José Carlos Ruiz Reskala

Expediente 948/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
948/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • José Carlos Ruiz Reskala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se dejan a disposición de la parte tercera interesada el documento original que allegó al presente sumario, para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, apercibida que de no hacerlo así dentro del término indicado, dicho documento será destruido junto con el expediente en los términos precisados con antelación. Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada.

  2. Principal

    Vistos; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 948/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, José Carlos Ruiz Reskala, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal de manera directa contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1). Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "El proveído de fecha 05 de Septiembre del año 2017, dictado por el C. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en los autos del Juicio Ordinario Civil, radicado bajo el expediente número 387-2/2013, seguido por BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/530, en contra de JOSÉ CARLOS RUIZ RESKALA." SEGUNDO.- Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo directo de que se trata, registrándola con el número de cuaderno auxiliar de amparo 22-2/2017; rindió el informe justificado correspondiente, ordenándose remitir los originales de la demanda, así como del expediente número 387-2/2013 de donde emana el acto reclamado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, a fin de que admitiera a trámite dicha demanda. TERCERO.- Por cuestión de turno, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, el conocimiento del asunto, y por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, estimó carecer de competencia legal para conocerlo, por lo que remitió el juicio de amparo directo civil 662/2017 de su índice, al Juez de Distrito en Turno de esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, a efecto de que se avocara a su conocimiento, el que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo que fue radicada en el libro de gobierno respectivo con el número de expediente 948/2017; se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar de lo anterior a la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O COMPETENCIA PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37, último párrafo; y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada después de concluido un juicio que se tramita ante una autoridad judicial que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA SEGUNDO.- La quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que se realizó su publicación por lista en los estrados del juzgado responsable, la que surtió sus efectos al siguiente día hábil (trece de septiembre de dos mil diecisiete), lo que se corrobora con la certificación que se asentó en la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió a partir del siguiente día hábil, es decir, del dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil diecisiete, descontándose los días veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, así como el día uno octubre siguientes por ser inhábiles; habiendo sido presentada la demanda de amparo -en la vía directa- el cinco de octubre del año pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, siendo aquella data la que debe considerarse como parámetro para verificar la oportunidad en la presentación de la demanda. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2006 que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 251, del Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." Ello, al no advertirse evidencia que revele que dicho error en la presentación de la demanda no debía interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo, conforme a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.) que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 275, del Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. TERCERO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que José Carlos Ruiz Reskala reclama el proveído de cinco de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 387-2/2013; mediante el cual determinó que no era procedente dar trámite al recurso de apelación interpuesto contra el auto de dieciocho de agosto del mismo año, por el que a su vez se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer en contra de la notificación de la sentencia dictada en segunda instancia. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO: CUARTO.- Es cierto el acto reclamado, en virtud de que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al rendir su respectivo informe justificado así lo aceptó expresamente; hecho que se corrobora además, con las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado, relativas al juicio ordinario civil reivindicatorio 387-2/2013 donde obra la resolución reclamada; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129, 197 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. QUINTO.- Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la parte tercera interesada sostiene que en el caso, la resolución sujeta a examen no se ubica en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no se trata de la última resolución, de lo que se sigue que pretende hacer valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la legislación en cita, en relación con la porción normativa citada en primer término, interpretada contrario sensu. Dicha causa de improcedencia resulta infundada. Para arribar a esa conclusión, se tiene presente en primer término, que la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Amparo prevé las hipótesis de procedencia del juicio de amparo biinstancial, de modo que cuando los actos reclamados se no ubican en dichos supuestos, el juicio de amparo se torna improcedente. Luego, en el caso, la fracción IV del ordinal en cita dispone la procedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido. De igual modo, dispone la procedencia del juicio de amparo contra los actos de ejecución de sentencia, pero solamente respecto de la última determinación en el procedimiento respectivo, definiéndose como tal la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la imposibilidad para ello, así como las que ordenan el archivo definitivo del asunto. Sin embargo, no debe perderse de vista que no toda resolución dictada después de concluido el juicio, es decir, una vez que se ha dictado sentencia definitiva, corresponde necesariamente a los actos de ejecución de sentencia o remate. Sobre el particular, al observarse que la parte quejosa pretende impugnar el auto por el que se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso que a su vez desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado en contra de la notificación de la sentencia de segunda instancia, de ello se sigue que no se está ante la presencia de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, pues no se encuentra dirigido a obtener o evitar el cumplimiento del fallo, sino únicamente a declarar la nulidad de la notificación de la sentencia emitida en segunda instancia, de ahí que no se actualice la hipótesis de improcedencia invocada, en cuyo caso la eventual lesión debe ser reclamada como una violación junto con la última resolución en dicho procedimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 77/2006 que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 111, del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SEXTO.