Jose Cruz Ramirez Elias

Expediente 745/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
745/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Jose Cruz Ramirez Elias

Actuaciones

  1. Principal

    El auto por el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado. Téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial. En relación a los documentos originales, con fundamento en el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General citado, se informa a la parte quejosa que cuenta con el plazo de noventa días naturales para su recolección, con el apercibimiento que de no hacerlo, se destruirá con el expediente.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, remitido vía correo electrónico por la jueza Único Menor Mixto de Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 717/2023 (1058/2023), enviado a fin de notificar a ********** el auto de veinte de julio del año en curso; lo anterior, debido a que el actuario judicial de su adscripción no localizó el domicilio proporcionado. Dese de baja dicha comunicación en el libro de gobierno correspondiente, previas las anotaciones respectivas. En tales condiciones, conforme a lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena que dentro del juicio de amparo en que se actúa, todas las notificaciones sucesivas, aun las de carácter personal, se les practiquen por medio de lista que se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como en los estrados de este órgano, hasta en tanto señale domicilio para tal fin. En ese tenor, se instruye a la actuaría, para que, por lista, notifique a la parte promovente el memorado acuerdo de veinte de julio de la presente anualidad, en los términos precisados en el párrafo que antecede. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese por despacho a la parte promovente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en proveído del dieciocho de agosto del presente año, en el presente juicio de amparo, se notifica al quejoso *****, el acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, que a la letra dice: Irapuato, Guanajuato, veinte de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ***********, contra actos que reclama del facilitador de la Coordinación Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penales y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 745/20231. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, tal como lo dispone el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Carta Magna, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece respecto de un acto, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. Del estudio integral de la demanda y escrito aclaratorio se advierte que la quejosa reclama los siguientes actos: a) La invitación para que el ahora quejoso se presente en el interior de las oficinas de mediación y conciliación del ministerio público de esta ciudad, realizada dentro del mecanismo alternativo 82199 derivado de la carpeta de investigación *************; Como consecuencia de ello: b) La posible detención o retención, así como su probable tortura; y, c) La posible judicialización de una carpeta de investigación en su contra. Ilustra lo expuesto la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente respecto de los actos reclamados identificados en los incisos a), b) y c). Lo anterior, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5º, fracción I, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." De los preceptos transcritos, se pone de relieve que el artículo 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo, hace referencia a aquellas causales de improcedencia que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo y el 107, fracción I, de la carta magna, en lo que interesa, se refieren a la cuestión inherente a la legitimación para promover el juicio de amparo, que se sujeta a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica de la parte agraviada. Ello es así, pues el juicio de amparo solo puede promoverse por la persona que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, al tenor de los dispositivos legales transcritos, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es notoriamente improcedente. Para una mayor claridad, primeramente, se abordará el estudio del acto reclamado identificado previamente bajo el inciso a) consistente en la invitación para que el ahora quejoso se presente en el interior de las oficinas de mediación y conciliación del ministerio público de esta ciudad, realizada dentro del mecanismo alternativo 82199 derivado de la carpeta de investigación ************, del que como se adelantó, este órgano jurisdiccional estima que dicho acto no produce consecuencias que puedan considerarse que trascienden y, mucho menos que afectan esfera jurídica del quejoso. Veamos, el contenido de la invitación de la deriva el acto destacado se ilustra con las siguientes imágenes: Como puede verse, de la invitación a que alude la parte quejosa como acto reclamado se aprecia que la misma fue emitida en la fase conciliatoria. Al respecto, el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esencia prevé la posibilidad de acuerdos reparatorios desde la presentación de la denuncia o querella hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio oral. Por otra parte, los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127 y 129, penúltimo y último párrafos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen que corresponde a la institución del Ministerio Público la investigación de los delitos y lo facultan para ordenar la comparecencia del imputado en la investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Al respecto, debe precisarse que los mecanismos alternativos de solución consisten en diversos procedimientos