de la reproducción del audio y video, se advierte que el Juzgado primario de manera correcta se pronunció respecto al mismo, pues convino que éste carece de valor probatorio, al no haber sido emitida dicha narrativa ante la Representación Social con la asistencia de su defensor, por ende no era de tomarse en consideración en perjuicio del imputado, pero que resultaba insuficiente para tener por negados los actos abusivos de poder que manifestaron la víctima y la testigo de cargo. Finalmente, al dar contestación a cada uno de los agravios del recurrente, en la resolución combatida, la responsable determinó que el estándar probatorio en la etapa procesal, no requiere de un cumulo determinado de datos probatorios, sino que basta que los que existan permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la posibilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y al efecto indicó confirmar el auto de vinculación a proceso de doce de septiembre del dos mil veintidós, dictado en contra de José Daniel Figueroa Vargas, Ahora bien, como se adelantó, resultan ineficaces los conceptos de violación que hace valer el aquí quejoso José Daniel Figueroa Vargas, en los cuales, básicamente reproduce los agravios esgrimidos contra el auto de vinculación a proceso emitido en su contra. En efecto, el promovente de amparo aduce esencialmente que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales, dado que se viola en su perjuicio su garantía de audiencia, al no habérsele entregado copia de la carpeta de investigación solicitada previamente; la falta de pronunciamiento respecto al sobreseimiento de oficio, en términos del numeral 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no existir elementos suficientes para sostener la vinculación a proceso; que se le viola su garantía de legalidad consagrada en los artículos 14 y 16 Constitucional, al revertirle la carga de prueba y no al Ministerio Público; que la responsable causa perjuicio en su contra, al analizar puntos no recurridos por las partes, y darle valor probatorio a una pericial que no fue materia de agravio; y que se viola en su perjuicio del artículo 17 y 19 Constitucional. Pues bien, como se precisó líneas arriba, los argumentos que el peticionario de amparo aduce a manera de conceptos de violación, no son más que una reiteración de los agravios que hizo valer ante la Sala responsable en el recurso de apelación que interpuso, ya que del examen de dichos argumentos se advierte, claramente, que controvierten las consideraciones del juez de primera instancia al dictar el auto de vinculación a proceso, que precisamente impugnó a través de aquel recurso; aunado a que tales argumentos de agravio, ya fueron analizados y desestimados por la Sala responsable en el fallo que ahora se reclama. Por ello, es que resulten ineficaces los conceptos de violación en estudio, pues, al ser una reiteración de los agravios formulados en el recurso de apelación; es inconcuso, que no controvierten de manera frontal y directa las razones que tomó en cuenta la Sala responsable, precisamente, para desestimar los alegatos de defensa hechos valer en aquel recurso. Es orientadora al caso, la jurisprudencia II.3o. J/42 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si el quejoso expresó ciertos agravios ante la autoridad responsable, ésta los estudió y declaró infundados, resultan inoperantes los conceptos de violación en que aquel se limita a repetir tales agravios, sin aducir razonamiento alguno tendiente a desvirtuar las consideraciones que dicha responsable hizo para llegar a la conclusión apuntada." No se soslaya que la parte quejosa haya abundado en los conceptos de violación, sobre los agravios que expresó en el recurso de apelación; empero, de los argumentos expuestos como conceptos de violación, se desprende que el quejoso sólo abunda de manera mínima sobre los agravios que expresó en el recurso de apelación, en el sentido de que la Sala responsable otorgó valor probatorio a un dictamen psicológico, el cual no fue materia de agravio, y que no debió confirmar el auto de vinculación recurrido, con apoyo en los datos que prueba que refirió el Juez primario y tomando en consideración el referido medio de investigación (dictamen pericial psicológico). No obstante, del examen que se efectúa a la resolución emitida en aquel recurso (reclamada en esta instancia de amparo), se advierte que fue correcto que la Ad quem resolviera de la forma en que lo hizo. Es así, ya que conforme a las constancias de autos, como bien lo determinó la Sala responsable, se desprende que la víctima Lluvia Alejandra Hernández López, desde su denuncia ante el Agente del Ministerio Público, el veintisiete de diciembre del dos mil veintiuno, se quejó de hechos cometidos en su contra, por el imputado aquí quejoso, José Daniel Figueroa Vargas, deposición que en se encuentra apoyada con la narrativa de la testigo Citlalli Hernández, quien al efecto aportó mayores datos al respecto; tales circunstancias, contrario a lo aseverado por el justiciable, no conlleva en modo alguno, que no pudiera considerarse el dato de prueba consistente en el aludido dictamen pericial en materia de psicología, emitido por la perito oficial, Patricia Aragón Escalante, adscrita a la Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, para vincularlo a proceso por su probable comisión en el delito de violencia familiar en agravio de Lluvia Alejandra Hernández López, por las consideraciones que la defensa expuso en la audiencia de vinculación a proceso, pues al efecto, como bien lo estimó la responsable, la desestimación de dicho medio de prueba, por la falta de acreditación de la perito, corresponde en la etapa procesal intermedia, la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, opuesto a lo vertido en sus motivos de queja, resulta correcto que los datos de prueba referidos, hayan sido considerados por la responsable, para confirmar el auto de vinculación a proceso emitido al imputado aquí quejoso, con motivo de los hechos acontecidos el veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiuna horas, en el domicilio ubicado en calle Camino Escudero, número 2251, interior 617, de la Colonia Tres Torres, de esta ciudad, respecto a que el imputado José Daniel Figueroa Vargas, quien era pareja sentimental de la víctima, le refirió "que era una cabrona, que ya estaba harto de toda su familia, que le hiciera como quisiera, pero que no se iría de la casa y si se iba, se llevaría a su hija"; y al