José Damian Vázquez Farelo
Expediente 1415/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2019
Partes del expediente
- José Damian Vázquez Farelo
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE EL MISMO HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO...
- Principal
Respecto al punto número I, se tiene por no presentado el escrito de referencia. Ahora bien respecto al punto número II, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto mencionado; y en consecuencia se tiene por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Antes de acordar lo que conforme a derecho corresponda, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado en día y hora hábil a efecto de ratificar y manifestar bajo protesta de decir verdad si la firma del escrito de cuenta fue puesta con su puño y letra, toda vez que a simple vista se aprecia que la firma de quien hoy promueve, no concuerda con el plasmado en el ocurso de la demanda; apercibido que de no hacerlo dentro del término requerido, se tendrá por no presentado dicho escrito. Sirve de apoyo por analogía la siguiente tesis: RATIFICACIÓN DE FIRMAS EN AMPARO. Si la firma que calza una promoción, no es igual a la que aparece en la demanda de amparo y existe duda acerca de la identidad del promovente, no debe rechazarse la promoción, sino ordenar que sea ratificada, previa la identificación del agraviado, en caso de no ser conocido por el personal del juzgado. En el entendido de que si el promovente comparece a ratificar la firma, y si se aprecia una diferencia notoria entre la firma ratificada y la plasmada en la diligencia de ratificación, el suscrito juzgador ordenará oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad. Es aplicable a lo anterior la siguiente jurisprudencia: PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Con la salvedad que si con motivo del resultado de la pericial, se llegare a demostrar que la primera firma resultare falsa, se dará vista al Ministerio Público para que se investigue el delito de falsedad de declaraciones judiciales.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1415/2019-IV, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse. En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia, por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: Primero. Señale el nombre y domicilio correcto y actual de la parte tercero interesada. Con fundamento en el artículo 108, en el entendido que de conformidad con el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, tienen tal carácter. a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Y en caso de no conocerlo, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad, ello a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo. Sin soslayar que aunque el quejoso señala que no existe tercero interesado, su manifestación no cumple con lo establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo, relativo a la expresión: "bajo protesta de decir verdad", el cual es un requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, puesto que es una obligación de la parte quejosa manifestarlo así, y cuya omisión, puede llevar al juzgador a tener por no presentada la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el citado precepto. Lo que deberán hacer de manera personal, dado que en términos del artículo antes invocado de la ley de la materia, es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Segundo: Diga cuál es el acto que inminentemente le causa perjuicio real e inminente, dado que indica de manera genérica a la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), y hace referencia del artículo décimo sexto transitorio contemplado en la misma. Tercero: Señale de manera cronológicamente los antecedentes del acto reclamado, precisando el estado que guarda el diverso 118/2019, y si ha hecho manifestaciones al respecto. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta; en la inteligencia que al dar cumplimiento al presente proveído deberá observar lo establecido por el artículo 110, de la Ley de Amparo, y anexar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para emplazar a juicio a las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda. Ténganse como autorizados en términos de la parte in fine del referido artículo 12, con relación al numeral 24, de la Ley de Amparo, a Andrés Arnulfo Rodríguez Zárate, Graciela Irene Franco Cervantes, Lucía Castellanos Gallegos, y Francisco Moguel Cortázar, toda vez que sus cedulas profesionales no se encuentran inscritas dentro del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que lo acrediten con posterioridad, y a Gabriela Morales Arguello, para los efectos que cita en su escrito inicial de demanda. Finalmente, por lo que hace a su solicitud de que ser notificado mediante el correo electrónico despacho731 @outlook.com, dígase a la promovente que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que el presente juicio se rige bajo los procedimientos establecidos en la Ley de Amparo; y si bien el artículo 26, fracción IV de la invocada ley, establece como una de formas de notificación la electrónica, para que se esté en posibilidad de llevar a cabo sus notificaciones por dicha vía, deberá reunir los requisitos establecidos en la página https://www.firel.pjf.gob.mx, de conformidad con lo establecidos en el acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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