José Clemente Covarrubias Castillo
Expediente 176/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juez Mixto de Primera Instancia de Jiquilpan, Michoacán
- José Clemente Covarrubias Castillo
- Alma Gabriela Mora Casillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
QUE HABIENDO TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES PARA QUE CONFIRMAR LA NOTIFICACIÓN ENVIADA AL USUARIO MMALIPO, AUTORIZADO MARCO ANTONIO AYALA ALIPA, AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA JOSE CLEMENTE COVARRUBIAS CASTILLO, PARA RECIBIR SUS NOTIFICACIONES PERSONALES Y RESPECTO DE LA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 213/2019, DEL ÍNDICE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A LA FECHA NO EXISTE CONTESTACIÓN ALGUNA POR EL MISMO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE RAZÓN ACTUARIAL PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 30, FRACCIÓN II, CON LO CUAL, SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN,MISMA SENTENCIA QUE CONCLUYÓ CON LOS SIGUIENTES PUNTOS: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, únicamente, por lo que al acto reclamado consistente en la la omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo, por las razones contenidas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega la protección constitucional en el presente juicio de amparo a José Clemente Covarrubias Castillo, que por su propio derecho promovió contra los actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán; por las razones contenidas en el penúltimo considerando. TERCERO. La presente resolución, será publicable en términos de lo establecido en su último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMente
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA JOSÉ CLEMENTE COVARRUBIAS CASTILLO, LA SENTENCIA DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SENTENCIA CONSTITUCIONAL Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 176/2019, que promovió José Clemente Covarrubias Castillo, por propio derecho y ostentándose representante legítimo del menor de edad de iniciales P.C.M., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado a través del sistema electrónico relativo a la recepción de demanda de amparo el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, y registrada en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de marzo de este año, Marco Antonio Ayala Alipio apoderado del directo quejoso José Clemente Covarrubias Castillo, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la autoridad citada al preámbulo de esta sentencia, que hizo consistir en: ".La orden dictada y ejecutada en mi contra, contenida en el auto dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve por la autoridad responsable, dentro del juicio ordinario oral familiar promovido por los terceros interesados frente al suscrito, sobre divorcio incausado y alimentos, relativo a la determinación y separación del domicilio ubicado en calle Jacarandas número 18 del fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Mich., el decreto de alimentos para el menor P. C. M. y Alma Gabriela Mora Casillas por $12,000.00 doce mil pesos mensuales para cada uno; el decreto de guarda y custodia a favor de Alma Gabriela Mora Casillas del menor P. C. M.; y, la omisión de fijar la convivencia del ahora quejoso con el menor." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este juzgado, quien por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, notificándose a la tercera interesada de la instauración del juicio. Luego de diferirse, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado impacta en un proceso intestamentario que rige autoridad judicial con sede dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamado en: La orden dirigía al quejoso para salir del domicilio donde habita [calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán] La determinación concerniente a la medida provisional de alimentos en favor de hijo menor de edad P.C.M. y Alma Gabriela Mora Castillo. La determinación respecto a la orden de guardia y custodia del menor de edad P.C.M. en favor de Alma Gabriela Mora Castillo. La omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. Dichas determinaciones y omisión, derivadas del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en el expediente 44/2019, del juicio sobre divorcio sin expresión de causa, en la vía ordinaria oral del índice de la autoridad responsable y que promovió Alma Gabriela Mora Casillas por su propio derecho. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J.40/2000, perteneciente a la Novena Época; Instancia Pleno; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de dos mil, en Materia Común, visible a página treinta y dos, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Tomo V de enero a junio de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, al expresamente, así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI-Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además se robustece con copia certificada de las constancias que integran el expediente 44/2019 de su índice que contiene a los actos reclamados, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, quinta época, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, Parte VIII, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso concreto, previo a determinar si existe o no causa de improcedencia, es importante destacar que el estudio que se realizará se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, se advierte causa de improcedencia por lo que se refiere al acto reclamado: La omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. Ello es así, porque, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En efecto, la improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: 1. Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. 2. Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se sustenta en la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página: 1491, Novena Época, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese sentido, la causa de improcedencia, se actualiza porque la autoridad responsable, al cumplir los efectos de la suspensión provisional dictada por este juzgado de Distrito, por auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, que obra en el cuaderno de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se pronunció en relación al régimen de convivencias entre el quejoso con su hijo menor de edad P.C.M., al proveer lo siguiente: "I. Tomando en consideración que si bien es cierto que la parte actora en su escrito inicial de demanda, anexo convenio en el cual en su cláusula segunda propuso a manera de convivencia que ésta fuera entre el demandado y su menor hijo sólo los días sábados de 2 dos de la tarde a 7 siete de la noche, y que los períodos vacacionales de semana santa, verano, navidad y días festivos las misma (sic) fueran por mitad de dichos períodos; sin embargo, en la contestación de demanda que hace el demandado, en su capítulo de excepciones a la propuesta de convenio en su cláusula II, dijo no aceptar dicha propuesta ya que dicha convivencia se estaba dando diaria y cotidianamente, motivo por el cual propuso que la convencía (sic) se diera diariamente respetando los tiempos escolares y actividades recreativas del menor. Siendo consentida dicha propuesta por la parte actora, dentro de su escrito de contestación a las vistas, en el que refirió que la convivencia no había problema, ya que el demandado convivía a diario con el menor, lo cual no le resultaba ningún perjuicio. II. Motivo por el cual este tribunal decreta que la convivencia sea diariamente, cuando el progenitor lo crea pertinente y el menor de iniciales P.C.M., esté de acuerdo y no se interfiera en sus tiempos escolares, actividades recreativas, por ende, se entregara al señor José Clemente Covarrubias Castillo, en el acceso en el fraccionamiento Camelinas, dicho menor será devuelto, a Alma Gabriela Mora Castillo, en el acceso a dicho fraccionamiento. En la inteligencia que, José Clemente Covarrubias Castillo debe acatar la medida cautelar en auto de fecha 19 diecinueve de febrero del año en curso, donde se decretó orden protectora en favor de Alma Gabriela Mora Castillo, consistiendo, entre otras, en la separación de personas. III. Por lo que ve a los días festivos, comenzando por el día de la madre, éste permanecerá con su progenitora; así como, el día del padre, el menor convivirá con el progenitor, desde las 10:00 diez horas, hasta las 20:00 veinte horas, del citado día, el cual deberá ser recogido y entregado en el acceso al fraccionamiento. Los demás días podrán ser alternados, siguiendo los mismos horarios y días, así como de la logística de entrega y recepción, por lo que se les requiere se dé oportuno aviso a este tribunal, sobre los días de asueto que tenga el menor y de quien comenzará el goce de esta convivencia. IV. Por otro lado, con respecto a los días 24 veinticuatro y 25 veinticinco de diciembre (navidad), así como 31 treinta y uno y 1 primero (año nuevo) estos períodos festivos podrán ser uno para cada progenitor, es decir el denominado de navidad lo gozará el menor al lado de la señora Alma Gabriela Mora Castillo, y el de año nuevo, al lado de José Clemente Covarrubias Castillo, y viceversa en los citados períodos en lo sucesivo, siguiendo los horarios de 10:00 diez horas de la mañana hasta las 20:00 horas del día siguiente, haciendo la entrega y recepción del menor en el acceso del fraccionamiento Camelinas. V. Finalmente, por lo que respecto a las vacaciones de fine de año, semana santa y pascua, así como el receso de clases (o vacaciones de verano), calendarizadas de acuerdo al calendario escolarizado de la Secretaría de Educación Pública, este tribunal estima conveniente que se comience el goce de la convivencia con la progenitora, es decir, que en la vacaciones de verano en (sic) menor las disfrute al lado de su progenitora, para que después, en las siguientes vacaciones de fin de año, las goce con su progenitor, intercalando las posteriores vacaciones denominadas de semana santa; y viceversa en los sucesivos períodos, siguiendo los horarios de 10:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas del último día vacacional, haciendo la entrega y recepción del menor en el acceso del fraccionamiento Camelinas." Auto del cual, se ordena agregar copia certificada a este expediente. Así, el pronunciamiento del juez respecto al tema de las convivencias del menor de edad P.C.M., con el aquí quejoso, sobreviene como el nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En tales condiciones, tomando en consideración las circunstancias referidas, debe puntualizarse que el acto reclamado en la demanda de amparo, consistes en: La omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. Es un acto en contra de los cuales ahora, no procede el juicio de amparo, toda vez que ya se pronunció en diseñar un sistema de convivencia de acuerdo con los datos que tenga en su expediente. De ahí que, se actualiza una cesación de los efectos del acto reclamado, al ser claro que aquello de lo que se quejó en su demanda, ya no le puede afectar al determinar la autoridad responsable el régimen de convivencia que afirmó dicha autoridad había omitido. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, respecto a ese acto reclamado, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, bastando hacer su análisis como corresponda, atendiendo a su causa de pedir, a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Con la precisión que, en el presente asunto no es aplicable la suplencia de la deficiencia de la queja, prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, porque, si bien es cierto, la controversia constitucional surge de un asunto de divorcio en el cual se involucra al hijo menor de edad del aquí quejoso, por un lado, la demanda de amparo, únicamente, fue firmada por José Clemente Covarrubias Castillo; segundo, al menor de edad P.C.M., en los autos de origen del acto reclamado, la autoridad responsable por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, les asignó como tutor especial al licenciado, Santiago García Núñez, a quien, en términos del artículo 261 del Código Familiar del Estado de Michoacán, la responsable, le reconoció el carácter de parte. Luego, ese auto le fue notificado al tutor especial el veinte de febrero de dos mil diecinueve. De manera que, los interés y derechos del menor de edad hijo del quejoso en la controversia de origen del acto reclamado, se encuentran representados, en el desempeño de la tutor especial, quien conforme al artículo 261 del Código Familiar del Estado, debe advertirse que a dicha parte, en el procedimiento de origen, corresponde proteger los derechos del menor de edad; y en su caso, interponer la demanda de amparo. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Entonces, los actos reclamados derivan del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente 44/2019 del juicio sobre divorcio sin expresión de causa, en la vía ordinaria oral, del índice de la autoridad responsable y que promovió Alma Gabriela Mora Casillas por su propio derecho; siendo éstos: La orden dirigida al quejoso para salir del domicilio donde habita [calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán] La determinación concerniente a la medida provisional de alimentos en favor de hijo menor de edad P.C.M. y Alma Gabriela Mora Castillo. La determinación respecto a la orden de guardia y custodia del menor de edad P.C.M. en favor de Alma Gabriela Mora Castillo. En ese sentido, es importante indicar los antecedentes del acto reclamado: El treinta de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable recibió la demanda de divorcio, sin expresión de causa la cual registró bajo el orden 44/2019 en la vía ordinaria oral, que promovió el aquí tercera interesada Alma Gabriela Mora Casillas, por propio derecho, frente a la aquí quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. El uno de febrero de dos mil diecinueve, requirió a la actora -aquí tercera interesada- a fin de que cumplirá con ciertos requisitos a efecto de estar en condiciones de proveer la demanda. Así, al doce siguiente, la autoridad responsable proveyó el desahogo de los requerimientos que ordenó a la actora, pero le formuló uno más, en el sentido de presentar propuesta de garantía que asegurare el cumplimiento del pago de alimentos, en términos del artículo 256, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán. De manera que, fue por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve -que contiene a los actos reclamados- , que al desahogar la parte actora, el requerimiento que le fue formulado por la autoridad responsable, ésta, admitió a trámite de la demanda; y dictó los actos reclamados en el sentido siguiente: "Jiquilpan, Michoacán, 19 diecinueve de febrero de 2019 dos mil diecinueve. [.] <<Concesión de orden protectora>> Por otra parte, en relación a lo solicito en su escrito inicial de demanda, téngase a Alma Gabriela Mora Casillas, solicitando que esta autoridad dicte medidas cautelares de protección a su favor, en contra de su actual pareja José Clemente Covarrubias Castillo, ante lo cual, se ordena registrar la misma e informar a la oficialía de partes de los juzgados de este distrito judicial a fin de la distribución equitativa en torno a las órdenes de protección, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación al 11, 314, 317, 324 y 325 del código familiar del Estado, atendiendo a lo que disponen los artículos 10, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 6, inciso b), 7 de la Convención Iberoamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (BELÉM DO PARÁ); 4, 42, 60, 61, 62, FRACCIÓN II, 65 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán; 39, 40 y 42, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin mayor trámite, partiendo de la buena fe y veracidad con la que deben conducirse las partes, como aquí lo presume la hace la ocursante, procede y se decretan, sin mayor trámite, la siguiente medida de seguridad, con el objetivo de prevenir conflictos y entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo: Se ordena la separación de los cónyuges y se determina la salida de José Clemente Covarrubias Castillo, de domicilio común, ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho fraccionamientos Camelinas, de esta ciudad. En el entendido de que así se decreta, debido a que se trata del cónyuge agresor, así también, hágase del conocimiento a las partes que las medidas establecidas, son con el ánimo de prevenir conductas agresivas entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo, y se encontrarán vigentes hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo, en función del interés superior de la víctima, como lo establece el artículo 61 de la ley ya citada, o bien, hasta que esta autoridad determine lo contrario, atendiendo a que las normas de derecho de familia son de interés social y de orden público, además de que al Estado, le interesa mantener el orden y la paz social. Se habilitan días y horas inhábiles, para el efecto de llevar a cabo la separación decretada en autos, quedando a disposición de la solicitante el acudir ante este órgano jurisdiccional para materializar tal medida; y se ordena girar oficio al Director de Seguridad Pública de esta ciudad para el apoyo de dicha diligencia. Notifíquese personalmente al agente del ministerio público adscrito, y a la promovente, para su conocimiento. Cúmplase y emítase una copia certificada de este acuerdo a Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo. <<Medidas Provisionales>> En otro orden de ideas, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 260 del código familiar para el estado, este juzgador decreta las siguientes medidas cautelares para regir solo durante el presente procedimiento: 1. Separación de personas. Ya quedado establecida en líneas precedentes sobre la separación de personas. 2. Medida provisional alimentos. En otro tenor y escrito acatamiento a lo dispuesto por el numeral 260 del código familiar para el estado, esta autoridad está facultada para intervenir de oficio en los asuntos de familia especialmente tratándose de menores de edad, aunado de que los alimentos son de orden público, y atendiendo al interés superior de los menores se le fija como pensión provisional a favor de su menor hijo, a cargo de su progenitor José Clemente Covarrubias Castillo por la cantidad de $12,000.00 doce mil pesos mensuales, misma que será depositada los primeros cinco días del mes, pensión que deberá ser depositada directamente ante esta juzgado, previa expedición de la orden de depósito correspondiente. Asimismo, se fija la cantidad de $12,000.00 doce mil pesos para la promovente quien de buena fe manifestó que durante el matrimonio no trabajo ya que se dedicó a las labores del hogar, como así ocurre a la fecha, misma que será depositada en la forma antes indicada. Cantidad la que se fija virtud a lo manifestado en el convenio en el sentido de que el acreedor alimentista percibe ingresos diversos, lo anterior aun y cuando el código establece que deberá ser treinta veces la Unidad de Medida y Actualización en su valor diario, máxime que este tribunal no cuenta con constancia alguna de sus ingresos netos. [.] Ello, puesto que la capacidad del deudor alimentista no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino que se entiende referida a la capacidad que tiene todo sujeto para trabajar y generar riqueza, dicha cantidad se fija de momento para el acreedor, además, de que a la fecha este juzgador no cuenta con elementos sobre las percepciones del obligado alimentista, lo cual se le hace saber al obligado alimentista mediante notificación personal. Lo anterior, considerando además que exhibe las partida de nacimiento del menor pues goza de la presunción de necesitar alimentos de conformidad al artículo 452 del código familiar para el estado, según la acta de su nacimiento que adjunta, a la que se le concede valor probatorio, por tratarse de una constancia del registro civil expedida por el funcionario facultado para hacerlo, con lo cual se acredita que además que el demandado es su progenitor y con ello el derecho de este su derecho a recibir de él alimentos, aunado a que también manifiesta la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación. De igual forma se le tiene proponiendo como garantía para asegurar el cumplimiento del pago de alimentos el bien inmueble que ocupa el domicilio conyugal, sin embargo, sin embargo dicha garantía debe ser en cantidad líquida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 fracción III del código familiar, en consecuencia este tribunal fija como garantía la cantidad de $48,000.00 cuarenta y ocho mil pesos, cantidad que equivale a dos meses de pensión, que deberá ser depositada directamente ante este juzgado, previa la expedición de la orden de depósito correspondiente. 