Jose Clemente Adan Hernandez Duarte

Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
649/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Clemente Adan Hernandez Duarte
  • Guillermo Melendez Lopez (Occiso)
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 950/2021 signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 3/2021 de su índice, suscitado entre este Juzgado de Distritito y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para conocer de la demanda de amparo promovida por José Clemente Adán Hernández Duarte y/o José Clemante Adán Hernández Duarte, en el que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se declara competente para conocer de la demanda promovida por José Clemente Adán Hernández Duarte y/o José Clemante Adán Hernández Duarte, al Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se avoque a su conocimiento y resuelva lo que conforme a derecho proceda. SEGUNDO. En consecuencia, remítanse los autos del juicio de amparo 649/2020; los tres tomos de prueba, y el incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo, al Juzgado competente y envíese testimonio de esta resolución al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, contendiente en el presente conflicto competencial, para su conocimiento." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de alzada, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el numeral 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a su destrucción junto con el cuaderno de antecedentes formado con copia de actuaciones derivadas del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 649/2020. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista al quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte y/o José Clemante Adán Hernández Duarte; y, por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la Superioridad.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 559/2021 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y, en atención a su contenido, téngase a la superioridad acusando recibo del oficio 250/2021, junto con los autos originales del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, así como el original y duplicado del incidente de suspensión relativo y tres cuadernos de pruebas; asimismo, téngasele informando que admitió a trámite el conflicto competencial 3/2021, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla para conocer de la demanda de amparo formulada por José Clemente Adán Hernández Duarte y/o José Clemante Adán Hernández Duarte. De lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado -electrónicamente- por Claudia Verónica Valdés Lozoya, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Primero debe decirse que dicho oficio se encuentra firmado electrónicamente porque cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a dicho Juzgado Federal comunicando que mediante resolución dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 117/2021 de su estadística, no aceptó la competencia planteada en sentencia emitida el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dentro del presente juicio de derechos fundamentales, motivo por el cual, remite los autos originales del juicio de amparo, el original y duplicado del incidente de suspensión, y tres cuadernos de pruebas. En efecto, el Titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla no aceptó la competencia planteada -esencialmente- con base en los siguientes razonamientos: ( Que toda vez que la parte quejosa reclamó al Fiscal del Estado de Puebla y al Director del Servicio Médico Forense del Estado de Puebla la omisión y negativa de devolverle el cuerpo del hoy occiso Guillermo Meléndez López; de los artículos 221, 222, 224, 225, 226 y 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se evidenciaba que el Ministerio Público y la Policía estaban obligados a proceder la investigación de los hechos de los que tuvieran noticia debiendo cerciorarse que los requisitos de procedibilidad se encontraran debidamente satisfechos para en su caso proceder en los términos que prevé el código nacional de referencia. ( Que la diligencia de inspección ministerial, fe y levantamiento de cadáver la ordenó el agente del Ministerio Público como representante de la sociedad con la intención de recabar los elementos de prueba suficientes a efecto de comprobar todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito, así como tener por acreditada la probable responsabilidad penal el representante social acude al lugar de los hechos previa noticia criminis o en su caso notificación oír escrito o vía telefónica acompañado del elementos de la coordinación de investigación así como de peritos en la materia y de policías estatales todo esto con la finalidad del que el juzgador tuviera elementos para conocer la causa de la muerte de finado. ( Que en el caso concreto, de las documentales exhibidas por las autoridades responsables se advierte la constancia de aviso levantada por la Fiscalía de Investigación Metropolitana de veinte de agosto de dos mil veinte, al recibir la llamada telefónica por parte del mayor José Miguel González Pedraza, médico adscrito a la Unidad Operativa de Terapia Intensiva del Sexto Regimiento Blindado de Reconocimiento de la XXV Zona Militar de la ciudad de Puebla, donde