Jose Concepcion Canche Cime
Expediente 419/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Concepcion Canche Cime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que del mismo se advierte que no existe motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas del expediente 1068/2012, remitidas por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, como justificación del acto reclamado. En consecuencia, devuélvansele las mismas, mediante atento oficio que al efecto se libre.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído que declaró la imposibilidad del cumplimiento de la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo por conforme con el proveído de mérito, por lo que háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.
- Principal
Visto el estado procesal del presente asunto y la certificación secretarial que antecede, en la que se asienta que el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en proveído de veintiuno de enero del año en curso, transcurrió, sin que ésta haya realizado manifestación alguna al respecto. En ese sentido, debe decirse que este órgano de control constitucional advierte que una imposibilidad en relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, por los motivos que a continuación se indican. 1. Por sentencia de once de septiembre de dos mil veinte, misma que quedó firme el ocho de octubre siguiente, se otorgó al quejoso José Concepción Canché Cimé, el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se proporcionaran los elementos policíacos necesarios para llevar a cabo la diligencia por conducto de la fuerza pública ordenada en el expediente 1940/2012, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. 2. Por tal motivo, se fijaron las diez horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil veintiuno, para que dicha diligencia tuviera verificativo. 3. Empero, en auto de veintiuno de enero anterior, se tuvo por recibido el oficio en el que se comunicó que a diligencia de marras no fue llevada a cabo, cuenta habida que el directo quejoso y la parte demandada en el controvertido de origen, presentaron un convenio celebrado entre ambos, solicitando la suspensión de la misma; siendo que de ello se dio vista a la parte quejosa, sin que ésta realizara manifestación alguna al respecto dentro del término concedido para tal efecto. De lo anteriormente reseñado, es palmario advertir que es jurídicamente imposible llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos atañe, cuenta habida que si bien corresponde a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma, lo cierto es que para ello es indispensable que la parte quejosa lleve a cabo las acciones necesarias para que el fallo protector pueda cumplirse, en concreto, acudir a la práctica de la diligencia por conducto de la fuerza pública ordenada en el proceso natural. Sin embargo, como quedó reseñado con antelación, la parte quejosa presentó un convenio en el juicio de origen, solicitando la suspensión de la citada diligencia, motivo por el cual es evidente que la misma no puede llevarse a cabo, ante la solicitud directa del quejoso en relación a que la misma no tenga verificativo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ante el manifiesto y notorio desinterés de la parte quejosa en la ejecución de la sentencia dictada en este juicio de garantías, precisamente por haberse celebrado un convenio en el controvertido de origen en el que se solicitó la suspensión de la diligencia ordenada en dicha ejecutoria, lo procedente es declarar la imposibilidad del cumplimiento de la misma, por causas única y exclusivamente imputables a la parte impetrante.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual informa que no se llevó a cabo la diligencia de fuerza pública señalada para las diez horas con treinta minutos del trece de los corrientes, toda vez que la parte quejosa no se presentó el día y hora fijada para tal efecto. Por ende, infórmese a la nombrada autoridad compareciente, que el veintiuno de enero en curso, se tuvo por recibida la comunicación del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que informó la diligencia de fuerza pública programada para las diez horas con treinta minutos del trece de los corrientes, no se llevó a cabo, toda vez que el quejoso y el demandado en el juicio de origen, presentaron un convenio celebrado entre ambos, y solicitaron la suspensión de la citada diligencia de fuerza pública, por lo cual, se dio a la vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho correspondiera. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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