Jose Cruz Bacasegua Moroyoqui
Expediente 579/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jose Cruz Bacasegua Moroyoqui
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías interpuesta por José Cruz Bacasegua Moroyoqui; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y la fracción I, del Ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con veintidós de octubre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JOSÉ CRUZ BACASEGUA MOROYOQUI, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADO POR ESTE JUZGADO QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito firmado por José Cruz Bacasegua Moroyoqui, y anexos mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Guasave, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 579/2018-6B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE: H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA.". "ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable, reclamo la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, misma que no pone fin al juicio principal pero sí violenta los derechos del trabajador al dejar sin efecto lo ya actuado de manera correcta en la tramitación del juicio ordinario laboral al ordenar reponer el procedimiento ordinario laboral en el juicio de número JE3-03-32/2018, según resolución interlocutoria de fecha 17 de Septiembre de 2018, tramitado ante la misma autoridad señalada aquí como responsable mediante acuerdo admisorio de fecha 22 de junio de 2018, como lo establece el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo ya que la audiencia de PRUEBAS Y ALEGATOS se celebró en tiempo y forma con los apercibimientos que la propia ley establece a la que comparecieron las demandadas por conducto de Su apoderado legal y donde dio contestación al improcedente incidente de nulidad de actuaciones, ya que de manera correcta en tiempo y forma se notificó y emplazó como se ordenó en el acuerdo inicial y de esta misma forma, se celebró la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES a la cual no comparecieron las demandadas, no obstante estar debidamente emplazadas a juicio de manera correcta prueba de ello lo es que están compareciendo al presente juicio principal en una etapa diferente a la que le fue notificada. En donde la parte actora ratificó su escrito inicial y a las demandadas se les tuvo por contestando en sentido afirmativo, por lo que se turnó el expediente para la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS la que se interrumpió por el improcedente recurso promovido de manera ilegal y dolosa, para que a la fecha se dicte una resolución interlocutoria que desde este momento se viene atacando y que violenta mis derechos por conducto de la autoridad señalada como Responsable." Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: "ANTECEDENTES: Con fecha 05 de marzo de 2018, se admitió formal demanda laboral por el despido injustificado del suscrito trabajador en el juicio principal por parte de la patronal descrita como tercera perjudicada, reclamándole a esta todas y cada una de las prestaciones principales y accesorias que a dicha acción le corresponden, el juicio número JE3-03-32/2018, en donde siendo las 8:45 horas del día 16 de mayo de 2018, se celebró legalmente la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES sin la comparecencia de las demandadas por lo que se le hicieron efectivos los apercibimientos dictados en el auto admisorio de fecha arriba mencionado, por lo que la parte hoy quejosa y actora en el juicio laboral he sido afectado en mis derechos al dársele nuevamente la oportunidad de comparecer ante la autoridad responsable no obstante que de autos se advierte que fue notificada la parte demandada de manera correcta el día 16 y 17 de Abril de 2018, según constancias que se encuentran agregadas en autos del juicio principal no existiendo legalidad en el acuerdo mismo que carece de motivación y fundamento por la autoridad responsable que dé la oportunidad de comparecer a oponer sus excepciones cuando ya le precluyó tal derecho por lo que se le otorga ventaja procesal en la continuación al juicio laboral interpuesto por mi parte en la que se debió desechar el recurso interpuesto y únicamente se le debió otorgar el derecho de comparecer a la audiencia de OFRECIMIENTO DE PRUEBAS a fin de que se imparta justicia laboral de manera justa e imparcial tal y como es contemplada en la constitución política de los estados unidos mexicanos.". Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, y con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, de la ley de la materia. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, de una interpretación de los artículos citados anteriormente, se obtiene que tratándose de actos emitidos en juicio, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos, situación que en el caso en concreto no acontece. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que la parte impetrante de amparo tilda de inconstitucional es reclamable por la presente vía, es menester primeramente estudiar si es de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos humanos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial, sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aun con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Asimismo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, debe precisarse el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Pues bien, el máximo órgano constitucional destacó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, a fin de ser calificados como tal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, -precisando- que el concepto "imposible reparación" rebasa lo puramente procesal, por lo que, debía lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, deriva de la interpretación jurisprudencia realizada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concluyó que no era dable continuar sosteniendo el criterio -personalidad- de imposible reparación, dado que dicha interpretación fue realizada de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad, en cuanto al concepto de imposible reparación. Sin embargo, -puntualizó- a la fecha no ocurre lo mismo, puesto que la vigente Ley de Amparo establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y otro su naturaleza "material" de la lesión