3. Guarda y Custodia de los menores de edad. En virtud de que el solicitante manifiesta que los menores se encuentran a lado de su progenitora, según su propio dicho del actor, de determina que deberá de permanecer bajo el cuidado de Alma Gabriela Mora Casillas durante el trámite del presente procedimiento. 4. Convivencia. Como se indica en la propuesta de convenio la cual podrá ser modificada una vez que se justifique el motivo de ello, y en la etapa correspondiente. <<Protección de datos personales>> Por lo que ve a los datos personales, identidad y su divulgación, los nombres de quien figura como actora, en aras de privilegiar los derechos de dignidad humana y de igualdad, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se prescinde su publicación y divulgación5 ; lo que de igual manera, deberá hacerse en la publicación de listas de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, como aquella que se divulga en el portal de internet del Supremo Tribunal de Justicia del Estado6 ; a fin de salvaguardar sus derecho a la intimidad. <<Girar oficios>> Finalmente, a fin de que este tribunal cuente con los elementos necesarios para resolver de manera objetiva l relativo a la custodia y alimentos de la menor de edad antes mencionada, y que la decisión que se tome en este controvertido sobre dichos puntos atienda en mayor medida a la realidad de estos y su interés superior, se considera necesario recabar la siguiente información y realizar las siguientes diligencias de manera oficiosa: 1. Se manda requerir mediante notificación personal a ambas partes a fin de que dentro del término de 3 tres días informen a este juzgado bajo protesta de decir verdad: a. Su fuente de ingresos, debiendo especificar nombre y domicilio, así como el nombre de su patrón en caso de que se trate de persona física. b. La cantidad que perciben por dicha labor y la periodicidad con que la reciben, asimismo informando todas y cada una de las percepciones y deducciones con que cuentan, detallando cualquier tipo de ingreso, ya sea ordinario, extraordinario, aguinaldo, compensaciones, bonos, y en general cualquier ingreso aún y cuando no sea derivado de su fuente laboral, debiendo en la medida de lo posible comprobar su dicho con documentales idóneas. c. Asimismo, deberán informar también a cuánto ascienden sus gastos mensuales, procurando particularizar cada uno de los mismos. 2. De igual manera a fin de contar con información pública sobre la capacidad económica de las partes gírese los siguientes comunicados: a. Al administrador de rentas de Jiquilpan, Michoacán, a fin de que informe si en dicha dependencia existe registro de cualquiera de las partes como propietarios de algún vehiculó (sic) automotor o poseedores de algún inmueble, debiendo en caso afirmativo remitir el certificado correspondiente. b. Al Director del registro público de la propiedad raíz en el estado. A fin de que informe si en dicha dependencia se inscribe algún inmueble o sociedad mercantil a nombre de alguna de las partes, debiendo en caso afirmativo proporcionar los datos correspondientes, remitiendo la documentación que comprueba lo informado. c. Al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, de Jiquilpan, Michoacán. Para que informe si en el registro de dicho instituto existe registro de alguna de las partes como empleado o empleador activo, debiendo, en caso afirmativo proporcionar los datos correspondientes a su fuente laboral e ingresos. d. Al Administrador desconcentrado de Michoacán 2 dos, dependencia del sistema de administración Tributaria SAT, de Uruapan, Michoacán. Para efecto de que informe si las partes de este juicio si en dicha institución se registra alguna de las partes como causante de impuestos y, en caso afirmativo proporcionen de no tener inconveniente legal los datos relativos a sus últimas dos declaraciones anuales de impuestos, informando en el oficio correspondiente que dicha información se requiere para efectos de fijar una pensión alimenticia a favor de una menor de edad. 3. Por otra parte, se ordena girar oficio a la presidenta del sistema DIF Municipal de Jiquilpan, Michoacán, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, como auxiliar de la administración de justicia, se sirva encomendar a la trabajadora social adscrita a dicha dependencia para que se realice un estudio socioeconómico a las partes de este juicio y su menor hija, efectuando una visita domiciliaria a dichas personas, el cual deberá realizar sobre los siguientes puntos: a. La obtención de datos en torno a los gastos que genera la atención del concepto de alimentos (comida, vestido, habitación, atención médica hospitalaria, educación, transporte, así como actividades escolares y laborales de personas. b. Detallar las condiciones de la vivienda en que habitan las partes y sus menores hijos, el estrato social en el que se puede catalogar su casa habitación. Indicando si por concepto de habitación cubren algún concepto de renta o servicios varios. c. Indagar sobre el monto de las percepciones de las partes y los aspectos los que se destinan. d. Integrar al estudio si las personas a analizar son beneficiarios de seguridad social con motivo de la actividad laboral de las partes de este juicio o por cualquier circunstancia. e. Además de lo anterior, todos los datos que pudieran resultar de importancia para la resolución de este asunto, habida cuenta de que la finalidad del estudio encomendado, es decretar de manera objetiva la pensión alimenticia a favor de los menores referidos. Se ordena a la secretaria de acuerdos que elabore los oficios antes ordenados, para efecto de que se dejen a disposición de las partes en la secretaria del juzgado con la finalidad de que comparezcan a recogerlos y darles el trámite correspondiente, haciéndolos llegar a su destino, en el entendido de que las medidas oficiosas decretadas deben realizarse en su totalidad previo a la fecha que en su momento se señale para la audiencia de juicio, pues en caso de que dichas pruebas no se encuentren rendidas antes de esa audiencia, se diferirá el desahogo de la misma. Con fundamento, en los 11, 314, 317, 324, y 325 y 5º transitorio del código familiar de la Entidad; 60, 61 y 62 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo; lo acordó y firma el licenciado Julio Carrizales Torres, juez mixto de primera instancia de este distrito judicial, con facultades de juez de instrucción y oralidad en materia familiar, conforme a los artículos 39 y 41 de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado y 5º transitorio de la invocada ley familiar que actúa con la secretaria de acuerdos que autoriza, licenciada Ma. Eugenia López Hernández. Doy fe." ORDEN DE PROTECCIÓN De manera que, es infundado el concepto de violación, referente a que, la autoridad responsable, omitió fijar como punto de partida encontrarse ante un asunto a juzgar con perspectiva de género, porque, la parte quejosa, sostiene que dicha autoridad, no cuestionó los hechos denunciados por la aquí tercero interesada, así como apreciar los medios de prueba, para determinar, si era suficiente para demostrar las situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación alegadas por la actora como causa de pedir de las medidas cautelares, aun cuando tales requisitos -demostrativos- resultan del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 2655/2013, y que se ven inmersos -requisitos demostrativos- en el artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Entonces, lo infundado del concepto de violación, radica en que, el quejoso, parte de supuestos que no corresponden a la medida de protección provisional, que ordenó la autoridad responsable; porque, por un lado, esa medida concerniente a separarlo del domicilio en el que habitaba con la aquí tercera interesada y su hijo menor de edad, únicamente, se trata de una medida preventiva y provisional, que en sí, no le ha privado de ningún derecho, de ahí que está en condiciones, durante el procedimiento de revertir los efectos de las medidas adoptadas por la autoridad responsable. Por otro, la autoridad responsable, sí advirtió la necesidad de imponer esa medida al atender el asunto que planteó la aquí tercera interesada, bajo la perspectiva de género, distinto como lo pretende revelar el quejoso, porque dicha perspectiva fue la base para determinar las medidas que reclama, y, a efecto de comprender de mejor manera el tema, es conveniente, citar el contenido de la ejecutoria del amparo directo en revisión 2655/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que alude la parte quejosa la autoridad responsable soslayó. Esto es, en dicha ejecutoria, destacó que el planteamiento del problema refería un análisis constitucional, al implicar derechos humanos alegados concretamente a una situación de violencia de género, cuestión que involucraba directamente, el análisis al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Derechos que fungen como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos fundamentales tales como el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Por tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de entender el alcance y contenido del derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, señaló que la Constitución Federal, y los diversos instrumentos internacionales reconocen los derechos humanos de la mujer que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos y reconocidos en la Constitución, y particularmente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer así como en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que básicamente reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. Señaló que los derechos humanos de las mujeres, nacieron ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección al comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos, no era suficiente para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos de ciertos grupos vulnerables como es el grupo de las mujeres, quienes por su condición ligada al género requieren de una visión especial en la normatividad internacional de los derechos humanos, así como de distintos tipos de mecanismos para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto a sus derechos, como lo es el impartir justicia con perspectiva de género. Así, precisó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, fue adoptada, el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve mediante resolución 34/180 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como el primer instrumento internacional pensado en atender directamente las necesidades de las mujeres, en el que destaca la proscripción de la discriminación en contra de la mujer en todas las esferas de la vida. Indicó que, con este instrumento internacional, se introduce la llamada perspectiva de género con el objeto de evitar tratos y prácticas discriminatorias, la cual vino a ampliar la responsabilidad estatal para proteger a las mujeres incluso contra actos que cometen personas privadas, pues la discriminación de la mujer no sólo ocurre en la esfera estatal; no obstante para el caso que estudió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, destaca, que en gran parte la discriminación en contra de la mujer sucede por discriminación directa de entes del Estado precisamente por la falta de implementar una perspectiva de género en todas las acciones gubernamentales. De manera que, para el Máximo Tribunal del País, los Estados que ratifican la Convención, no sólo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino que también están conminados a tomar medidas concretas para lograrlo tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus textos supremos, como abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres. Manifestó que, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, fue adoptada el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro en la ciudad de Belén Do Pará en Brasil, por la Organización de Estados Americanos, como el documento regional especializado en la protección de los derechos humanos de las mujeres, que de forma muy similar a la Convención del sistema universal, en sus artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8, prevé obligaciones de protección a los derechos de las mujeres y de no discriminación en el ejercicio de estos derechos, porque también se establece el compromiso de los Estados partes de adoptar sin dilaciones todas las medidas entre ellas, mecanismos judiciales para procurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer en todos los ámbitos; de lo que destaca lo establecido en los diferentes incisos del artículo 8°, en el que se establece como deber progresivo del Estado el que por medio de sus autoridades adopten medidas progresivas específicas para modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad entre el hombre y la mujer y la equidad de género. De suerte tal que derivado de la normativa internacional, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto, pues de no hacerlo, esto es, de no considerar la especial condición que acarrea una situación de esta naturaleza puede convalidar una discriminación de trato por razones de género. Por esas razones, precisó que, el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género de ahí que tratándose de autoridades jurisdiccionales, a fin de satisfacer los derechos humanos de la mujer a una vida libre de discriminación, deben impartir justicia con una visión de acuerdo a las circunstancias del género y eliminar las barreras y obstáculos preconcebidos en la legislación respecto a las funciones de uno u otro género, que materialmente pueden cambiar la forma de percibir, valorar los hechos y circunstancias del caso. Porque, con base en una perspectiva de género en la impartición de justicia, derivada de las obligaciones y deberes del Estado mexicano, la visión de juzgar con perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, esto es, aún y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus alegaciones, pero siempre que el juzgador advierta que en el caso puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad por género que obstaculice la impartición de justicia de manera completa sin respeto al derecho de igualdad en su ámbito sustancial no meramente formal. Incluso, la perspectiva de género no sólo es pertinente en casos relativos a mujeres, en tanto su enfoque pretende detectar la forma en que el derecho afecta las situaciones particulares de las personas al omitir considerar la situación referente a las funciones de género. Por tanto, para determinar si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es preciso verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas. [Hasta aquí algunas consideraciones de la Ejecutoria] En ese sentido, se tiene que el Estado Mexicano, en materia legislativa a fin de cumplir sus obligaciones de protección a los derechos de las mujeres y de no discriminación en el ejercicio de estos derechos, sin dilaciones, ha adoptado, en la legislación interna, mecanismos judiciales para procurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer, a fin de alcanzar su compromiso internacional. Esto es, como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo señaló, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto, pues de no hacerlo, esto es, de no considerar la especial condición que acarrea una situación de esta naturaleza puede convalidar una discriminación de trato por razones de género. Tal compromiso se ve materializado en el contenido de las siguientes legislaciones: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán Código Familiar del Estado Ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, Legislaciones que en sus normas contiene la esencia de la protección al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, las cuales, la autoridad responsable aplicó en el acto reclamado y se ajusta al contenido de la Ejecutoria del amparo directo en revisión 2655/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al atender en el ámbito de su competencia, el asunto bajo la perspectiva de género, ante las manifestaciones de la parte actora -aquí tercera interesada-quien solicitó la medida de protección. Es decir, la autoridad responsable, a partir de la buena fe y veracidad con la que deben conducirse las partes, presumió cierto lo expuesto por Alma Gabriela Mora Casillas y sin mayor trámite -de plano-, decretó, la medida de seguridad, de separación de los cónyuges y la salida de José Clemente Covarrubias Castillo del domicilio común, ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho fraccionamientos Camelinas, de esta ciudad, con el objetivo de prevenir conflictos entre los cónyuges, lo cual se ajusta al marco legislativo constitucional e internacional así como a la jurisprudencial interna, sobre la protección al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Se explica, la actora en el juicio de origen, al solicitar la medida de protección relativa a la separación del domicilio, expuso en su escrito de demanda lo siguiente: "QUINTO. LA VIDA EN COMÚN AL PRINCIPIO FUE MÁS O MENOS LLEVADERA, PERO EN EL TRANSCURSO DEL MATRIMONIO EL AHORA DEMANDADO EMPEZÓ A CAMBIAR DE COMPORATAMIENTO Y A COMPORTARSE DE MANERA DIFERENTE Y MUY CAMBIANTE CON LA SUSCRITA, DANDOME CUENTA QUE COMENZO A TENER UNA RELACIÓN CON UNA MUJER JOVEN DE NOMBRE DYANNA LIZZETH FLORES RODRÍGUEZ, Y COMENZÓ A COMPORTARSE IRRITABLE Y SIEMPRE ENOJADO Y QUE LO HACE UNA PERSONA QUE ME FALTA AL RESPETO CONSTANTEMENTE ORIGINANDO CON ELLO VIOLENCIA FAMILIAR, DICIÉNDOME TEXTUALMENTE "SINO TE PARECE AGARRA TUS COSAS Y VETE DE LA CASA", "YO SOY EL DUEÑO DE ESTA CASA Y EN EL MOMENTO QUE QUIERA TE CORRO DE LA MISMA", MAS AUN ME AMENAZA DICIÉNDOME QUE NO SE HACER NADA, QUE DE QUE VOY A VIVIR, OCASIONA DAÑO PSICOLÓGICOS QUE ME HE VISTO EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A AYUDA PROFESIONAL, PARA PODER SEGUIR SIENDO EL PILAR DE MIS HIJOS; POR LA VIOLENCIA MORAL Y PSICOLÓGICA DE LA QUE HE SIDO TRATADA, ES LA RAZÓN POR LA QUE SOLICITO A SU SEÑORÍA QUE DE FORMA INMEDIATA ORDENE LA SALIDA DEL DEMANDADO DEL HOGAR CONYUGAL, EN TANTO SE RESUELVA DE FONDO EL PRESENTE ASUNTO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES." Con ello, la autoridad responsable atendió las agresiones verbales de las que afirma la parte actora fue objeto por el aquí quejoso, y que se refieren a los actos de violencia que el juez estaba obligado en atener al conocerlos, en atención a los artículos 11, 314 y 317 del Código Familiar del Estado de Michoacán que establecen: "Artículo 11. En todas las medidas concernientes a los menores de edad que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los jueces, las autoridades administrativas o el órgano legislativo, se deberá atender el interés superior de la infancia. Artículo 314. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas de violencia familiar. Artículo 317. Se considera violencia familiar todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación, el ejercicio de la violencia hacia los menores de edad o personas con discapacidad." Además, la decisión de la autoridad responsable, se ajusta al contenido de los artículos 324 y 325 del Código Familiar del Estado de Michoacán que establecen: "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, IV. Fijar el monto de los alimentos que deban cubrirse en favor del o los agraviados, a cargo del agresor, en caso de que proceda. Artículo 325. El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, así como las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados." Esto es, el contenido del artículo 324 del Código Familiar del Estado de Michoacán, no impone la obligación del juez a cuestionar los hechos denunciados -distinto a la perspectiva de la parte quejosa- puesto que, aquello que debe atender, es que, siempre que se haga de su conocimiento conductas de violencia familiar, deberá decretar, entre otras, la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar. Es decir, ante ese supuesto jurídico, el juez no debe cuestionar los hechos que involucren violencia en el núcleo familiar, menos imponer a quien los denuncie la carga de acreditar esos hechos, razonabilidad que se vincula al derecho humano de toda persona a una vida libre de violencia; protección al núcleo familiar y, por supuestos, al interés superior de los menores de edad. Decisión que encuentra también fundamento en Ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo -que invocó la autoridad responsable-, lo anterior es así, ya que, en su artículo 1° establece: "ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en todo el Estado de Michoacán de Ocampo y tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, así como establecer las políticas públicas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación." Estos es, de la anterior transcripción se desprende que el Estado está obligado, entre otras a erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, con el objeto de que tengan una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Asimismo, dicha Ley, en sus artículos 60, 61 y 62 establecen órdenes de protección de emergencia; preventivas; y de naturaleza Civil; y que también se refieren a la desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. Normas que la autoridad responsable estaba en condiciones de aplicar, en razón de así estipularlo el artículo 325 del Código Familiar del Estado de Michoacán, al indicar que: "El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, así como las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados." Todo lo cual, la autoridad responsable justificó al identificar al quejoso como el cónyuge agresor, y lo motivó en razón a que la decisión se determinó con el ánimo de prevenir conductas agresivas entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo. También determinó la vigencia de la mediada hasta que la víctima de violencia dejare de estar expuesta al riesgo -violencia-, en función del interés superior de la víctima, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, porque, dicho dispositivo prescribe: "Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán otorgarse por las autoridades competentes inmediatamente que se hacen del conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje (sic) estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima.". Es decir, el legislador nuevamente precisó, la necesidad de imponer inmediatamente órdenes de protección de emergencia y preventivas, una vez que se haga de conocimiento a las autoridades competentes los hechos que las generen, lo cual es respetuoso al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Por tanto, el concepto de violación que formula la parte quejosa es infundado, en razón a que, el juez no estaba en condiciones de cuestionar los hechos que le fueron puestos de su conocimiento por Alma Gabriela Mora Casillas, por el contrario, tenía impuesta la obligación de ordenar la protección de emergencia y preventivamente en favor de ésta, de ahí que, el acto reclamado, es acorde al marco constitucional, máxime que dicha decisión la dictó de plano, esto es, sin mayor trámite. Además, es infundado el citado concepto de violación, en relación a que la autoridad responsable dejo de cuestionar los hechos tal como lo dispone el artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que dice: "Artículo 847. El que pida la providencia precautoria deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita, pudiendo consistir la prueba en documentos o testigos idóneos, que serán por lo menos tres." Ello es así, porque, la orden de protección que otorgó la autoridad responsable, no se refiere de aquellas providencias precautorias del artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, porque, estas últimas se ubican en el LIBRO SEGUNDO -PROCEDIMIENTO FAMILIAR-, TÍTULO QUINTO -MEDIDAS CAUTELARES- y CAPÍTULO II -PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS-, distintas a las medidas cautelares, las cuales están encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio, dicho en otras palabras, las providencias precautorias tienen en el procedimiento familiar una finalidad distinta a las medidas cautelares u órdenes de protección. Lo anterior es así, porque, en términos del artículo 844 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, las providencias precautorias podrán consistir en: "I. Arraigo de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien se deba formular o se haya presentado demanda; II. Secuestro de bienes en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que sirvan de garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y, b) Si la persona en contra de quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que ha de practicarse la diligencia y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. Si los bienes consisten en dinero en efectivo, depósito en instituciones de crédito u otros bienes fungibles, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el juez ordenará que se haga la inscripción de las resoluciones correspondientes." Esto es, las providencias precautorias, no están encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, como si lo están las medidas cautelares, así como las órdenes de protección como aquella de la separación del domicilio de un agresor en el núcleo familiar. Por tanto, al acto reclamado, no les son aplicables las exigencias contenidas en el artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, concerniente a la obligación del solicitante de la providencia de acreditar el derecho que tiene para gestionarla y la necesidad de la medida. Por ende, es infundado el concepto de violación, en cuanto a que, era obligación de la autoridad de cuestionar los hechos en términos de la ejecutoria de amparo directo en revisión 2655/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, el tema al que se refirió el Máximo Tribunal del País, fue una contienda final de índole familiar en la que, para determinar si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es preciso verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas. Por eso, la Primera Sala en ese asunto, concluyó que era evidente que se debía atender a una perspectiva de género, en tanto era necesario dilucidar con base en el análisis y valoración del acervo probatorio, si en realidad existe ese contexto de desigualdad basado por la condición de vulnerabilidad ocasionada por la violencia física, psicológica, económica o de cualquier otro tipo que alega haber sufrido la recurrente -en ese asunto-, o bien una relación desequilibrada con su ex consorte y por la cual la recurrente -en ese asunto- dijo justificar su conducta de abandono al hogar conyugal, lo que corroboraría la necesidad de detectar bajo una visión de género los impactos diferenciados que en el caso ocasionó la normativa legal relativa al divorcio y a la pérdida de la patria potestad, de acuerdo a la condición de la recurrente. Igualmente, consideró que al realizar un análisis con base en el método de perspectiva de género, si el impartidor de justicia considera que el material que forma el acervo probatorio no es suficiente para aclarar la situación por desigualdad de género, entonces se deberá ordenar el desahogo de las pruebas que considere pertinentes y que sirvan para analizar las situaciones de violencia por género o bien las circunstancias de desigualdad provocadas por los estereotipos de género, para lo cual al evaluar las pruebas el juzgador en todo momento deberá leer e interpretar los hechos y valorar las pruebas sin estereotipos discriminatorios, lo que no quiere decir que deba dársele más peso probatorio a la evidencia que favorezca a la parte que alegue violencia de género, sino simplemente esta exigencia de retirar los estereotipos de género implica que al analizar las circunstancias fácticas y los hechos deberá hacerse con neutralidad. Esto es, en aquel supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la necesidad de valorar el acervo probatorio en el expediente de origen, incluso la facultad del juez que, de considerar insuficiente el material que forma el acervo probatorio para aclarar la situación por desigualdad de género, ordenar el desahogo de las pruebas que considere pertinentes y que sirvieran para analizar las situaciones de violencia por género; así al evaluar las, el juzgador en todo momento, debía leer e interpretar los hechos y valorar las pruebas, sin estereotipos discriminatorios. Empero, en el caso que se resuelve en este juicio de amparo, el acto reclamado no se trata de la sentencia que decide el fondo del asunto, como si lo fue aquel que conoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 2655/2013, en el cual, era natural que se impusiera la obligación al juez de valorar pruebas y confrontarlas con los hechos, para verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas, porque, se trataba de resolver la contienda del juicio familiar de origen, y que involucraba, precisamente, acreditar con pruebas, la acción y defensas. De ahí que, en este asunto, únicamente, el acto reclamado se trata de una medida preventiva y provisional, que en sí, no le ha privado de ningún derecho al quejoso, precisamente al no tratarse de la sentencia que decida el fondo del asunto; por tanto, como ya se explicó, no era obligación del juez exigir a la parte actora en el juicio de divorcio que demostrara los hechos que le fueron denunciados y relacionados con actos de violencia verbal por parte del aquí quejoso. Esto es, en el caso concreto, se puede advertir que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada consideró las manifestaciones de Alma Gabriela Mora Casillas, quien afirmó recibió del aquí quejoso, consistentes en "SINO TE PARECE AGARRA TUS COSAS Y VETE DE LA CASA", "YO SOY EL DUEÑO DE ESTA CASA Y EN EL MOMENTO QUE QUIERA TE CORRO DE LA MISMA", MAS AUN ME AMENAZA DICIÉNDOME QUE NO SE HACER NADA, QUE DE QUE VOY A VIVIR" que a consideración del suscrito juez referían agresión verbal y psicológica, advirtiendo éstas como una forma de agresión que para conceder la medida cautelar, no es necesario verificar mediante algún método probatorio, contrario a lo manifestado por el quejoso, ya que no cumpliría los requisitos de sumariedad que rigen dichas medidas y contrario a ello, retardarían su proceso, pues como quedó asentado, basta que la persona que ve vulnerados sus derechos manifieste haber sufrido algún tipo de agresión, máxime cuando se ven involucradas personas menores de edad. Máxime que Alma Gabriela Mora Casillas demostró en la medida cautelar sobre separación de personas, ser la copropietaria del inmueble ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán, el cual, conforme a su escrito de demanda en el expediente de origen, se compone de los lotes 54, 55, 56, 57 y 58 todos de la manzana 3 de dicha calle y fraccionamiento, lo cual acreditó con los certificados de propiedad -que en copia certificada se enviaron por la autoridad responsable en el anexo al informe justificado-, donde tenía establecido su hogar conyugal. Documentales, a las que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, quinta época, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" Así, por lo que con la conducta del quejoso, que la tercera interesada relató, también vio en riesgo sus derechos patrimoniales, al ser amenazada por el quejoso con sacarlas de su casa, a pesar de ser, también propietaria, de ahí que el quejoso, le propiciaba violencia verbal y psicológica al atentar con un derecho de propiedad referente a casa, constituyendo violencia patrimonial. Por lo que la actuación del Juez responsable, sí consideró las medidas mínimas requeridas para conceder la separación del cónyuge agresor del domicilio conyugal, que es un acto de violencia, que como quedó anotado se encuadra con las conductas de agresión que refirió la aquí tercera interesada en su escrito inicial ya referido que constituyó, un riesgo a su patrimonio que como quedó de manifiesto, se ve materializado al ser copropietaria con el quejoso, de la casa donde habita con su hijo menor de edad. FIJACIÓN DE ALIMENTOS Es infundado el concepto de violación, referente a que la fijación de los alimentos -como acto recamado- en favor de los aquí terceros interesados, la autoridad responsable lo realizó sin ponderación, análisis ni razonabilidad de proporcionalidad, urgencia y necesidad de los alimentos, supliendo la deficiencia de la queja en violación al principio de igualdad de partes. Esto es, el quejoso manifiesta que, sin fundamentación y motivación la autoridad responsable, decretó la medida cautelar de alimentos por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos mensuales) en favor de su hijo menor de edad P.C.M., y por la misma cantidad, en favor de Alma Gabriela Mora Castillo, bajo argumentos dogmáticos insuficientes para armonizarlos al contenido del artículo 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. En ese mismo sentido, expone que, la autoridad responsable, no ponderó conforme a los principios que rigen la institución de alimentos su decisión, al limitarse en afirmar la buena fe y manifestaciones de la parte actora, sin demostrar tales, sin un marco conceptual que sirviera de base para fijarlos; y sostiene su postura en el artículo 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que dispone: "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." En ese contexto, el quejoso afirma, la autoridad responsable, debió atender a la urgencia y necesidad que haya de los alimentos, y para ello debían quedar acreditados dichos extremos. ajo esa línea argumentativa, el suscrito juez considera infundado dicho concepto de violación, en razón a lo siguiente: El dispositivo al que refiere la parte quejosa, en cuanto en acreditar la urgencia y necesidad que haya de los alimentos cobra aplicación -por regla general- cuando se instaura una demanda por alimentos en términos del artículo 463 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, e indica: "La demanda de alimentos puede presentarse por escrito o por comparecencia ante el juez de instrucción en la vía especial oral. De acudir directamente el solicitante expondrá al juzgador, de manera breve, clara y concisa los hechos de que se trate, levantándose constancia de la comparecencia y de los hechos narrados los cuales deben relacionarse en forma pormenorizada. En la comparecencia el juez de instrucción debe informar al interesado que puede contar con el patrocinio de un defensor de oficio para conocer de su procedimiento, y, de aceptarlo, el juez dará parte a la Defensoría de Oficio del Estado, para que lo designe." El cual, se relaciona al diverso dispositivo 464 de ese mismo ordenamiento, que establece: "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado." Empero, una excepción a dicha regla general, la encontramos en el artículo 452 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que refiere en cuanto a los menores de edad, gozan de la presunción de necesitar alimentos; por tanto, no era necesario en el acto reclamado, por lo que ve al menor de edad P.C.M., exigir para decretar los alimentos de manera provisional, acreditar la urgencia y necesidad que haya de éstos, porque, normativamente, existe una presunción de su necesidad. Ahora, por lo que ve a la fijación de alimentos, de manera provisional en favor de la tercera interesada Alma Gabriela Mora Casillas, tampoco era necesario que ésta acreditara la urgencia y necesidad que haya de los alimentos, al menos de manera provisional en el acto reclamado. Ello es así, porque, la autoridad responsable, para fijar provisionalmente alimentos, en primer término, lo fundó en el artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que dice: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Las demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos." Pero también, en el diverso 324 del Código Familiar del Estado de Michoacán que dispone: "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, IV. Fijar el monto de los alimentos que deban cubrirse en favor del o los agraviados, a cargo del agresor, en caso de que proceda." Lo cual se relaciona al contenido del artículo 445 del citado ordenamiento familiar del Estado, que dispone: "Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos". De tal modo, en el asunto de origen, la parte tercera interesada, tiene título para exigir alimentos, así, la exigencia de ellos, la puede dirigir a su cónyuge, en el caso el aquí quejoso, luego, si bien, por la regla general, prevista en el artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán, para tal efecto, tendría la obligación de acreditar, tanto la urgencia como la necesidad de éstos; sin embargo, en el acto reclamado, dicho dispositivo, no tiene aplicación, al ubicarse a la tercera interesada, en el supuesto jurídico, previsto en el artículo 324, fracción IV, de ese mismo ordenamiento, el cual sirvió de fundamento a la autoridad responsable para atender las conductas de violencia familiar la de que tuvo noticia por la propia tercera interesada, y decretó como medida, entre otras, fijar el monto de los alimentos que deben cubrirse en su favor como agraviadaa, a cargo del agresor, en el caso el quejoso. De ahí que, la autoridad responsable no estaba en condiciones jurídicas para exigir a la parte actora, acreditar la urgencia y necesidad que hubiera de los alimentos. Ahora, la parte quejosa destaca que, la actora en el procedimiento origen -aquí tercera interesada- nunca señaló la existencia de convenio o la existencia de otra menor, y que fueron aspectos que la autoridad responsable tomó en cuenta, a efecto de fijar la medida de alimentos provisionales en favor de su hijo menor de edad y la tercera interesada. Concepto de violación que resulta parcialmente fundado pero insuficiente, porque, efectivamente, la autoridad responsable al fijar los alimentos provisionales consideró: ".Asimismo, se fija la cantidad de $12,000.00 doce mil pesos para la promovente quien de buena fe manifestó que durante el matrimonio no trabajo ya que se dedicó a las labores del hogar, como así ocurre a la fecha, misma que será depositada en la forma antes indicada. Cantidad la que se fija virtud a lo manifestado en el convenio en el sentido de que el acreedor alimentista percibe ingresos diversos, lo anterior aun y cuando el código establece que deberá ser treinta veces la Unidad de Medida y Actualización en su valor diario, máxime que este tribunal no cuenta con constancia alguna de sus ingresos netos." Ello, puesto que la capacidad del deudor alimentista no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino que se entiende referida a la capacidad que tiene todo sujeto para trabajar y generar riqueza, dicha cantidad se fija de momento para el acreedor, además, de que a la fecha este juzgador no cuenta con elementos sobre las percepciones del obligado alimentista, lo cual se le hace saber al obligado alimentista mediante notificación personal. Lo anterior, considerando además que exhibe las partida de nacimiento del menor pues goza de la presunción de necesitar alimentos de conformidad al artículo 452 del código familiar para el estado, según la acta de su nacimiento que adjunta, a la que se le concede valor probatorio, por tratarse de una constancia del registro civil expedida por el funcionario facultado para hacerlo, con lo cual se acredita que además que el demandado es su progenitor y con ello el derecho de este su derecho a recibir de él alimentos, aunado a que también manifiesta la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación. Entonces lo aspectos que la parte quejosa afirma no refirió la actora y que la autoridad responsable, sí tomó en consideración son: a) .convenio en el sentido de que el acreedor alimentista percibe ingresos diversos. b) aunado a que también manifiesta la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación. Lo infundado del concepto de violación, radica en que la parte actora -aquí tercera interesada- sí dio a conocer a la autoridad responsable, propuesta de un convenio en el punto concerniente a la pensión alimenticia, además, en la demanda que promovió la actora, dio a conocer que el acreedor alimentario percibe ingresos diversos, al manifestar: ".HACIÉNDOLE DEL CONOCIMIENTO A SU SEÑORÍA, QUE MI AÚN ESPOSO ES MÉDICO INTERNISTA, Y TIENE SU CONSULTORIO PARTICULAR, MÁS LOS PACIENTES Q ATIENDE EN HOSPITALIZACIÓN, ADEMÁS TIENE UN NEGOCIO DE BANCO DE SANGRE DENOMINADO S,C.". Por tanto, la consideración de la autoridad responsable, en tomar en cuenta que, según la actora, el aquí quejoso cuenta con diversas fuentes de ingresos como son: médico internista; tener un consultorio particular; pacientes que atiende en hospitalización y un negocio de banco de sangre; le permitieron motivar su determinación, respecto al monto que debía fijarse para la pensión de alimentos provisionales. Ahora, es fundado lo concerniente a que, la autoridad responsable, al fijar alimentos provisionales, tomó en cuenta una manifestación que no dio a conocer la actora en su demanda, relativa a: ".la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación", porque, si bien manifestó la existencia de cuatro personas procreadas entre ella y el aquí quejoso, fue especifica en indica que sólo una es menor de edad, en el caso P.C.M.. Sin embargo, dicho concepto de violación es insuficiente para establecer inconstitucional el