Jose Clemente Adan Hernandez Duarte

Expediente 1028/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1028/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Jose Clemente Adan Hernandez Duarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio 4297/2021 signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante acusando recibo del oficio 283/2021 de este índice -por el que se remitió el expediente original del juicio de amparo 1028/2020 y los cuadernos original y duplicado de su incidente de suspensión- e informando que aceptó la competencia para conocer del juicio promovido por José Clemente Adán Hernández Duarte, registrándolo bajo el número de expediente 277/2021 de su estadística. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el numeral 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista al quejoso; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito del quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte, mediante el cual, solicita le sea expedida copia certificada del informe justificado rendido por el fiscal responsable; al respecto, dígasele que, por el momento, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que no se cuenta con el expediente original del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, pues, en acatamiento a lo ordenado en la sentencia de amparo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, éste fue remitido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Notifíquese por lista al promovente.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1028/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Clemente Adán Hernández Duarte y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, y remitida en archivo digital a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC"; José Clemente Adán Hernández Duarte solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. José Javier Carvente Romero, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y otra autoridad. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados las contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 20, apartado B, fracción VII, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Radicación y admisión. Por acuerdo dictado el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda de amparo indirecto con el número 1028/2020; asimismo, la admitió a trámite, aperturó el incidente de suspensión por cuerda separada, requirió los informes justificados a las autoridades responsables y dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Tercero. Incidente de Suspensión. 1. Mediante acuerdo emitido el propio veintiuno de diciembre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito abrió los cuadernos relativos al incidente de suspensión, requirió el informe previo a las autoridades responsables y negó la suspensión provisional solicitada. 2. En interlocutoria emitida el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se resolvió sobre la suspensión definitiva solicitada, negando la medida cautelar en los términos ahí precisados. Cuarto. Primera suspensión por contingencia sanitaria y reanudación del procedimiento. 1. Mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 -en lo subsecuente AG13/2020-, lo cual implicó: ( El trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( El trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. 2. Mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" del 12 al 18 de enero de 2021; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales diversos al Primero, Segundo, Decimoctavo y Decimoquinto, se determinó: ( Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órgano jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 -en lo subsecuente AG21/2020-, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, ( Que como ocurrió con la entrada en vigor del AG21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. 3. En ese sentido, el doce de enero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se ordenó notificar la citada reanudación a las partes. Quinto. Segunda suspensión por contingencia sanitaria, reanudación del procedimiento y cita para audiencia. 1. Mediante circulares SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno y SECNO/9/2021 de seis de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza Ileana Moreno Ramírez -Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal- comunicó que en sesiones celebradas en las mismas fechas, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó los puntos para acuerdo denominados: i) "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 1 al 9 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19" y ii) "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 10 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; en los que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG13/2020. 