José Cruz Tapia Vargas
Expediente 194/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/08/2023
Partes del expediente
- José Cruz Tapia Vargas
- Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa y tercera interesada realizaron manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, en atención al acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el cual se les apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Calificación del cumplimiento. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: "-Deje sin efecto la resolución interlocutoria dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés. - En su lugar, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, acotado a lo que fue materia de estudio, dicte otra en la que valore y tome en cuenta la totalidad de los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y que le sean aplicables, ello sin modificar o variar lo determinado en el laudo objeto de liquidación." Lo anterior, en el juicio laboral 57/2009. Resolución que causo ejecutoria el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el cuatro de julio de la presente anualidad, la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, se dice lo anterior, dado que anexó copia certificada de la resolución de tres del mes próximo pasado, de la que se advierte que dejó sin efecto la resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de de dos mil veintitrés, la que sustituyó al acto reclamado, a saber la diversa resolución de treinta de enero de la presente anualidad, y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, acotado a lo que fue materia de estudio, dictó otra en la que valoró y tomó en cuenta la totalidad de los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, que le son aplicables, ello sin modificar o variar lo determinado en el laudo objeto de liquidación, en el juicio laboral 57/2009. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a las partes en auto de cinco de julio de dos mil veintitrés y con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Destino del expediente principal. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto del incidente de suspensión dado que no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Manifestaciones quejoso. Vistas las manifestaciones presentadas por la parte quejosa el catorce de julio de dos mil veintitrés (fojas 253 a 263), se advierte que no se encuentra conforme con el fallo protector, dado que en su opinión no le fueron aplicados la totalidad de los convenios colectivos de trabajo. Ello es así, refiere, debido a que únicamente analiza los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal correspondientes a los años dos mil diez a dos mil trece; empero no se analizaron los correspondientes a las anualidades del dos mil catorce al dos mil veintiuno. No obstante, dichas manifestaciones son infundadas. Lo anterior es así, toda vez que como se precisó en las líneas precedentes, la sentencia de amparo se concedió para el efecto de que: "-Deje sin efecto la resolución interlocutoria dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés. - En su lugar, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, acotado a lo que fue materia de estudio, dicte otra en la que valore y tome en cuenta la totalidad de los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y que le sean aplicables, ello sin modificar o variar lo determinado en el laudo objeto de liquidación." Basta ver la anterior redacción, a fin de apreciar con claridad que la obligación de tomar en consideración al momento de resolver los convenios colectivos laborales de referencia, se encontraba supeditada a la circunstancia de que fueran aplicables. En este sentido, en la interlocutoria de liquidación de laudo de tres de julio de dos mil veintitrés (fojas 216 a 244), el Presidente de la Sala de Conflictos entre los Entes Públicos y sus Trabajadores del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, argumentó que el convenio colectivo laboral correspondiente al año dos mil trece, estableció la obligación a cargo del Ejecutivo Estatal de aumentar los salarios empero ya no con base en dichos convenios, sino con sustento en el salario mínimo general de la zona económica donde se encuentra comprendida la Entidad Federativa de Nayarit, lo cual tomó en consideración para efectuar los cálculos correspondientes a los años dos mil catorce al dos mil veintiuno (foja 239). Dicha conclusión la obtuvo, del análisis que efectuó a las cláusulas segunda y tercera del convenio colectivo laboral celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal correspondiente al año dos mil trece. Sin embargo, en sus motivos de disentimiento, el aquí quejoso interpreta esas cláusulas en sentido diverso, a saber, que deben hacerse extensivos los incrementos del cinco por ciento al salario de los años sucesivos al dos mil trece. Empero, la interpretación de dicho clausulado no forma parte de los efectos