desprenderse del dictamen psicológico en cuestión, de manera razonable, indicadores de violencia psicológica relacionados con tal hecho con apariencia del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 193 del Código Penal vigente para esta Entidad Federativa, cometido probablemente por aquél en agravio de la víctima Lluvia Alejandra Hernández López, precisamente al apoyarse en la valoración libre y razonada de datos de prueba que son idóneos y pertinentes para esa finalidad. Respecto al punto de indicadores de violencia psicológica, se estima destacar, que la Norma Oficial Mexicana "NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención", establece expresamente en su punto 4.14., relativo a los Indicadores de Violencia Psicológica, lo siguiente: "4.14. Indicadores de violencia psicológica, a los síntomas y signos indicativos de alteraciones a nivel del área psicológica -autoestima baja, sentimientos de miedo, de ira, de vulnerabilidad, de tristeza, de humillación, de desesperación, entre otros- o de trastornos psiquiátricos como del estado de ánimo, de ansiedad, por estrés postraumático, de personalidad; abuso o dependencia a sustancias; ideación o intento suicida, entre otros." Asimismo, sobre el particular, es orientadora la tesis III.2o.P.157 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que enseguida se inserta: "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA. ATENTO A QUE ESTE DELITO PUEDE SER DE REALIZACIÓN OCULTA, Y CONFORME A UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA Y LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA PRACTICADA A ÉSTA, ENTRELAZADAS ENTRE SÍ, TIENEN VALOR PROBATORIO PREPONDERANTE PARA SU ACREDITACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Si se trata de delitos en los que pueda existir discriminación que de derecho o hecho puedan sufrir hombres o mujeres, debe abordarse el tema con perspectiva de género, sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de las víctimas, en su mayoría mujeres, donde regularmente son partícipes de un ciclo en el que intervienen fenómenos como la codependencia y el temor que propician la denuncia del delito, donde cobra preponderancia entre dichos ilícitos, el de violencia intrafamiliar. Ahora bien, de conformidad con el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco, comete el delito de violencia intrafamiliar quien infiera maltrato en contra de uno a varios miembros de su familia, causando un deterioro a la integridad física o psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas. Cuando dicho ilícito se perpetra en su vertiente psicológica, no requiere ser visible a la sociedad o continuo, sino momentos específicos o reiterados y actos concretos, como pueden ser el maltrato verbal, las amenazas, el control económico, la manipulación, entre otros, por lo que debe considerarse de realización oculta, al cometerse en el núcleo familiar y no siempre a la vista de personas ajenas a éste. Respecto a dicho tópico, el Más Alto Tribunal del País ha sostenido que en los delitos de realización oculta, la declaración de la víctima tiene un valor preponderante, aunado a que en asuntos de violencia intrafamiliar, la prueba pericial en psicología resulta la idónea como prueba directa, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas víctimas del delito, puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, por lo que dichas pruebas, entrelazadas entre sí, tienen valor probatorio preponderante para la acreditación de dicho delito." A mayor abundamiento, cabe precisar que para dictar un auto de vinculación a proceso como el que ocupa nuestra atención, dada la disminución del estándar probatorio, no se requiere justificar la existencia plena del hecho que la ley señala como delito, pues como bien lo explicó la Sala responsable, es suficiente que la investigación arroje datos para el establecimiento de un hecho calificado como delito por la ley y la existencia de la probabilidad de que la imputada participó en su comisión, lo que en el caso así acontece. Esto, pues la conducta que se le imputa al hoy promovente de derechos, para llevar a cabo el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, en su modalidad psicológica, la realizó en su calidad de autor directo, siendo suficiente su intervención, en virtud de que los datos de investigación aportados por la fiscalía reflejan que el día veinticinco de febrero del dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiuna horas, en el domicilio ubicado en calle Camino Escudero, número 2251, interior 617, de la Colonia Tres Torres, de esta ciudad, el imputado aquí quejoso, le externó a la víctima "que era una cabrona, que ya estaba harto de toda su familia, que le hiciera como quisiera, pero que no se iría de la casa y si se iba, se llevaría a su hija"; evento que aparentemente ocasionó afectación emocional sobre la víctima. Sirve de apoyo a lo antes determinado, el criterio jurisprudencial XVII.1o.P.A. J/2 (10a.) sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que a continuación se trae a contexto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO 'HECHO ILÍCITO' DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: 'AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).', estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no 'contaminar' o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos." En efecto, de la exposición que realizó la agente del Ministerio Público ante el juez natural se advirtieron hechos y datos que resultaron indicios razonables para suponer que se acredita el hecho con apariencia del delito de violencia familiar, lo que permite también establecer razonablemente la probabilidad de la participación del imputado, hoy quejoso, en la comisión del hecho punible. Además, se reitera, que para dictar el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario que los datos de prueba constituyan "indicios razonables" que permitan suponer la probabilidad de que la persona imputada cometió o participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito. Por ello, no asiste la razón al peticionario de amparo al afirmar que no hay elementos suficientes para emitir el auto de vinculación a proceso en su contra, toda vez que en el sistema adversarial acusatorio no existe un valor predeterminado de las pruebas porque el juez asigna ese estándar atendiendo a la lógica, el sentido común, las máximas de la experiencia, la sana crítica y la base científica. De esta manera, se estima que la