2. Mediante circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, la Jueza Ileana Moreno Ramírez -Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órgano del Consejo de la Judicatura Federal- comunicó que en sesión celebrada en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 16 al 22 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; en el que para diversos circuitos -entre ellos el Sexto relativo a la circunscripción territorial del Estado de Puebla- se estableció -entre otras cuestiones- lo siguiente: i) Un régimen transitorio los días 16 y 17 de febrero de 2021, en los que serán aplicables las disposiciones del AG13/2020 y en los que los justiciables podrán acudir única y exclusivamente a presentar demandas y promociones; ii) Que los indicados días son inhábiles pero laborables para el personal jurisdiccional, de modo que la asistencia a los órganos jurisdiccionales se regirá conforme a las reglas del capítulo IV del AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, iii) Que a partir del 18 de febrero de 2021 se determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG21/2020 y que se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en su artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. 3. En resumen, las anteriores disposiciones implicaron lo siguiente: ( Del 1 al 17 de febrero de 2021, el trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, así como el seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. ( Del 1 al 17 de febrero de 2021, el trámite de casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio "en línea", con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones personales. ( De manera que para los casos restantes a los anteriores -como el presente-, se suspendieron los plazos y términos procesales del 1 al 17 de febrero de 2021, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. 4. En ese sentido, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en atención al levantamiento de la suspensión de plazos y términos procesales, se señalaron las diez horas con dieciocho minutos del veintiséis de febrero del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece legalmente de competencia para resolver el presente juicio de derechos fundamentales por razón de materia, de conformidad con los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se explica. En primer lugar, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Ahora bien, la competencia alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. En un sentido más preciso, dentro de la teoría general del proceso, la competencia obedece a razones prácticas de distribución de la actividad juzgadora entre los distintos organismos judiciales. Así, la competencia es una condición presupuestal sine qua non, para que la actuación del juzgador en el desarrollo de la función que genéricamente le corresponde, sea válida y eficaz. Por ello, tratándose del desarrollo de la función jurisdiccional, es un elemento de existencia necesaria previa para la validez de la actuación de la autoridad concreta encargada de ejercerla. Por este motivo, como presupuesto procesal de la acción y del juicio en que se traduce y ejercita la función jurisdiccional, la competencia es el conjunto de facultades con que el orden jurídico inviste a una autoridad para desarrollarla. En ese sentido, se colige que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, razón por la que, previo a decidir, en su caso, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se debe resolver sobre esa situación en particular, pues de lo contrario se violarían las reglas que regulan al juicio de derechos fundamentales, lo que incluso podría llevar a la reposición del procedimiento, razón por la que antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, se debe fincar competencia para conocer del mismo. Los criterios delimitadores de la competencia, consideran los siguientes: 1. Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio; o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso; es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. 2. Territorio. Éste es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. A dicho ámbito espacial se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. Ámbito que es determinado actualmente por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante los acuerdos generales que al efecto emite. 3. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador. El que interesa, es el primero de los mencionados, que también se traduce como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, la cual tiene como ventaja que los juzgadores adscritos a un tribunal especializado únicamente conozcan de asuntos de esa materia, lo que permite enfocar su atención, repercute en la formación de su especialización y lo encausa hacia una mayor profundización del conocimiento del juicio de amparo en la materia de que se trate. