José Cruz Mancilla Martinez

Expediente 657/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
657/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
19/11/2019

Partes del expediente

  • José Cruz Mancilla Martinez
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifiquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de cuatro de julio pasado (fojas 83 a 90), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo), pues se negó la suspensión del acto reclamado solicitado. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, toda vez que en el presente juicio obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa (recibos diversos), hágasele del conocimiento que tiene un plazo de noventa días a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, será depurado y enviado junto con el expediente en que se actúa al Archivo de Concentración Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de México, con sede en esta ciudad para su resguardo. Notifíquese, y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; téngase por recibido el escrito signado por Eduardo Arzate Sandoval autorizado por el quejoso Cruz Mancilla Martínez en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, través del cual solicita copia simple de la sentencia emitida en el presente sumario; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al promovente la copia simple que pide. En el entendido que quien se presente a recibirla, deberá exhibir una copia simple de su identificación oficial vigente, para ser certificada y glosada a los autos para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 657/2016-V, promovido por José Cruz Mancilla Martínez, en contra del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Jose Cruz Mancilla Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsable, a las siguientes: Al C. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca,. A la C. Lic. Tania Monserrat Pichardo López, en su calidad de C. Agente del Ministerio Público. por conducto del Procurador General de Justicia el Estado de México." IV. ACTOS RECLAMADOS: Se reclaman los siguientes actos: Al C. Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, el acuerdo pronunciado en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, recaído en autos de la carpeta administrativa número 1795/2015, se le reclama: a: La inconstitucionalidad e ilegal cita que se me hace, para comparecer en punto de las 9:00 horas, del día 12 de mayo de 2016, a que se me formule imputación por el C. Agente del Ministerio Público solicitante, por las supuesta comisión del hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones, cometido en agravio de Martín Mancilla Séptimo; y b) El apercibimiento que se realiza en mi contra, que en caso de no asistir, se podrá ordenar mi aprehensión o comparecencia según corresponda. (sic) A la Lic. Tania Monserrat Pichardo López, en su calidad de C. Agente del Ministerio Público le reclamo las actuaciones y omisiones deducidas en la carpeta de investigación de cuyo número desconozco, y en forma especial: La falta de citación para comparecer ante su presencia, para defenderme y ofrecer datos de pruebas para acreditar la falsedad de los hechos que me atribuyen, vulnerando mi derecho de audiencia; y, La falta de conclusión de la investigación preliminar." SEGUNDO. Derechos humanos invocados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, el contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 657/2016-V, por auto de once de mayo de dos mil dieciséis (foja 29), se admitió; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la ejecución del acto reclamado se materializa dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por la quejosa, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que la quejosa reclama: Acuerdo pronunciado en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, recaído en autos de la carpeta administrativa número 1795/2015, por el cual se giró citatorio al hoy quejoso para comparecer a las 9:00 horas, del día doce de mayo de dos mil dieciséis, a que se le formule imputación por el Agente del Ministerio Público solicitante, por las supuesta comisión del hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones, cometido en agravio de Martín Mancilla Séptimo, con el apercibimiento que de no asistir, se podría ordenar su aprehensión o comparecencia según corresponda. La falta de citación para comparecer a la carpeta de investigación. TERCERO. Inexistencia de actos. El Agente del Ministerio Publico responsable negó la existencia de los actos que se le reclaman consistente en la falta de citación para comparecer a la carpeta de investigación, y para tal efecto remitió diversas constancias de la carpeta de investigación, sin firma en su certificación; sin embargo, con valor probatorio suficiente para demostrar sus aseveraciones en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo; y de las que se advierten diversas diligencias por parte del Ministerio Público responsable, con las que se acredita su negativa, tan es así que compareció a la carpeta de investigación y concluyó con la solicitud de fecha para la formulación de la imputación respectiva por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias; sin que el peticionario de amparo lo haya desvirtuado, con prueba en contrario. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado la autoridad responsable que no existen los actos reclamados; y al no haber aportado el quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 37). A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con el legajo de copias certificadas de la carpeta administrativa 1795/2015, así como de un DVD que contiene videograbación relacionada con tal carpeta, que la autoridad remitió; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. Previo el estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia o sobreseimiento invocadas por las partes o advertidas de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Asimismo, de acuerdo a la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el registro 222780, del contexto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Y la tesis publicada con la clave I.7o.P.11 K, en la página 1200 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Agosto de 2008, Tomo XXVIII, Materia Común, Novena Época, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del registro 169036, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESTUDIO POR EL JUZGADOR DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE LA MATERIA TIENE UN ORDEN PREFERENTE EN CASO DE CONCURRENCIA. Del artículo 74 de la Ley de Amparo se advierte la exigencia a los órganos jurisdiccionales de realizar el análisis de las causas de sobreseimiento previo a la sustanciación del juicio; sin embargo, éstas deben estudiarse en un orden preferente si fuesen concurrentes, en atención a la naturaleza