mediante los cuales, las personas puedan resolver sus controversias, sin la intervención de una autoridad jurisdiccional, y consisten en la negociación (autocomposición), la mediación, la conciliación y el arbitraje (heterocomposición). Entre las consideraciones expresadas en la exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se encuentra la relativa a que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita que permiten, en primer lugar, cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propician una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo. En ese sentido, tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con igual dignidad; además de que tienen como objeto una finalidad idéntica, que es la de resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentren bajo el imperio de la ley. Una vez precisado lo anterior, del contenido íntegro del escrito de demanda y sus anexos, la invitación que aquí se reclama es simplemente eso, el informe que se hace al quejoso invitándolo para que comparezca a llevar a cabo un acto de conciliación respecto de hechos que son de conocimiento de la autoridad ministerial; lo que no trasciende a ningún derecho sustantivo del quejoso, ni siquiera al de su libertad personal, pues el acto no se traduce en una orden de detención, aprehensión o presentación, ni contiene apercibimiento en relación con la utilización de los diversos medios de apremio, entre ellos, el uso de la fuerza pública en contra del quejoso, para lograr su comparecencia ante el representante social. El acto constituye solamente una invitación para presentarse ante la autoridad ahí indicada, con la finalidad de realizar una diligencia para la solución del conflicto derivado de la carpeta de investigación ***********, que en términos legales, tiene como consecuencia que si no acude, se dará por concluido el mecanismo alternativo de solución de la controversia en materia penal, lo cual de suyo no se traduce en alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del ahora quejoso, porque tendría a salvo su derecho para poder conciliar con la víctima u ofendido hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Lo que se pone relieve, con las manifestaciones que el promovente realizó en su demanda bajo protesta de decir verdad, las cuales tienen pleno valor probatorio al constituir una confesión expresa en términos de los artículos 95 y 199 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como de sus anexos, con las que resulta inconcuso que la multicitada invitación fue emitida como parte de un mecanismo alternativo de solución o arreglo armonioso, el cual tiene como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. En esas condiciones es evidente que la invitación de la ahora se duele el quejoso, no es reclamable en amparo indirecto; pues no es más que un aviso que, como su nombre indica, lo invita o cita a participar en un medio alternativo de solución de la controversia en materia penal derivada de la carpeta de investigación *************. Al respecto, en lo conducente y por las razones que informa, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239 de rubro: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" De igual manera, como se adelantó al inicio de este apartado, respecto a los actos reclamados identificados bajo los incisos b) y c) que el quejoso hizo consistir en la posiblejudicialización de una carpeta de investigación en su contra y la posible detención o retención con su probable tortura, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 5º, fracción I, este último interpretado en sentido, así como el diverso 217, de la Ley de Amparo. En concordancia con el criterio contenido en dichos numerales (previamente analizados), es oportuno mencionar, que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es el de agravio personal y directo, según se desprende del diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" En relación con el principio anotado, se ha mencionado que por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En ese tenor, cabe destacar que el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, condiciona la promoción del juicio protector a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique o agravie al peticionario. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que sucederá y le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que estácausando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En esas condiciones, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. En la ejecutoria que originó la tesis de jurisprudencia 1ª./J. 25/2003, publicada en la página 73, Tomo XVII, Junio de 2003 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Se advierte, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el agravio es presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en vinculación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se advierte que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y precisamente por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5º, fracción I, de la ley en cita, exige como condición para que pueda promoverse el juicio. Apoya a lo anterior, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 1740, Tomo XLI de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos." De igual modo sirve de apoyo, la tesis aislada del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-1, Febrero de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto señala: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." En la especie, la posible judicialización de una carpeta de investigación en su contra y la posible detención o retención, así como su probable tortura, irrefutablemente gravitan sobre una mera probabilidad; de ahí que se advierte