- Como las partes no invocaron la actualización de una causal de improcedencia distinta a la analizada en el considerando que antecede, ni se advierte que opere alguna otra que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se determinará si procede o no conceder la protección federal solicitada por la parte quejosa. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, resulta pertinente tener en consideración que el quejoso reclamó el auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio 387-2/2013, en el que se no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dieciocho de agosto anterior, por estimarlo frívolo y notoriamente improcedente. Luego, con el valor probatorio pleno que quedó precisado en el considerando tercero de esta resolución, se observa que en el aludido proveído el juez de la causa basó el sentido de su decisión, en las siguientes consideraciones: a).- Que el artículo 367 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, dispone que la sentencia que ha causado ejecutoria no está sujeta a impugnación por tratarse de cosa juzgada. b).- Que en el caso, los Magistrados de la Sala Civil confirmaron la sentencia emitida en primera instancia el ocho de noviembre de dos mil diecisiete. c).- Que el artículo 369 de la legislación adjetiva en cita establece que la sentencia ejecutoriada excluye totalmente del negocio cualquier otro examen del negocio y cualquier resolución nueva sobre la misma relación jurídica. En contraste con lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo promovida por José Carlos Ruiz Reskala se observa que su reclamó se limitó a afirmar lo siguiente: 1).- Que la autoridad responsable infringe en su perjuicio los derechos sustantivos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2).- Que el auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete resulta incongruente con las constancias que integran el juicio natural, ya que el recurso de apelación interpuesto contra el auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones (contra la notificación de la sentencia dictada en segunda instancia), no resulta frívolo ni notoriamente improcedente. 3).- Que la notificación de la sentencia dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado no cumplía con las formalidades y requisitos exigidos por los artículos 151 y 167 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, y por tanto, dicha notificación no podía surtir efectos, por lo que resultaba nulo junto con lo actuado con posterioridad. 4).- Que el juez de la causa rechazó el recurso de apelación, aduciendo sin fundamento legal que era frívolo y notoriamente improcedente, a pesar de las violaciones aducidas con antelación, lo que ha dejado al quejoso en completo estado de indefensión. Ahora bien, del contraste de los argumentos en que sustentó su decisión el juez de la causa y lo expuesto por el quejoso, no se observa cuál es el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a esos derechos fundamentales, dado que, como se dijo, se trata de meras afirmaciones que en modo alguno controvierten frontalmente las consideraciones planteadas por el juez natural, particularmente por qué considera que no resulta aplicable lo establecido por los artículos 367 y 369 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. De ese modo, se arriba a la conclusión de que el motivo de disenso esgrimido resulta inoperante porque no se dirige a revelar la ilegalidad de los motivos en los que el juez natural apoyó el sentido de su decisión. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/21 que el integró Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1051, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." Mas aun, no puede soslayarse que incluso era necesario que la parte quejosa expusiera argumento eficiente que permitiera arribar a la convicción de que era procedente el recurso de apelación cuyo desechamiento en esta instancia reclamó, no así el diverso de reconsideración previsto en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 1a./J. 14/2005 que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 443, del Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución, al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Carlos Ruiz Reskala, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, y por los motivos reseñados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMA QUE DICE... Vistos; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 948/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO.- Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados Civiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, José Carlos Ruiz Reskala, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal de manera directa contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: 1). Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "El proveído de fecha 05 de Septiembre del año 2017, dictado por el C. Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en los autos del Juicio Ordinario Civil, radicado bajo el expediente número 387-2/2013, seguido por BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NÚMERO F/530, en contra de JOSÉ CARLOS RUIZ RESKALA." SEGUNDO.- Por auto de seis de octubre de dos mil diecisiete, la titular del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo directo de que se trata, registrándola con el número de cuaderno auxiliar de amparo 22-2/2017; rindió el informe justificado correspondiente, ordenándose remitir los originales de la demanda, así como del expediente número 387-2/2013 de donde emana el acto reclamado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, a fin de que admitiera a trámite dicha demanda. TERCERO.