de su fundamento, esto es, primero debe analizarse el supuesto previsto en la fracción II, relativo a la muerte del quejoso durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta derechos estrictamente personales del agraviado, es decir, inseparables de su persona, como la libertad o la vida, pues sin duda la extinción del juicio de amparo se actualiza al quedar sin parte agraviada y sin garantía que tutelar y, por el contrario, no provocan el sobreseimiento en el juicio los actos que lesionan derechos o intereses jurídicos, generalmente de carácter patrimonial o económico, que no sean inseparables de la persona del agraviado. En segundo lugar debe verificarse la hipótesis prevista en la fracción IV que previene la inexistencia de los actos reclamados, ya que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En tercer lugar resulta preferente el análisis de la fracción I, consistente en que el agraviado desista expresamente de la demanda, en atención al principio básico de que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y atender a su intención de no preservar su propósito de concluir el procedimiento de garantías, esto es, la facultad irrestricta que tiene el agraviado para desistir de su demanda de garantías armoniza perfectamente con el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada que rige el ejercicio de la acción de amparo. En cuarto lugar deben verificarse los supuestos previstos en la fracción V que regulan la caducidad de la instancia por inactividad procesal y, finalmente, atender a la fracción III, relativa a las causales de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, por lo que hace al acto que se reclama al Juez responsable consistente en el acuerdo pronunciado en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, recaído en autos de la carpeta administrativa número 1795/2015, por el cual se giró citatorio al hoy quejoso para comparecer a las 9:00 horas, del día doce de mayo de dos mil dieciséis, a que se le formule imputación por el Agente del Ministerio Público solicitante, por la supuesta comisión del hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones, cometido en agravio de Martín Mancilla Séptimo, con el apercibimiento que de no asistir, se podría ordenar su aprehensión o comparecencia según corresponda; se considera actualizada la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal, y se hubiera restituido al quejoso en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad. Cesan también los efectos, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de del derecho fundamental violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 103, contenida en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con el número de registro 193758, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Y la tesis P.CL/97, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1997, Tomo VI, del número de registro 197367, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora bien, toda vez que el quejoso reclama acuerdo pronunciado en fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis, recaído en autos de la carpeta administrativa número 1795/2015, por el cual se le giró citatorio para comparecer a las 9:00 horas, del día doce de mayo de dos mil dieciséis, a que se le formule imputación por el Agente del Ministerio Público solicitante, por las supuesta comisión del hecho delictuoso de incumplimiento de obligaciones, cometido en agravio de Martín Mancilla Séptimo, con el apercibimiento que de no asistir, se podría ordenar su aprehensión o comparecencia según corresponda. Sin embargo, el día y hora programado para la celebración de la citada diligencia no se llevó a cabo dada la incomparecencia del quejoso y del ministerio público respectivo, por lo que el juez responsable la declaró sin materia la audiencia de formulación de imputación, ante la imposibilidad de continuar con el desarrollo de la misma. Ante tal circunstancia y toda vez que en términos del artículo 288, 289 y 290 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, el ministerio público podrá formular la imputación cuando considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial, asimismo, cuando el ministerio público estime necesaria la intervención judicial para la aplicación de medidas cautelares personales, estará obligado a formular previamente la imputación y en ese sentido el representante social si desea formular nuevamente imputación a una persona que no se encuentre detenida, solicitará al juez de control la celebración de una audiencia, por tanto se concluye que los actos reclamados al juez responsable han cesado, pues se declaró sin materia la pretensión del ministerio público en cuanto a la fecha de la audiencia para la formulación de la imputación respectiva, en los términos abordados. En tales condiciones, es incuestionable que el acto reclamado, dejó de existir, pues sus efectos jurídicos desaparecieron, al declararse sin materia la audiencia respectiva, tan es así que esa fue la última actuación hasta el día dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en el que se certificó las actuaciones remitidas a este órgano jurisdiccional, y al día de la audiencia constitucional no se advierte que haya variado la declaración de sin materia, que expuso el Juez responsable en el acta mínima de audiencia para formulación de imputación. En esa tesitura, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el artículo 63, fracción V, de la misma legislación, procede sobreseer en el presente juicio constitucional por lo que hace a dicho acto. Lo anterior no se contrapone con lo sustentado en la jurisprudencia numero 1a./J. 93/2013 (10a.), de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA)."; en virtud de que si bien es procedente el juicio de amparo, también lo es que el acto reclamado ya cesó sus efectos al haberse declarado sin materia la pretensión de dicha diligencia y motivos expuestos en la presente resolución. Por otra parte, resulta innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, al actualizarse la que fue materia en el presente asunto; asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, publicada en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, con registro 394984, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Así como también resulta aplicable, la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, con registro 2004217, cuyos rubro y texto son: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, con registro 2003381, cuyos rubro y texto son: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Cruz Mancilla Martínez, contra el acto y autoridades precisadas en esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy cuatro de julio de dos mil dieciséis, día en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza y da fe.

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