acto que recama, porque, tal consideración por la autoridad responsable, si bien se trata de una incongruencia interna en su acuerdo, la realidad es que la formuló como una consideración más para establecer los alimentos provisionales en la forma en que lo hizo, ya que, primeramente, tomó en cuenta: La promovente quien de buena fe manifestó que durante el matrimonio no trabajo ya que se dedicó a las labores del hogar, como así ocurre a la fecha. La capacidad del deudor alimentista no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino que se entiende referida a la capacidad que tiene todo sujeto para trabajar y generar riqueza, dicha cantidad. A la fecha no contó con elementos sobre las percepciones del obligado alimentario, lo cual se le hace saber al obligado mediante notificación personal. La partida de nacimiento del menor de edad. Por tanto, lo insuficiente del concepto de violación radica en que, resultaría impráctico conceder la protección constitucional, para el solo efecto de que, la autoridad responsable dejare de considerar: ".la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación", y resolviera de nueva cuenta el tema de los alimentos provisionales, cuando de los demás elementos contenidos en la demanda a consideración del suscrito juez, le permitiría llegar a la misma decisión; es decir, en nada cambiaría el sentido de su determinación inicial. En ese sentido, deviene infundado el concepto de violación, referente a que la autoridad responsable se limitó a considerar fijar alimentos con base en: Intervenir de oficio en asuntos familiares; Interés superior del menor; Que los alimentos son de orden público; La buena fe; y El señalamiento de la parte actora de haberse dedicado a las labores del hogar; Empero, lo infundado de este concepto de violación, estriba en que, por un lado, los factores que la parte quejosa enuncia son precisamente aquellos que la autoridad responsable, al fijar los alimentos como medida provisional, estaba obligada en atender, en términos de la demanda de divorcio sin expresión de causa que promovió la aquí tercera interesada; por otro, la autoridad responsable, sí motivó su decisión conforme a las manifestaciones de la parte actora; además que no podía hacerlo de otro modo, porque, al dictado de esa medida, era la información disponible para fijar las cantidades de doce mil pesos por concepto de pensión alimenticia provisional. Ello es así, porque, si bien -como ya se mencionó-, la aquí tercera interesada conforme a su escrito de demanda en el expediente de origen, demostró ser copropietaria de los lotes 54, 55, 56, 57 y 58 todos de la manzana 3 ubicados en la calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán, también mencionó que se trata de su domicilio conyugal, al indicar "SEÑALÓ QUE NUESTRO DOMICILIO CONYUGAL ES EL UBICADO EN LA CALLE JACARANDAS NÚMERO 18, DEL FRACCIONAMIENTO CAMELINAS, JIQUILPAN, MICHOACÁN, ESTA PROPIEDAD ESTA EN PARTE IGUALES CON EL AHORA DEMANDADO, COMO SE ACREDITA CON LOS CERTIFICADOS DE PROPIEDAD QUE EN ORIGINAL ACOMPAÑO, ANEXO AL PRESENTE". Esto es, la totalidad de los lotes, en términos de la demanda contenida en el expediente de origen, corresponden al domicilio conyugal de la tercera interesada con el aquí quejoso, respecto de la cual figuran como copropietarios. De tal modo, para efectos del acto reclamado, la solvencia económica de la tercera interesada Alma Gabriela Mora Castillo, no debía determinarse, en la copropiedad de la que es titular, respecto a cinco lotes que constituyen su domicilio conyugal, donde además, habita con su hijo menor de edad; porque, esos inmuebles, deben ser susceptibles de producir frutos que constituyan ministraciones periódicas suficientes para su subsistencia; de manera que no basta que aquélla tenga bienes para descartar a priori su derecho a percibir una pensión alimenticia, pues aun así puede tener la necesidad de recibirla si los bienes y los frutos resultan insuficientes para su manutención, puesto que, en el caso, no se demostró que en dichos lotes se produzcan frutos -recursos económicos- que constituyan ministraciones periódicas suficientes para su subsistencia. Las consideraciones anteriores, encuentran sustento, por analogía, a las contenidas en la jurisprudencia: Tesis: 1ª./J. 37/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 172631 1 de 1 Primera Sala Tomo XXV, Mayo de 2007 Pag. 19 Jurisprudencia(Civil) "ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. LA HIPÓTESIS DE QUE LA EX CÓNYUGE "CAREZCA DE BIENES" PARA TENER DERECHO A PERCIBIRLOS, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SI POSEE BIENES, ÉSTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR FRUTOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR LA NECESIDAD ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 473, fracción I, del Código Civil para el Estado de Puebla establece como una de las hipótesis para tener derecho a recibir alimentos en el caso de divorcio necesario que la ex cónyuge acreedora "carezca de bienes". Ahora bien, de acuerdo con los artículos 941 y 943 de dicho Código, los bienes son valuables en dinero y, como tales, denotan la solvencia económica del titular, mientras que los frutos son los productos o utilidades que las cosas generan sin demérito de su sustancia, y pueden ser naturales, civiles o industriales, en términos de los artículos 1039 al 1045 del referido ordenamiento legal. En ese sentido, se concluye que si bien es cierto que de la interpretación literal del aludido artículo 473, fracción I, no se advierte que el legislador distinga entre bienes que producen frutos de los que no lo hacen, también lo es que la necesidad de alimentos es de tracto sucesivo, por lo que así debe ser la percepción de los recursos propios para su satisfacción, lo cual significa que en el caso de que la ex cónyuge inocente posea bienes, éstos deben ser susceptibles de producir frutos que constituyan ministraciones periódicas suficientes para su subsistencia; de manera que no basta que aquélla tenga bienes para descartar a priori su derecho a percibir una pensión alimenticia, pues aun así puede tener la necesidad de recibirla si los bienes y los frutos resultan insuficientes para su manutención." Máxime que la parte actora -aquí tercera interesada- sí dio a conocer a la autoridad responsable, que el acreedor alimentario -aquí quejoso- percibe ingresos diversos, de ahí que, tomó en cuenta lo que según la actora, son las diversas fuentes de ingresos del aquí quejoso como: ser médico internista; tener un consultorio particular; pacientes que atiende en hospitalización y un negocio de banco de sangre; que le permitieron, motivar su determinación, respecto al monto que debía fijarse para la pensión de alimentos provisionales. Incluso, la autoridad responsable, pudo tomar en cuenta que el quejoso, además de la copropiedad que comparte con la aquí tercera interesada de cinco lotes que constituyen su domicilio conyugal, es en lo particular, propietario de cinco inmuebles más, tal y como se advierte de los certificados de propiedad -que en copia certificada se enviaron por la autoridad responsable en el anexo al informe justificado-, que muestra un elemento adicional, respeto a la capacidad económica del quejoso. Documentales, a las que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Por tanto, la autoridad responsable, no podía en términos del artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, como lo pretende la parte quejosa, fijar el monto de la pensión alimenticia provisional en favor de la tercera interesada en lo equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, porque se actualizó la excepción a ello, concerniente a que, las pruebas aportadas hasta el momento de la medida, se deduce una capacidad económica diferente. Además que, como medida provisional de alimentos, la autoridad responsable no estaba en condiciones de allegarse de más elementos como lo afirma la parte quejosa, puesto que, no está facultado para ello, en el acto de admitir la demanda de divorcio sin expresión de causa, tal y como lo señala el artículo 260 del Código Familiar del Estado de Michoacán. GAURDIA Y CUSTODIA Ahora se abordara, lo concerniente al acto que se reclama, relativo a la decisión de la autoridad responsable en otorgar, provisionalmente, la guardia y custodia del menor de edad P.C.M., en favor de su progenitora Alma Gabriela Mora Castillo, la cual a consideración del suscrito juez, está apegado al marco constitucional y, para mejor comprensión de ello, resultarán ilustrativas las consideración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenidas en el amparo directo en revisión 1573/2011 concerniente al tema de la guardia y custodia de los menores de edad, en la que determinó que el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. Precisó que, en esa lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales, y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. Señaló que, en definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bien de los hijos. Precisó que ese criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reveló que, en esa lógica, y aunque pueda parecer contradictorio, el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un menor. Sin embargo, señaló que ese tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta, per se, la persona más preparada para tal tarea. Le resultó innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre. Y no solo se referían a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, si no, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro . En esta lógica, preciso que, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor, el cual, señaló, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir. Destacó que, en esa idea también responde a un compromiso internacional del Estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Pero también señaló que, los expertos han señalado, pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores . Indicó que, el menor necesita tanto de su madre como de su padre aunque de modo diferente, en función de la edad. Pero que, ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos. Reiteró que, en definitiva, como lo ha sostenido ese órgano Máximo de Justicia, en su Primera Sala en otros precedentes, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. De manera que, señaló que, la decisión judicial que se adopte al respecto ha de priorizar el interés y bienestar de los menores, sin partir de ninguna predeterminación o prejuicio sexista que otorgue privilegios a la hora de ser conferida la responsabilidad de atender y cuidar de los hijos. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no solo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, si no, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para el menor. Consideró que, sin duda, la guarda y cuidado de los hijos es uno de los objetos más comprometidos de la decisión judicial que impone la organización futura de cualquier familia a partir de la situación creada por la ruptura definitiva de la convivencia conyugal entre sus progenitores ¿A quién otorgar el cuidado de los hijos? y refirió que, la respuesta a esta interrogante es, desde luego, sumamente compleja. Explicó que, la dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta. La dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica y las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores Impuso que, el juez, al aplicar la norma impugnada, ha de atender para la adopción de la medida debatida a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, tendiendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibro para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos en especial si existe un rechazo o una especial identificación, su edad y capacidad de autoabastecerse, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. De tal suerte, precisó que dicha es la exigencia que subyace del interés superior del menor y a través de la cual debe ser interpretada la norma impugnada. En esta lógica, la guarda y custodia no deberá ser otorgada, en automático y sin más razonamiento, a la madre, a pesar de la preferencia establecida por el legislador -en la norma que en ese asunto analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-. Así, considero que, el juez ha de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Continuó para señalar que, los jueces deben indagar, no solo el menor perjuicio que se le pueda causar al menor, si no que le resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino lo que es aún más importe, en el futuro. La tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más idónea para el menor. [Hasta aquí consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación]. Tesis: 1a./J. 53/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006791 1 de 1 Primera Sala Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 217 Jurisprudencia(Constitucional, Civil, Civil) "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO]. Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más benéfica para el menor." En tanto, en el caso de origen, la autoridad responsable, en términos del artículo 260 del Código Familiar del Estado de Michoacán, determinó: 5. Guarda y Custodia de los menores de edad. (sic) En virtud de que el solicitante manifiesta que los menores se encuentran a lado de su progenitora, según su propio dicho del actor, de determina que deberá de permanecer bajo el cuidado de Alma Gabriela Mora Casillas durante el trámite del presente procedimiento. Lo cual, como se adelantó se considera ajustado al marco constitucional, porque, distinto la postura de la parte quejosa, sí existió pronunciamiento respecto en quién debía recaer, de manera provisional, al guardia y custodia del menor de edad en comento, además, dicha medida es congruente con la que, en primer término, dicha autoridad atendió, relativa a la orden de protección que solicitó la parte actora, y de la que se recuerda que su objetivo era prevenir conflictos y entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo, por lo que se ordenó la separación de los cónyuges, determinándose la salida de José Clemente Covarrubias Castillo, de domicilio común, ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho fraccionamientos Camelinas, de esta ciudad, ello ante las manifestaciones de violencia que la parte actora vertió era objeto por el aquí quejoso, e identificar a éste como el cónyuge agresor, atendiendo a que las normas de derecho de familia son de interés social y de orden público, además de que al Estado, le interesa mantener el orden y la paz social. En consecuencia, es congruente que, aquel cónyuge que permaneciera en el domicilio conyugal, fuese quien conservara la guardia y custodia del menor de edad P.C.M., máxime que la causa de la salida del aquí quejoso de ese lugar, fue por las posibles agresiones verbales que profirió a la madre del menor de edad, aquí tercera interesada, de modo que, no parece prudente, al menos en el acto de la admisión de la demanda de divorcio encausado, decisión distinta a la que optó la autoridad responsable, es decir se comulga con la autoridad, ya que ante el escenario propuesto en la demanda, era la decisión más idónea para el cuidado del menor de edad, pues no resulta del interés superior del menor que tuviera que abandonar la casa en donde quedará la cónyuge actora, quien es su madre; por eso, ante la medida de protección dictada por el juez para separar a sus padres, fue correcto que se quedara bajo la custodia de su progenitora. En efecto, dicha decisión a consideración del suscrito juez, es acorde a las dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació respecto a que se deben valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. De tal manera, la autoridad responsable, al dictar la orden que se reclama, atendió, prioritariamente al interés superior del niño, para determinar, cuál era el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual resultó, debía ser, bajo el cuidado de su progenitora, en el inmueble del que actualmente habita con su hijo menor de edad; por ende, tal determinación, es respetuosa al interés superior del menor de edad, puesto que es lógica y apegada a lo ya considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda, debe tenerse en cuenta la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales. Por tanto, son infundados los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer, por un lado, porque, la autoridad responsable fundó el acto reclamado en el artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, lo cual se considera correcto, porque en dicho numeral se marca: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: [.] I. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad" Es decir, la normativa aplicada en el acto reclamado obligaba a la autoridad responsable a determinar la guardia y custodia del menor de edad, pero sin dejar de atender el interés superior del niño, cuando se traten de estimar medidas concernientes a ellos, de tal manera, además que la argumentación de la autoridad responsable es acorde a las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenidas en el amparo directo en revisión 1573/2011, resultan congruentes con aquella relativa a la salida del quejoso del domicilio conyugal. Consecuentemente, es infundado el concepto de violación referente a que con el acto reclamado, debe repercutir en la esfera jurídica de la aquí tercero interesada porque, a perspectiva de la parte quejosa, es ella, quien solicita la separación de conyugal con él, por tanto, es en ella sobre quien deben impactarse las consecuencias de tal acción; porque, parte de un supuesto erróneo, ya que, todas las medidas sobre el cuidado de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bien de los hijos, por tanto, dicha decisión, no impacta en la esfera jurídica el quejoso, sino en la del menor de edad, y que a consideración del suscito juez, no se ve afectada por el acto reclamado, por lo ya apuntado. Finalmente, es inoperante que con el acto reclamado se haya vulnerado al quejoso en su derecho de tutela judicial efectiva, en razón a que, ese acto, no es una medida definitiva, sino provisional, de ahí que no se trate de aquellos que deban ser emitidos bajo la garantía del artículo 14 Constitucional, sino que se rige por el artículo 16 de la Constitución Federal. A mayor abundamiento, el quejoso, es parte formal y material en el procedimiento de divorció sin expresión de causa que su cónyuge promovió, del cual ha quedado impuesto, de ahí que no puede considerarse afectado en las garantías del debido proceso, porque, durante éste tendrá la oportunidad, en su caso, desvirtuar aquellas acciones que se enderecen en su contra, y sin que signifique perturbación en su derecho fundamental de tutela judicial efectiva con el dictado de las medidas presiónales por la autoridad responsable dada la naturaleza sumaria de éstas. Por lo tanto, se niega a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, únicamente, por lo que al acto reclamado consistente en la la omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo, por las razones contenidas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega la protección constitucional en el presente juicio de amparo a José Clemente Covarrubias Castillo, que por su propio derecho promovió contra los actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán; por las razones contenidas en el penúltimo considerando. TERCERO. La presente resolución, será publicable en términos de lo establecido en su último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, hoy dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado, quien actúa con el licenciado Luis Enrique Garamendi Alvarez, secretario que autoriza y da fe."dos firmas ilegibles".- conste.-
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Agréguese a sus autos para que obre como corresponde el escrito signado por Marco Antonio Ayala Alipio, apoderado jurídico del quejoso José Clemente Covarrubias Castillo; en atención a su contenido y vista la certificación que antecede de la que se desprende que en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes, el expediente electrónico relativo al juicio de amparo 176/2019, se desprende que si bien se realizó la notificación electrónica de la sentencia a la parte quejosa, también lo es que en el apartado de la síntesis (texto del contenido) se encuentra vacío. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que lleve a cabo la notificación electrónica de que se trata a la parte quejosa, a fin de que quede debidamente notificada de la sentencia dictada en este juicio. Notifíquese; y personalmente en la forma indicada a la parte quejosa la sentencia dictada en este asunto.