- Por cuestión de turno, correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, el conocimiento del asunto, y por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, estimó carecer de competencia legal para conocerlo, por lo que remitió el juicio de amparo directo civil 662/2017 de su índice, al Juez de Distrito en Turno de esta ciudad, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, a efecto de que se avocara a su conocimiento, el que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, este órgano de control constitucional admitió a trámite la demanda de amparo que fue radicada en el libro de gobierno respectivo con el número de expediente 948/2017; se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó notificar de lo anterior a la parte tercera interesada, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O COMPETENCIA PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37, último párrafo; y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una resolución dictada después de concluido un juicio que se tramita ante una autoridad judicial que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA SEGUNDO.- La quejosa bajo protesta de decir verdad indicó que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el doce de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en que se realizó su publicación por lista en los estrados del juzgado responsable, la que surtió sus efectos al siguiente día hábil (trece de septiembre de dos mil diecisiete), lo que se corrobora con la certificación que se asentó en la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Amparo; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió a partir del siguiente día hábil, es decir, del dieciocho de septiembre al seis de octubre de dos mil diecisiete, descontándose los días veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, así como el día uno octubre siguientes por ser inhábiles; habiendo sido presentada la demanda de amparo -en la vía directa- el cinco de octubre del año pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, siendo aquella data la que debe considerarse como parámetro para verificar la oportunidad en la presentación de la demanda. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2006 que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 251, del Tomo XXIII, marzo de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCIÓN DEBE ATENDERSE A LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO SE DECLARE INCOMPETENTE Y LA REMITA AL JUZGADO DE DISTRITO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causas de improcedencia del juicio de amparo deben acreditarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, y que la equivocación de la vía en que se presente la demanda correspondiente no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales. En ese sentido, cuando en la demanda se reclamen actos que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 114 de la Ley de Amparo, pero se dirija al Tribunal Colegiado de Circuito, debe estimarse oportuna su promoción si es presentada dentro del plazo legal ante la autoridad responsable, a pesar de que a la fecha en que se reciba en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito haya transcurrido el plazo previsto para ello, y que en esa demanda se expresen los antecedentes del acto reclamado, la protesta de decir verdad o algún otro de los requisitos establecidos por el artículo 116 de la Ley citada para la promoción del amparo indirecto; pues pretender desentrañar la intención del impetrante con la mención de esos requisitos, llevaría a establecer la vía de impugnación bajo indicios que constituyen un criterio subjetivo, siendo que lo aplicable es un criterio objetivo que no dé lugar a dudas sobre la intención de promover el amparo directo, como es la autoridad a la que se dirige y el lugar donde se presenta la demanda. En consecuencia, si su presentación ante la responsable ocurrió en tiempo, debe considerarse que la demanda de garantías fue presentada oportunamente, con independencia de que el Tribunal Colegiado de Circuito que la recibió se declare incompetente y que el Juez de Distrito ordene su regularización, en cuanto a la satisfacción de los requisitos de la demanda de amparo indirecto." Ello, al no advertirse evidencia que revele que dicho error en la presentación de la demanda no debía interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo, conforme a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.) que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 275, del Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. TERCERO.- Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que José Carlos Ruiz Reskala reclama el proveído de cinco de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 387-2/2013; mediante el cual determinó que no era procedente dar trámite al recurso de apelación interpuesto contra el auto de dieciocho de agosto del mismo año, por el que a su vez se desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer en contra de la notificación de la sentencia dictada en segunda instancia. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO: CUARTO.- Es cierto el acto reclamado, en virtud de que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, al rendir su respectivo informe justificado así lo aceptó expresamente; hecho que se corrobora además, con las constancias remitidas como apoyo a su informe justificado, relativas al juicio ordinario civil reivindicatorio 387-2/2013 donde obra la resolución reclamada; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129, 197 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. ANÁLISIS DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. QUINTO.- Una vez verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la parte tercera interesada sostiene que en el caso, la resolución sujeta a examen no se ubica en la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no se trata de la última resolución, de lo que se sigue que pretende hacer valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la legislación en cita, en relación con la porción normativa citada en primer término, interpretada contrario sensu. Dicha causa de improcedencia resulta infundada. Para arribar a esa conclusión, se tiene presente en primer término, que la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Por su parte, el artículo 107 de la Ley de Amparo prevé las hipótesis de procedencia del juicio de amparo biinstancial, de modo que cuando los actos reclamados se no ubican en dichos supuestos, el juicio de amparo se torna improcedente. Luego, en el caso, la fracción IV del ordinal en cita dispone la procedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido. De igual modo, dispone la procedencia del juicio de amparo contra los actos de ejecución de sentencia, pero solamente respecto de la última determinación en el procedimiento respectivo, definiéndose como tal la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o la imposibilidad para ello, así como las que ordenan el archivo definitivo del asunto. Sin embargo, no debe perderse de vista que no toda resolución dictada después de concluido el juicio, es decir, una vez que se ha dictado sentencia definitiva, corresponde necesariamente a los actos de ejecución de sentencia o remate. Sobre el particular, al observarse que la parte quejosa pretende impugnar el auto por el que se desechó el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso que a su vez desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado en contra de la notificación de la sentencia de segunda instancia, de ello se sigue que no se está ante la presencia de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, pues no se encuentra dirigido a obtener o evitar el cumplimiento del fallo, sino únicamente a declarar la nulidad de la notificación de la sentencia emitida en segunda instancia, de ahí que no se actualice la hipótesis de improcedencia invocada, en cuyo caso la eventual lesión debe ser reclamada como una violación junto con la última resolución en dicho procedimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 77/2006 que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 111, del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SEXTO.