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro los conflictos competenciales 3/2007, 105/2007, 124/2007, 137/2007 y 131/2008, señaló que para determinar cuál es el órgano competente por materia, se debe tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, lo cual se puede hacer mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, los hechos narrados, las pruebas aportadas, la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda y, en todo caso, prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes. Agregó que no debe atenderse a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, pues -indicó- éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas. Sostener lo contrario, -afirmó- resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegaran las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. Asimismo, debe decirse que dicho criterio fue avalado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 81/2019, pues en este precedente determinó que, de la interpretación sistemática de los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer de un recurso de queja contra el auto de desechamiento de la demanda o de un recurso de revisión contra la sentencia que decreta el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta, por estimar que la responsable no es autoridad para efectos del juicio de amparo, correspondía al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia en la que incide el acto reclamado y, en su caso, a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables. Ahora bien, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece los supuestos en los cuales corresponde conocer a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de un determinado juicio de amparo, a saber: a. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales de orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimientos penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; b. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, c. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a los órganos jurisdiccionales en materia administrativa, del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que los jueces de distrito especializados en esa materia conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas, contra actos de autoridad distinta a la judicial, contra actos de tribunales administrativos, o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, el derecho administrativo constituye el género relativo a la regulación del conjunto de normas jurídicas relacionadas con la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Sentado lo anterior, se tiene que en el juicio de amparo, el quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte reclama lo siguiente: 1. La falta del fiscal responsable en ordenar la entrega del cuerpo del occiso Guillermo Meléndez López, dentro del Número de Atención Temprana (NUAT) 880/2020 UIEHOM. 2. El oficio 1996 de quince de diciembre de dos mil veinte, por el cual 2. Efrén Durand Aguilar, Director del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla, niega la solicitud formulada relativa a la entrega del cuerpo del occiso Guillermo Meléndez López. Ahora bien, para comprender la naturaleza de los actos reclamados y de las autoridades responsables, es menester narrar algunos antecedentes obtenidos del juicio de amparo, informes justificados y de las documentales aportadas al presente juicio: I. A las veintidós horas con dos minutos del veinte de agosto de dos mil veinte, el fiscal responsable dio inicio al Número de Atención Temprana (NUAT) 880/2020 UIEHOM, con motivo de la llamada telefónica de José Miguel González Pedraza, médico mayor adscrito a la unidad operativa de terapia intensiva del sexto regimiento blindado de reconocimiento de la XXV Zona Militar de la ciudad de Puebla, Puebla, quien le hizo del conocimiento el deceso de una persona de sexo masculino que respondía al nombre de Guillermo Meléndez López, de cincuenta y cinco años de edad, a causa del virus Covid-19; asimismo, ordenó las diligencias necesarias para el levantamiento de cadáver por los hechos expuestos. II. A las doce horas con cuarenta minutos del veintidós de agosto de dos mil veinte, en las oficinas de la unidad de homicidios tuvo verificativo la entrevista recabada al aquí quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte. III. El veintidós de agosto de dos mil veinte, el perito Médico Legista y Forense, Doctor Julio Cesar P. Camacho Hernández, emitió el dictamen médico forense de inspección y descripción 1011, en el que hizo constar que el fallecimiento de derivó de los siguientes padecimientos: i) infarto al miocardio, ii) falla multiorgánica, iii) acidosis respiratoria severa, iv) choque séptico de partida pulmonar, v) neumonía atípica, vi) síndrome de distres respiratorio moderado por Berlín, vi) confirmado infección por Sars-Cov-2, vii) lesión renal aguda AKI 2 y viii) neumotórax a tensión remitido. Asimismo, concluyó que la causa de la muerte fue síndrome de distres respiratorio agudo/enfermedad respiratoria aguda n-Cov confirmado. IV. Mediante oficio 1996 de quince de diciembre de dos mil veinte, el Director del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Efrén Durand Aguilar, dio contestación a su petición, negando la misma. V. El tres de febrero de dos mil veintiuno, el fiscal responsable rindió su informe justificado, en el que comunicó que: i) el cuerpo del hoy occiso Guillermo Meléndez López se encontraba a su disposición dentro del citado número de atención temprana; ii) no se encontraba a su disposición con motivo de alguna investigación criminal, pues no existía información de que había fallecido por un hecho delictivo; y, iii) que el aquí quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte sí había solicitado la devolución del cuerpo del referido occiso. De los antecedentes, se puede concluir lo siguiente: ( Que el cuerpo del hoy occiso Guillermo Meléndez López, se encuentra a disposición