Jose Daniel Rodriguez Nieto

Expediente 984/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
984/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Jose Daniel Rodriguez Nieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículo, de esta ciudad, mediante el cual, solicita se le informe si en el presente juicio se dictó alguna resolución, y en su caso, remita copia certificada de dicha resolución. Del estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante oficio ***** de veinte de enero de dos mil veintitrés, se ordenó remitir a la autoridad oficiante copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional y del auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte; sin embargo, se omitió girar el citado oficio a fin de notificarle el mencionado proveído. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y al efecto, gírese oficio con transcripción del presente auto, digiriéndolo a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículo, de esta ciudad, al que se acompañe el oficio ******* con copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio y del auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el que causó ejecutoria, a efecto de que se imponga de su contenido. Lo anterior, para los efectos a los que haya lugar; hecho lo anterior, vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinte de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículo, de esta ciudad, mediante el cual, solicita se le informe si en el presente asunto se dictó alguna resolución, y en su caso, remita copia certificada de dicha resolución. En ese sentido, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante lo siguiente: 1.- Por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su apoderado ***, en el que previo a admitir la demanda, se previno a la parte quejosa. 2.- En proveído de dieciocho de diciembre del mismo año, se tuvo por desahogada la prevención y se admitió a trámite la demanda de amparo. 3.- Mediante sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó el presente juicio de amparo. 4.- En auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se ordenó su archivo definitivo. Asimismo, respecto a su solicitud de copias certificadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, mediante oficio con transcripción del presente auto, remítase a la citada autoridad copias certificadas de la sentencia dictada en el presente juicio constitucional y del auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Lo anterior, para los efectos a los que haya lugar; hecho lo anterior, vuelvan los autos al archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el juicio que nos ocupa, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Sí se allegaron documentos al juicio de los que no son catalogados como originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado en sentido contrario, 20 párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos exhibidos al juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se le informa que el horario del Juzgado es de las 13:00 horas a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a efecto de que lo tome en consideración, al momento de agendar su cita. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, las constancias que allegó al presente juicio, consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil *** de su índice, constante de dos tomos, por ser innecesario conservarlas. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA TANTO A LA PARTE QUEJOSA COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, LOS SIETE ÚLTIMOS, POR SÍ Y COMO SOCIOS DE LA PERSONA MORAL *****, LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, LA CUAL CONCLUYÓ EN LO SIGUIENTE: [...] TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Civil y al Actuario adscrito a la Central de Actuarios, ambas del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 85 y 93 de autos). Ahora bien, el Registrador Público de la Propiedad y la Directora de Impuestos Inmobiliarios, ambos del municipio de Irapuato, Guanajuato, negaron la existencia del acto de ejecución que se les atribuye (fojas 53 a 55 y 87 a 89); sin embargo, al haber aceptado la autoridad ordenadora el acto reclamado, debe considerarse inminente su ejecución, razón por la cual no procede tomar en cuenta la negativa propuesta y lo procedente es tener por cierto el acto ejecutivo que se les atribuye. Certeza que se corrobora con las constancias que integran el expediente de origen que obran en dos tomos de pruebas por cuerda separada, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este Juzgado Federal advierte, de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Para demostrar tal aserto, conviene traer a colación el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: *** De igual manera, es necesario citar el precepto 5º, fracción I, de la misma legislación. ... De conformidad con los artículos preinsertos, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese; sobre lo cual, se distinguen tres notas diferentes: I. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, tratándose de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. II. Tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico o, en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. III. En todo caso, el interés simple no es suficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo. En el entendido que de no contar con un interés sobre el acto reclamado (jurídico o legítimo, no simple), el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el Juicio Ordinario Civil *** en el que el Juez Segundo de Civil de Partido de esta ciudad, no acordó de conformidad su petición en el sentido de apersonarse en el citado juicio a defender su derecho como propietario de la parcela número *** del ejido de las Malvas, del municipio de Irapuato, Guanajuato, y su ejecución. Es preciso señalar que el Juicio Ordinario Civil de referencia fue promovido por *** en