José David Cota Campos
Expediente 520/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- José David Cota Campos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte (notificado el diecinueve siguiente), en el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por José David Cota Campos; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 21, 22, 23 y 24 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Visto el ocurso de cuenta, firmado por José David Cota Campos, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Director de Inspección y Normatividad del Municipio de Ahome, Sinaloa y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 520/2020-5. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J.128/2001, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de dos mil uno, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esto es, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible a páginas 648, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Causa de improcedencia que se actualiza. Atento a lo anterior, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5° último párrafo, de la propia ley de la materia, que conjuntamente prevén el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia, no es otra cosa más que la legitimación que se concede a quien resiente de manera directa y personal las consecuencias del acto reclamado o, bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, y para arribar a ello, se tiene que los artículos 5º, fracción I, 61, fracción XII de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: LEY DE AMPARO "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." CONSTITUCIÓN FEDERAL "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ...". Como puede verse, la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal, establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención del Constituyente de establecer una regla absoluta que, por tanto, no admite excepciones. Lo anterior se ve reflejado en el segundo párrafo de la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de amparo al disponer de manera categórica que: ".El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo." . Así, el principio de "instancia de parte agraviada" implica que dentro del universo de afectaciones que una persona puede resentir, sólo aquellos que afecten el interés jurídico o legítimo, son aptos para ser analizados a través del juicio de amparo, y no otro tipo de afectaciones como aquellas que sólo implican una afectación no diferenciada, es decir, de interés simple. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, en sesión del cinco de junio de dos mil catorce, estableció que: ". para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional, implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.". En la misma ejecutoria, se precisó que tal parámetro de razonabilidad, no se refería a los estándares argumentativos empleados por la Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación; por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Los anteriores razonamientos se encuentran inmersos en la sentencia que le da origen a la jurisprudencia P./J.50/2014, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, correspondiente al mes de noviembre de dos mil catorce, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En esa ejecutoria, el Pleno del Más Alto Tribunal del país, estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la siguiente manera: Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso; El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. Es decir, el criterio contenido en la presente sentencia no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Lo anterior revela, sin lugar a dudas, que la afectación que estima el promovente le produce el acto reclamado, no es de índole diferenciado sino difuso. En efecto, el promovente en su escrito de demanda señala que: ". 4. Soy paciente del laboratorio de Mi Salud ubicado en ., al cual asisto con regularidad para realizarme exámenes clínicos, para lo cual solicito gire oficio a la empresa Sistema Mi Salud, SA de CV, una vez que abran sus oficinas ubicadas en . requiriendo que exhiban mi expediente clínico que tienen a su resguardo. 5. Dicho laboratorio es el que me queda más accesible debido a que, al estar ubicado en el centro de la ciudad, únicamente ocupo tomar un solo transporte público urbano desde mi casa hasta ese lugar, el cual me deja en la esquina, a unos pasos de éste. . 7. El pasado 10 de noviembre de este año, aproximadamente a las 10:30 horas, me encontraba en el laboratorio Mi Salud (ubicado en Obregón y Santos Degollado), esperando los resultados de los análisis de sangre que me había practicado ese mismo día más temprano, cuando llegaron personas que se identificaron como ejecutoras de la Dirección de Inspección y Normatividad del Ayuntamiento de Ahome, que venían a clausurar dicho inmueble. 8. Pude escuchar como uno de los funcionarios municipales le dijo al personal del laboratorio, que la clausura se debía a que Mi Salud no exhibió la licencia de uso de suelo del lugar. . 