la inexistencia actual de los actos que se analizan en este apartado y la ausencia de cualquier dato que ni siquiera de manera indiciaria permita considerarlos como actos inminentes. En realidad de la integridad del escrito de demanda, se advierte que la parte promovente señala tales actos como futuros hipotéticos, de realización incierta, respecto de los cuales no se tiene la certeza de su realización y sin que existan datos o elementos objetivos que por lo menos haga presumir que existen principios de ejecución o que los actos se llevarán a cabo y menos aun que esto sea de manera inminente. Por tanto, los actos reclamados meramente aluden a una mera probabilidad que, contrario a lo que señala ".la posible detención, o retención, la judicialización de una carpeta en mi contra.", así como ".con ello el temor fundado de que pudierancometer en mi contra actos de detención o torturas ilegales.", no se trata de un temor basado en situaciones objetivas que permitan visualizar que los actos necesariamente van a suceder. Al contrario, del contexto de la demanda se advierte que se trata propiamente una presunción o consideración subjetiva de la parte promovente que infiere por la invitación que le fue realizada por la autoridad que señala como responsable y respecto de la cual ya se analizó lo correspondiente en párrafos que anteceden. Así pues, es concluyente que los actos aquí analizados no son actuales ni de inminente ejecución; en consecuencia, es inconcuso que se trata de actos cuya realización resulta ser futura e incierta de manera que al momento de la presentación de la demanda, no pueden ocasionarse como acto que afecten de manera real y actual o inminente y que produzcan el agravio personal y directo exigido por la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. A mayor abundamiento, en lo relacionado a la judicialización de la carpeta de investigación, el amparo solicitado resulta improcedente además porque el juicio de amparo ese tipo de actos no son de aquellos que no tienen una ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte; en razón que la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social. Ello es así, pues se considera que dichos actos sólo pueden afectar derechos adjetivos o procesales en la integración de una indagatoria, por la emisión de actuaciones tendentes a la investigación de los hechos, de los cuales se duele la parte quejosa. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, agosto de 1992, página 11, con número de registro digital 205651, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Igualmente, por analogía jurídica, la Jurisprudencia que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." En ese contexto, respecto a los actos reclamados destacados, resulta evidente que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de trato, acorde con lo establecido por los numerales 62 y 113 del ordenamiento legal antes citado. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES En consecuencia, toda vez que el domicilio de dicho promovente se localiza en la comunidad de El Mezquite de Luna, perteneciente a Pénjamo, Guanajuato, lo cual es fuera de la residencia de este juzgado; con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Único Menor Mixto, con sede en Pénjamo, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado y en el ámbito de su jurisdicción, ordene al personal a su cargo para que se constituya en el citado domicilio y notifique al promovente *************, a quien deberá correrle traslado con copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibido que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pgeN ame=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la que se fija en los estrados de este juzgado. De igual forma se faculta al actuario respectivo, para que de no encontrar a la persona buscada, y si se entera de un domicilio diverso donde puedan ser emplazado, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo las diligencias de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. En la inteligencia que por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración del presente asunto, se confiere la facultad al juez exhortante para que, de ser necesario, pueda habilitar días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, para la práctica de la diligencia respectiva. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO A *********** se le tiene como autorizado en los términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de lo asentado en la certificación de cuenta; en tanto que en términos restringidos del numeral precitado al resto de las personas que refiere, por así haberlo manifestado de manera expresa. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO La parte quejosa proporcionó una dirección de correo electrónico en su escrito de la demanda, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: 1. La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. 2. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. 3. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. PROMOCIONES O SOLICITUDES QUE SE AGREGARÁN SIN MAYOR PROVEÍDO De igual manera, a efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la persona secretaria encargada del trámite del asunto, para que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellas promociones y trámites donde resulte innecesario dictar algún acuerdo. Lo anterior, procederá en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) cualquier otra que a su criterio y bajo su responsabilidad, se estime innecesario acordar, para el debido trámite del procedimiento de amparo. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por despacho a la parte promovente.

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