José Cruz Morales Jordán

Expediente 1483/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1483/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • José Cruz Morales Jordán

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio 49418/2022 y solicita se le proporcione copia certificada del acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Se remite copia certificada. Atento a lo solicitado, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase a la autoridad la copia certificada de la determinación que refiere en su oficio de cuenta.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se declara que dicha determinación ha causado estado, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado, autoridades responsables y por los motivos precisados en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ***, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, adjunto al cual acompaña el oficio 1428/2022, suscrito por los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el que rinde informe justificado, original y copia de la demanda de amparo promovida por ***, con certificación, un disco compacto, autos del toca UG/ASA-246/2022 y un legajo de copias certificadas relativas al referido toca; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1483/2022-V. Avoca a conocimiento de demanda. El referido órgano colegiado se declaró incompetencia para conocer de la citada demanda, ya que el acto reclamado por la parte quejosa no es una sentencia definitiva que haya puesto fin al procedimiento; por tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de asesor jurídico de José Cruz Morales Jordán, contra el acto atribuido a los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la parte quejosa reclama los Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de trece septiembre de dos mil veintidós, dentro del toca UG/ASA-246/2022, en el cual determinaron no admitir el recurso de apelación interpuesto por José Cruz Morales Jordán, en contra de la resolución de sobreseimiento en la causa penal de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia. El suscrito estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Ahora bien, el precepto anteriormente transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones dictadas por un tribunal judicial, en los casos en los que la ley ordinaria prevea un recurso o medio de defensa, a través del cual el acto reclamado sea susceptible de ser nulificado, revocado o modificado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal Así, los recursos ordinarios son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, es posible controvertirlo por medio del juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por tribunales judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo supliría sus facultades. Marco normativo. Por su parte los artículos 465 y 466 del Código de Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. "Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." De la lectura de los aludidos preceptos legales se desprende que recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial. El objeto de este recurso es que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Dicho medio de impugnación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito. Caso concreto. De los antecedentes que, bajo protestad de decir verdad narra el quejoso, así como del cuaderno relativo al toca UG/ASA-246/2022, que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2, se advierte: 1. En audiencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la Jueza de Control decretó la extinción de los efectos de la responsabilidad del acusado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327, fracciones IV y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales y, como consecuencia, decretó el sobreseimiento del proceso penal seguido a Juan Carlos Gómez Martínez, por el delito de fraude; sobreseimiento que una vez que quedara firme, surtiría efectos de una sentencia absolutoria. 2. Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso recurso de apelación. 3. Sin embargo, por auto de trece de septiembre del presente año, dictado en el toca UG/ASA-246/2022, los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Supremo Tribunal Justicia del Estado, desecharon por extemporáneo dicho medio de impugnación. Determinación que constituye el acto reclamado. En tales condiciones, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el recurso de revocación que señala el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr que la citada autoridad responsable que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. En efecto, el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación, como es el caso, debe considerarse una determinación: I) Dentro del procedimiento penal. II) De mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo". En tales condiciones, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues los quejosos se encontraban obligados a agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, medio de defensa ordinario previo a la promoción del juicio de amparo, pues a través del mismo podía lograr que la autoridad que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Decisión. Por lo anteriormente señalado, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los usuarios "ChristianLt" y "Kemp21", la consulta del expediente electrónico. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Uso de aparatos electrónicos Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Habilitación de días y horas inhábiles Ahora bien, dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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