del fallo protector, dado que en éste únicamente se estableció que debían aplicarse los convenios colectivos laborales que resulten aplicables. En este sentido, si en la interlocutoria de tres de julio del año en curso, se indicó que no resultaban aplicables los convenios colectivos laborales emitidos con posterioridad al dos mil catorce y sustentó dicha conclusión en los argumentos jurídicos que interpretaron las cláusulas del convenio colectivo laboral del año dos mil trece, resulta evidente que ello no fue objeto de estudio en la sentencia de amparo; por tanto, como se anticipó, son infundadas sus manifestaciones en relación al incumplimiento de la resolución que obra en autos. Así, esta juzgadora no puede extralimitarse ni extender los efectos de la sentencia de amparo dado que debe velar por su exacto cumplimiento atendiendo únicamente los efectos para los que fue concedida, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento para lo anterior la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573, con registro digital 2012341, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." En la inteligencia de que si la parte quejosa no se encuentra conforme con la determinación de tres de julio de dos mil veintitrés, puede hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes ante la autoridad responsable. Manifestaciones tercero interesado. En cuanto a las manifestaciones vertidas por la parte tercera interesada (fojas 264 y 265), en donde refiere que es materialmente imposible de cumplir la reinstalación en los mismos términos y condiciones bajo el puesto de asesor jurídico, así como que son inaplicables los incrementos salariales que corresponden a dicho cargo y que en su opinión el quejoso carece de interés legítimo, son infundadas e inatendibles. En efecto, respecto al tema de la reinstalación, ello no fue objeto de estudio en la sentencia de amparo, cuyos efectos fueron reseñados con antelación, de ahí que no puedan extralimitarse ni extenderse los efectos de la sentencia de amparo, pues a este Juzgado Federal únicamente corresponde velar por su exacto cumplimiento atendiendo únicamente los efectos para los que fue concedida, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. En ese mismo orden de ideas, la sentencia de amparo que concedió la protección de la justicia federal al quejoso causó ejecutoria en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 156 a 158), en consecuencia ya no es posible analizar la probable actualización de una causa de improcedencia, ni tampoco el hecho de que en su opinión resulten inaplicables los incrementos salariales que corresponden a dicho cargo, pues ello no se hizo valer en forma oportuna antes del dictado de la propia resolución, máxime que en la misma se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, lo cual implica por sí mismo no únicamente que el quejoso tiene interés jurídico o legítimo en su caso, sino también que se vulneraron sus derechos fundamentales con la emisión del acto reclamado. Aunado a ello, en la sentencia de amparo se estableció que sí era procedente tomar en consideración los incrementos salariales de conformidad con los convenios colectivos de trabajo, de ahí que al ser cosa juzgada dicha conclusión, no ha lugar a proceder a un nuevo análisis de la misma en el presente auto donde únicamente debe calificarse si la autoridad responsable se ciñó a los efectos del fallo protector. De ahí que, debe estarse a lo acordado en el presente proveído, en el que, entre otras cosas, se tuvo por cumplido el fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. Omar
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que dentro del término previsto en el artículo 196 de la Ley de la Amparo, la parte quejosa y tercera interesada realizaron manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, en atención al acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, en el cual se les apercibió que se resolvería conforme a las constancias que obran en autos. Calificación del cumplimiento. En el caso concreto, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable: "-Deje sin efecto la resolución interlocutoria dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés. - En su lugar, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, acotado a lo que fue materia de estudio, dicte otra en la que valore y tome en cuenta la totalidad de los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y que le sean aplicables, ello sin modificar o variar lo determinado en el laudo objeto de liquidación." Lo anterior, en el juicio laboral 57/2009. Resolución que causo ejecutoria el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, del análisis del comunicado y anexos recibidos en este juzgado federal el cuatro de julio de la presente anualidad, la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, se dice lo anterior, dado que anexó copia certificada de la resolución de tres del mes