José Daniel Amaya Gómez

Expediente 458/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
458/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
26/05/2015

Partes del expediente

  • José Daniel Amaya Gómez
  • José Daniel Amaya Gómez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA II B Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de catorce de abril de dos mil quince (fojas 31 a 34), por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor el veintiséis de noviembre del citado año, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original al haberse concedido en parte la medida cautelar de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Por otra parte, toda vez que el autorizado del quejoso Víctor Francisco Revilla Chávez, exhibió el billete de depósito serie N 171755 (uno, siete, uno, siete, cinco, cinco), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, por la suma de dos mil pesos moneda nacional, para garantizar la suspensión definitiva concedida al citado quejoso, en resolución interlocutoria de catorce de abril pasado (fojas 31 a 34); por tanto, hágase del conocimiento del impetrante de mérito, que puede presentarse en este órgano jurisdiccional a efecto de solicitar la devolución del billete de que se trata, en el entendido de que a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, empezará a correr el plazo que establece la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación para la prescripción de la citada garantía a favor del Erario Federal. En la inteligencia de que el quejoso, deberá presentarse ante este juzgado con documento oficial vigente que lo identifique fehacientemente, dejándose en autos la razón de entrega correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, personalmente al quejoso.

  2. Principal

    MESA II B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el treinta de abril de dos mil quince (fojas 77 a 80), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Finalmente, mediante oficio que al efecto se gire al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, devuélvasele la copia certificada de la causa penal 21/2015 con la que en auto de veintiuno de abril del año en curso, se ordenó formar el anexo I (foja 29).

  3. Principal

    MESA II B Vista la certificación de cuenta y estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de tres días que se otorgó a la tercera interesada Lucía Elizabeth Hernández Morales en proveído de veintiuno de abril de dos mil quince (fojas 29 y 30) para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del treinta de abril pasado al seis del mes y año en curso; sin que lo hubiere realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le previno, por lo que, practíquense sus notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    MESA II B. Notificación personal por lista (3ra Interesada). Agréguese a los autos el oficio 2086 signado por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, mediante el cual remite copia certificada del auto de formal prisión dictado el veintiocho de abril de dos mil quince, en la causa penal 21/2015 de su índice; documental que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se admite y se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que el quejoso José Daniel Amaya Gómez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro; Comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y la ejecución material de la misma, en su respectiva esfera de competencias. Además, que en proveído de trece de abril de dos mil quince (foja 27), se tuvo como inexistente a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como Comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que no se hará pronunciamiento alguno respecto del acto atribuido a la autoridad de mérito. Asimismo, se aprecia que los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado (fojas 11, 13,15, 17, 19 y 21) negaron la existencia de los actos que les reclama el impetrante José Daniel Amaya Gómez. En tal virtud, ante la inexistencia de los actos reclamados por los referidos quejosos a las precisadas autoridades responsables, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por otra parte, se advierte que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado por el quejoso (fojas 23 y 28); pues al efecto la autoridad jurisdiccional indicó que el veintitrés de febrero de dos mil quince, en la causa penal 21/2015 de su registro, libró orden de aprehensión en contra de José Daniel Amaya Gómez, por el delito culposo que produjo lesiones y daños, cometido el primero en agravio de Cevero García Cantera y Lucía Elizabeth Hernández Morales, y el segundo en perjuicio patrimonial de Cevero García Cantera (fojas 2 y 160 a 204 del cuaderno de pruebas). Ahora, del oficio que se agrega se advierte que el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, dentro de la citada causa penal 21/2015, el veintiocho de abril de dos mil quince, resolvió la situación jurídica del quejoso José Daniel Amaya Gómez, y dictó en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito culposo que produjo lesiones y daños, cometido el primero en agravio de Cevero García Cantera y Lucía Elizabeth Hernández Morales, y el segundo en perjuicio patrimonial de Cevero García Cantera (fojas 43 a 75). En tales condiciones, es evidente que con el dictado del auto de formal prisión ha cambiado la situación jurídica del quejoso, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, pues la orden de aprehensión combatida no puede ser analizada sin afectar la nueva situación jurídica creada por el auto de plazo constitucional; por tanto, es incuestionable que en el caso sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Asimismo, la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Cabe agregar que no pasa inadvertido al suscrito juzgador que se encuentra transcurriendo el plazo para que la tercera interesada Lucía Elizabeth Hernández Morales, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, como se ordenó en proveído de veintiuno del mes y año en curso (fojas 29 y 30); empero, con base en lo señalado en líneas anteriores (sobreseimiento), a nada práctico conduciría esperar a que dicho plazo transcurra, puesto que esta determinación no le depara ningún perjuicio; por tanto, notifíquesele esta determinación en el domicilio en que se ordenó emplazarla. Apoya lo anterior la jurisprudencia P. V/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 45, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 34). Notifíquese personalmente.

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