producida. Así, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sobre la base expuesta, debe puntualizarse que la resolución incidental de fecha diecisiete septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones que se deriva del juicio ordinario laboral número JE3-03-32/2018, en donde se declaró procedente el incidente promovido por la parte demandada Corporativo Empresarial e Industrial del Río Petatlán, S.A de C.V., así como Herpeca, S.A de C.V, forma parte del proceso jurisdiccional, es derecho adjetivo, no repercute directamente en algún derecho sustantivo, por ende no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior, demuestra que el acto que se reclama en esta instancia no puede estimarse como de aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que -se insiste- sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, como ocurre en la especie. Así es, al establecer la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo que cuando el acto reclamado sea emitido dentro de juicio a fin de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, éste debe ser de imposible reparación y, en la especie, el acto reclamado sólo tiene repercusión en el procedimiento, esto es, un acto meramente procesal. En efecto la resolución incidental de fecha diecisiete Septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de nulidad de actuaciones que se deriva del juicio ordinario laboral número JE3-03-32/2018, en donde se declaró procedente el incidente promovido por la parte demandada Corporativo Empresarial e Industrial del Río Petatlán, S.A de C.V., así como Herpeca, S.A de C.V, en la que se dejó sin efecto lo ya actuado en el juicio ordinario laboral y se ordenó reponer el procedimiento no le depara perjuicio alguno al quejoso, dado que las violaciones que, en su caso, se cometan en la substanciación del procedimiento del que derivan los actos reclamados, sólo son reclamables cuando se vulneren de manera evidente derechos sustantivos de la parte accionante del amparo, (algún derecho sustantivo, o propiedades, posesiones, vida, libertad, intimidad, etc.). Motivo por el cual, al tratarse la determinación reclamada de actos intermedios (intraprocesales) y de carácter netamente formal, sólo trasciende y actualiza sus consecuencias hasta en tanto se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento o, en su caso, se violen derechos sustantivos de la parte promovente; de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales, o bien de imposible reparación; máxime que si el procedimiento del que derivan los actos reclamados aún no concluye, y se encuentra transcurriendo el proceso, es claro que la parte promovente aún no puede saber el sentido de la resolución que ahí se dicte, respecto del asunto en lo principal; y, por ende, tampoco puede conocer desde este momento, si el referido juicio, le será desfavorable, siendo hasta ese momento, en el cual la parte peticionaria de amparo estará en aptitud de aseverar que los actos intraprocesales que ahora reclama le causan un daño o perjuicio de difícil reparación y en este supuesto podrá combatirlo por los medios legales que estime pertinentes. Por identidad jurídica sustancial, es consultable la Tesis III.3o.C.43 K, que se localiza en la página 835, de Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 1999, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con el rubro y contenido: "ACTOS DENTRO DE JUICIO QUE NO SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SU IMPUGNACIÓN HASTA EL AMPARO DIRECTO NO INFRINGE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. La Ley de Amparo es reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que es donde se encuentra establecida la procedencia del juicio de garantías. Y justamente el segundo de tales preceptos, en su párrafo inicial, establece que: 'Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley' (o sea, la Ley de Amparo), 'de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos ... fuera de juicio o después de concluido ...'. Es decir, que es la propia Constitución la que aun cuando en su artículo 17 previene que la justicia debe ser pronta y expedita, dispone o autoriza a que en ciertos casos sea la Ley de Amparo la que reglamente lo relativo al momento en que procede tramitar el juicio de garantías". En todo caso las transgresiones aducidas por la quejosa podrían constituir una infracción al procedimiento susceptible de ser reparada al promoverse juicio de amparo directo contra la última resolución dictada en el procedimiento respetivo. Cierto, el artículo 172 de la Ley de Amparo prevé tal situación: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;". Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Tomo VI, página 39, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto.". Jurisprudencia visible en la página 1536 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época, del rubro y texto: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso.". Y la diversa Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, visible en la página 291 del tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación..'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "actuación" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Por tanto, se advierte con claridad que los derechos que la parte quejosa estima le fueron violados, no tienen el carácter de fundamentales, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, ya que se reducen a cuestiones netamente procesales, no a cuestiones sustantivas cuya ejecución sea irreparable para los efectos del amparo indirecto, el cual únicamente es procedente cuando verdaderamente se afecten los llamados derechos fundamentales. Por lo que, al no estar en presencia de una afectación a los derechos sustantivos del gobernado, no puede estimarse que el acto reclamado sea de imposible reparación. Luego entonces, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V de la Ley de Amparo, en concordancia con los arábigos 170 y 172, fracción XII, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. De conformidad en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se tiene por señalado como domicilio del impetrante de amparo para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Alan Leyva Zúñiga.
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