José Cuauhtémoc Carrasco Betanzos

Expediente 678/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
678/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • José Cuauhtémoc Carrasco Betanzos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el de treinta y uno de agosto del año que transcurre. Al efecto, se acuerda: En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable (1) Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que carece de legitimación para recurrir la sentencia. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es depurable al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa exhibió documentales en su escrito de demanda, infórmese que QUEDAN A SU DISPOSICIÓN y que deberá recogerlas dentro del término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído; con el apercibimiento que de no hacerlo así, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa. En ese sentido, hágase saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 7/2022, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de documentos será a través de la generación de citas, que podrá realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace de su conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. Ahora bien, advirtiéndose que la autoridad responsable (1) Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, exhibió como medio de convicción de su parte copias certificadas del expediente 642/2014 (dos tomos), de su índice; en tal virtud, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que las constancias en comentario son reproducciones de sus originales. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O: I. De la demanda. José Cuauhtémoc Carrasco Betanzos, mediante escrito depositado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad responsable que se precisará más adelante en los puntos considerativos. II. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se ordenó admitir la demanda de amparo registrada bajo el número 678/2022-VII; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesado y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se verificó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III , de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que el acto reclamado, se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia; asimismo atendiendo al contenido del estudio integral de su demanda, se acota tanto las autoridades responsables, como los actos reclamados. Autoridad responsable: Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de agotar las medidas necesarias en forma oportuna para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva de doce de noviembre de dos mil catorce, y de las diversas interlocutorias de veinte de abril de dos mil dieciséis (incidente de liquidación de rentas), veinte de febrero de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de servicios básicos) y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de gastos y cosas), dictadas en el juicio 642/2014. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto es acto reclamado a la autoridad responsable por así haberlo manifestado de forma expresa al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora, con las copias certificadas de las actuaciones efectuadas dentro del expediente 642/2014 relativo al juicio de arrendamiento inmobiliario, del índice del juzgado responsable que remitió en apoyo a su informe justificado; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Al no advertir este juzgado de oficio alguna causal de improcedencia que se actualice en el presente caso, ni alguna que las partes hayan hecho valer, lo procedente es abordar el estudio de los conceptos de violación planteados por el promovente del amparo. Quinto. Examen de los conceptos de violación. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario. Lo anterior se sustenta en el contenido de la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Expuesto lo anterior, corresponde precisar que el solicitante del amparo sostiene como motivo de disenso, sustancialmente, que la responsable vulnera en su perjuicio el derecho humano contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, ante la actitud contumaz por parte de la responsable en dar cumplimiento tanto a la sentencia definitiva como a las incidentales correspondientes de liquidaciones de rentas, servicios básicos y gastos y costas, dentro del juicio de arrendamiento inmobiliario 642/2014, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, en el cual tiene la calidad de actor. Resulta infundado el concepto de violación de acuerdo con las siguientes consideraciones. El motivo de disenso corresponde analizarlos a la luz de los artículos 14, párrafo, segundo, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El análisis sistemático de los postulados constitucionales pone de manifiesto que ninguna persona puede ser privada de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no es a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, seguido ante los tribunales que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En armonía con las normas constitucionales, en el artículo 480 del Código de Procedimientos para el Estado de Chiapas, se establece la procedencia de la vía de apremio a instancia de parte, en los supuestos de la ejecución de sentencia o de convenio celebrado en juicio. Por su parte, el numeral 486 del código procesal invocado con antelación, señala que una vez que sea solicitada la ejecución de la sentencia, el juez de conocimiento señalara al deudor el término improrrogable de cinco días para que cumpla, siempre que no hubiere señalado otro término para tal efecto. Establecido el marco legal, éste nos permite concluir en el sentido de que una vez que la sentencia -definitiva o interlocutoria- cause