José Cruz Rodríguez

Expediente 2160/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2160/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • José Cruz Rodríguez
  • Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta Y Seis Con Residencia En la Ciudad de Tepic, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cincuenta y Seis, con sede en esta ciudad, a través cual en atención a lo solicitado en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, informa que sigue vigente la medida precautoria dictada en acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 424/2014, de su índice; asimismo, remite copia certificada del auto en cita y un legajo certificado de la constancias que integran dicho sumario, el cual dado su volumen y para su mejor manejo, se ordena guardar por separado; constancias que en su oportunidad deberán ser devueltas a dicha autoridad. Ahora, en relación con la solicitud hecha valer mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre del año en curso por*** quienes se ostentaron con el carácter de Presidente Suplente, Secretario Propietario y Vocal Propietario del Comité Particular Ejecutivo del Nuevo Centro de Población Ejidal "Rancho de los Llanitos", Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, una vez que el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, desahogue el requerimiento de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, se acordará lo que en derecho corresponda. Por otro lado, se tiene por recibido el escrito signado por el delegado de la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano, Ecología y Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual realiza diversas manifestaciones respecto al dictamen pericial rendido por el perito oficial Javier Hernández García; en consecuencia, agréguese a sus autos el escrito de cuenta para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se le tienen por hechas las manifestaciones que realiza.

  2. Principal

    *** TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ***, en su carácter de quejoso y copias que del mismo acompaña, a través del cual a efecto de cumplir con el requerimiento contenido en auto de diecisiete de octubre de la presente anualidad y para tal efecto, precisa que el expediente agrario 709/2015, ya está concluido, es decir, está en etapa de ejecución de sentencia; además acompaña las copias necesarias de su escrito aclaratorio; por tanto, en tiempo y forma se le tiene por desahogado el aludido requerimiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo, este Juzgado advierte que la misma es **Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: ***Ahora, previo análisis del escrito de demanda, se aprecia que en el apartado de acto reclamado, el promovente del amparo manifestó en su parte conducente lo siguiente: "acto reclamado.- ejecución que se pretende hacer de la resolución pronunciada en el juicio agrario 709/2015, antes 549/2014 sin estar hasta la fecha perfectamente definidos los límites entre el ejido de "HIGUERA BLANCA" y el ejido de "SAYULITÁ"." Acotado lo anterior, del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que adjuntó el promovente, se advierte que el peticionario de amparo reclama esencialmente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en esta ciudad, la ejecución que se pretende realizar, de la sentencia definitiva del juicio agrario 709/2015; considerando con ello que se transgredieron los derechos consagrados en los dispositivos 14 y 16 Constitucionales. En esas condiciones, debe decirse que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en correlación con el 107, fracción IV, que disponen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:." ".XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." ".Artículo 107.- El amparo indirecto procede:." ".IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, que derive de disposiciones contenidas en la ley de la materia o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1) Los ejecutados fuera de juicio; y 2) Los ejecutados después de concluido. Ahora bien, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción en análisis, Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la ejecución de la citada sentencia, donde se ponga en posesión de la parcela controvertida a la señalada como tercera interesada o declare la imposibilidad de la ejecución de esta. De igual forma, con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior lo realizó a través de la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno del máximo tribunal del país, visible en la página treinta y uno, Tomo XIII, abril de dos mil uno, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: **Asimismo, debe decirse que cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, de igual forma cobra aplicación la actualización de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esto es, que si se trata de actos de ejecución de sentencia, únicamente puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en tal momento procesal las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso; toda vez que de estimar lo contrario, es decir si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse, pues mediante la promoción del juicio constitucional, no deben entorpecerse los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Ahora, en el caso, como se precisó, el amparista reclama la orden de desposesión emitida en su contra respecto de la parcela 529-Z-1 P3/3 de 17-80-92.10 hectáreas y su ejecución; eso a fin de que dicho predio se ponga a disposición de María de los Ángeles Aguayo Aguilar. Lo anterior a efecto de dar cumplimiento la sentencia definitiva emitida en el juicio 709/2015 del índice de la responsable; sin embargo, como puede advertirse, dicha orden fue emitida en el periodo de ejecución de sentencia, en cuyo caso, únicamente procede el Juicio de Amparo biinstancial contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en donde se pueden reclamar las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que se estimen la hubieren dejado sin defensa. De ahí que se reitere, que lo reclamado por el promovente no es la última resolución para acudir en amparo indirecto, en virtud de constituir una consecuencia directa e inmediata de la sentencia que es cosa juzgada y que emana de un procedimiento en el cual el justiciable, ya fue oído y vencido, por lo que se evidencia que el acto que se reclama, no es la última resolución definitiva dentro del juicio agrario, ya que por última resolución debe entenderse como aquélla que ponga en posesión la parcela controvertida de la señalada como tercera interesada o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En consecuencia, es evidente la improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, atento a que, la única hipótesis en la que procede el amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, sin atender el estado procesal del juicio, es aquella en la que se promoviera el juicio de amparo como tercero extraño a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; hipótesis legal que en la especie no acontece; ya que el citado quejoso es parte dentro del citado juicio; es decir, tiene la calidad de demandado; por lo que se desprende que a la parte agraviada no se le dejó en estado de indefensión en el juicio de origen. Resulta aplicable la Jurisprudencia P./J.39/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y tres, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ***Por consiguiente, al acreditarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, correlativo con el 62 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, respectivamente, de dicha ley lo procedente es DESECHAR de PLANO la demanda de amparo promovida José Cruz Rodríguez. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito signado por ***, a través del cual devuelve las constancias de notificación relacionadas con el tercero interesado ***, las cuales dejó en su domicilio el actuario adscrito a este juzgado federal, toda vez que manifiesta que no es parte dentro del presente juicio de amparo; por lo tanto, agréguense a sus autos el ocurso de cuenta, así como sus anexos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que al momento de realizar el emplazamiento la referido tercero interesado ***, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Calzada del Panteón, número 70-A colonia Centro de esta ciudad (foja 11), por lo tanto, se ordena practicar la notificación de mérito en el domicilio antes citado.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el informe con justificación rendido por el Oficial del Registro Civil de Santiago Ixcuintla, Nayarit, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento respectivo, asimismo, acompaña copia certificada de diversas constancias relativas al acto reclamado en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos legales convenga; sin perjuicio de relacionarlo en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre.

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