José Daniel Díaz Gallardo
Expediente 1053/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Daniel Díaz Gallardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Acapulco, Guerrero; nueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso José Daniel Díaz Gallardo, mediante el cual solicita la devolución de los diversos documentos que exhibió en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido, hágasele saber que deberá de estarse a lo acordado en el proveído inmediato anterior, en el que se dejó a su disposición los documentos que solicita; no obstante lo anterior, téngasele como sus autorizados para tal efecto a las personas que designa. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, conforme al oficio número CCJ/ST/6648/2018, signado por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistida de César Israel Santes Quevedo, Secretario del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
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NOTIFICACION PERSONAL
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... ES NOTIFICCIÓN PERSONAL..
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AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso desahoga la prevención formulada en proveído de catorce del mes actual, y al efecto precisa cuál fue la última quincena a partir de la cual dejaron de enterarle su pago como trabajador municipal y que no ha sido notificado de la instauración de algún procedimiento por virtud del cual se haya sometido a revisión el nombramiento de trabajador de base otorgado. IMPROCEDENCIA Ahora bien, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa. Del estudio integral de los escritos de demanda y de desahogo, así como de los anexos allegados, se advierte que la parte quejosa en esencia reclama la omisión de la autoridad responsable de pagarle su salario a partir de la última quincena del mes de noviembre de dos mil dieciocho, como servidor público municipal activo, adscrito a Regidurías del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con nombramiento definitivo de base a partir del dieciséis de febrero pasado. Lo anterior, bajo el argumento de que al preguntar al personal de recursos humanos del motivo por el cual no le fue enterado el salario respectivo, fue informado que había existido un retraso por el cambio de gobierno, pero que en el caso particular del quejoso, ya no se le seguiría pagando, desconociendo la razón de ello. Luego, el suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, tenemos que los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares puedan ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que dictaran, ordenaran, ejecutaran o trataran de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitieran realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; violando el particular los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, ya sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para que ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar, en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia del presente juicio es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que el quejoso la señale como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. Precisado lo anterior, el acto reclamado no encuadra en dicho supuesto, puesto que éste se ha dado entre el patrón y trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que el patrón actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que el Municipio, representado por el Ayuntamiento, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte del patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones el Municipio también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, se insiste, es conocido como supra a subordinación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 10/90, publicada en la página 92, tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE"; equiparó la relación Estado- empleado, con una relación laboral similar a la de un patrón, exceptuándose de tal hipótesis los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes, también se precisó que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias suscitadas entre el Estado como patrón y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, lo que significa que cualquier decisión que adopte como empleador, en relación con uno de sus empleados respecto de sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente. De ahí que, si en el caso que se analiza el quejoso al servicio del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclama la orden de retención del salario que percibe como trabajador supernumerario activo a partir de la última quincena del mes de noviembre de dos mil dieciocho, resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso un acto de autoridad que vulnere o restrinja en forma directa algún derecho sustantivo protegido por la norma Constitucional. Lo anterior se robustece con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por el propio quejoso, -lo que equivale a una confesión expresa, por disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo-, en el sentido de que fue informado por personal de recursos humanos del Ayuntamiento (patrón y/o empleador), ya no se le seguiría pagando su salario, lo que quiere decir que en realidad se está ante la presencia de un despido, en tanto que del nombramiento allegado se deriva que las labores que desempeña no se rigen por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 Constitucional, sino por la XIV del propio numeral, por ello, su relación laboral con el Ayuntamiento se encuentra prevista por la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Es aplicable por identidad de razones la tesis jurisprudencial 2a./J. 67/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 957, libro XI, tomo 1, Agosto de 2012 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor siguientes: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. ...; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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