hizo del conocimiento el deceso de Guillermo Meléndez López por causa del virus Covid-19, mismo que no contaba con familiares y sin mayores datos, fundando su actuar en los artículos que citó al principio; llevándose así todas las gestiones necesarias para la inspección y descripción del occiso, así como la recopilación de pruebas para la debida integración de dicha carpeta de investigación. ( Que en el informe de ley de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el Director del Servicio Médico Forense del Estado de Puebla, informó que era cierto el acto reclamado en virtud de que no contaba con una orden directa de la Fiscalía General del Estado de Puebla para estar en aptitud de entregar el cuerpo del difunto al quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte, conforme lo establece el ordinal 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ( Que todas las actuaciones realizadas por la Fiscalía encontraban sustento en lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso su último informe aclaratorio de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, confirmaba que el cuerpo del occiso se encontraba a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla dentro de la NUAT 880/2020/UIEHOM, anexando copias de dicho expediente, cuyas actuaciones se encontraban reguladas por el procedimiento penal conducente para el trámite respectivo de dicha investigación contemplado en el código adjetivo en cita. ( Que por lo anterior, era dable concluir que el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla no tenía competencia para conocer del presente juicio de amparo, habida cuenta que las funciones de la investigación son algunas de las que al ministerio público le tiene encomendadas la ley que rige la actuación orgánica de éste, y conforme a lo anterior, el ejercicio de esa actividad, en su integridad, constituía un actuar de naturaleza penal, en la medida de que la fase indagatoria se consolidaba como la inicial del procedimiento penal. Al respecto, este órgano de control constitucional, respetuosamente, no comparte los argumentos expuestos por el homólogo Federal. Se explica. Un acto materialmente administrativo no dirime controversia ni conflicto jurídico alguno, así como tampoco soluciona cuestión contenciosa determinada, pues sólo aplica la norma jurídica que le sirve de sustento legal, sin perseguir aquellos fines, inherentes a los actos de naturaleza jurisdiccional; por tanto, el acto administrativo puede concebirse como la declaración de voluntad de algún órgano de la administración pública, de naturaleza reglada o discrecional y, además, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Ahora bien, debe especificarse que, al realizar los actos de la carpeta de investigación tendentes a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público (cuyo titular es el Fiscal General Federal o local) actúa como autoridad, en uso de la atribución de perseguir los delitos, depositada en dicha representación social por el artículo 21 Constitucional, a diferencia de la actividad distinta que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte, encargado de aportar al juzgador las pruebas relacionadas con la acreditación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del procesado, a fin de que se impongan las sanciones penales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 21, ambos de la Constitución Federal. La carpeta de investigación que el Ministerio Público desarrolla en su carácter de autoridad, con el propósito de hacer la consignación correspondiente al juez, integra junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal. En ese tenor, en relación con los actos o abstenciones en la carpeta de investigación, aunque provengan de autoridad administrativa, no revisten ese mismo carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, debe atenderse a su naturaleza, de modo que si aquél se sujeta a disposiciones de naturaleza penal, debe estimarse que corresponde a la materia penal aunque provenga de autoridad administrativa. Así, el hecho de que la institución del Ministerio Público tenga las características de órgano dependiente del ejecutivo y, por ende, de naturaleza administrativa, no implica que los actos que emita necesariamente tengan esa característica, pues en todo caso, como se dijo, debe atenderse no sólo a la calidad que las autoridades tienen, sino a la naturaleza propia del acto, la cual será de naturaleza penal cuando incida en la integración de alguna carpeta de investigación. Efectivamente, la apertura o iniciación de la carpeta de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, con motivo de la denuncia o querella formulada en contra del presunto responsable por la probable comisión de un delito, es una actividad materialmente penal, ya que tiende a comprobar la existencia de hechos con apariencia de delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, a efecto de decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal, sin que obste a ello, el hecho de que el titular del Ministerio Público sea una autoridad administrativa, pues no debe soslayarse que cuando actúa en la carpeta de investigación, que forma parte del procedimiento penal, lo hace en ejercicio del imperio que le otorgan