ejecutoria o firmeza, según el caso, el juez de conocimiento señalará un plazo (cinco días) para que el deudor cumpla de manera voluntaria la condena respectiva; transcurrido dicho plazo sin haber conseguido el cumplimento voluntario, procederá la vía de apremio; es decir, la ejecución forzada. La vía de apremio es, pues, el procedimiento para llevar a cabo la ejecución procesal o ejecución forzada; constituye el procedimiento para el desarrollo de la etapa final del proceso, la etapa ejecutiva, la que procede a instancia de parte y siempre que se trate de la ejecución. Por los motivos que informa, se invoca el criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 3559, Tomo IV, Libro 11, marzo de 2022, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época. Materias Común, Civil. Registro digital: 2024301, de rubro siguiente: "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES TOMADAS DENTRO DE ÉSTA SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR PROPIAMENTE UN JUICIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)". La razón legal por la cual la ejecución de sentencia debe ser a instancia de parte; esto es, realizar el impulso procesal correspondiente, consiste en que conforme a lo dispuesto en el artículo 509 de la ley adjetiva civil invocada en párrafos precedentes, establece un plazo (diez años) para la ejecución de la sentencia. Entonces, de ser el juez quien de manera oficiosa quien lleve a cabo la ejecución de sentencia y no la persona que obtuvo sentencia favorable, no permitiría la oportunidad de que la acción para pedir la ejecución de sentencia pueda prescribir. En el caso particular, el aquí quejoso, como lo hace notar en su demanda de amparo, en la vía especial, instó en contra de Fagoba Alimentos, sociedad anónima de capital variable, y María de Jesús Arellano Palacios, juicio de arrendamiento inmobiliario, el cual fue radicado en el Juzgado Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, bajo el número 642/2014, de su estadística. Concluida la secuela procesal correspondiente, el doce de noviembre de dos mil catorce, el juez de conocimiento dictó sentencia definitiva favorable al actor tanto en la suerte principal, como en las accesorias. Importa destacar que el juzgado concedió a los demandados el plazo de cinco días, para dar cumplimiento voluntario a las condenas correspondientes; con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad suficientes para cubrir las condenas, así como al trance y remate de éstos. Después del medio de impugnación correspondiente (en el que fue confirmada la sentencia), incluso el juicio de amparo directo (en el que se negó la protección constitucional a los demandados), la sentencia definitiva adquirió la calidad de ejecutable. Cierto también es la existencia de las resoluciones interlocutorias de veinte de abril de dos mil dieciséis (incidente de liquidación de rentas), veinte de febrero de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de servicios básicos) y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de gastos y cosas). Las relatadas consideraciones revelan que en el juicio de origen se han reunido los siguientes elementos procesales: Se han pronunciado las sentencias definitiva e interlocutorias respectivas, causando ejecutoria la primera, y firmeza las últimas. El juez responsable señaló el plazo de cinco días para que los deudores dieran cumplimento voluntario a las condenas respectivas, incluso les apercibió con ejercitar medios de apremio (embargo, trance y remate de bienes), sin que hubieren dado el cumplimiento requerido. La síntesis anterior revela que, en el juicio natural, procede la vía de apremio para llevar a cabo la ejecución forzada, a través de los medios de apremio correspondientes, la cual se ha establecido procede a instancia de parte. Sin embargo, los autos del juicio de origen también ponen de manifiesto que la última actuación data del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, esto es, tres años, incluso, no fue debido al impulso del aquí quejoso, sino por la integración a los dichos autos de un informe rendido por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, relativo a la búsqueda y localización del automotor embargado en el juicio natural, demostrándose así que el quejoso no ha cumplido con la carga procesal que le impone la legislación procesal que rige el acto reclamado, en el sentido de impulsar la ejecución forzada para lograr el pago de las condenas correspondientes establecidas a su favor. En las relatadas consideraciones, contrario al motivo de disenso, la autoridad responsable no ha conculcado los derechos fundamentales del quejoso, ya que no ha tenido una actitud contumaz para la ejecución de las condenas señaladas, tomando en consideración que al peticionario de amparo le corresponde la carga procesal de impulsar la ejecución forzada y no lo ha hecho al menos durante tres años, por lo que su reclamo constitucional resulta infundado. En mérito a todo lo anteriormente expuesto, al haberse desestimado el concepto de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a José Cuauhtémoc Carrasco Betanzos, contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamado al Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS... R E S U L T A N D O: I. De la demanda. José Cuauhtémoc Carrasco Betanzos, mediante escrito depositado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridad responsable que se precisará más adelante en los puntos considerativos. II. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se ordenó admitir la demanda de amparo registrada bajo el número 678/2022-VII; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesado y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se verificó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III , de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que el acto reclamado, se atribuye a autoridades circunscritas en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia; asimismo atendiendo al contenido del estudio integral de su demanda, se acota tanto las autoridades responsables, como los actos reclamados. Autoridad responsable: Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de agotar las medidas necesarias en forma oportuna para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva de doce de noviembre de dos mil catorce, y de las diversas interlocutorias de veinte de abril de dos mil dieciséis (incidente de liquidación de rentas), veinte de febrero de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de servicios básicos) y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de gastos y cosas), dictadas en el juicio 642/2014. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto es acto reclamado a la autoridad responsable por así haberlo manifestado de forma expresa al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora, con las copias certificadas de las actuaciones efectuadas dentro del expediente 642/2014 relativo al juicio de arrendamiento inmobiliario, del índice del juzgado responsable que remitió en apoyo a su informe justificado; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, bajo el rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Al no advertir este juzgado de oficio alguna causal de improcedencia que se actualice en el presente caso, ni alguna que las partes hayan hecho valer, lo procedente es abordar el estudio de los conceptos de violación planteados por el promovente del amparo. Quinto. Examen de los conceptos de violación. Bajo ese contexto, se procede a la calificación y estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda, los que no se transcriben por no constituir una exigencia legal ni considerarlo necesario. Lo anterior se sustenta en el contenido de la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXI, mayo de 2010, página 830, registro electrónico 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Expuesto lo anterior, corresponde precisar que el solicitante del amparo sostiene como motivo de disenso, sustancialmente, que la responsable vulnera en su perjuicio el derecho humano contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, ante la actitud contumaz por parte de la responsable en dar cumplimiento tanto a la sentencia definitiva como a las incidentales correspondientes de liquidaciones de rentas, servicios básicos y gastos y costas, dentro del juicio de arrendamiento inmobiliario 642/2014, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad, en el cual tiene la calidad de actor. Resulta infundado el concepto de violación de acuerdo con las siguientes consideraciones. El motivo de disenso corresponde analizarlos a la luz de los artículos 14, párrafo, segundo, y 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El análisis sistemático de los postulados constitucionales pone de manifiesto que ninguna persona puede ser privada de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, si no es a través de un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, seguido ante los tribunales que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En armonía con las normas constitucionales, en el artículo 480 del Código de Procedimientos para el Estado de Chiapas, se establece la procedencia de la vía de apremio a instancia de parte, en los supuestos de la ejecución de sentencia o de convenio celebrado en juicio. Por su parte, el numeral 486 del código procesal invocado con antelación, señala que una vez que sea solicitada la ejecución de la sentencia, el juez de conocimiento señalara al deudor el término improrrogable de cinco días para que cumpla, siempre que no hubiere señalado otro término para tal efecto. Establecido el marco legal, éste nos permite concluir en el sentido de que una vez que la sentencia -definitiva o interlocutoria- cause ejecutoria o firmeza, según el caso, el juez de conocimiento señalará un plazo (cinco días) para que el deudor cumpla de manera voluntaria la condena respectiva; transcurrido dicho plazo sin haber conseguido el cumplimento voluntario, procederá la vía de apremio; es decir, la ejecución forzada. La vía de apremio es, pues, el procedimiento para llevar a cabo la ejecución procesal o ejecución forzada; constituye el procedimiento para el desarrollo de la etapa final del proceso, la etapa ejecutiva, la que procede a instancia de parte y siempre que se trate de la ejecución. Por los motivos que informa, se invoca el criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 3559, Tomo IV, Libro 11, marzo de 2022, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época. Materias Común, Civil. Registro digital: 2024301, de rubro siguiente: "VÍA DE APREMIO. LAS RESOLUCIONES TOMADAS DENTRO DE ÉSTA SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR PROPIAMENTE UN JUICIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO)". La razón legal por la cual la ejecución de sentencia debe ser a instancia de parte; esto es, realizar el impulso procesal correspondiente, consiste en que conforme a lo dispuesto en el artículo 509 de la ley adjetiva civil invocada en párrafos precedentes, establece un plazo (diez años) para la ejecución de la sentencia. Entonces, de ser el juez quien de manera oficiosa quien lleve a cabo la ejecución de sentencia y no la persona que obtuvo sentencia favorable, no permitiría la oportunidad de que la acción para pedir la ejecución de sentencia pueda prescribir. En el caso particular, el aquí quejoso, como lo hace notar en su demanda de amparo, en la vía especial, instó en contra de Fagoba Alimentos, sociedad anónima de capital variable, y