del fiscal responsable dentro del Número de Atención Temprana (NUAT) 880/2020 UIEHOM de su índice, con motivo de la llamada telefónica por parte de José Miguel González Pedraza, médico mayor adscrito a la unidad operativa de terapia intensiva del sexto regimiento blindado de reconocimiento de la XXV Zona Militar de la ciudad de Puebla, Puebla, quien le hizo del conocimiento el deceso de una persona de sexo masculino de nombre Guillermo Meléndez López, de cincuenta y cinco años de edad, a causa del virus Covid-19. ( Que las únicas diligencias ordenadas dentro del número de atención temprana de origen tuvieron como propósito el levantamiento del cuerpo de una persona que perdió la vida por causas naturales y no como consecuencia de un hecho delictivo, el cual no fue reclamado por alguien dentro del nosocomio correspondiente. ( Que no se encontraba a su disposición con motivo de alguna investigación criminal, ya que no existía información de que dicha persona falleciera con motivo de un evento con apariencia de delito. (Que el veintidós de agosto de dos mil veinte, tuvo verificativo la entrevista recabada al aquí quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte, quien solicitó la devolución del cuerpo del occiso Guillermo Meléndez López, con motivo de haber fallecido por Covid-19. ( Que conforme al dictamen médico forense de inspección y descripción 1011, la causa de muerte súbita de Guillermo Meléndez López fue por síndrome de distres respiratorio agudo, enfermedad respiratoria aguda n-cov confirmado. ( Que la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo, se circunscribe a la falta por parte del fiscal responsable y la negativa del director responsable en ordenar la entrega del cuerpo del hoy occiso Guillermo Meléndez López; por ende, es de naturaleza administrativa y no penal, ya que no se está en presencia de resolución judicial; tampoco de un acto que afecte la libertad personal ni de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, ni de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República; toda vez que es un acto de carácter omisivo y negativo atribuido a autoridades no judiciales. En ese tenor, es patente que los actos antes precisados se reclaman a autoridades administrativas, en ejercicio de sus funciones y atribuciones públicas que no tienen naturaleza penal al no estar vinculada con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe exclusivamente al Ministerio Público. Al respecto, es preciso referir, en principio, que un acto materialmente administrativo no dirime controversia ni conflicto jurídico alguno, así como tampoco soluciona cuestión contenciosa determinada, pues sólo aplica la norma jurídica que le sirve de sustento legal, sin perseguir aquellos fines, inherentes a los actos de naturaleza jurisdiccional; por tanto, el acto administrativo puede concebirse como la declaración de voluntad de algún órgano de la administración pública, de naturaleza reglada o discrecional y, además, susceptible de crear con eficacia particular o general, obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa. Ahora bien, debe especificarse que, al realizar los actos de la carpeta de investigación tendentes a satisfacer los requisitos exigidos para el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público (cuyo titular es el Fiscal General Federal o local) actúa como autoridad, en uso de la atribución de perseguir los delitos, depositada en dicha representación social por el artículo 21 Constitucional, a diferencia de la actividad distinta que realiza dentro del proceso, cuando actúa como parte, encargado de aportar al juzgador las pruebas relacionadas con la acreditación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del procesado, a fin de que se impongan las sanciones penales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 21, ambos de la Constitución Federal. La carpeta de investigación que el Ministerio Público desarrolla en su carácter de autoridad, con el propósito de hacer la consignación correspondiente al juez, integra junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso penal. En ese tenor, en relación con los actos o abstenciones en la carpeta de investigación, aunque provengan de autoridad administrativa, no revisten ese mismo carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, debe atenderse a su naturaleza, de modo que si aquél se sujeta a disposiciones de naturaleza penal, debe estimarse que corresponde a la materia penal aunque provenga de autoridad administrativa. Así, el hecho de que la institución del Ministerio Público tenga las características de órgano dependiente del ejecutivo y, por ende, de naturaleza administrativa, no implica que los actos que emita necesariamente tengan esa característica, pues en todo caso, como se dijo, debe atenderse no sólo a la calidad que las autoridades tienen, sino a la naturaleza propia del acto, la cual será de naturaleza penal cuando incida en la integración de alguna carpeta de investigación. Efectivamente, la apertura o iniciación de la carpeta de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, con motivo de la denuncia o querella formulada en contra del presunto responsable por la probable comisión de un delito, es una