los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su proceder al integrar el delito sólo puede ser calificado como penal. Precisado lo anterior, los actos reclamados en el presente asunto involucran -de primer momento- el derecho de petición previsto en el artículo 8° Constitucional, que el quejoso ejerció a efecto de que le fuera devuelto el cuerpo del occiso Guillermo Meléndez López, quien en vida era su amigo y quien no tenía familiares, sin que el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla y el director del servicio médico forense hayan atendido favorablemente a tal solicitud -como omisión y como negativa-, bajo el argumento de que el quejoso no ha acreditado estar facultado para decidir sobre el destino final de los restos de una persona fallecida. Aunado a ello, de los informes de ley rendidos por las autoridades responsables y las constancias que obran en autos se desprende que no existe iniciada alguna investigación criminal para esclarecer los hechos en los que perdió la vida Guillermo Meléndez López, y dentro del expediente de número de atención temprana de origen (NUAT) no se advierte que dicho deceso fuera consecuencia de un hecho delictivo; sin embargo el levantamiento de cadáver debió realizarse porque el occiso no contaba con familiares al momento de su fallecimiento. Lo expresado evidencia que las autoridades no emitieron acto alguno de naturaleza penal, pues los actos reclamados no están vinculados con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe, por regla general, al Ministerio Público. De ahí que los actos enunciados sean evidentemente administrativos, por derivar de autoridades administrativas, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, sin que haya tenido lugar con motivo de denuncia o querella específica, ni como parte de alguna indagatoria penal. Entonces, al no tener los actos connotación penal sino meramente administrativa, derivados además por autoridades formal y materialmente administrativas, que actúan en el ámbito de sus competencias y con apoyo en las disposiciones que, en su opinión, les facultan para devolver o no cuerpos de personas que perdieron la vida de forma natural y no a consecuencia de un hecho delictivo, es patente entonces, que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -relativo a la competencia de los juzgados de distrito de amparo en material penal-. Se expone tal aserto porque -se reitera- al no estar vinculados los actos combatidos con alguna carpeta de investigación, no puede afirmarse válidamente que tengan carácter penal, como sí ocurre en el caso de los actos emitidos en la integración de alguna indagatoria criminal, al ser esta última, parte integrante del procedimiento penal. No obsta a lo anterior, el hecho de que la diligencia de levantamiento de cadáver se llevó a cabo según lo dispuesto por el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque al margen de que dicha disposición también contempla el procedimiento que se debe de efectuar cuando la muerte se debió a causas naturales no relacionadas con un hecho delictivo -como en el caso acontece-, la fundamentación en un precepto del ordenamiento adjetivo que regula el procedimiento penal, no es suficiente para estimar que el acto reclamado tenga relación con normas o disposiciones penales, puesto que sólo evidencia -en su caso- que la autoridad basó su actuación en el dispositivo de mérito, para ordenar el levantamiento de una persona que perdió la vida a causa del virus Covid-19, sin que ello contenga el reconocimiento expreso o tácito, de que existiera en realidad alguna indagatoria criminal en contra de alguien; por tanto, mucho menos puede afirmarse que los actos cuestionados se hayan emitido dentro de una carpeta de investigación. En suma, debe decirse que el expediente de atención temprana -de donde derivan los actos reclamados- participa de una naturaleza distinta a la de una carpeta de investigación, pues, del análisis sistemático de los artículos 217 y 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta constituye el medio en el que se hacen constar los antecedentes o registros de la investigación, la cual servirá de sustento para aportar datos de prueba en la audiencia inicial, una vez que se ha decidido ejercer la acción penal para acreditar un hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad del imputado. En efecto, el número de atención temprana de origen únicamente se inició para el levantamiento del cuerpo de una persona que perdió la vida por causas no relacionadas con un hecho delictivo y ante la falta de familiares que reclamaran el cuerpo sin vida en el nosocomio; sin embargo, este expediente difícilmente se elevará a una carpeta de investigación porque las causas de la muerte fueron a causa del contagio del virus Covid-19, tal como fue comunicado por el médico José Miguel González Pedraza y por el médico legista en su dictamen correspondiente. Similares consideraciones sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 85/2007. Justamente, en dicho precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un conflicto competencial entre tribunales colegiados en materias administrativa y penal, en donde se tenía como acto reclamado un oficio expedido por el entonces