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CON FECHA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, SE DICTO SENTENCIA CONSTITUCIONAL,Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 176/2019, que promovió José Clemente Covarrubias Castillo, por propio derecho y ostentándose representante legítimo del menor de edad de iniciales P.C.M., contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado a través del sistema electrónico relativo a la recepción de demanda de amparo el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, y registrada en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de marzo de este año, Marco Antonio Ayala Alipio apoderado del directo quejoso José Clemente Covarrubias Castillo, promovió demanda de amparo indirecto contra actos de la autoridad citada al preámbulo de esta sentencia, que hizo consistir en: La orden dictada y ejecutada en mi contra, contenida en el auto dictado el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve por la autoridad responsable, dentro del juicio ordinario oral familiar promovido por los terceros interesados frente al suscrito, sobre divorcio incausado y alimentos, relativo a la determinación y separación del domicilio ubicado en calle Jacarandas número 18 del fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Mich., el decreto de alimentos para el menor P. C. M. y Alma Gabriela Mora Casillas por $12,000.00 doce mil pesos mensuales para cada uno; el decreto de guarda y custodia a favor de Alma Gabriela Mora Casillas del menor P. C. M.; y, la omisión de fijar la convivencia del ahora quejoso con el menor." SEGUNDO. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este juzgado, quien por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, notificándose a la tercera interesada de la instauración del juicio. Luego de diferirse, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48, 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado impacta en un proceso intestamentario que rige autoridad judicial con sede dentro de la demarcación territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar con claridad los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa hizo consistir los actos reclamado en: La orden dirigía al quejoso para salir del domicilio donde habita calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán La determinación concerniente a la medida provisional de alimentos en favor de hijo menor de edad P.C.M. y Alma Gabriela Mora Castillo. La determinación respecto a la orden de guardia y custodia del menor de edad P.C.M. en favor de Alma Gabriela Mora Castillo. La omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. Dichas determinaciones y omisión, derivadas del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve en el expediente 44/2019, del juicio sobre divorcio sin expresión de causa, en la vía ordinaria oral del índice de la autoridad responsable y que promovió Alma Gabriela Mora Casillas por su propio derecho. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J.40/2000, perteneciente a la Novena Época; Instancia Pleno; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de dos mil, en Materia Común, visible a página treinta y dos, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página noventa y cinco, del Tomo V de enero a junio de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, al expresamente, así haberlo manifestado al rendir su informe justificado, Es aplicable en la especie la tesis de jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI-Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto".Además se robustece con copia certificada de las constancias que integran el expediente 44/2019 de su índice que contiene a los actos reclamados, a la que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, quinta época, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena" CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, Parte VIII, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso concreto, previo a determinar si existe o no causa de improcedencia, es importante destacar que el estudio que se realizará se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso, se advierte causa de improcedencia por lo que se refiere al acto reclamado: La omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. Ello es así, porque, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; En efecto, la improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: 1.Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. 2. Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se sustenta en la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página: 1491, Novena Época, que establece lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En ese sentido, la causa de improcedencia, se actualiza porque la autoridad responsable, al cumplir los efectos de la suspensión provisional dictada por este juzgado de Distrito, por auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, que obra en el cuaderno de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se pronunció en relación al régimen de convivencias entre el quejoso con su hijo menor de edad P.C.M., al proveer lo siguiente: "I. Tomando en consideración que si bien es cierto que la parte actora en su escrito inicial de demanda, anexo convenio en el cual en su cláusula segunda propuso a manera de convivencia que ésta fuera entre el demandado y su menor hijo sólo los días sábados de 2 dos de la tarde a 7 siete de la noche, y que los períodos vacacionales de semana santa, verano, navidad y días festivos las misma (sic) fueran por mitad de dichos períodos; sin embargo, en la contestación de demanda que hace el demandado, en su capítulo de excepciones a la propuesta de convenio en su cláusula II, dijo no aceptar dicha propuesta ya que dicha convivencia se estaba dando diaria y cotidianamente, motivo por el cual propuso que la convencía (sic) se diera diariamente respetando los tiempos escolares y actividades recreativas del menor. Siendo consentida dicha propuesta por la parte actora, dentro de su escrito de contestación a las vistas, en el que refirió que la convivencia no había problema, ya que el demandado convivía a diario con el menor, lo cual no le resultaba ningún perjuicio. II. Motivo por el cual este tribunal decreta que la convivencia sea diariamente, cuando el progenitor lo crea pertinente y el menor de iniciales P.C.M., esté de acuerdo y no se interfiera en sus tiempos escolares, actividades recreativas, por ende, se entregara al señor José Clemente Covarrubias Castillo, en el acceso en el fraccionamiento Camelinas, dicho menor será devuelto, a Alma Gabriela Mora Castillo, en el acceso a dicho fraccionamiento. En la inteligencia que, José Clemente Covarrubias Castillo debe acatar la medida cautelar en auto de fecha 19 diecinueve de febrero del año en curso, donde se decretó orden protectora en favor de Alma Gabriela Mora Castillo, consistiendo, entre otras, en la separación de personas. III. Por lo que ve a los días festivos, comenzando por el día de la madre, éste permanecerá con su progenitora; así como, el día del padre, el menor convivirá con el progenitor, desde las 10:00 diez horas, hasta las 20:00 veinte horas, del citado día, el cual deberá ser recogido y entregado en el acceso al fraccionamiento. Los demás días podrán ser alternados, siguiendo los mismos horarios y días, así como de la logística de entrega y recepción, por lo que se les requiere se dé oportuno aviso a este tribunal, sobre los días de asueto que tenga el menor y de quien comenzará el goce de esta convivencia. IV. Por otro lado, con respecto a los días 24 veinticuatro y 25 veinticinco de diciembre (navidad), así como 31 treinta y uno y 1 primero (año nuevo) estos períodos festivos podrán ser uno para cada progenitor, es decir el denominado de navidad lo gozará el menor al lado de la señora Alma Gabriela Mora Castillo, y el de año nuevo, al lado de José Clemente Covarrubias Castillo, y viceversa en los citados períodos en lo sucesivo, siguiendo los horarios de 10:00 diez horas de la mañana hasta las 20:00 horas del día siguiente, haciendo la entrega y recepción del menor en el acceso del fraccionamiento Camelinas. V. Finalmente, por lo que respecto a las vacaciones de fine de año, semana santa y pascua, así como el receso de clases (o vacaciones de verano), calendarizadas de acuerdo al calendario escolarizado de la Secretaría de Educación Pública, este tribunal estima conveniente que se comience el goce de la convivencia con la progenitora, es decir, que en la vacaciones de verano en (sic) menor las disfrute al lado de su progenitora, para que después, en las siguientes vacaciones de fin de año, las goce con su progenitor, intercalando las posteriores vacaciones denominadas de semana santa; y viceversa en los sucesivos períodos, siguiendo los horarios de 10:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas del último día vacacional, haciendo la entrega y recepción del menor en el acceso del fraccionamiento Camelinas." Auto del cual, se ordena agregar copia certificada a este expediente. Así, el pronunciamiento del juez respecto al tema de las convivencias del menor de edad P.C.M., con el aquí quejoso, sobreviene como el nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En tales condiciones, tomando en consideración las circunstancias referidas, debe puntualizarse que el acto reclamado en la demanda de amparo, consistes en: La omisión de establecer erégimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. Es un acto en contra de los cuales ahora, no procede el juicio de amparo, toda vez que ya se pronunció en diseñar un sistema de convivencia de acuerdo con los datos que tenga en su expediente. De ahí que, se actualiza una cesación de los efectos del acto reclamado, al ser claro que aquello de lo que se quejó en su demanda, ya no le puede afectar al determinar la autoridad responsable el régimen de convivencia que afirmó dicha autoridad había omitido.En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, respecto a ese acto reclamado, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación, bastando hacer su análisis como corresponda, atendiendo a su causa de pedir, a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, mayo de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Con la precisión que, en el presente asunto no es aplicable la suplencia de la deficiencia de la queja, prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, porque, si bien es cierto, la controversia constitucional surge de un asunto de divorcio en el cual se involucra al hijo menor de edad del aquí quejoso, por un lado, la demanda de amparo, únicamente, fue firmada por José Clemente Covarrubias Castillo; segundo, al menor de edad P.C.M., en los autos de origen del acto reclamado, la autoridad responsable por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, les asignó como tutor especial al licenciado, Santiago García Núñez, a quien, en términos del artículo 261 del Código Familiar del Estado de Michoacán, la responsable, le reconoció el carácter de parte. Luego, ese auto le fue notificado al tutor especial el veinte de febrero de dos mil diecinueve.De manera que, los interés y derechos del menor de edad hijo del quejoso en la controversia de origen del acto reclamado, se encuentran representados, en el desempeño de la tutor especial, quien conforme al artículo 261 del Código Familiar del Estado, debe advertirse que a dicha parte, en el procedimiento de origen, corresponde proteger los derechos del menor de edad; y en su caso, interponer la demanda de amparo. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Entonces, los actos reclamados derivan del auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente 44/2019 del juicio sobre divorcio sin expresión de causa, en la vía ordinaria oral, del índice de la autoridad responsable y que promovió Alma Gabriela Mora Casillas por su propio derecho; siendo éstos: La orden dirigida al quejoso para salir del domicilio donde habita Calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán, La determinación concerniente a la medida provisional de alimentos en favor de hijo menor de edad P.C.M. y Alma Gabriela Mora Castillo. La determinación respecto a la orden de guardia y custodia del menor de edad P.C.M. en favor de Alma Gabriela Mora Castillo. En ese sentido, es importante indicar los antecedentes del acto reclamado: El treinta de enero de dos mil diecinueve, la autoridad responsable recibió la demanda de divorcio, sin expresión de causa la cual registró bajo el orden 44/2019 en la vía ordinaria oral, que promovió el aquí tercera interesada Alma Gabriela Mora Casillas, por propio derecho, frente a la aquí quejoso José Clemente Covarrubias Castillo. El uno de febrero de dos mil diecinueve, requirió a la actora -aquí tercera interesada- a fin de que cumplirá con ciertos requisitos a efecto de estar en condiciones de proveer la demanda. Así, al doce siguiente, la autoridad responsable proveyó el desahogo de los requerimientos que ordenó a la actora, pero le formuló uno más, en el sentido de presentar propuesta de garantía que asegurare el cumplimiento del pago de alimentos, en términos del artículo 256, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán. De manera que, fue por auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve -que contiene a los actos reclamados- , que al desahogar la parte actora, el requerimiento que le fue formulado por la autoridad responsable, ésta, admitió a trámite de la demanda; y dictó los actos reclamados en el sentido siguiente: "Jiquilpan, Michoacán, 19 diecinueve de febrero de 2019 dos mil diecinueve. Concesión de orden protectora Por otra parte, en relación a lo solicito en su escrito inicial de demanda, téngase a Alma Gabriela Mora Casillas, solicitando que esta autoridad dicte medidas cautelares de protección a su favor, en contra de su actual pareja José Clemente Covarrubias Castillo, ante lo cual, se ordena registrar la misma e informar a la oficialía de partes de los juzgados de este distrito judicial a fin de la distribución equitativa en torno a las órdenes de protección, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación al 11, 314, 317, 324 y 325 del código familiar del Estado, atendiendo a lo que disponen los artículos 10, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 4, 6, inciso b), 7 de la Convención Iberoamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (BELÉM DO PARÁ); 4, 42, 60, 61, 62, FRACCIÓN II, 65 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán; 39, 40 y 42, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sin mayor trámite, partiendo de la buena fe y veracidad con la que deben conducirse las partes, como aquí lo presume la hace la ocursante, procede y se decretan, sin mayor trámite, la siguiente medida de seguridad, con el objetivo de prevenir conflictos y entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo: Se ordena la separación de los cónyuges y se determina la salida de José Clemente Covarrubias Castillo, de domicilio común, ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho fraccionamientos Camelinas, de esta ciudad. En el entendido de que así se decreta, debido a que se trata del cónyuge agresor, así también, hágase del conocimiento a las partes que las medidas establecidas, son con el ánimo de prevenir conductas agresivas entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo, y se encontrarán vigentes hasta que la víctima de violencia deje de estar expuesta al riesgo, en función del interés superior de la víctima, como lo establece el artículo 61 de la ley ya citada, o bien, hasta que esta autoridad determine lo contrario, atendiendo a que las normas de derecho de familia son de interés social y de orden público, además de que al Estado, le interesa mantener el orden y la paz social. Se habilitan días y horas inhábiles, para el efecto de llevar a cabo la separación decretada en autos, quedando a disposición de la solicitante el acudir ante este órgano jurisdiccional para materializar tal medida; y se ordena girar oficio al Director de Seguridad Pública de esta ciudad para el apoyo de dicha diligencia. Notifíquese personalmente al agente del ministerio público adscrito, y a la promovente, para su conocimiento. Cúmplase y emítase una copia certificada de este acuerdo a Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo. Medidas Provisionales En otro orden de ideas, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 260 del código familiar para el estado, este juzgador decreta las siguientes medidas cautelares para regir solo durante el presente procedimiento: 1. Separación de personas. Ya quedado establecida en líneas precedentes sobre la separación de personas. 2. Medida provisional alimentos. En otro tenor y escrito acatamiento a lo dispuesto por el numeral 260 del código familiar para el estado, esta autoridad está facultada para intervenir de oficio en los asuntos de familia especialmente tratándose de menores de edad, aunado de que los alimentos son de orden público, y atendiendo al interés superior de los menores se le fija como pensión provisional a favor de su menor hijo, a cargo de su progenitor José Clemente Covarrubias Castillo por la cantidad de $12,000.00 doce mil pesos mensuales, misma que será depositada los primeros cinco días del mes, pensión que deberá ser depositada directamente ante esta juzgado, previa expedición de la orden de depósito correspondiente. Asimismo, se fija la cantidad de $12,000.00 doce mil pesos para la promovente quien de buena fe manifestó que durante el matrimonio no trabajo ya que se dedicó a las labores del hogar, como así ocurre a la fecha, misma que será depositada en la forma antes indicada. Cantidad la que se fija virtud a lo manifestado en el convenio en el sentido de que el acreedor alimentista percibe ingresos diversos, lo anterior aun y cuando el código establece que deberá ser treinta veces la Unidad de Medida y Actualización en su valor diario, máxime que este tribunal no cuenta con constancia alguna de sus ingresos netos. Ello, puesto que la capacidad del deudor alimentista no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino que se entiende referida a la capacidad que tiene todo sujeto para trabajar y generar riqueza, dicha cantidad se fija de momento para el acreedor, además, de que a la fecha este juzgador no cuenta con elementos sobre las percepciones del obligado alimentista, lo cual se le hace saber al obligado alimentista mediante notificación personal. Lo anterior, considerando además que exhibe las partida de nacimiento del menor pues goza de la presunción de necesitar alimentos de conformidad al artículo 452 del código familiar para el estado, según la acta de su nacimiento que adjunta, a la que se le concede valor probatorio, por tratarse de una constancia del registro civil expedida por el funcionario facultado para hacerlo, con lo cual se acredita que además que el demandado es su progenitor y con ello el derecho de este su derecho a recibir de él alimentos, aunado a que también manifiesta la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación. De igual forma se le tiene proponiendo como garantía para asegurar el cumplimiento del pago de alimentos el bien inmueble que ocupa el domicilio conyugal, sin embargo, sin embargo dicha garantía debe ser en cantidad líquida de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 fracción III del código familiar, en consecuencia este tribunal fija como garantía la cantidad de $48,000.00 cuarenta y ocho mil pesos, cantidad que equivale a dos meses de pensión, que deberá ser depositada directamente ante este juzgado, previa la expedición de la orden de depósito correspondiente. 3. Guarda y Custodia de los menores de edad. En virtud de que el solicitante manifiesta que los menores se encuentran a lado de su progenitora, según su propio dicho del actor, de determina que deberá de permanecer bajo el cuidado de Alma Gabriela Mora Casillas durante el trámite del presente procedimiento. 