Jose Cirilo Vela Argaez
Expediente 935/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Cirilo Vela Argaez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede y atendiendo a que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra del acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia, el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, y que no se tramitó el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CITATORIO.- Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y anexo que acompaña. Ahora bien, en principio, se estima pertinente precisar que el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el directo quejoso José Cirilo Vela Argáez, presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, el quejoso reclamó de la Junta señalada como responsable, la falta de contestación del memorial de veintiuno de febrero de dos mil veinte, presentado el cuatro de marzo del mismo año, en el juicio reclamatorio laboral 450/2014. En tanto que al rendir su informe justificado, la Junta responsable negó categóricamente la existencia del acto reclamado; precisando la Presidente de dicha Junta, que el trece de marzo de dos mil veinte, esto es, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, proveyó lo solicitado por la aquí quejosa, en el juicio laboral de referencia. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante el escrito de mérito, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, la autoridad responsable informó a la parte actora, aquí quejosa, que no había lugar a acceder a lo solicitado por ella, de realizar el requerimiento de pago y embargo que solicita, en virtud de que con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se concedió dicho requerimiento, realizando la diligencia respectiva el tres de marzo de dos mil diecisiete, en la cual, se embargó un predio a nombre del demandado Oscar Iván Pinto Achach, en virtud de la etapa procesal del controvertido en materia de trabajo, de que se trata. Misma determinación que, incluso, le fue notificada a las partes por medio de lista fijada en los estrados de la Junta responsable, el trece de marzo de dos mil veinte. Por tanto, es notorio y manifiesto que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la Junta responsable ya había atendido la petición formulada por la parte quejosa, pues dio contestación al memorial de veintiuno de febrero de dos mil veinte; por lo que resulta evidente que la omisión que se atribuye a la Junta responsable, no existía al momento de la interposición de la demanda. En ese tenor, se estima que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia que en este acto se agrega, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que con ella se demuestra que se dio contestación al escrito referido en el controvertido natural, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno. Finalmente, debe decirse que no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; ello, toda vez que con el sentido de la presente determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal."
- Principal
Agréguense a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, y anexo que acompaña. Ahora bien, en principio, se estima pertinente precisar que el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el directo quejoso José Cirilo Vela Argáez, presentó su demanda de amparo indirecto ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado. En dicha demanda, el quejoso reclamó de la Junta señalada como responsable, la falta de contestación del memorial de veintiuno de febrero de dos mil veinte, presentado el cuatro de marzo del mismo año, en el juicio reclamatorio laboral 450/2014. En tanto que al rendir su informe justificado, la Junta responsable negó categóricamente la existencia del acto reclamado; precisando la Presidente de dicha Junta, que el trece de marzo de dos mil veinte, esto es, con antelación a la presentación de la demanda de amparo, proveyó lo solicitado por la aquí quejosa, en el juicio laboral de referencia. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Ello, cuenta habida que, como quedó precisado con antelación, la omisión de dar contestación a lo solicitado mediante el escrito de mérito, deviene inexistente, precisamente porque con anterioridad a la presentación de la demanda, la autoridad responsable informó a la parte actora, aquí quejosa, que no había lugar a acceder a lo solicitado por ella, de realizar el requerimiento de pago y embargo que solicita, en virtud de que con fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se concedió dicho requerimiento, realizando la diligencia respectiva el tres de marzo de dos mil diecisiete, en la cual, se embargó un predio a nombre del demandado Oscar Iván Pinto Achach, en virtud de la etapa procesal del controvertido en materia de trabajo, de que se trata. Misma determinación que, incluso, le fue notificada a las partes por medio de lista fijada en los estrados de la Junta responsable, el trece de marzo de dos mil veinte. Por tanto, es notorio y manifiesto que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la Junta responsable ya había atendido la petición formulada por la parte quejosa, pues dio contestación al memorial de veintiuno de febrero de dos mil veinte; por lo que resulta evidente que la omisión que se atribuye a la Junta responsable, no existía al momento de la interposición de la demanda. En ese tenor, se estima que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que esta Juzgadora pueda analizarlo, haciéndose imposible restituir a la parte quejosa en el goce de derechos respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional, para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito; toda vez que en el caso particular, la constancia que en este acto se agrega, actualiza indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que con ella se demuestra que se dio contestación al escrito referido en el controvertido natural, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, con lo que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con quince minutos del ocho de julio de dos mil veintiuno. Finalmente, debe decirse que no constituye obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido llamado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; ello, toda vez que con el sentido de la presente determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ CIRILO VELA ARGAEZ, contra actos que reclama del PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN MERIDA, con residencia en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el juicio laboral de origen, para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias referidas, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a esta Juzgadora, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la citada Ley de la Materia. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del coronavirus (COVID-19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido podrá rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, vía interconexión. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Determinación que no depara afectación a las partes, al estar en posibilidad de presentar sus alegatos de manera escrita. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a la autoridad, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Asimismo, se invita a la autoridad responsable a que, a la brevedad, proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, en cuanto a la notificación del presente acuerdo, a la agente del Ministerio Público adscrita, toda vez que es un hecho notorio para esta Juzgadora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, que en el expediente varios 1/2021, del índice de este Juzgado, la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito, proporcionó como correo electrónico para realizarle alguna notificación el siguiente rossana.rosas@pgr.gob.mx; en tal virtud, se ordena notificar a la representante social el presente acuerdo y los subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, en el correo electrónico: rossana.rosas@pgr.gob.mx. Por lo que respecta al carácter que podría recaerle a Oscar Pinto Achach; resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, del que se advierta su calidad concreta. Como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como sus autorizadas a las personas que designa en su demanda de amparo, esto es, a Wilma del Carmen Martín May y Claudia Marilú León Arjona, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, para el uso de aparatos electrónicos559/2021 como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir Por otra parte, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico; empero, tomando en cuenta las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que proporciono en el acuse de presentación de la demanda de amparo, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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