José César Montes Padilla
Expediente 762/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José César Montes Padilla
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al asunto que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 20 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 20 fracción IV, del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el precepto legal invocado y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro electrónico correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por José César Montes Padilla y Mireya Padilla Lucatero, por propio derecho, contra actos que atribuye al Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 752/2022. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: ... DESECHAMIENTO Ahora, dado el sentido que regirá esta determinación, es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora bien, en el presente, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. Para una mejor comprensión del presente asunto, es oportuno hacer relación de los antecedentes del acto reclamado, que la parte quejosa expone en su escrito inicial de demanda y que son los siguientes: Mediante proveído de fecha 20 veinte de septiembre del año que corre la responsable admitió diversos medios probatorios a nuestro favor ofertados por nuestro poderdante en el juicio natural, entre los que figura la prueba confesional a través de posiciones, a cargo del aquí tercero interesado. Así las cosas, se fijaron las 13:00 trece horas del día 28 veintiocho de septiembre del año en curso para el desahogo de la citada prueba confesional a cargo del actor directo. Posteriormente, y como en la fecha y hora señalada para el desahogo de la citada prueba confesional, la misma no se llevó a cabo, se pidió que se hiciera el señalamiento de fecha y hora para la abertura del sobre, calificación de legales y declaratoria de confeso, así se señaló mediante auto de fecha 25 de octubre del año que corre, las 13:00 trece horas del día 31 treinta y uno de octubre del año en curso, para que se lleve a cabo la audiencia de apertura de sobre, calificación y declaración de confeso al actor de todas aquellas posiciones que resulten legales. Sin que en dicha fecha se hubiera llevado a cabo dicha diligencia. Por lo cual, mediante auto de fecha 31 de octubre del año que corre, se dio a las partes término para alegar, sin que lo hubiéramos hecho. Por lo cual, las partes pedimos que se dictara sentencia, seguramente nuestro apoderado sin darse cuenta que no se había llevado a cabo la diligencia correspondiente de apertura de sobre, calificación y declaración de confeso al actor de todas aquellas posiciones que resulten legales, igual nuestra contraria. Ante tal inobservancia por parte del juzgado responsable, con fecha 14 de noviembre del año que corre, dicha juzgadora proveyó en el sentido de que previo a dictar sentencia, se señalan las 9:00 horas del día 17 de noviembre del año en curso para que se lleve a cabo la apertura de sobre que se indica. Por lo cual, nuestra contraparte en (sic) interpuso recurso de revocación el cual mediante proveído de fecha 17 del mismo mes y año en cita se admitió a trámite. Mediante proveído de fecha 28 del mes de noviembre del año que corre se pusieron los autos para resolver dicho medio de impugnación. Por lo cual mediante proveído de fecha 02 dos de los corrientes se dictó auto que resuelve el recurso de revocación, y dentro del mismo se decide revocar el auto de fecha 14 de noviembre del año que corre." En el caso, el quejoso reclama la resolución de dos de diciembre de dos mil veintidós que revocó el auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós que señaló fecha y hora para la apertura de sobre que se indica dentro del juicio ordinario civil número 129/2019 seguido por Arturo Gómez Molina, en contra de los quejosos. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama: ".la resolución de fecha 02 dos de los corrientes dentro de la cual se resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del proveído de fecha 14 catorce de noviembre del año en curso que había ordenado señalar las 9:00 horas del día 17 de noviembre del año en curso para que se lleve a cabo la apertura de sobre que contiene posiciones a absolver por parte del actor en lo principal y demandado en reconvención. Ello dentro del juicio ordinario civil numero (sic) 129/2019, seguido en contra de los suscritos ejerciendo la acción real reivindicatoria, por parte del señor ARTURO GÓMEZ MOLINA." En el caso particular para determinar si los efectos de dicho acto son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, debe tenerse en cuenta, en principio, que la determinación de la responsable revocar el proveído que señaló fecha para la apertura de pliego de posiciones, no son actos de imposible reparación porque no afecta derechos sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros y solo implicará que habrá de continuar el trámite del juicio; y, en todo caso, de existir violación en el acto reclamado únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería el agravio formal de que se duele. Apoya lo anterior la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en la página 1539, Tomo III, Mayo de 2014, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).." En consecuencia, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sea considerado como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Juárez Martínez, Abel Juárez Martínez y Abelardo Naranjo Ortiz, toda vez que tienen registradas sus cédulas en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, como lo solicitan los promoventes, en términos del artículo 3, párrafos primero, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE ABRE JUICIO EN LÍNEA, y se autoriza a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "JORGES", donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas, conforme a la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 24, 26, fracción IV, 30 y 31 de la Ley de Amparo. Para cuyo efecto, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realizarle las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, con excepción de los días inhábiles laborables que se llegaren a decretar. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por otra parte, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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