próximo pasado, de la que se advierte que dejó sin efecto la resolución interlocutoria de veinticuatro de mayo de de dos mil veintitrés, la que sustituyó al acto reclamado, a saber la diversa resolución de treinta de enero de la presente anualidad, y con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, acotado a lo que fue materia de estudio, dictó otra en la que valoró y tomó en cuenta la totalidad de los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, que le son aplicables, ello sin modificar o variar lo determinado en el laudo objeto de liquidación, en el juicio laboral 57/2009. En ese contexto lo que procede es hacer efectivo el apercibimiento que se le hizo a las partes en auto de cinco de julio de dos mil veintitrés y con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, párrafo cuarto, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE JUICIO. Destino del expediente principal. Con sustento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este órgano jurisdiccional determina que es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto del incidente de suspensión dado que no se tramitó. De lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Manifestaciones quejoso. Vistas las manifestaciones presentadas por la parte quejosa el catorce de julio de dos mil veintitrés (fojas 253 a 263), se advierte que no se encuentra conforme con el fallo protector, dado que en su opinión no le fueron aplicados la totalidad de los convenios colectivos de trabajo. Ello es así, refiere, debido a que únicamente analiza los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal correspondientes a los años dos mil diez a dos mil trece; empero no se analizaron los correspondientes a las anualidades del dos mil catorce al dos mil veintiuno. No obstante, dichas manifestaciones son infundadas. Lo anterior es así, toda vez que como se precisó en las líneas precedentes, la sentencia de amparo se concedió para el efecto de que: "-Deje sin efecto la resolución interlocutoria dictada el treinta de enero de dos mil veintitrés. - En su lugar, con plenitud de jurisdicción, de manera fundada, motivada, congruente y exhaustiva, acotado a lo que fue materia de estudio, dicte otra en la que valore y tome en cuenta la totalidad de los convenios colectivos laborales celebrados entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y que le sean aplicables, ello sin modificar o variar lo determinado en el laudo objeto de liquidación." Basta ver la anterior redacción, a fin de apreciar con claridad que la obligación de tomar en consideración al momento de resolver los convenios colectivos laborales de referencia, se encontraba supeditada a la circunstancia de que fueran aplicables. En este sentido, en la interlocutoria de liquidación de laudo de tres de julio de dos mil veintitrés (fojas 216 a 244), el Presidente de la Sala de Conflictos entre los Entes Públicos y sus Trabajadores del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, argumentó que el convenio colectivo laboral correspondiente al año dos mil trece, estableció la obligación a cargo del Ejecutivo Estatal de aumentar los salarios empero ya no con base en dichos convenios, sino con sustento en el salario mínimo general de la zona económica donde se encuentra comprendida la Entidad Federativa de Nayarit, lo cual tomó en consideración para efectuar los cálculos correspondientes a los años dos mil catorce al dos mil veintiuno (foja 239). Dicha conclusión la obtuvo, del análisis que efectuó a las cláusulas segunda y tercera del convenio colectivo laboral celebrado entre el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal correspondiente al año dos mil trece. Sin embargo, en sus motivos de disentimiento, el aquí quejoso interpreta esas cláusulas en sentido diverso, a saber, que deben hacerse extensivos los incrementos del cinco por ciento al salario de los años sucesivos al dos mil trece. Empero, la interpretación de dicho clausulado no forma parte de los efectos del fallo protector, dado que en éste únicamente se estableció que debían aplicarse los convenios colectivos laborales que resulten aplicables. En este sentido, si en la interlocutoria de tres de julio del año en curso, se indicó que no resultaban aplicables los convenios colectivos laborales emitidos con posterioridad al dos mil catorce y sustentó dicha conclusión en los argumentos jurídicos que interpretaron las cláusulas del convenio colectivo laboral del año dos mil trece, resulta evidente que ello no fue objeto de estudio en la sentencia de amparo; por tanto, como se anticipó, son infundadas sus manifestaciones en relación al incumplimiento de la resolución que obra en autos. Así, esta juzgadora no puede extralimitarse ni extender los efectos de la sentencia de amparo dado que debe velar por su exacto cumplimiento atendiendo únicamente los efectos para los que fue concedida, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento para lo