José Daniel Carriles Molina

Expediente 1119/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1119/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
21/11/2019

Partes del expediente

  • Irma Leticia Flores Piña
  • José Daniel Carriles Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido el escrito signado por la tercera interesada Irma Leticia Flores Piña, a través del cual solicita copia simple de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a la promovente, bajo su costa, las copias que solicita, previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente, teniéndose por autorizada a la persona designada para tal fin. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Firmeza procesal. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el tres de octubre de dos mil diecinueve, por la que se negó el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 402/2019. Archivo. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues encuadran en las hipótesis previstas en los puntos vigésimo y vigésimo primero, fracción III, párrafos primero y tercero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Sin que resulte necesario glosar los cuadernos incidentales, toda vez que de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es conveniente su transferencia desglosado del cuaderno principal; razón por lo cual deberá continuar su tramitación por cuerda separada al presente cuaderno principal. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1119/2019-III, promovido por José Daniel Carriles Molina; y, RESULTANDOS:...Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 74, 75, 79, fracción V, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Daniel Carriles Molina, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Adrián Rivera López Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario, José Antonio Rojas Moreno quien da fe.

  4. Principal

    (se lista aviso parte tercero interesada) Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por Irma Leticia Flores Piña, en su carácter de tercera interesada, a través del cual se apersonan al presente juicio, realiza manifestaciones a manera de alegatos, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, así como designa autorizados. Al respecto, con fundamento en el ordinal 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta para los efectos legales procedentes y en términos de lo previsto en el artículo 5° de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada a la tercera interesada referida. Como la certificación de cuenta evidencia que Rigoberto Rojas Núñez ni de Mauricio González González, no cuentan con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se le tiene por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 17504, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". Con sustento en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la tercera interesada de mérito, el designado para tal efecto. Al respecto, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la promovente a manera de alegatos debiendo hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Por lo que respecta a su manifestación de dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, por los motivos que expone, con actos que estima constitutivos de una conducta antisocial que se le atribuye a Adriana Elizabeth Méndez Flores (madre de la menor); en virtud que de acuerdo al artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dicho sujeto procesal es parte en el presente juicio de amparo como representante de la sociedad y su función es la de vigilar que se cumpla exactamente la ley en el procedimiento, mas no la de agente investigador y prosecutor de delitos, por lo que si la promovente considera que la conducta desplegada por la madre de la menor, pudiera ser constitutiva de algún ilícito, está en condiciones de denunciarla ante la autoridad investigadora que corresponda y no en la presente vía, razón por la cual se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer ante la autoridad que considere competente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 388, Tomo XXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "MINISTERIO PUBLICO, INTERVENCIÓN DEL, EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Los agentes del Ministerio Público que intervienen en los juicios de amparo, lo hacen en representación de la sociedad, como partes en dichos juicios, para velar por el exacto cumplimiento de la ley; por ser aquéllos de orden público, y no para ejercitar la acción penal, que, en forma exclusiva, corresponde a los agentes de dicha institución, que intervengan en los procesos, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, ya que el juicio de garantías no es el medio legal para hacer valer, ante la autoridad judicial, la expresada acción penal". Finalmente, por lo que respecta a su solicitud de girar oficio al centro de trabajo del aquí quejoso a fin de que se informe a partir de que fecha se le viene descontando la pensión, dígase que en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la facultad de requerir a toda autoridad a expedir con oportunidad las copias o documentos que soliciten las partes a fin de ser ofrecidas como pruebas en el juicio de amparo; sin embargo, de dicho precepto se evidencia que deben reunirse tres requisitos para su procedencia, a saber: a) Que la parte interesada demuestre ante el juez de amparo, mediante el escrito respectivo, que solicitó a la autoridad responsable la información o documentos; b) Que exista negativa expresa por parte de dicha autoridad o funcionario, o en su caso, que se demuestre por parte de éstos una conducta omisiva en la expedición de lo solicitado; y c) Que dicha solicitud la haya realizado con toda oportunidad. Lo expuesto permite advertir que los requisitos indicados no están acreditados, pues la promovente no demuestra haber solicitado ante dicha dependencia tal información, no existe negativa expresa del centro de trabajo, no concurren elementos que acrediten que exista una conducta omisiva de ésta en la expedición de lo solicitado y tampoco está acreditado que dicha petición se hubiere realizado con la oportunidad debida. Por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado. Notifíquese.

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