María de Jesús Arellano Palacios, juicio de arrendamiento inmobiliario, el cual fue radicado en el Juzgado Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, bajo el número 642/2014, de su estadística. Concluida la secuela procesal correspondiente, el doce de noviembre de dos mil catorce, el juez de conocimiento dictó sentencia definitiva favorable al actor tanto en la suerte principal, como en las accesorias. Importa destacar que el juzgado concedió a los demandados el plazo de cinco días, para dar cumplimiento voluntario a las condenas correspondientes; con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad suficientes para cubrir las condenas, así como al trance y remate de éstos. Después del medio de impugnación correspondiente (en el que fue confirmada la sentencia), incluso el juicio de amparo directo (en el que se negó la protección constitucional a los demandados), la sentencia definitiva adquirió la calidad de ejecutable. Cierto también es la existencia de las resoluciones interlocutorias de veinte de abril de dos mil dieciséis (incidente de liquidación de rentas), veinte de febrero de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de servicios básicos) y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (incidente de liquidación de gastos y cosas). Las relatadas consideraciones revelan que en el juicio de origen se han reunido los siguientes elementos procesales: Se han pronunciado las sentencias definitiva e interlocutorias respectivas, causando ejecutoria la primera, y firmeza las últimas. El juez responsable señaló el plazo de cinco días para que los deudores dieran cumplimento voluntario a las condenas respectivas, incluso les apercibió con ejercitar medios de apremio (embargo, trance y remate de bienes), sin que hubieren dado el cumplimiento requerido. La síntesis anterior revela que, en el juicio natural, procede la vía de apremio para llevar a cabo la ejecución forzada, a través de los medios de apremio correspondientes, la cual se ha establecido procede a instancia de parte. Sin embargo, los autos del juicio de origen también ponen de manifiesto que la última actuación data del veinticinco de junio de dos mil diecinueve, esto es, tres años, incluso, no fue debido al impulso del aquí quejoso, sino por la integración a los dichos autos de un informe rendido por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, relativo a la búsqueda y localización del automotor embargado en el juicio natural, demostrándose así que el quejoso no ha cumplido con la carga procesal que le impone la legislación procesal que rige el acto reclamado, en el sentido de impulsar la ejecución forzada para lograr el pago de las condenas correspondientes establecidas a su favor. En las relatadas consideraciones, contrario al motivo de disenso, la autoridad responsable no ha conculcado los derechos fundamentales del quejoso, ya que no ha tenido una actitud contumaz para la ejecución de las condenas señaladas, tomando en consideración que al peticionario de amparo le corresponde la carga procesal de impulsar la ejecución forzada y no lo ha hecho al menos durante tres años, por lo que su reclamo constitucional resulta infundado. En mérito a todo lo anteriormente expuesto, al haberse desestimado el concepto de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Sexto. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a José Cuauhtémoc Carrasco Betanzos, contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamado al Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Julio César Reynosa López, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo 678/2022-VII, promovido por José Cuauhtémoc Carrasco Betanzos; se levanta la presente acta ante la presencia de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de Julio César Reynosa Sánchez, Secretario que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. El Secretario en funciones de Juez de Distrito declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado 4 Emplazamiento a la autoridad responsable 5 Emplazamiento a la parte tercera interesada Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: N# Autoridad responsable Sentido Auto 1 Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. No es cierto 13/06/2022 El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: Parte Pruebas Auto Parte quejosa: (a) Copia simple de la credencial para votar número 0424006273484; y, (b) Copia certificada por María del Carmen Aguilar Pérez, en su carácter de Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, de las constancias que integran el expediente 642/2014, de la estadística del órgano jurisdiccional de su adscripción, con residencia en esta ciudad, constante de DOS TOMOS, seriados con 513 y 379 fojas, respectivamente. 26/05/2022 Autoridad responsable: Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. (a) Copia certificada de las constancias que integran el expediente 642/2014, de su estadística. 13/06/2022 El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan atento a su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, el Secretario del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se tiene por precluido su derecho para tal efecto; en consecuencia, se cierra esta etapa. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, el Secretario certifica que no existe diligencia pendiente de desahogar; por lo que, el Secretario en funciones de Juez de Distrito, determina dejar el presente asunto en estado de dictar resolución, elaborando un acta que firman para constancia los que en ella intervienen. Félix Montejo Maldonado Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Julio César Reynosa Sánchez Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Estado de Chiapas

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