- Como las partes no invocaron la actualización de una causal de improcedencia distinta a la analizada en el considerando que antecede, ni se advierte que opere alguna otra que deba ser examinada de oficio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en este apartado se determinará si procede o no conceder la protección federal solicitada por la parte quejosa. Para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, resulta pertinente tener en consideración que el quejoso reclamó el auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio 387-2/2013, en el que se no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de dieciocho de agosto anterior, por estimarlo frívolo y notoriamente improcedente. Luego, con el valor probatorio pleno que quedó precisado en el considerando tercero de esta resolución, se observa que en el aludido proveído el juez de la causa basó el sentido de su decisión, en las siguientes consideraciones: a).- Que el artículo 367 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, dispone que la sentencia que ha causado ejecutoria no está sujeta a impugnación por tratarse de cosa juzgada. b).- Que en el caso, los Magistrados de la Sala Civil confirmaron la sentencia emitida en primera instancia el ocho de noviembre de dos mil diecisiete. c).- Que el artículo 369 de la legislación adjetiva en cita establece que la sentencia ejecutoriada excluye totalmente del negocio cualquier otro examen del negocio y cualquier resolución nueva sobre la misma relación jurídica. En contraste con lo anterior, del contenido integral de la demanda de amparo promovida por José Carlos Ruiz Reskala se observa que su reclamó se limitó a afirmar lo siguiente: 1).- Que la autoridad responsable infringe en su perjuicio los derechos sustantivos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2).- Que el auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete resulta incongruente con las constancias que integran el juicio natural, ya que el recurso de apelación interpuesto contra el auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones (contra la notificación de la sentencia dictada en segunda instancia), no resulta frívolo ni notoriamente improcedente. 3).- Que la notificación de la sentencia dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado no cumplía con las formalidades y requisitos exigidos por los artículos 151 y 167 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, y por tanto, dicha notificación no podía surtir efectos, por lo que resultaba nulo junto con lo actuado con posterioridad. 4).- Que el juez de la causa rechazó el recurso de apelación, aduciendo sin fundamento legal que era frívolo y notoriamente improcedente, a pesar de las violaciones aducidas con antelación, lo que ha dejado al quejoso en completo estado de indefensión. Ahora bien, del contraste de los argumentos en que sustentó su decisión el juez de la causa y lo expuesto por el quejoso, no se observa cuál es el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a esos derechos fundamentales, dado que, como se dijo, se trata de meras afirmaciones que en modo alguno controvierten frontalmente las consideraciones planteadas por el juez natural, particularmente por qué considera que no resulta aplicable lo establecido por los artículos 367 y 369 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. De ese modo, se arriba a la conclusión de que el motivo de disenso esgrimido resulta inoperante porque no se dirige a revelar la ilegalidad de los motivos en los que el juez natural apoyó el sentido de su decisión. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/21 que el integró Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1051, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." Mas aun, no puede soslayarse que incluso era necesario que la parte quejosa expusiera argumento eficiente que permitiera arribar a la convicción de que era procedente el recurso de apelación cuyo desechamiento en esta instancia reclamó, no así el diverso de reconsideración previsto en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 1a./J. 14/2005 que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 443, del Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Los autos que deciden o desechan los incidentes de nulidad de actuaciones dictados dentro del juicio, por regla general sólo son atacables vía agravio mediante la apelación hecha valer contra la sentencia definitiva, y como única excepción está el incidente que declara la nulidad del emplazamiento, el cual admite la apelación en ambos efectos; sin embargo, no hay regla expresa para la impugnación de los autos que desechen los incidentes después del dictado de la sentencia definitiva en los que se pretenda la nulidad de la notificación de una resolución que no tienda directamente a su ejecución. En ese tenor, y en virtud de que el artículo 435, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al disponer que son apelables los autos que causan gravamen irreparable en la sentencia, se refiere a decisiones emitidas dentro del juicio, antes del dictado de la definitiva, es indudable que no alcanza a las resoluciones posteriores y, por tanto, la apelación resulta improcedente en contra de éstas; en cambio, sí cabe el recurso de revocación, ya que el artículo 431 del citado ordenamiento legal dispone su procedencia contra los autos de primera y segunda instancias, salvo que conforme al mencionado código sean apelables, irrecurribles o se trate de decretos de mero trámite, y como la referida resolución, al no tender a la ejecución, sí es recurrible (aplicando en sentido contrario el artículo 501 del mismo ordenamiento); no admite apelación y no es de mero trámite (como los decretos, pues se trata de un verdadero auto), el recurso procedente en contra de ella es el de revocación." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Carlos Ruiz Reskala, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, y por los motivos reseñados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  4. Principal

    notificación personal.-

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