denominado Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, en el que denegó atender la petición del quejoso, relativa a que le fuera informado si existía alguna denuncia o querella en su contra. Así, primero reconoció que aunque dicha autoridad fuera formal y materialmente administrativa, si sus actos eran emitidos dentro de una averiguación previa con el fin de investigar un evento criminal y consignar los hechos ante un juez, era evidente que el asunto era de naturaleza penal. No obstante, concluyó que respecto de ese asunto en particular debía conocer el órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa, por lo siguiente: ( El acto no estaba vinculado con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe exclusivamente al Ministerio Público. ( El acto fue emitido por autoridad administrativa, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, sin que haya tenido lugar con motivo de denuncia o querella específica, ni como parte de alguna indagatoria penal. ( Al no tener el acto concreto, connotación penal, sino meramente administrativa, emitido además por autoridad formal y materialmente administrativa, que actuó en el ámbito de su competencia y con apoyo en las disposiciones que, en su opinión, le facultaban para negar información relacionada con alguna averiguación previa, sin que dicho acto tuviera relación alguna con normas o disposiciones penales, era patente entonces, que no se actualizaba algunos de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -para la competencia penal-. Asimismo, agregó que no era obstáculo a tales afirmaciones, el hecho de que la autoridad ministerial responsable hubiera citado el artículo 51, fracción IV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, para apoyar su razonamiento relativo a que no le era posible acceder a la petición del quejoso, porque conforme a aquel dispositivo, en las averiguaciones previas rige el principio de reserva. Lo último, -la Sala precisó- en virtud de que la mera cita de un precepto del ordenamiento adjetivo local, que regula el procedimiento penal en la entidad, no es suficiente para estimar que el acto reclamado tenga relación con normas o disposiciones penales, puesto que tal referencia sólo evidenciaba que la autoridad invocó el dispositivo de mérito, para traer a colación el principio de reserva que, en su opinión, le autorizaba a negar cualquier información vinculada con las averiguaciones previas, sin que ello contuviera el reconocimiento expreso o tácito, de que existiera en realidad alguna indagatoria en contra del peticionario de garantías; por tanto, mucho menos podía afirmarse que el acto cuestionado se haya emitido dentro de una averiguación previa. Expuesto lo anterior, la circunstancia de que en el presente juicio, se tengan autoridades administrativas cuyas actuaciones se basaron en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no conlleva a que éstos tengan naturaleza penal, por los motivos ya expuestos. Por tanto, respecto a los actos reclamados, debe conocer un órgano jurisdiccional especializado en la materia administrativa, en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Circunstancias por las que, respetuosamente, se insiste en que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal para seguir conociendo de dicho juicio de amparo. En tal virtud, al existir diferencia entre ambos criterios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento lo anterior al juzgado oficiante y, a fin de que se resuelva el conflicto competencial suscitado, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, las siguientes documentales: 1) El expediente principal del juicio de amparo 649/2020; 2) El expediente original del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo; 3) El expediente duplicado del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo; y, 4) Tres cuadernos de pruebas derivados del controvertido constitucional en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicítese respetuosamente al Tribunal Colegiado el acuse de recibo respectivo. Notifíquese por lista al quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte y/o José Clemante Adán Hernández Duarte; y, por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, al Juez de Distrito oficiante y a la Superioridad...

  4. Principal

    ... Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Este Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece legalmente de competencia para resolver el presente juicio de amparo, promovido por José Clemente Adán Hernández Duarte y/o José Clemante Adán Hernández Duarte, en contra del acto reclamado, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando primero de la presente resolución. Segundo. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en turno en el Estado de Puebla, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, las documentales precisadas en la última parte del considerando primero de este fallo, solicitándole informe si acepta o no la incompetencia planteada y el acuse de recibo correspondiente. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista al quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte y/o José Clemante Adán Hernández Duarte; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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