valoración de los datos de prueba llevada a cabo por el juez penal y confirmada por la sala responsable es correcta, pues constituyen indicios razonables que permiten suponer la probable participación de José Daniel Figueroa Vargas, en aquel hecho con apariencia de delito. En efecto, el estándar probatorio que se requiere para el dictado del auto de vinculación a proceso es reducido, porque la resolución se sustenta solamente en datos de prueba, los cuales consisten en la simple referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, los que deben ser idóneos, pertinentes y aportar indicios razonables para establecer la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, el estándar de prueba que se requiere en esta fase no puede llegar al extremo de requerir medios de prueba que sean bastantes para juzgar el hecho, pues la exigencia de demostración es menor a la que se requiere para dictar sentencia, porque el auto de vinculación a proceso sólo tiene como objetivo inmediato determinar si las personas quedan sujetas o no al procedimiento. Tal interpretación es acorde con el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 87/2016, en la cual dilucidó que en el nuevo sistema de justicia penal, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Esto, porque en el nuevo sistema de justicia penal debe considerarse a la etapa de investigación como un período preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí que, para fundar la imputación no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. Precisó que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el juez para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario para "establecer", a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal, sin estar legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. El Máximo Tribunal también indicó que el juez de control deberá fundar y motivar suficientemente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba referidos por el ministerio público, donde sí deberá exponer las razones y fundamentos que le llevan a considerarlos idóneos y pertinentes con base en las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para tener por establecida la existencia del hecho considerado como delito y cumplir con el requisito de fondo. Las consideraciones destacadas dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), que a continuación se invoca: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Bajo ese contexto, resulta correcta la determinación de la Sala responsable al confirmar el auto de vinculación a proceso emitido en contra del ahora quejoso, precisamente, al quedar evidenciado que existen datos de prueba idóneos y pertinentes para establecer que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito y su probable comisión en el mismo. Importa destacar, además, que con dicha aseveración no se vulneran los principios de presunción de inocencia y carga de la prueba. Al respecto, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2087/2011, determinó que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión; por ende, la presunción de inocencia se conserva durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. De dicha ejecutoria derivó el criterio 1a. I/2012 (10a.), que enseguida se cita: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: 'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.', en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: 'De los derechos de toda persona imputada', que en su fracción I, establece: 'I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa'." Así, el Más Alto Tribunal del país estableció que el principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador (Ministerio Público), es un derecho fundamental cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales, como son, la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. Por tanto, en virtud de la presunción de inocencia ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta que se dicte la sentencia respectiva que la desvirtúe plenamente, acreditando la infracción al ordenamiento jurídico y, en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías necesarias para su adecuada defensa. En ese contexto, con el simple inicio de una investigación o del inicio del procedimiento no se menoscaba la presunción de inocencia, sino por el contrario, ésta se mantiene durante la sustanciación del proceso penal y hasta que, en su caso, se dicte sentencia condenatoria que dirima de forma concluyente la responsabilidad del imputado; es decir, solamente la sentencia condenatoria priva al inculpado de la calidad de inocente. Luego resulta inconcuso que, en la especie, los datos de prueba aportados en el procedimiento penal de origen, apreciados de manera libre y lógica en forma conjunta, integral y armónica, hasta esa fase procesal, constituyen el medio eficaz para establecer aparentemente la realización de un hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, así como la probabilidad de que el imputado José Daniel Figueroa Vargas, participó en su comisión, lo que justifica racionalmente la confirmación del auto de vinculación a proceso que se reclama. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis XXIII.10 P (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, cuya literalidad señala: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." En las relatadas circunstancias, ante la ineficacia de los conceptos de violación formulados para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, y sin que se advierta deficiencia alguna que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicita. Resta decir, que si bien algunas de las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en la presente sentencia fueron integradas durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, en el caso resultan aplicables, dado que no se oponen al texto del actual ordenamiento en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de este último. Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.) de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del país, que a continuación se transcribe: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Daniel Figueroa Vargas, contra el acto de la autoridad, Magistrada de la Quinta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en la localidad, por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy uno de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.

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