José Cruz Bravo Alba
Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Cruz Bravo Alba
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y un anexo que acompaña, consistente en copia certificada del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 1285/2017. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado: ".a) La abierta y notoria dilación y/o la paralización total del procedimiento laboral número 1285/2017; b) La paralización total del expediente laboral 1285/2017, que se configura al inexistir impulso procesal, no obstante haber transcurrido en exceso el término señalado por la Ley Federal del Trabajo; c) La omisión de acordar las promociones presentadas en fechas 25 de octubre del año 2018, 08 de noviembre del año 2019 y 10 de marzo del año 2020, agregadas en autos del expediente laboral 1285/2017. d) La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial con cargo al PERITO MEDICO DESIGNADO A LA ACTORA DRA. SILVIA MOLINA GARCIA, no obstante que la responsable recibió el peritaje emitido por dicho perito en fecha 25 de junio del año 2020; e) La omisión del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL No. 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, de cuidar bajo su más estricta responsabilidad, que el juicio 1285/2017, que ante él se tramita no quede inactivo; f) La omisión del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL No. 34 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, de proveer lo que conforme a la Ley corresponda en autos del juicio laboral 1285/2017 hasta dictar laudo." Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, del estudio integral que efectúa a la demanda, así como de las constancias que integran el presente asunto, se colige que el quejoso reclama de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, la omisión de dar contestación a los escritos de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, ocho de noviembre de dos mil diecinueve y diez de marzo de dos mil veinte, relacionados con el desahogo de la prueba pericial médica ofrecida en los autos de origen. Sin embargo, del anexo que la autoridad responsable adjunto a su oficio de cuenta, consistente en copia certificada del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral de origen, el cual tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se advierte que emitió acuerdo dentro del cual dio continuación al procedimiento laboral según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. En efecto, pues de la referida actuación se desprende que, en relación a las peticione que externó el quejoso, la junta tuvo por recibido documentales que ofreció como prueba sobre hechos supervinientes, así como teniendo conocimiento que el actor se presentó para valoración médica en las instalaciones de la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, acordó que el peritaje emitido por la profesional Silvia Molina García señalada en esos autos, falleció, por lo que giró atento oficio a la Unidad de Peritajes Médicos con residencia en la Ciudad de México, para que sirviera sustituir a la perito en comento y, a su vez señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia pericial, así como data para la valoración médica del actor, la cual se desahogaría a través de videoconferencia desde la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en conexión con esa Junta responsable, en la fecha que señale para tal efecto. Causa de improcedencia De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Marco jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. De las constancias que integran este juicio, así como del anexo que la autoridad responsable adjunto a su informe justificado se advierte: 1. La quejosa demandó en la vía laboral al Instituto Mexicano del Seguro Social; dicha demanda se radicó ante la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con el consecutivo 1285/2017. 2. Seguido el juicio, el actor del juicio (aquí quejoso) fue valorado por los peritos médicos designados por las partes, y que emitieron y ratificaron su dictamen, ante la discrepancia de los mismos se nombró un perito tercero en discordia el cual faltó de ratificar su respectivo dictamen; aunado a que la parte quejosa presentó diversas promociones para la continuación del procedimiento del juicio laboral de origen. 3. En acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la Junta responsable emitió acuerdo dentro del cual señaló tener por recibidas documentales que ofreció el actor como prueba sobre hechos supervinientes, así como teniendo conocimiento que dicha parte se presentó para valoración médica en las instalaciones de la Unidad de Peritajes Médicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en la Ciudad de México. Acordando también, que el peritaje emitido por la profesional Silvia Molina García señalada en esos autos, falleció, por lo que giró atento oficio a la Unidad de Peritajes Médicos con residencia en la Ciudad de México, para que sirviera sustituir a la perito en comento y, a su vez señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia pericial, así como data para la valoración médica del actor, la cual se desahogaría a través de videoconferencia desde la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en conexión con esa Junta responsable, en la fecha que señale para tal efecto. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se acordó lo peticionado por el actor para la continuación del procedimiento en el juicio laboral de origen 1285/2017, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. No escapa la atención del suscrito, que del anexo que allegó a este asunto la responsable, no se advierte la constancia de notificación respectiva de ese tribunal, por la que se notificó a la parte quejosa el acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 1285/2017; sin embargo, como en la especie se reclama una violación al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con el dictado de dicha determinación se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía individual infringida como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación del acuerdo correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8° de la Carta Magna. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, quedando sin efectos la misma. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de las circulares SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, el presente asunto se encontraba en vías de cumplimiento, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Acciones para cumplimiento. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el delegado de las autoridades responsables, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se le tiene informando las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo. Por otro lado, proporciona la información que le fue solicitada mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia que subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte. Finalmente, en cuanto a la petición del delegado de las autoridades responsables en el sentido de que este juzgado se pronuncie sobre si ha habido un exceso o defecto en el cumplimiento, dígasele que una vez que se desahogue la vista anteriormente otorgada a la parte quejosa se estará en aptitud de realizar el pronunciamiento respectivo. Notificación a las partes por lista. Finalmente, al no ubicarse esta determinación en alguno de los supuestos previstos en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, en aras del principio de justifica pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, se ordena que el presente proveído se notifique a las partes por lista, con excepción de las autoridades responsables a quienes se requiere el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, se encontraba pendiente de acordar lo relativo a que la sentencia dictada en este juicio cause ejecutoria, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Comuníquese esta decisión a las partes. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Envío de oficios. Envíense por correo certificado los oficios que deriven del presente acuerdo, a fin de que las autoridades responsables estén notificadas de esta determinación. Estado de constancias. El catorce de diciembre de dos mil veinte, se dictó la sentencia en este juicio que lo sobreseyó, determinación que fue notificada por lista el quince siguiente, surtiendo sus efectos el dieciséis de diciembre del mismo año, por lo que a esa data el término legal de diez días, establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, transcurría del diecisiete al dieciocho de diciembre del pasado año; por lo que a la data en que se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales, habían transcurrido dos días del término de diez. En consecuencia, restan por transcurrir ocho días hábiles; sin embargo, al no encontrase en los supuestos urgentes, no se acordó lo conducente debido a la suspensión de labores decretada. Una vez que la parte quejosa sea notificada de este proveído y haya transcurrido la vista del término legal de diez días, establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente.
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