11. No pude recoger los resultados de mis análisis, ni el recibo de pago de estos, que ya había entregado a la recepcionista, pues estos individuos, de manera arbitraria, nos sacaron casi a empujones del lugar, sin darnos oportunidad de que me dieran los resultados. ." De igual forma, en el capítulo de suspensión de la demanda de amparo que se analiza, el promovente la solicitó para los siguientes efectos: ". Conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, solicito la suspensión provisional y después la definitiva, para que se ordene a las autoridades responsables, que de inmediato retiren los sellos de clausurado del inmueble donde se encuentra ubicado el laboratorio de análisis clínico de Mi Salud, y que este pueda reanudar su actividad esencial de servicios de salud. La suspensión se solicita para el efecto de que se retiren los sellos de clausura que la autoridad responsable colocó en las instalaciones de la clínica MI SALUD. A fin de que cese la violación directa de los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal. ... Por lo que, la obstaculización de accesos a los servicios de salud, como el que presta el laboratorio de análisis clínicos Mi Salud, que las responsables clausuraron, pone en riesgo mi salud y en peligro mi vida, al exponerme a un mayor contagio del virus del Covid 19, al tener que ir más lejos a realizarme los estudios, motivo por el cual debe conceder la suspensión provisional y la definitiva para que dichos sellos de clausura sean removidos y el laboratorio vuelva a prestar los servicios esenciales a mi y a la población en general. ." Como se advierte, el promovente acude a esta instancia de amparo a defender el interés que como usuario del laboratorio clínico denominado Mi Salud tiene a su favor, y esto se traduce en que tenga un interés simple, el cual, como ya se dijo, no es de aquellos que lo legitime para acudir a esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, porque el promovente de amparo no viene en su calidad de propietario o representante legal del laboratorio Mi Salud, que lo legitime para defender el estado de clausura impuesto en dicha negociación (en este caso sería un interés jurídico); pues solo lo hace en su calidad de usuario de los servicios prestados por esa persona moral, hecho que no lo legitima para instar a este órgano de control constitucional. Ahora, respecto al interés legítimo, conviene señalar que, conforme las premisas fijadas por el Máximo Tribunal del país, una persona con interés legítimo, se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, lo cual, de acuerdo a lo que la parte quejosa expone, no sucede en el caso concreto. Al respecto, conviene destacar que en las premisas ya mencionadas, se precisa que el interés legítimo: ". Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple...". En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, el cinco de septiembre de dos mil doce, sostuvo que la reforma constitucional de junio de dos mil once, que introdujo el concepto de interés legítimo: ". no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo.". Precisando que ello era así, en razón de que el Constituyente Permanente: ".había introducido un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido.". Lo así dicho se encuentra inmerso en la sentencia dictada en el amparo en revisión 366/2012, que le da origen a la jurisprudencia por reiteración 1ª./J.38/2016, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 690, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, correspondiente al mes de agosto de dos mil dieciséis, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De manera que si se presenta una demanda de amparo, aduciendo un interés simple, ésta no puede ser admitida, al no satisfacerse un requisito primordial de procedibilidad de la acción de amparo, prevista en la fracción I, del artículo 107, Constitucional, que como ya se dijo, establece que, el juicio de amparo siempre es a instancia de parte agraviada. Lo así dicho se materializa en la especie, porque, se insiste, el promovente de amparo acude a la instancia de amparo a defender el estado de clausura de una negociación mercantil de la que no es dueño o representante legal; tampoco acude al juicio de amparo a defender un servicio público en materia de salud (interés legítimo); en todo caso defiende un servicio privado de análisis clínicos de laboratorio proporcionado por un particular. En efecto, las propias manifestaciones del promovente de amparo, revelan que su interés es simple, pues no precisa cuál es el interés diferenciado con el que cuenta para acudir al amparo, y que lo distinga del interés que pudiera tener toda la comunidad que acude a solicitar servicios clínicos, sino solo se advierte un interés simple de que siga abierto para poder continuar acudiendo a dicho laboratorio. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que el promovente aduce que en el laboratorio Mi Salud se realizó diversos análisis clínicos que no se los pudieron entregar con motivo de la clausura decretada en las instalaciones de esa negociación comercial -por carecer de la licencia de uso de suelo-; sin embargo, de ello solo se advierte que el interés del quejoso para que se levante la clausura del laboratorio de análisis clínicos es simple, pues conforme a lo expuesto en la demanda de amparo solo sería para que en dicho lugar el impetrante se siguiera haciendo análisis clínicos y que se los entregaran. En efecto, retomando las premisas fijadas por el Pleno del Supremo Tribunal del País: ". los quejosos tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio..". De manera que: ". La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.". De modo que en caso de interés legítimo: ". La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.". En el caso, y como se apuntó anteriormente, sólo se advierte un interés simple, pues del reclamo hecho valer en la demanda de amparo no se aprecia un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes al no existir discrepancia con el interés general que tendría la comunidad que acude a recibir los servicios clínicos prestados por el laboratorio Mi Salud; lo cual, como se vio, queda sustentado por lo expuesto por el quejoso en sus antecedentes al argumentar que es una persona de sesenta y siete años de edad, que es paciente -cliente- del laboratorio al cual asiste con regularidad para realizarse exámenes clínicos, porque es el que le queda más accesible, y que no le entregaron unos resultados de análisis clínicos que se hizo el mismo día en que se generó el acto reclamado (clausura); hechos que (desde su perspectiva) le causan un agravio en su esfera jurídica de derechos; sin embargo, esa situación particular del quejoso frente al acto reclamado, solo evidencia su interés simple, porque si bien la base toral de su demanda descansa en que es usuario de ese local comercial al cual no podrá acudir porque fue clausurado con motivo del acto reclamado; lo cierto es que de ello no surge algún tipo de relación jurídica, con la citada negociación comercial que le otorgue un interés jurídico o legítimo que a su vez le permita instar a este órgano de control constitucional. Con base en lo expuesto, se sostiene que el quejoso carece de interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, toda vez que no basta que exponga un interés por la salvaguarda de la constitucionalidad y, como consecuencia, del orden legal, para que surja éste -interés legítimo- pues, como se dijo, para ello, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. De ese modo, el interés del quejoso no constituye en sí mismo el interés legítimo que se requiere para la procedencia del juicio de amparo. Habida cuenta que el interés legítimo conlleva un principio de afectación y, en el caso, no se advierte dónde se actualiza éste; además, sostener lo contrario, sería tanto como extender extraordinariamente la condición de afectación con cualquier acto de autoridad que se estime que no cumple con el marco constitucional y legal. En tal virtud, este órgano jurisdiccional considera que el quejoso no cuenta con un interés jurídico o legítimo para promover el juicio de amparo, sino con un mero interés simple, similar al que cualquier miembro de la sociedad puede tener en que las autoridades cumplan con sus obligaciones dentro del marco constitucional y legal; por ese motivo se actualiza la causal manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De exacta aplicación es la jurisprudencia 2ª./J.57/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1078, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, correspondiente al mes de junio de dos mil diecisiete, Tomo II, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.". Sirve de apoyo al anterior razonamiento jurídico, la tesis 1ª.CLXXXIV/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 448, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, Tomo I, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, y 5°, fracción I, párrafo primero, lo procedente es, DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Con apoyo en los preceptos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en Calle Álvaro Obregón, número 55 Oriente, Colonia Centro, de esta ciudad, y como sus autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Bautista Lizárraga Motta y como sus autorizados únicamente para que oigan, reciban notificaciones y se imponga de autos, a María Fernanda Guadalupe Lizárraga Meda, Martha Julia Valdez Santiago y Karen Melissa Padilla Duarte.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Jose Concepcion Carrillo Quintero397/2021
- Jose Corrales Limon648/2022
- Jose Cruz Bacasegua Moroyoqui579/2018
- Jose Cruz Jauregui Preciado178/2022
- Jose Danuario Torres Caravantes559/2017
- Jose Dario Cruz Gonzalez599/2018
- Jose de Jesus Cruz Berrelleza446/2020
- Jose de Jesus Garcia Bojorquez474/2022
- Jose de Jesus Leyva Gaxiola594/2018
- Jose de Jesus Molina Molina546/2015
- Jose de Jesus Molinero Rodriguez154/2021
- Jose de Jesus Morales Dominguez428/2022