José Daniel Villalobos Sánchez y Otros.

Expediente 1497/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1497/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
06/10/2016

Partes del expediente

  • José Daniel Villalobos Sánchez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VII A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, seis de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciséis, por el que por una parte se desechó la demanda de amparo promovida por José Daniel Villalobos Sánchez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que por una parte se desechó la demanda en este juicio de amparo, y por otra parte mediante auto de veinte de septiembre del año en curso, se tuvo al Secretario del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito acusando de recibo del presente juicio que fue remitido por incompetencia respecto al acto reclamado a dicha autoridad, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Primero de lo Penal y anexo que acompaña, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VII A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por.... , contra actos del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad y otros; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1497/2016. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario establecer si este Juzgado Primero de Distrito, es competente para conocer de la misma, por ser la competencia un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el impetrante señala como autoridades responsables, las siguientes: " III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Alejandro Lázaro Mateos. Karina Ángeles Morales. Claudia Yanuhui Hernández Iturbide. Sandra Patricia García Rojas. Marcelino Alejo López Pérez. Lic. Rúben Paulo Ruíz Pérez. Del numeral uno al cinco con Domicilio en Primera Privada de avenida universidad número 112 interior 304 Centro, Oaxaca, y quienes fungían como mis defensores particulares y con el numeral 6 el magistrado del Tribunal Colegiado en materia penal (magistrado del Primer Tribunal unitario del décimo tercer circuito con residencia en Oaxaca) De lo anterior, se desprende que la acción constitucional se endereza contra la ilegal tramitación del amparo directo 51/2014, sin autorización del quejoso, radicado en el Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, acto que reclama de los particulares Alejandro Lázaro Mateos, Karina Ángeles Morales, Claudia Yanuhui Hernández Iturbide, Sandra Patricia García Rojas y Marcelino Alejo López Pérez, quienes señala fungieron como sus defensores, así como del Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese tenor, el suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado en contra de Alejandro Lázaro Mateos, Karina Ángeles Morales, Claudia Yanuhui Hernández Iturbide, Sandra Patricia García Rojas y Marcelino Alejo López Pérez, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 1°, fracción I, y 5°, fracción II, los dos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.). De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable cabe destacar que tal calidad comprende, con independencia de su naturaleza formal, a todas aquéllas que realicen actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, para distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, con las características precisadas con antelación, es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actué en un plano superior. Así, resulta útil precisar que la teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dicha competencia para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materia de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Acorde a tal distinción es dable concluir que el acto que ahora reclama el quejoso de Alejandro Lázaro Mateos, Karina Ángeles Morales, Claudia Yanuhui Hernández Iturbide, Sandra Patricia García Rojas y Marcelino Alejo López Pérez, quienes fungieron como sus defensores particulares se originó en una relación de coordinación, es decir, en una relación entre particulares, al reclamarse precisamente la prestación del servicio que dice ellos le brindaron en su calidad de abogados defensores del mismo, por tanto, no reúnen las características de unilateralidad e imperio. Bajo tales premisas es incuestionable concluir que si el acto que ahora reclama el quejoso las personas señaladas, no se sustentó en una relación de supra a subordinación, sino que se originó en una relación de coordinación, por lo que dichos particulares no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de actos entre particulares que no reúnen las características de unilateralidad e imperio requeridas para ser considerada con tal carácter. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.4o.C.10 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 1828, Libro 14, enero de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad. En consecuencia, el presente juicio de amparo promovido en contra de los actos reclamados a Alejandro Lázaro Mateos, Karina Ángeles Morales, Claudia Yanuhui Hernández Iturbide, Sandra Patricia García Rojas y Marcelino Alejo López Pérez, resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, En ese orden de ideas y al actualizarse en el caso un motivo manifiesto e indudable de improcedencia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA ÚNICAMENTE RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS A ALEJANDRO LÁZARO MATEOS, KARINA ÁNGELES MORALES, CLAUDIA YANUHUI HERNÁNDEZ ITURBIDE, SANDRA PATRICIA GARCÍA ROJAS Y MARCELINO ALEJO LÓPEZ PÉREZ, ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto de los actos reclamados a la autoridad Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, al efecto, conviene señalar que el artículo 36 de la Ley de Amparo, y 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen respectivamente lo siguiente: Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán:- - - I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; (.). En tal virtud, como en el caso se reclama un acto emitido por un Tribunal Unitario de Circuito, que no constituye una sentencia definitiva, en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el órgano jurisdiccional competente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Daniel Villalobos Sánchez, es otro Tribunal Unitario de Circuito, más próximo a la residencia del que emitió el acto reclamado, en el caso, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad. En consecuencia, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, declara carecer de competencia legal para conocer de la aludida demanda de amparo; por tanto, sin proveer trámite alguno, remítase el original del presente expediente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Unitarios del Décimo Tercer Circuito en esta ciudad, para que se sirva turnarlo al Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito, con sede en esta ciudad (a quien se considera competente), a fin de que resuelva lo que estime procedente; solicitando al Jefe de la referida oficina y al Tribunal antes mencionado el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.14/2012 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Libro VI, marzo de 2012, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador. Con copias de la boleta de registro y escrito de demanda de amparo; fórmese cuaderno de antecedentes. Ahora bien, toda vez que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y así haberlo solicitado expresamente, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le deban hacer de manera personal, practíquensele en el lugar donde se encuentre privado de su libertad, por conducto del actuario adscrito a este Juzgado, conforme al calendario de salidas a tal institución penitenciaria, a fin de agilizar el procedimiento. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.

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