actividad materialmente penal, ya que tiende a comprobar la existencia de hechos con apariencia de delito y a determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del inculpado, a efecto de decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal, sin que obste a ello, el hecho de que el titular del Ministerio Público sea una autoridad administrativa, pues no debe soslayarse que cuando actúa en la carpeta de investigación, que forma parte del procedimiento penal, lo hace en ejercicio del imperio que le otorgan los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que su proceder al integrar el delito sólo puede ser calificado como penal. Precisado lo anterior, los actos reclamados en el presente asunto involucran -de primer momento- el derecho de petición previsto en el artículo 8° Constitucional, que el quejoso ejerció a efecto de que le fuera devuelto el cuerpo del occiso Guillermo Meléndez López, quien en vida era su amigo y quien no tenía familiares, sin que la representante social local y el director del servicio médico forense hayan atendido favorablemente a tal solicitud -como omisión y como negativa-, bajo el argumento de que el quejoso no ha acreditado estar facultado para decidir sobre el destino final de los restos de una persona fallecida. Aunado a ello, el fiscal expresó -en su informe justificado- que no tiene iniciada alguna investigación criminal para esclarecer los hechos en los que perdió la vida Guillermo Meléndez López -lo cual se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo al mismo-, ya que -indicó- dentro del expediente de número de atención temprana de origen (NUAT) no se advertía que dicho deceso fuera consecuencia de un hecho delictivo; pero que el levantamiento de cadáver debió realizarse porque el occiso no contaba con familiares al momento de su fallecimiento. Lo expresado evidencia que las autoridades no emitieron acto alguno de naturaleza penal, pues los actos reclamados no están vinculados con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe, por regla general, al Ministerio Público. De ahí que los actos enunciados sean evidentemente administrativos, por derivar de autoridades administrativas, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, sin que haya tenido lugar con motivo de denuncia o querella específica, ni como parte de alguna indagatoria penal. Entonces, al no tener los actos connotación penal sino meramente administrativa, derivados además por autoridades formal y materialmente administrativas, que actúan en el ámbito de sus competencias y con apoyo en las disposiciones que, en su opinión, les facultan para devolver o no cuerpos de personas que perdieron la vida de forma natural y no a consecuencia de un hecho delictivo, es patente entonces, que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se expone tal aserto porque -se reitera- al no estar vinculados los actos combatidos con alguna carpeta de investigación, no puede afirmarse válidamente que tengan carácter penal, como sí ocurre en el caso de los actos emitidos en la integración de alguna indagatoria criminal, al ser esta última, parte integrante del procedimiento penal. No obsta a lo anterior, el hecho de que la diligencia de levantamiento de cadáver se llevó a cabo según lo dispuesto por el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, porque al margen de que dicha disposición también contempla el procedimiento que se debe de efectuar cuando la muerte se debió a causas naturales no relacionadas con un hecho delictivo -como en el caso acontece-, la fundamentación en un precepto del ordenamiento adjetivo que regula el procedimiento penal, no es suficiente para estimar que el acto reclamado tenga relación con normas o disposiciones penales, puesto que sólo evidencia -en su caso- que la autoridad basó su actuación en el dispositivo de mérito, para ordenar el levantamiento de una persona que perdió la vida a causa del virus Covid-19, sin que ello contenga el reconocimiento expreso o tácito, de que existiera en realidad alguna indagatoria criminal en contra de alguien; por tanto, mucho menos puede afirmarse que los actos cuestionados se hayan emitido dentro de una carpeta de investigación. En suma, debe decirse que el expediente de atención temprana -de donde derivan el acto reclamado al fiscal- participa de una naturaleza distinta a la de una carpeta de investigación, pues, del análisis sistemático de los artículos 217 y 260 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta constituye el medio en el que se hacen constar los antecedentes o registros de la investigación, la cual servirá de sustento para aportar datos de prueba en la audiencia inicial, una vez que se ha decidido ejercer la acción penal para acreditar un hecho con apariencia de delito y la probable responsabilidad del imputado. En efecto, el número de atención temprana de origen únicamente se inició para el levantamiento del cuerpo de una persona que perdió la vida por causas no relacionadas con un hecho delictivo y ante la falta de familiares que reclamaran el cuerpo sin vida en el nosocomio; sin embargo, este expediente difícilmente se elevará a una carpeta de investigación porque las causas de la muerte fueron a causa del contagio del virus