4. Convivencia. Como se indica en la propuesta de convenio la cual podrá ser modificada una vez que se justifique el motivo de ello, y en la etapa correspondiente. <<Protección de datos personales>> Por lo que ve a los datos personales, identidad y su divulgación, los nombres de quien figura como actora, en aras de privilegiar los derechos de dignidad humana y de igualdad, de conformidad con lo previsto en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 11 y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, se prescinde su publicación y divulgación5 ; lo que de igual manera, deberá hacerse en la publicación de listas de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, como aquella que se divulga en el portal de internet del Supremo Tribunal de Justicia del Estado6 ; a fin de salvaguardar sus derecho a la intimidad. Girar oficios Finalmente, a fin de que este tribunal cuente con los elementos necesarios para resolver de manera objetiva l relativo a la custodia y alimentos de la menor de edad antes mencionada, y que la decisión que se tome en este controvertido sobre dichos puntos atienda en mayor medida a la realidad de estos y su interés superior, se considera necesario recabar la siguiente información y realizar las siguientes diligencias de manera oficiosa: 1. Se manda requerir mediante notificación personal a ambas partes a fin de que dentro del término de 3 tres días informen a este juzgado bajo protesta de decir verdad: a. Su fuente de ingresos, debiendo especificar nombre y domicilio, así como el nombre de su patrón en caso de que se trate de persona física.b. La cantidad que perciben por dicha labor y la periodicidad con que la reciben, asimismo informando todas y cada una de las percepciones y deducciones con que cuentan, detallando cualquier tipo de ingreso, ya sea ordinario, extraordinario, aguinaldo, compensaciones, bonos, y en general cualquier ingreso aún y cuando no sea derivado de su fuente laboral, debiendo en la medida de lo posible comprobar su dicho con documentales idóneas. c. Asimismo, deberán informar también a cuánto ascienden sus gastos mensuales, procurando particularizar cada uno de los mismos. 2. De igual manera a fin de contar con información pública sobre la capacidad económica de las partes gírese los siguientes comunicados: a. Al administrador de rentas de Jiquilpan, Michoacán, a fin de que informe si en dicha dependencia existe registro de cualquiera de las partes como propietarios de algún vehiculó (sic) automotor o poseedores de algún inmueble, debiendo en caso afirmativo remitir el certificado correspondiente. b. Al Director del registro público de la propiedad raíz en el estado. A fin de que informe si en dicha dependencia se inscribe algún inmueble o sociedad mercantil a nombre de alguna de las partes, debiendo en caso afirmativo proporcionar los datos correspondientes, remitiendo la documentación que comprueba lo informado. c. Al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, de Jiquilpan, Michoacán. Para que informe si en el registro de dicho instituto existe registro de alguna de las partes como empleado o empleador activo, debiendo, en caso afirmativo proporcionar los datos correspondientes a su fuente laboral e ingresos. d.Al Administrador desconcentrado de Michoacán 2 dos, dependencia del sistema de administración Tributaria SAT, de Uruapan, Michoacán. Para efecto de que informe si las partes de este juicio si en dicha institución se registra alguna de las partes como causante de impuestos y, en caso afirmativo proporcionen de no tener inconveniente legal los datos relativos a sus últimas dos declaraciones anuales de impuestos, informando en el oficio correspondiente que dicha información se requiere para efectos de fijar una pensión alimenticia a favor de una menor de edad. . Por otra parte, se ordena girar oficio a la presidenta del sistema DIF Municipal de Jiquilpan, Michoacán, a efecto de que, en auxilio de las labores de este juzgado, como auxiliar de la administración de justicia, se sirva encomendar a la trabajadora social adscrita a dicha dependencia para que se realice un estudio socioeconómico a las partes de este juicio y su menor hija, efectuando una visita domiciliaria a dichas personas, el cual deberá realizar sobre los siguientes puntos: a. La obtención de datos en torno a los gastos que genera la atención del concepto de alimentos (comida, vestido, habitación, atención médica hospitalaria, educación, transporte, así como actividades escolares y laborales de personas. b. Detallar las condiciones de la vivienda en que habitan las partes y sus menores hijos, el estrato social en el que se puede catalogar su casa habitación. Indicando si por concepto de habitación cubren algún concepto de renta o servicios varios. c. Indagar sobre el monto de las percepciones de las partes y los aspectos los que se destinan.d. Integrar al estudio si las personas a analizar son beneficiarios de seguridad social con motivo de la actividad laboral de las partes de este juicio o por cualquier circunstancia. e. Además de lo anterior, todos los datos que pudieran resultar de importancia para la resolución de este asunto, habida cuenta de que la finalidad del estudio encomendado, es decretar de manera objetiva la pensión alimenticia a favor de los menores referidos. Se ordena a la secretaria de acuerdos que elabore los oficios antes ordenados, para efecto de que se dejen a disposición de las partes en la secretaria del juzgado con la finalidad de que comparezcan a recogerlos y darles el trámite correspondiente, haciéndolos llegar a su destino, en el entendido de que las medidas oficiosas decretadas deben realizarse en su totalidad previo a la fecha que en su momento se señale para la audiencia de juicio, pues en caso de que dichas pruebas no se encuentren rendidas antes de esa audiencia, se diferirá el desahogo de la misma. Con fundamento, en los 11, 314, 317, 324, y 325 y 5º transitorio del código familiar de la Entidad; 60, 61 y 62 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo; lo acordó y firma el licenciado Julio Carrizales Torres, juez mixto de primera instancia de este distrito judicial, con facultades de juez de instrucción y oralidad en materia familiar, conforme a los artículos 39 y 41 de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado y 5º transitorio de la invocada ley familiar que actúa con la secretaria de acuerdos que autoriza, licenciada Ma. Eugenia López Hernández. Doy fe." ORDEN DE PROTECCIÓN De manera que, es infundado el concepto de violación, referente a que, la autoridad responsable, omitió fijar como punto de partida encontrarse ante un asunto a juzgar con perspectiva de género, porque, la parte quejosa, sostiene que dicha autoridad, no cuestionó los hechos denunciados por la aquí tercero interesada, así como apreciar los medios de prueba, para determinar, si era suficiente para demostrar las situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación alegadas por la actora como causa de pedir de las medidas cautelares, aun cuando tales requisitos -demostrativos- resultan del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la ejecutoria relativa al amparo directo en revisión 2655/2013, y que se ven inmersos -requisitos demostrativos- en el artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Entonces, lo infundado del concepto de violación, radica en que, el quejoso, parte de supuestos que no corresponden a la medida de protección provisional, que ordenó la autoridad responsable; porque, por un lado, esa medida concerniente a separarlo del domicilio en el que habitaba con la aquí tercera interesada y su hijo menor de edad, únicamente, se trata de una medida preventiva y provisional, que en sí, no le ha privado de ningún derecho, de ahí que está en condiciones, durante el procedimiento de revertir los efectos de las medidas adoptadas por la autoridad responsable. Por otro, la autoridad responsable, sí advirtió la necesidad de imponer esa medida al atender el asunto que planteó la aquí tercera interesada, bajo la perspectiva de género, distinto como lo pretende revelar el quejoso, porque dicha perspectiva fue la base para determinar las medidas que reclama, y, a efecto de comprender de mejor manera el tema, es conveniente, citar el contenido de la ejecutoria del amparo directo en revisión 2655/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que alude la parte quejosa la autoridad responsable soslayó. Esto es, en dicha ejecutoria, destacó que el planteamiento del problema refería un análisis constitucional, al implicar derechos humanos alegados concretamente a una situación de violencia de género, cuestión que involucraba directamente, el análisis al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Derechos que fungen como presupuesto básico para el goce y ejercicio de otros derechos fundamentales tales como el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Por tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de entender el alcance y contenido del derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, señaló que la Constitución Federal, y los diversos instrumentos internacionales reconocen los derechos humanos de la mujer que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos y reconocidos en la Constitución, y particularmente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer así como en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer que básicamente reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. Señaló que los derechos humanos de las mujeres, nacieron ante la necesidad de establecer un régimen específico de protección al comprobar que la normativa general a nivel internacional de los derechos humanos, no era suficiente para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos de ciertos grupos vulnerables como es el grupo de las mujeres, quienes por su condición ligada al género requieren de una visión especial en la normatividad internacional de los derechos humanos, así como de distintos tipos de mecanismos para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto a sus derechos, como lo es el impartir justicia con perspectiva de género. Así, precisó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, fue adoptada, el dieciocho de diciembre de mil novecientos setenta y nueve mediante resolución 34/180 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como el primer instrumento internacional pensado en atender directamente las necesidades de las mujeres, en el que destaca la proscripción de la discriminación en contra de la mujer en todas las esferas de la vida. Indicó que, con este instrumento internacional, se introduce la llamada perspectiva de género con el objeto de evitar tratos y prácticas discriminatorias, la cual vino a ampliar la responsabilidad estatal para proteger a las mujeres incluso contra actos que cometen personas privadas, pues la discriminación de la mujer no sólo ocurre en la esfera estatal; no obstante para el caso que estudió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació, destaca, que en gran parte la discriminación en contra de la mujer sucede por discriminación directa de entes del Estado precisamente por la falta de implementar una perspectiva de género en todas las acciones gubernamentales. De manera que, para el Máximo Tribunal del País, los Estados que ratifican la Convención, no sólo deben condenar toda forma de discriminación basada en el género, sino que también están conminados a tomar medidas concretas para lograrlo tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus textos supremos, como abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en acciones discriminatorias contra las mujeres.Manifestó que, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, fue adoptada el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro en la ciudad de Belén Do Pará en Brasil, por la Organización de Estados Americanos, como el documento regional especializado en la protección de los derechos humanos de las mujeres, que de forma muy similar a la Convención del sistema universal, en sus artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8, prevé obligaciones de protección a los derechos de las mujeres y de no discriminación en el ejercicio de estos derechos, porque también se establece el compromiso de los Estados partes de adoptar sin dilaciones todas las medidas entre ellas, mecanismos judiciales para procurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer en todos los ámbitos; de lo que destaca lo establecido en los diferentes incisos del artículo 8°, en el que se establece como deber progresivo del Estado el que por medio de sus autoridades adopten medidas progresivas específicas para modificar los patrones socioculturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia en temas relacionados con la igualdad entre el hombre y la mujer y la equidad de género.De suerte tal que derivado de la normativa internacional, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto, pues de no hacerlo, esto es, de no considerar la especial condición que acarrea una situación de esta naturaleza puede convalidar una discriminación de trato por razones de género. Por esas razones, precisó que, el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género de ahí que tratándose de autoridades jurisdiccionales, a fin de satisfacer los derechos humanos de la mujer a una vida libre de discriminación, deben impartir justicia con una visión de acuerdo a las circunstancias del género y eliminar las barreras y obstáculos preconcebidos en la legislación respecto a las funciones de uno u otro género, que materialmente pueden cambiar la forma de percibir, valorar los hechos y circunstancias del caso. Porque, con base en una perspectiva de género en la impartición de justicia, derivada de las obligaciones y deberes del Estado mexicano, la visión de juzgar con perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, esto es, aún y cuando las partes involucradas en el caso no lo hayan contemplado en sus alegaciones, pero siempre que el juzgador advierta que en el caso puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad por género que obstaculice la impartición de justicia de manera completa sin respeto al derecho de igualdad en su ámbito sustancial no meramente formal. Incluso, la perspectiva de género no sólo es pertinente en casos relativos a mujeres, en tanto su enfoque pretende detectar la forma en que el derecho afecta las situaciones particulares de las personas al omitir considerar la situación referente a las funciones de género. Por tanto, para determinar si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es preciso verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas. Hasta aquí algunas consideraciones de la Ejecutoria.En ese sentido, se tiene que el Estado Mexicano, en materia legislativa a fin de cumplir sus obligaciones de protección a los derechos de las mujeres y de no discriminación en el ejercicio de estos derechos, sin dilaciones, ha adoptado, en la legislación interna, mecanismos judiciales para procurar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer, a fin de alcanzar su compromiso internacional. Esto es, como la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo señaló, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta sea tomada en cuenta a fin de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto, pues de no hacerlo, esto es, de no considerar la especial condición que acarrea una situación de esta naturaleza puede convalidar una discriminación de trato por razones de género. Tal compromiso se ve materializado en el contenido de las siguientes legislaciones: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para las Mujeres del Estado de Michoacán Código Familiar del Estado Ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, Legislaciones que en sus normas contiene la esencia de la protección al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, las cuales, la autoridad responsable aplicó en el acto reclamado y se ajusta al contenido de la Ejecutoria del amparo directo en revisión 2655/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al atender en el ámbito de su competencia, el asunto bajo la perspectiva de género, ante las manifestaciones de la parte actora -aquí tercera interesada-quien solicitó la medida de protección.Es decir, la autoridad responsable, a partir de la buena fe y veracidad con la que deben conducirse las partes, presumió cierto lo expuesto por Alma Gabriela Mora Casillas y sin mayor trámite -de plano-, decretó, la medida de seguridad, de separación de los cónyuges y la salida de José Clemente Covarrubias Castillo del domicilio común, ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho fraccionamientos Camelinas, de esta ciudad, con el objetivo de prevenir conflictos entre los cónyuges, lo cual se ajusta al marco legislativo constitucional e internacional así como a la jurisprudencial interna, sobre la protección al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Se explica, la actora en el juicio de origen, al solicitar la medida de protección relativa a la separación del domicilio, expuso en su escrito de demanda lo siguiente: "QUINTO. LA VIDA EN COMÚN AL PRINCIPIO FUE MÁS O MENOS LLEVADERA, PERO EN EL TRANSCURSO DEL MATRIMONIO EL AHORA DEMANDADO EMPEZÓ A CAMBIAR DE COMPORATAMIENTO Y A COMPORTARSE DE MANERA DIFERENTE Y MUY CAMBIANTE CON LA SUSCRITA, DANDOME CUENTA QUE COMENZO A TENER UNA RELACIÓN CON UNA MUJER JOVEN DE NOMBRE DYANNA LIZZETH FLORES RODRÍGUEZ, Y COMENZÓ A COMPORTARSE IRRITABLE Y SIEMPRE ENOJADO Y QUE LO HACE UNA PERSONA QUE ME FALTA AL RESPETO CONSTANTEMENTE ORIGINANDO CON ELLO VIOLENCIA FAMILIAR, DICIÉNDOME TEXTUALMENTE "SINO TE PARECE AGARRA TUS COSAS Y VETE DE LA CASA", "YO SOY EL DUEÑO DE ESTA CASA Y EN EL MOMENTO QUE QUIERA TE CORRO DE LA MISMA", MAS AUN ME AMENAZA DICIÉNDOME QUE NO SE HACER NADA, QUE DE QUE VOY A VIVIR, OCASIONA DAÑO PSICOLÓGICOS QUE ME HE VISTO EN LA NECESIDAD DE ACUDIR A AYUDA PROFESIONAL, PARA PODER SEGUIR SIENDO EL PILAR DE MIS HIJOS; POR LA VIOLENCIA MORAL Y PSICOLÓGICA DE LA QUE HE SIDO TRATADA, ES LA RAZÓN POR LA QUE SOLICITO A SU SEÑORÍA QUE DE FORMA INMEDIATA ORDENE LA SALIDA DEL DEMANDADO DEL HOGAR CONYUGAL, EN TANTO SE RESUELVA DE FONDO EL PRESENTE ASUNTO, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES." Con ello, la autoridad responsable atendió las agresiones verbales de las que afirma la parte actora fue objeto por el aquí quejoso, y que se refieren a los actos de violencia que el juez estaba obligado en atener al conocerlos, en atención a los artículos 11, 314 y 317 del Código Familiar del Estado de Michoacán que establecen:"Artículo 11. En todas las medidas concernientes a los menores de edad que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los jueces, las autoridades administrativas o el órgano legislativo, se deberá atender el interés superior de la infancia. Artículo 314. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas de violencia familiar. Artículo 317. Se considera violencia familiar todo acto abusivo u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a cualquier conformador de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. No se justifica en ningún caso como forma de educación o formación, el ejercicio de la violencia hacia los menores de edad o personas con discapacidad." Además, la decisión de la autoridad responsable, se ajusta al contenido de los artículos 324 y 325 del Código Familiar del Estado de Michoacán que establecen: "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, IV. Fijar el monto de los alimentos que deban cubrirse en favor del o los agraviados, a cargo del agresor, en caso de que proceda. Artículo 325. El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, así como las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados." Esto es, el contenido del artículo 324 del Código Familiar del Estado de Michoacán, no impone la obligación del juez a cuestionar los hechos denunciados -distinto a la perspectiva de la parte quejosa- puesto que, aquello que debe atender, es que, siempre que se haga de su conocimiento conductas de violencia familiar, deberá decretar, entre otras, la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar. Es decir, ante ese supuesto jurídico, el juez no debe cuestionar los hechos que involucren violencia en el núcleo familiar, menos imponer a quien los denuncie la carga de acreditar esos hechos, razonabilidad que se vincula al derecho humano de toda persona a una vida libre de violencia; protección al núcleo familiar y, por supuestos, al interés superior de los menores de edad. Decisión que encuentra también fundamento en Ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo -que invocó la autoridad responsable-, lo anterior es así, ya que, en su artículo 1° establece: "ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en todo el Estado de Michoacán de Ocampo y tiene por objeto establecer la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, así como establecer las políticas públicas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación." Estos es, de la anterior transcripción se desprende que el Estado está obligado, entre otras a erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género, con el objeto de que tengan una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Asimismo, dicha Ley, en sus artículos 60, 61 y 62 establecen órdenes de protección de emergencia; preventivas; y de naturaleza Civil; y que también se refieren a la desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo. Normas que la autoridad responsable estaba en condiciones de aplicar, en razón de así estipularlo el artículo 325 del Código Familiar del Estado de Michoacán, al indicar que: "El juez podrá imponer medidas diversas a las comprendidas en el artículo anterior, así como las contenidas en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de proteger adecuadamente la integridad, los derechos e intereses de los agraviados." Todo lo cual, la autoridad responsable justificó al identificar al quejoso como el cónyuge agresor, y lo motivó en razón a que la decisión se determinó con el ánimo de prevenir conductas agresivas entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo. También determinó la vigencia de la mediada hasta que la víctima de violencia dejare de estar expuesta al riesgo -violencia-, en función del interés superior de la víctima, tal como lo establece el artículo 61 de la Ley por una vida libre de violencia para las mujeres del Estado de Michoacán de Ocampo, esto es, porque, dicho dispositivo prescribe: "Las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán otorgarse por las autoridades competentes inmediatamente que se hacen del conocimiento de los hechos que las generan y se mantendrán vigentes hasta que la víctima de violencia deje (sic) estar expuesta al riesgo, en función del interés superior a la víctima.". Es decir, el legislador nuevamente precisó, la necesidad de imponer inmediatamente órdenes de protección de emergencia y preventivas, una vez que se haga de conocimiento a las autoridades competentes los hechos que las generen, lo cual es respetuoso al derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación. Por tanto, el concepto de violación que formula la parte quejosa es infundado, en razón a que, el juez no estaba en condiciones de cuestionar los hechos que le fueron puestos de su conocimiento por Alma Gabriela Mora Casillas, por el contrario, tenía impuesta la obligación de ordenar la protección de emergencia y preventivamente en favor de ésta, de ahí que, el acto reclamado, es acorde al marco constitucional, máxime que dicha decisión la dictó de plano, esto es, sin mayor trámite. Además, es infundado el citado concepto de violación, en relación a que la autoridad responsable dejo de cuestionar los hechos tal como lo dispone el artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que dice: "Artículo 847. El que pida la providencia precautoria deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita, pudiendo consistir la prueba en documentos o testigos idóneos, que serán por lo menos tres." Ello es así, porque, la orden de protección que otorgó la autoridad responsable, no se refiere de aquellas providencias precautorias del artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, porque, estas últimas se ubican en el LIBRO SEGUNDO -PROCEDIMIENTO FAMILIAR-, TÍTULO QUINTO -MEDIDAS CAUTELARES- y CAPÍTULO II -PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS-, distintas a las medidas cautelares, las cuales están encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, y surtirán efectos solo mientras dure el juicio, dicho en otras palabras, las providencias precautorias tienen en el procedimiento familiar una finalidad distinta a las medidas cautelares u órdenes de protección. Lo anterior es así, porque, en términos del artículo 844 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, las providencias precautorias podrán consistir en: "I. Arraigo de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien se deba formular o se haya presentado demanda; II. Secuestro de bienes en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que sirvan de garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes; y, b) Si la persona en contra de quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que ha de practicarse la diligencia y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.Si los bienes consisten en dinero en efectivo, depósito en instituciones de crédito u otros bienes fungibles, se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el juez ordenará que se haga la inscripción de las resoluciones correspondientes." Esto es, las providencias precautorias, no están encaminadas a salvaguardar la seguridad de los miembros de la familia, como si lo están las medidas cautelares, así como las órdenes de protección como aquella de la separación del domicilio de un agresor en el núcleo familiar. Por tanto, al acto reclamado, no les son aplicables las exigencias contenidas en el artículo 847 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, concerniente a la obligación del solicitante de la providencia de acreditar el derecho que tiene para gestionarla y la necesidad de la medida. Por ende, es infundado el concepto de violación, en cuanto a que, era obligación de la autoridad de cuestionar los hechos en términos de la ejecutoria de amparo directo en revisión 2655/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, el tema al que se refirió el Máximo Tribunal del País, fue una contienda final de índole familiar en la que, para determinar si en un proceso se debe o no aplicar la perspectiva de género es preciso verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas. Por eso, la Primera Sala en ese asunto, concluyó que era evidente que se debía atender a una perspectiva de género, en tanto era necesario dilucidar con base en el análisis y valoración del acervo probatorio, si en realidad existe ese contexto de desigualdad basado por la condición de vulnerabilidad ocasionada por la violencia física, psicológica, económica o de cualquier otro tipo que alega haber sufrido la recurrente -en ese asunto-, o bien una relación desequilibrada con su ex consorte y por la cual la recurrente -en ese asunto- dijo justificar su conducta de abandono al hogar conyugal, lo que corroboraría la necesidad de detectar bajo una visión de género los impactos diferenciados que en el caso ocasionó la normativa legal relativa al divorcio y a la pérdida de la patria potestad, de acuerdo a la condición de la recurrente. Igualmente, consideró que al realizar un análisis con base en el método de perspectiva de género, si el impartidor de justicia considera que el material que forma el acervo probatorio no es suficiente para aclarar la situación por desigualdad de género, entonces se deberá ordenar el desahogo de las pruebas que considere pertinentes y que sirvan para analizar las situaciones de violencia por género o bien las circunstancias de desigualdad provocadas por los estereotipos de género, para lo cual al evaluar las pruebas el juzgador en todo momento deberá leer e interpretar los hechos y valorar las pruebas sin estereotipos discriminatorios, lo que no quiere decir que deba dársele más peso probatorio a la evidencia que favorezca a la parte que alegue violencia de género, sino simplemente esta exigencia de retirar los estereotipos de género implica que al analizar las circunstancias fácticas y los hechos deberá hacerse con neutralidad.Esto es, en aquel supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó la necesidad de valorar el acervo probatorio en el expediente de origen, incluso la facultad del juez que, de considerar insuficiente el material que forma el acervo probatorio para aclarar la situación por desigualdad de género, ordenar el desahogo de las pruebas que considere pertinentes y que sirvieran para analizar las situaciones de violencia por género; así al evaluar las, el juzgador en todo momento, debía leer e interpretar los hechos y valorar las pruebas, sin estereotipos discriminatorios. Empero, en el caso que se resuelve en este juicio de amparo, el acto reclamado no se trata de la sentencia que decide el fondo del asunto, como si lo fue aquel que conoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 2655/2013, en el cual, era natural que se impusiera la obligación al juez de valorar pruebas y confrontarlas con los hechos, para verificar la existencia de situaciones de poder o bien de contextos de desigualdad estructural basados en el sexo, las funciones del género o las preferencias sexuales de las personas, porque, se trataba de resolver la contienda del juicio familiar de origen, y que involucraba, precisamente, acreditar con pruebas, la acción y defensas. De ahí que, en este asunto, únicamente, el acto reclamado se trata de una medida preventiva y provisional, que en sí, no le ha privado de ningún derecho al quejoso, precisamente al no tratarse de la sentencia que decida el fondo del asunto; por tanto, como ya se explicó, no era obligación del juez exigir a la parte actora en el juicio de divorcio que demostrara los hechos que le fueron denunciados y relacionados con actos de violencia verbal por parte del aquí quejoso.Esto es, en el caso concreto, se puede advertir que la autoridad responsable al emitir la resolución reclamada consideró las manifestaciones de Alma Gabriela Mora Casillas, quien afirmó recibió del aquí quejoso, consistentes en "SINO TE PARECE AGARRA TUS COSAS Y VETE DE LA CASA", "YO SOY EL DUEÑO DE ESTA CASA Y EN EL MOMENTO QUE QUIERA TE CORRO DE LA MISMA", MAS AUN ME AMENAZA DICIÉNDOME QUE NO SE HACER NADA, QUE DE QUE VOY A VIVIR" que a consideración del suscrito juez referían agresión verbal y psicológica, advirtiendo éstas como una forma de agresión que para conceder la medida cautelar, no es necesario verificar mediante algún método probatorio, contrario a lo manifestado por el quejoso, ya que no cumpliría los requisitos de sumariedad que rigen dichas medidas y contrario a ello, retardarían su proceso, pues como quedó asentado, basta que la persona que ve vulnerados sus derechos manifieste haber sufrido algún tipo de agresión, máxime cuando se ven involucradas personas menores de edad. Máxime que Alma Gabriela Mora Casillas demostró en la medida cautelar sobre separación de personas, ser la copropietaria del inmueble ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán, el cual, conforme a su escrito de demanda en el expediente de origen, se compone de los lotes 54, 55, 56, 57 y 58 todos de la manzana 3 de dicha calle y fraccionamiento, lo cual acreditó con los certificados de propiedad -que en copia certificada se enviaron por la autoridad responsable en el anexo al informe justificado-, donde tenía establecido su hogar conyugal. Documentales, a las que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Es de invocarse la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, quinta época, del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena"sí, por lo que con la conducta del quejoso, que la tercera interesada relató, también vio en riesgo sus derechos patrimoniales, al ser amenazada por el quejoso con sacarlas de su casa, a pesar de ser, también propietaria, de ahí que el quejoso, le propiciaba violencia verbal y psicológica al atentar con un derecho de propiedad referente a casa, constituyendo violencia patrimonial.Por lo que la actuación del Juez responsable, sí consideró las medidas mínimas requeridas para conceder la separación del cónyuge agresor del domicilio conyugal, que es un acto de violencia, que como quedó anotado se encuadra con las conductas de agresión que refirió la aquí tercera interesada en su escrito inicial ya referido que constituyó, un riesgo a su patrimonio que como quedó de manifiesto, se ve materializado al ser copropietaria con el quejoso, de la casa donde habita con su hijo menor de edad. FIJACIÓN DE ALIMENTOS Es infundado el concepto de violación, referente a que la fijación de los alimentos -como acto recamado- en favor de los aquí terceros interesados, la autoridad responsable lo realizó sin ponderación, análisis ni razonabilidad de proporcionalidad, urgencia y necesidad de los alimentos, supliendo la deficiencia de la queja en violación al principio de igualdad de partes. Esto es, el quejoso manifiesta que, sin fundamentación y motivación la autoridad responsable, decretó la medida cautelar de alimentos por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos mensuales) en favor de su hijo menor de edad P.C.M., y por la misma cantidad, en favor de Alma Gabriela Mora Castillo, bajo argumentos dogmáticos insuficientes para armonizarlos al contenido del artículo 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. En ese mismo sentido, expone que, la autoridad responsable, no ponderó conforme a los principios que rigen la institución de alimentos su decisión, al limitarse en afirmar la buena fe y manifestaciones de la parte actora, sin demostrar tales, sin un marco conceptual que sirviera de base para fijarlos; y sostiene su postura en el artículo 462 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que dispone: "Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento." En ese contexto, el quejoso afirma, la autoridad responsable, debió atender a la urgencia y necesidad que haya de los alimentos, y para ello debían quedar acreditados dichos extremos. ajo esa línea argumentativa, el suscrito juez considera infundado dicho concepto de violación, en razón a lo siguiente: El dispositivo al que refiere la parte quejosa, en cuanto en acreditar la urgencia y necesidad que haya de los alimentos cobra aplicación -por regla general- cuando se instaura una demanda por alimentos en términos del artículo 463 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, e indica:"La demanda de alimentos puede presentarse por escrito o por comparecencia ante el juez de instrucción en la vía especial oral. De acudir directamente el solicitante expondrá al juzgador, de manera breve, clara y concisa los hechos de que se trate, levantándose constancia de la comparecencia y de los hechos narrados los cuales deben relacionarse en forma pormenorizada. En la comparecencia el juez de instrucción debe informar al interesado que puede contar con el patrocinio de un defensor de oficio para conocer de su procedimiento, y, de aceptarlo, el juez dará parte a la Defensoría de Oficio del Estado, para que lo designe." El cual, se relaciona al diverso dispositivo 464 de ese mismo ordenamiento, que establece: "Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno;II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y,IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado." Empero, una excepción a dicha regla general, la encontramos en el artículo 452 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que refiere en cuanto a los menores de edad, gozan de la presunción de necesitar alimentos; por tanto, no era necesario en el acto reclamado, por lo que ve al menor de edad P.C.M., exigir para decretar los alimentos de manera provisional, acreditar la urgencia y necesidad que haya de éstos, porque, normativamente, existe una presunción de su necesidad. Ahora, por lo que ve a la fijación de alimentos, de manera provisional en favor de la tercera interesada Alma Gabriela Mora Casillas, tampoco era necesario que ésta acreditara la urgencia y necesidad que haya de los alimentos, al menos de manera provisional en el acto reclamado. Ello es así, porque, la autoridad responsable, para fijar provisionalmente alimentos, en primer término, lo fundó en el artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, que dice: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Separar a los cónyuges, considerando para tal efecto, las circunstancias personales de cada uno; II. Fijar y asegurar los alimentos para el o los acreedores alimentistas; III. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad; IV. La forma en que el cónyuge que no tenga la guarda y custodia deberá convivir con sus hijos menores de edad o con discapacidad; V. Las necesarias para que no se causen daño en su persona o en sus bienes; y, VI. Ls demás que considere necesarias el juez. La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en los términos legalmente previstos." Pero también, en el diverso 324 del Código Familiar del Estado de Michoacán que dispone: "Artículo 324. Siempre que se haga del conocimiento del juez conductas de violencia familiar, deberá decretar las siguientes medidas: I. Ordenar la salida del agresor del domicilio donde habite el grupo familiar; II. Prohibir al agresor ir a un lugar determinado, al domicilio donde habite el grupo familiar, al sitio donde trabajen o estudien los agraviados o a cualquier lugar que frecuenten; III. Prohibir al agresor se acerque a los agraviados a la distancia que el propio juez considere pertinente; y, IV. Fijar el monto de los alimentos que deban cubrirse en favor del o los agraviados, a cargo del agresor, en caso de que proceda."Lo cual se relaciona al contenido del artículo 445 del citado ordenamiento familiar del Estado, que dispone: "Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos". De tal modo, en el asunto de origen, la parte tercera interesada, tiene título para exigir alimentos, así, la exigencia de ellos, la puede dirigir a su cónyuge, en el caso el aquí quejoso, luego, si bien, por la regla general, prevista en el artículo 464 del Código Familiar del Estado de Michoacán, para tal efecto, tendría la obligación de acreditar, tanto la urgencia como la necesidad de éstos; sin embargo, en el acto reclamado, dicho dispositivo, no tiene aplicación, al ubicarse a la tercera interesada, en el supuesto jurídico, previsto en el artículo 324, fracción IV, de ese mismo ordenamiento, el cual sirvió de fundamento a la autoridad responsable para atender las conductas de violencia familiar la de que tuvo noticia por la propia tercera interesada, y decretó como medida, entre otras, fijar el monto de los alimentos que deben cubrirse en su favor como agraviadaa, a cargo del agresor, en el caso el quejoso. De ahí que, la autoridad responsable no estaba en condiciones jurídicas para exigir a la parte actora, acreditar la urgencia y necesidad que hubiera de los alimentos. Ahora, la parte quejosa destaca que, la actora en el procedimiento origen -aquí tercera interesada- nunca señaló la existencia de convenio o la existencia de otra menor, y que fueron aspectos que la autoridad responsable tomó en cuenta, a efecto de fijar la medida de alimentos provisionales en favor de su hijo menor de edad y la tercera interesada. Concepto de violación que resulta parcialmente fundado pero insuficiente, porque, efectivamente, la autoridad responsable al fijar los alimentos provisionales consideró: ".Asimismo, se fija la cantidad de $12,000.00 doce mil pesos para la promovente quien de buena fe manifestó que durante el matrimonio no trabajo ya que se dedicó a las labores del hogar, como así ocurre a la fecha, misma que será depositada en la forma antes indicada. Cantidad la que se fija virtud a lo manifestado en el convenio en el sentido de que el acreedor alimentista percibe ingresos diversos, lo anterior aun y cuando el código establece que deberá ser treinta veces la Unidad de Medida y Actualización en su valor diario, máxime que este tribunal no cuenta con constancia alguna de sus ingresos netos." Ello, puesto que la capacidad del deudor alimentista no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino que se entiende referida a la capacidad que tiene todo sujeto para trabajar y generar riqueza, dicha cantidad se fija de momento para el acreedor, además, de que a la fecha este juzgador no cuenta con elementos sobre las percepciones del obligado alimentista, lo cual se le hace saber al obligado alimentista mediante notificación personal. Lo anterior, considerando además que exhibe las partida de nacimiento del menor pues goza de la presunción de necesitar alimentos de conformidad al artículo 452 del código familiar para el estado, según la acta de su nacimiento que adjunta, a la que se le concede valor probatorio, por tratarse de una constancia del registro civil expedida por el funcionario facultado para hacerlo, con lo cual se acredita que además que el demandado es su progenitor y con ello el derecho de este su derecho a recibir de él alimentos, aunado a que también manifiesta la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación.Entonces lo aspectos que la parte quejosa afirma no refirió la actora y que la autoridad responsable, sí tomó en consideración son: a) .convenio en el sentido de que el acreedor alimentista percibe ingresos diversos. b) aunado a que también manifiesta la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación. Lo infundado del concepto de violación, radica en que la parte actora -aquí tercera interesada- sí dio a conocer a la autoridad responsable, propuesta de un convenio en el punto concerniente a la pensión alimenticia, además, en la demanda que promovió la actora, dio a conocer que el acreedor alimentario percibe ingresos diversos, al manifestar: ".HACIÉNDOLE DEL CONOCIMIENTO A SU SEÑORÍA, QUE MI AÚN ESPOSO ES MÉDICO INTERNISTA, Y TIENE SU CONSULTORIO PARTICULAR, MÁS LOS PACIENTES Q ATIENDE EN HOSPITALIZACIÓN, ADEMÁS TIENE UN NEGOCIO DE BANCO DE SANGRE DENOMINADO S,C.". *********. Ahora, es fundado lo concerniente a que, la autoridad responsable, al fijar alimentos provisionales, tomó en cuenta una manifestación que no dio a conocer la actora en su