el que demandan de *** Notario Público *** con ejercicio en esta ciudad, entre otras cosas, la nulidad de la escritura pública número *** de dieciocho de diciembre de dos mil tres, pasada ante la fe del Notario Público *** de esta ciudad, en la que se contiene la dación en pago a favor de ***** respecto de la parcela número *** del ejido *** Por lo que el interés de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se analizará a partir del interés jurídico. Para cumplir con el fin anunciado, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/20076, sostuvo que la parte quejosa que acudía al amparo aduciendo interés jurídico debía resentir un perjuicio directo sobre sus intereses con motivo de un acto de autoridad, lo que tradujo en: I Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos en una persona o en su patrimonio; II Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; III Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, IV Que los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando la parte quejosa acredita una afectación en su persona o en sus bienes, situación que debe acreditar en forma fehaciente. Precisado lo anterior, la parte quejosa para acreditar su interés jurídico exhibió como prueba: a Copia certificada del contrato de compra-venta celebrado por *** en su carácter de vendedor, y *** en su carácter de comprador, respecto de la parcela número *** en el que dicha vendedora acreditó la propiedad del citado inmueble con la escritura pública ***** Al respecto, este Juzgado Federal determina que la probanza enunciada no es suficiente para acreditar algún interés jurídico de la parte quejosa respecto de la parcela número *** inmueble que se encuentra en litigio en el Juicio Ordinario Civil ***** del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad. Es así, ya que del análisis exhaustivo a la copia certificada precisada, este órgano jurisdiccional estima que no es apta para acreditar el derecho de propiedad que aduce tener respecto del inmueble en mención. En efecto, tratándose de certificaciones notariales deben cumplir con los requisitos que la ley señala, pues si bien un notario se encuentra investido de fe pública, sus actuaciones deben estar apegadas a la normativa correspondiente para que tengan eficacia plena. Cabe mencionar que el artículo 72 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato dispone, entre otras cuestiones, que queda prohibido a los notarios actuar fuera del protocolo, con la excepción de las certificaciones relativas a los instrumentos públicos y las que resulten del cotejo de documentos (fracción III) Y en el último párrafo prevé que en la certificaciones derivadas de cotejos se asentarán en la última hoja que corresponda al documento que se compulsa y coteja con su original o en hoja adherida al mismo. La certificación deberá contener: la mención del documento original cuyo cotejo se certifica, el número de fojas que comprende, el nombre de la persona a quien se expide, la razón doy fe, la firma del notario y el sello de autorizar, así como las demás medidas de seguridad que se establezcan por el Ejecutivo del Estado. En el caso, la certificación del contrato de promesa de compraventa, contiene lo siguiente: "El suscrito LICENCIADO *** TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO *** en legal ejercicio de este Partido Judicial. CERTIFICA: que la presente copia fotostática, coincide en todas y cada una de sus partes con su original que tuve a la vista y que consta de una foja (s) útil (es) . La presente se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Irapuato, Estado de Guanajuato, siendo el día doce del mes de Julio del año dos mil diecinueve. Doy fe. " Lo anterior, pone de manifiesto que la certificación no reúne dos de los requisitos para que tenga validez, a saber, la mención del documento original cuyo cotejo se certifica y el nombre de la persona a quien se expide. Y, en relación al segundo requisito se destaca que la ley establece expresamente que debe contener el nombre de la persona a quien se expide, siendo insuficiente la mención que se expide a solicitud de parte interesada. De ahí que, no procede otorgarle valor prbatorio pleno. Por lo expuesto, este órgano de control constitucional colige que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el Juicio Ordinario Civil *** en el que el Juez Segundo de Civil de Partido de esta ciudad, no acordó de conformidad su petición en el sentido de apersonarse en el citado juicio a defender su derecho como propietario de la parcela número *** del ejido de las Malvas, del municipio de Irapuato, Guanajuato, y su ejecución, en virtud que no demostró tener algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad del inmueble en mención, a más que son insuficientes sus manifestaciones que realizó, ajo protesta de decir verdad, en el sentido de que en el Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, se tramita un juicio en el que se encontraba en litigio el mismo terreno que su poderdante había comprado, ya que el interés jurídico en el juicio de amparo, debe probarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de localización, rubro y texto son: ... En consecuencia, al no quedar acreditado el interés jurídico de la parte quejosa para la promoción del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se impone sobreseer en el juicio, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Situación que por sí misma imposibilita a esta potestad federal para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Actuario adscrito a la Central de Actuarios, al Registrador Público de la Propiedad y Directora de Impuestos Inmobiliarios, todos con residencia en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, ya que su inconstitucionalidad deriva del acto reclamado que se le atribuye al juez ordenador. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo...

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