Covid-19, tal como le fue comunicado al fiscal por el médico José Miguel González Pedraza y por el médico legista en su dictamen correspondiente. Similares consideraciones sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 85/2007. Justamente, en dicho precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un conflicto competencial entre tribunales colegiados en materias administrativa y penal, en donde se tenía como acto reclamado un oficio expedido por el entonces denominado Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, en el que denegó atender la petición del quejoso, relativa a que le fuera informado si existía alguna denuncia o querella en su contra. Así, primero reconoció que aunque dicha autoridad fuera formal y materialmente administrativa, si sus actos eran emitidos dentro de una averiguación previa con el fin de investigar un evento criminal y consignar los hechos ante un juez, era evidente que el asunto era de naturaleza penal. No obstante, concluyó que respecto de ese asunto en particular debía conocer el órgano jurisdiccional especializado en materia administrativa, por lo siguiente: ( El acto no estaba vinculado con la actividad persecutoria propia del ejercicio de la acción penal, que atañe exclusivamente al Ministerio Público. ( El acto fue emitido por autoridad administrativa, en ejercicio de sus funciones o atribuciones públicas, sin que haya tenido lugar con motivo de denuncia o querella específica, ni como parte de alguna indagatoria penal. ( Al no tener el acto concreto, connotación penal, sino meramente administrativa, emitido además por autoridad formal y materialmente administrativa, que actuó en el ámbito de su competencia y con apoyo en las disposiciones que, en su opinión, le facultaban para negar información relacionada con alguna averiguación previa, sin que dicho acto tuviera relación alguna con normas o disposiciones penales, era patente entonces, que no se actualizaba algunos de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación -para la competencia penal-. Asimismo, agregó que no era obstáculo a tales afirmaciones, el hecho de que la autoridad ministerial responsable hubiera citado el artículo 51, fracción IV, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, para apoyar su razonamiento relativo a que no le era posible acceder a la petición del quejoso, porque conforme a aquel dispositivo, en las averiguaciones previas rige el principio de reserva. Lo último, -la Sala precisó- en virtud de que la mera cita de un precepto del ordenamiento adjetivo local, que regula el procedimiento penal en la entidad, no es suficiente para estimar que el acto reclamado tenga relación con normas o disposiciones penales, puesto que tal referencia sólo evidenciaba que la autoridad invocó el dispositivo de mérito, para traer a colación el principio de reserva que, en su opinión, le autorizaba a negar cualquier información vinculada con las averiguaciones previas, sin que ello contuviera el reconocimiento expreso o tácito, de que existiera en realidad alguna indagatoria en contra del peticionario de garantías; por tanto, mucho menos podía afirmarse que el acto cuestionado se haya emitido dentro de una averiguación previa. Expuesto lo anterior, la circunstancia de que en el presente juicio, se tengan autoridades administrativas cuyas actuaciones se basaron en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ello no conlleva a que éstos tengan naturaleza penal, por los motivos ya expuestos. Por tanto, respecto a los actos reclamados, debe conocer un órgano jurisdiccional especializado en la materia administrativa, en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se desatiende el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintinueve de octubre de dos mil veinte, en la competencia 8/2020, en donde el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito determinó que este juzgado de distrito resultaba competente para conocer de la demanda de amparo promovida por el mismo quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte -radicada con el número de expediente 649/2020 del índice de este juzgado- en donde reclamó: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a) ORDENADORA: Señalo a la (sic) LIC. CIUDADANO FISCAL DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio oficial bien conocido en el MUNICIPIO Y ESTADO DE PUEBLA lo anterior, por tratarse de autoridad.-- b) EJECUTORA: Señalo al DIRECTOR DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DEL ESTADO DE PUEBLA, con domicilio oficial bien conocido en el MUNICIPIO Y ESTADO DE PUEBLA, a lo anterior, por tratarse de autoridad.-- IV. ACTO RECLAMADO: a) Reclamo de la autoridad responsable (FISCAL), la omisión de ordenar la entrega del cuerpo del hoy occiso (sic) GUILLERMO MELÉNDEZ LÓPEZ, sin ninguna justificación de carácter legal, violando flagrantemente mis derechos humanos y/o garantías fundamentales, específicamente lo establecido por los artículos 1, 8, 17 y 21, de nuestra Carta Magna, arábigos que se refieren al derecho de petición e impartición de justicia, así como también el artículo 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA (PACTO DE SAN JOSÉ COSTA RICA), ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17, CONSTITUCIONALES.