anterior la tesis IV.1o.A.10 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573, con registro digital 2012341, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. En el sistema jurídico mexicano, la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es considerada de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por tanto, a pesar de que la quejosa manifieste estar conforme con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, el Juez Federal, debe verificar que la sentencia se encontraba cumplida, tal como fue propuesta en la ejecutoria y velar por los derechos que deriven de las propias ejecutorias, los cuales son irrenunciables, pese a la voluntad de los quejosos. Ello en razón de que se debe partir de la premisa de que una sentencia al ser ejecutoriada, constituye cosa juzgada, la cual se convierte en una norma jurídica individualizada y su cumplimiento no puede quedar al convenio de las partes; por tal motivo, si la comparecencia de la parte quejosa, tiene un efecto de dimisión o renuncia de la protección constitucional al momento de emitir la determinación el Juez Federal, de ninguna manera debe estar por encima de la ejecutoria de amparo." En la inteligencia de que si la parte quejosa no se encuentra conforme con la determinación de tres de julio de dos mil veintitrés, puede hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes ante la autoridad responsable. Manifestaciones tercero interesado. En cuanto a las manifestaciones vertidas por la parte tercera interesada (fojas 264 y 265), en donde refiere que es materialmente imposible de cumplir la reinstalación en los mismos términos y condiciones bajo el puesto de asesor jurídico, así como que son inaplicables los incrementos salariales que corresponden a dicho cargo y que en su opinión el quejoso carece de interés legítimo, son infundadas e inatendibles. En efecto, respecto al tema de la reinstalación, ello no fue objeto de estudio en la sentencia de amparo, cuyos efectos fueron reseñados con antelación, de ahí que no puedan extralimitarse ni extenderse los efectos de la sentencia de amparo, pues a este Juzgado Federal únicamente corresponde velar por su exacto cumplimiento atendiendo únicamente los efectos para los que fue concedida, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. En ese mismo orden de ideas, la sentencia de amparo que concedió la protección de la justicia federal al quejoso causó ejecutoria en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (fojas 156 a 158), en consecuencia ya no es posible analizar la probable actualización de una causa de improcedencia, ni tampoco el hecho de que en su opinión resulten inaplicables los incrementos salariales que corresponden a dicho cargo, pues ello no se hizo valer en forma oportuna antes del dictado de la propia resolución, máxime que en la misma se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, lo cual implica por sí mismo no únicamente que el quejoso tiene interés jurídico o legítimo en su caso, sino también que se vulneraron sus derechos fundamentales con la emisión del acto reclamado. Aunado a ello, en la sentencia de amparo se estableció que sí era procedente tomar en consideración los incrementos salariales de conformidad con los convenios colectivos de trabajo, de ahí que al ser cosa juzgada dicha conclusión, no ha lugar a proceder a un nuevo análisis de la misma en el presente auto donde únicamente debe calificarse si la autoridad responsable se ciñó a los efectos del fallo protector. De ahí que, debe estarse a lo acordado en el presente proveído, en el que, entre otras cosas, se tuvo por cumplido el fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Jesús Amador Casas, que autoriza y da fe. Omar
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Manifestaciones. Se tienen por recibidos los ocursos de cuenta suscritos por el quejoso y el Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, tercero interesado, a través del cual desahogan la vista otorgada en proveído de cinco de los cursantes; al respecto, agréguese para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia de que una vez que se califique el cumplimiento se acordará lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Francisco Javier Soto Moreno, que da fe. Omar
- Principal
. TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Informa cumplimiento. Téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Vista con cumplimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta dese vista a la parte quejosa y tercera interesada a efecto de que dentro del término de TRES DI´AS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento. Apercibimiento. Dígase a las partes que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuentan, se pronunciara´ en relación con el cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Diana Lilia Luz Alcántara, que autoriza y da fe. Omar
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