demanda, relativa a: ".la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación", porque, si bien manifestó la existencia de cuatro personas procreadas entre ella y el aquí quejoso, fue especifica en indica que sólo una es menor de edad, en el caso P.C.M.. Sin embargo, dicho concepto de violación es insuficiente para establecer inconstitucional el acto que recama, porque, tal consideración por la autoridad responsable, si bien se trata de una incongruencia interna en su acuerdo, la realidad es que la formuló como una consideración más para establecer los alimentos provisionales en la forma en que lo hizo, ya que, primeramente, tomó en cuenta: La promovente quien de buena fe manifestó que durante el matrimonio no trabajo ya que se dedicó a las labores del hogar, como así ocurre a la fecha. La capacidad del deudor alimentista no tiene una connotación estrictamente pecuniaria, sino que se entiende referida a la capacidad que tiene todo sujeto para trabajar y generar riqueza, dicha cantidad. A la fecha no contó con elementos sobre las percepciones del obligado alimentario, lo cual se le hace saber al obligado mediante notificación personal. La partida de nacimiento del menor de edad. Por tanto, lo insuficiente del concepto de violación radica en que, resultaría impráctico conceder la protección constitucional, para el solo efecto de que, la autoridad responsable dejare de considerar: ".la existencia de otra menor y se presume su existencia dado la manifestación", y resolviera de nueva cuenta el tema de los alimentos provisionales, cuando de los demás elementos contenidos en la demanda a consideración del suscrito juez, le permitiría llegar a la misma decisión; es decir, en nada cambiaría el sentido de su determinación inicial. En ese sentido, deviene infundado el concepto de violación, referente a que la autoridad responsable se limitó a considerar fijar alimentos con base en: Intervenir de oficio en asuntos familiares; Interés superior del menor; Que los alimentos son de orden público; La buena fe; y El señalamiento de la parte actora de haberse dedicado a las labores del hogar; Empero, lo infundado de este concepto de violación, estriba en que, por un lado, los factores que la parte quejosa enuncia son precisamente aquellos que la autoridad responsable, al fijar los alimentos como medida provisional, estaba obligada en atender, en términos de la demanda de divorcio sin expresión de causa que promovió la aquí tercera interesada; por otro, la autoridad responsable, sí motivó su decisión conforme a las manifestaciones de la parte actora; además que no podía hacerlo de otro modo, porque, al dictado de esa medida, era la información disponible para fijar las cantidades de doce mil pesos por concepto de pensión alimenticia provisional. Ello es así, porque, si bien -como ya se mencionó-, la aquí tercera interesada conforme a su escrito de demanda en el expediente de origen, demostró ser copropietaria de los lotes 54, 55, 56, 57 y 58 todos de la manzana 3 ubicados en la calle Jacarandas número 18 dieciocho, fraccionamiento Camelinas de Jiquilpan, Michoacán, también mencionó que se trata de su domicilio conyugal, al indicar "SEÑALÓ QUE NUESTRO DOMICILIO CONYUGAL ES EL UBICADO EN LA CALLE JACARANDAS NÚMERO 18, DEL FRACCIONAMIENTO CAMELINAS, JIQUILPAN, MICHOACÁN, ESTA PROPIEDAD ESTA EN PARTE IGUALES CON EL AHORA DEMANDADO, COMO SE ACREDITA CON LOS CERTIFICADOS DE PROPIEDAD QUE EN ORIGINAL ACOMPAÑO, ANEXO AL PRESENTE". **** Las consideraciones anteriores, encuentran sustento, por analogía, a las contenidas en la jurisprudencia: ********"ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. LA HIPÓTESIS DE QUE LA EX CÓNYUGE "CAREZCA DE BIENES" PARA TENER DERECHO A PERCIBIRLOS, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SI POSEE BIENES, ÉSTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR FRUTOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR LA NECESIDAD ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 473, fracción I, del Código Civil para el Estado de Puebla establece como una de las hipótesis para tener derecho a recibir alimentos en el caso de divorcio necesario que la ex cónyuge acreedora "carezca de bienes". ****." Máxime que la parte actora -aquí tercera interesada- sí dio a conocer a la autoridad responsable, que el acreedor alimentario -aquí quejoso- percibe ingresos diversos, de ahí que, tomó en cuenta lo que según la actora, son las diversas fuentes de ingresos del aquí quejoso como: ser médico internista; tener un consultorio particular; pacientes que atiende en hospitalización y un negocio de banco de sangre; que le permitieron, motivar su determinación, respecto al monto que debía fijarse para la pensión de alimentos provisionales. Incluso, la autoridad responsable, pudo tomar en cuenta que el quejoso, además de la copropiedad que comparte con la aquí tercera interesada de cinco lotes que constituyen su domicilio conyugal, es en lo particular, propietario de cinco inmuebles más, tal y como se advierte de los certificados de propiedad -que en copia certificada se enviaron por la autoridad responsable en el anexo al informe justificado-, que muestra un elemento adicional, respeto a la capacidad económica del quejoso. Documentales, a las que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Por tanto, la autoridad responsable, no podía en términos del artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, como lo pretende la parte quejosa, fijar el monto de la pensión alimenticia provisional en favor de la tercera interesada en lo equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, porque se actualizó la excepción a ello, concerniente a que, las pruebas aportadas hasta el momento de la medida, se deduce una capacidad económica diferente. Además que, como medida provisional de alimentos, la autoridad responsable no estaba en condiciones de allegarse de más elementos como lo afirma la parte quejosa, puesto que, no está facultado para ello, en el acto de admitir la demanda de divorcio sin expresión de causa, tal y como lo señala el artículo 260 del Código Familiar del Estado de Michoacán. GAURDIA Y CUSTODIA Ahora se abordara, lo concerniente al acto que se reclama, relativo a la decisión de la autoridad responsable en otorgar, provisionalmente, la guardia y custodia del menor de edad P.C.M., en favor de su progenitora Alma Gabriela Mora Castillo, la cual a consideración del suscrito juez, está apegado al marco constitucional y, para mejor comprensión de ello, resultarán ilustrativas las consideración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenidas en el amparo directo en revisión 1573/2011 concerniente al tema de la guardia y custodia de los menores de edad, en la que determinó que el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. Precisó que, en esa lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales, y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. Señaló que, en definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bien de los hijos. Precisó que ese criterio vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social.Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reveló que, en esa lógica, y aunque pueda parecer contradictorio, el legislador puede optar por otorgar preferencia a la madre en el momento de atribuir la guarda y custodia de un menor. Sin embargo, señaló que ese tipo de normas no deben ser interpretadas en clave de un estereotipo en el que la mujer resulta, per se, la persona más preparada para tal tarea. Le resultó innegable que en los primeros meses y años de vida, las previsiones de la naturaleza conllevan una identificación total del hijo con la madre. Y no solo se referían a las necesidades biológicas del menor en cuanto a la alimentación a través de la leche materna, si no, y como lo han desarrollado diversos especialistas en la materia a nivel internacional, el protagonismo de las madres en la conformación de la personalidad de sus hijos durante la primera etapa de su vida resulta determinante en el desarrollo de su conducta hacia el futuro . En esta lógica, preciso que, la determinación de la guarda y custodia a favor de la mujer está basada en la preservación del interés superior del menor, el cual, señaló, resulta el criterio proteccionista al que se debe acudir. Destacó que, en esa idea también responde a un compromiso internacional del Estado mexicano contenido en el artículo 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales . Pero también señaló que, los expertos han señalado, pasado cierto periodo de tiempo, se opera un progresivo proceso de individuación del niño a través de la necesaria e insustituible presencia de ambos progenitores . Indicó que, el menor necesita tanto de su madre como de su padre aunque de modo diferente, en función de la edad. Pero que, ambos progenitores deben hacer posible y propiciar la presencia efectiva de esas funciones simbólicas en el proceso de maduración personal de los hijos. Reiteró que, en definitiva, como lo ha sostenido ese órgano Máximo de Justicia, en su Primera Sala en otros precedentes, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores, pues en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. De manera que, señaló que, la decisión judicial que se adopte al respecto ha de priorizar el interés y bienestar de los menores, sin partir de ninguna predeterminación o prejuicio sexista que otorgue privilegios a la hora de ser conferida la responsabilidad de atender y cuidar de los hijos. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no solo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, si no, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para el menor. Consideró que, sin duda, la guarda y cuidado de los hijos es uno de los objetos más comprometidos de la decisión judicial que impone la organización futura de cualquier familia a partir de la situación creada por la ruptura definitiva de la convivencia conyugal entre sus progenitores ¿A quién otorgar el cuidado de los hijos? y refirió que, la respuesta a esta interrogante es, desde luego, sumamente compleja. Explicó que, la dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta. La dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica y las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores Impuso que, el juez, al aplicar la norma impugnada, ha de atender para la adopción de la medida debatida a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, tendiendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibro para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos en especial si existe un rechazo o una especial identificación, su edad y capacidad de autoabastecerse, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto. De tal suerte, precisó que dicha es la exigencia que subyace del interés superior del menor y a través de la cual debe ser interpretada la norma impugnada. En esta lógica, la guarda y custodia no deberá ser otorgada, en automático y sin más razonamiento, a la madre, a pesar de la preferencia establecida por el legislador -en la norma que en ese asunto analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-. Así, considero que, el juez ha de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. Continuó para señalar que, los jueces deben indagar, no solo el menor perjuicio que se le pueda causar al menor, si no que le resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino lo que es aún más importe, en el futuro. La tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más idónea para el menor. Hasta aquí consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis: 1a./J. 53/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006791 1 de 1 Primera Sala Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Pag. 217 Jurisprudencia(Constitucional, Civil, Civil) "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO. Como ya lo ha establecido esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe en nuestro ordenamiento jurídico una suerte de presunción de idoneidad absoluta que juegue a favor de alguno de los progenitores pues, en principio, tanto el padre como la madre están igualmente capacitados para atender de modo conveniente a los hijos. Así las cosas, el intérprete, al momento de aplicar el inciso a), de la fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, que dispone que si no se llega a ningún acuerdo respecto a la guarda y custodia, "los menores de diez años quedarán al cuidado de la madre, salvo que sea perjudicial para el menor", deberá atender, en todo momento, al interés superior del menor. Lo anterior significa que la decisión judicial al respecto no sólo deberá atender a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino, por el contrario, deberá buscar una solución estable, justa y equitativa que resulte lo más benéfica para éste. La dificultad estriba en determinar y delimitar el contenido del interés superior del menor, ya que no puede ser establecido con carácter general y de forma abstracta; la dinámica de las relaciones familiares es extraordinariamente compleja y variada y es dicha dinámica, así como las consecuencias y efectos que la ruptura haya ocasionado en los integrantes de la familia, la que determinará cuál es el sistema de custodia más beneficioso para los menores. Así las cosas, el juez habrá de valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. En conclusión, la tutela del interés preferente de los hijos exige, siempre y en cualquier caso, que se otorgue la guarda y custodia en aquella forma (exclusiva o compartida, a favor del padre o de la madre), que se revele como la más benéfica para el menor." En tanto, en el caso de origen, la autoridad responsable, en términos del artículo 260 del Código Familiar del Estado de Michoacán, determinó: 5. Guarda y Custodia de los menores de edad. (sic) En virtud de que el solicitante manifiesta que los menores se encuentran a lado de su progenitora, según su propio dicho del actor, de determina que deberá de permanecer bajo el cuidado de Alma Gabriela Mora Casillas durante el trámite del presente procedimiento. Lo cual, como se adelantó se considera ajustado al marco constitucional, porque, distinto la postura de la parte quejosa, sí existió pronunciamiento respecto en quién debía recaer, de manera provisional, al guardia y custodia del menor de edad en comento, además, dicha medida es congruente con la que, en primer término, dicha autoridad atendió, relativa a la orden de protección que solicitó la parte actora, y de la que se recuerda que su objetivo era prevenir conflictos y entre Alma Gabriela Mora Casillas y José Clemente Covarrubias Castillo, por lo que se ordenó la separación de los cónyuges, determinándose la salida de José Clemente Covarrubias Castillo, de domicilio común, ubicado en calle Jacarandas número 18 dieciocho fraccionamientos Camelinas, de esta ciudad, ello ante las manifestaciones de violencia que la parte actora vertió era objeto por el aquí quejoso, e identificar a éste como el cónyuge agresor, atendiendo a que las normas de derecho de familia son de interés social y de orden público, además de que al Estado, le interesa mantener el orden y la paz social. En consecuencia, es congruente que, aquel cónyuge que permaneciera en el domicilio conyugal, fuese quien conservara la guardia y custodia del menor de edad P.C.M., máxime que la causa de la salida del aquí quejoso de ese lugar, fue por las posibles agresiones verbales que profirió a la madre del menor de edad, aquí tercera interesada, de modo que, no parece prudente, al menos en el acto de la admisión de la demanda de divorcio encausado, decisión distinta a la que optó la autoridad responsable, es decir se comulga con la autoridad, ya que ante el escenario propuesto en la demanda, era la decisión más idónea para el cuidado del menor de edad, pues no resulta del interés superior del menor que tuviera que abandonar la casa en donde quedará la cónyuge actora, quien es su madre; por eso, ante la medida de protección dictada por el juez para separar a sus padres, fue correcto que se quedara bajo la custodia de su progenitora. En efecto, dicha decisión a consideración del suscrito juez, es acorde a las dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nació respecto a que se deben valorar las especiales circunstancias que concurran en cada progenitor y determinar cuál es el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual se puede dar con ambos progenitores o con uno solo de ellos, ya sea la madre o el padre. De tal manera, la autoridad responsable, al dictar la orden que se reclama, atendió, prioritariamente al interés superior del niño, para determinar, cuál era el ambiente más propicio para el desarrollo integral de la personalidad del menor, lo cual resultó, debía ser, bajo el cuidado de su progenitora, en el inmueble del que actualmente habita con su hijo menor de edad; por ende, tal determinación, es respetuosa al interés superior del menor de edad, puesto que es lógica y apegada a lo ya considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda, debe tenerse en cuenta la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales. Por tanto, son infundados los conceptos de violación que la parte quejosa hace valer, por un lado, porque, la autoridad responsable fundó el acto reclamado en el artículo 260 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, lo cual se considera correcto, porque en dicho numeral se marca: "Artículo 260. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, y solo mientras dure el procedimiento, el juez dictará las medidas cautelares que le sean requeridas y procedan, así como las que de manera oficiosa considere necesarias para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, como lo sería: I. Determinar la guarda y custodia de los hijos menores de edad o con discapacidad" Es decir, la normativa aplicada en el acto reclamado obligaba a la autoridad responsable a determinar la guardia y custodia del menor de edad, pero sin dejar de atender el interés superior del niño, cuando se traten de estimar medidas concernientes a ellos, de tal manera, además que la argumentación de la autoridad responsable es acorde a las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenidas en el amparo directo en revisión 1573/2011, resultan congruentes con aquella relativa a la salida del quejoso del domicilio conyugal. Consecuentemente, es infundado el concepto de violación referente a que con el acto reclamado, debe repercutir en la esfera jurídica de la aquí tercero interesada porque, a perspectiva de la parte quejosa, es ella, quien solicita la separación de conyugal con él, por tanto, es en ella sobre quien deben impactarse las consecuencias de tal acción; porque, parte de un supuesto erróneo, ya que, todas las medidas sobre el cuidado de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bien de los hijos, por tanto, dicha decisión, no impacta en la esfera jurídica el quejoso, sino en la del menor de edad, y que a consideración del suscito juez, no se ve afectada por el acto reclamado, por lo ya apuntado. Finalmente, es inoperante que con el acto reclamado se haya vulnerado al quejoso en su derecho de tutela judicial efectiva, en razón a que, ese acto, no es una medida definitiva, sino provisional, de ahí que no se trate de aquellos que deban ser emitidos bajo la garantía del artículo 14 Constitucional, sino que se rige por el artículo 16 de la Constitución Federal. A mayor abundamiento, el quejoso, es parte formal y material en el procedimiento de divorció sin expresión de causa que su cónyuge promovió, del cual ha quedado impuesto, de ahí que no puede considerarse afectado en las garantías del debido proceso, porque, durante éste tendrá la oportunidad, en su caso, desvirtuar aquellas acciones que se enderecen en su contra, y sin que signifique perturbación en su derecho fundamental de tutela judicial efectiva con el dictado de las medidas presiónales por la autoridad responsable dada la naturaleza sumaria de éstas. Por lo tanto, se niega a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los 61, 63, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo, únicamente, por lo que al acto reclamado consistente en la la omisión de establecer el régimen provisional de convivencia entre el menor de edad P.C.M. y el quejoso José Clemente Covarrubias Castillo, por las razones contenidas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega la protección constitucional en el presente juicio de amparo a José Clemente Covarrubias Castillo, que por su propio derecho promovió contra los actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán; por las razones contenidas en el penúltimo considerando. TERCERO. La presente resolución, será publicable en términos de lo establecido en su último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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