-- b) Reclamo del DIRECTOR DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DEL ESTADO DE PUEBLA, negarce (sic) ha (sic) hcerme (sic) la entrega del cuerpo del hoy hocciso (sic) GUILLERMO MELÉNDEZ LÓPEZ, sin ninguna justificación de carácter legal, violando flagrantemente mis derechos humanos y/o garantías fundamentales, específicamente lo establecido por los artículos 1, 8, 17 y 21, de nuestra Carta Magna, arábigos que se refieren al derecho de petición e impartición de justicia, así como también el artículo 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA (PACTO DE SAN JOSÉ COSTA RICA), ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES". Sin embargo, debe destacarse que en la referida ejecutoria también se determinó: ".Lo anterior pone de manifiesto, como lo sostuvo el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Séptimo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, que en el caso ya existe intervención de la Fiscalía General del Estado de Puebla respecto del fallecimiento de la persona cuyo cuerpo se reclama, lo que probablemente implicará que se deba observar lo dispuesto por el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que se trate de un asunto de materia penal; con independencia de que, una vez que se rindan los informes, la autoridad de amparo tenga la posibilidad de definir si se trata de un asunto en materia penal u otra diversa." En ese sentido, se advierte de la ejecutoria del Colegiado, al momento de resolver el conflicto competencial no se contaban con los informes para definir que se trataba de un asunto en materia penal. Por ello, en el presente asunto, al ya contar con los informes justificados y las constancias necesarias, es dable advertir que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y las autoridades responsables, ambas son de naturaleza administrativa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia y previa formación de los cuadernos de antecedentes respectivos, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; para que, por su conducto, se turnen al Juzgado de Distrito que corresponda, las siguientes documentales. 1) El expediente principal del juicio de amparo 1028/2020; 2) El expediente original del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo; y, 3) El expediente duplicado del incidente de suspensión derivado del citado juicio de amparo. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. En el entendido de que el incidente de suspensión del cual deriva el presente incidente, fue resuelto mediante interlocutoria dictada el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por lo cual este órgano se encuentra en aptitud de declararse incompetente por las razones apuntadas; ello, en observancia a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 48 de la ley de la materia. En diverso sentido, no es impedimento para decretar la legal incompetencia de este órgano jurisdiccional la eventual circunstancia de que el órgano requerido estime que el presente asunto no se encuentre debidamente integrado y listo para dictar sentencia. Justamente, la celebración de las primeras dos etapas de la audiencia constitucional, no resulta un impedimento para que el juez requerido acepte la competencia planteada y, de esa manera, pueda regularizar el procedimiento si lo estima procedente. En efecto, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establecen que la celebración de la audiencia constitucional sea un factor determinante para fincar la competencia entre órganos jurisdiccionales; únicamente prevén aspectos de territorio y materia, en términos del artículo 37 del primer ordenamiento legal citado y 50 a 55 bis de la aludida ley orgánica. Dicho de otra manera, no existe disposición legal alguna que regule que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito que haya celebrado las primeras dos etapas de la audiencia constitucional (pruebas y alegatos), con independencia de la materia del asunto de origen (penal, civil, administrativa o laboral) o de si el acto reclamado tiene o no ejecución y si está -de haber- tendrá lugar en un circuito o en varios. Estimarlo así, equivaldría a sostener que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal es competente para conocer de juicios de amparo en donde se dirimen y ventilen cuestiones mercantiles o civiles -por ejemplo-, siempre que haya celebrado la audiencia constitucional. Ahora bien, sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción 129/2008/PS, señaló que la regla general es que la sentencia debía dictarse por el mismo juzgador que celebró las otras etapas de la audiencia constitucional, pero admitía una excepción, en el sentido de que si el Juez que conoció de las dos primeras etapas de la audiencia lo remitía a otro, no había en principio justificación jurídica para que este último dejara sin efecto las dos primeras etapas de la audiencia y vuelva a celebrarlas, sino en ese supuesto se encontraba facultado para validarlas y dictar sentencia. En efecto, -señaló- tal excepción encuentra su fundamento en la situación jurídica de que tanto la norma constitucional como la legal, sólo exigen que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva se lleven a cabo en un acto procesal continuo (conforme a las etapas establecidas), pero no contienen una norma imperativa de que ese acto deba necesariamente llevarse a cabo por el mismo juzgador. Lo anterior, -aclaró- constituía una regla general que derivaba del principio de unidad de la audiencia constitucional y la sentencia que, desde luego, podía verse matizada en los casos en que el juzgador que recibía el asunto advertía alguna irregularidad relevante en el desahogo de las dos primeras etapas de la audiencia, en cuyo caso podía actuar conforme a derecho corresponda y en libre ejercicio de sus facultades. De lo anterior, se puede concluir que: ( Sí es posible que un órgano jurisdiccional celebre las dos primeras etapas de la audiencia constitucional (pruebas y alegatos) y, posteriormente, se declare incompetente para conocer del asunto; ( El juez, a quien se le fincó la competencia, no deberá invalidar las primeras dos etapas de la referida audiencia, por lo que está facultado para dictar sentencia; y, ( Si estima que existen irregularidades que subsanar, por ejemplo, la falta de emplazamiento de los terceros interesados, puede declarar inválidas las primeras dos etapas de la audiencia (pruebas y alegatos) y regularizar el procedimiento para enmendar la violación advertida. De ahí que la celebración de la audiencia constitucional no resulte un factor para fijar la competencia entre órganos jurisdiccionales ni un impedimento para declararse incompetente para conocer de un asunto, por lo que si el juzgador requerido advierte irregularidades en el procedimiento podrá dejar sin efectos las primeras dos etapas de la audiencia y enmendarlas. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito y, con copia certificada de lo actuado en este expediente, fórmese el cuaderno correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. Segundo. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Este Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece legalmente de competencia para resolver el presente juicio de amparo, promovido por José Clemente Adán Hernández Duarte, en contra de los actos reclamados, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando primero de la presente resolución. Segundo. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítanse al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en turno en el Estado de Puebla, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, las documentales precisadas en la última parte del considerando primero de este fallo, solicitándole informe si acepta o no la incompetencia planteada y el acuse de recibo correspondiente. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista al quejoso José Clemente Adán Hernández Duarte; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Incidental

    I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1028/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Clemente Adán Hernández Duarte; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por José Clemente Adán Hernández Duarte, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previa reserva y reanudación de plazos, tuvo verificativo en sus dos primeras etapas que se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) La omisión de 1. José Javier Carvente Romero, Agente Del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios de la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, de ordenar la entrega del cuerpo del hoy occiso Guillermo Meléndez López; y, -La negativa de 2. Efrén Durand Aguilar, Director del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de hacerle entrega del cuerpo del hoy occiso Guillermo Meléndez López. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se deben analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, los quejosos atribuyen los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable. Sentido del informe. 1. José Javier Carvente Romero, Agente Del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios de la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla OMISA 2. Efrén Durand Aguilar, Director del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla ACEPTA CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable 2. Efrén Durand Aguilar, Director del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al rendir su informes previo aceptó la existencia de los actos que se les reclaman, por lo que dicha negativa se desvirtúa con el mismo informe. Ahora, la autoridad responsable 1. José Javier Carvente Romero, Agente Del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios de la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, omitió rendir su respectivo informe previo, y ya obra la constancia de notificación, por lo que se presume cierto el acto reclamado. Atento a la naturaleza de los actos reclamados, debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos. Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante la abstención o la negativa de la autoridad de actuar de determinada manera, como ocurre con los actos reclamados, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión; y, 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que al análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, lo que no ocurre en el caso, pues los actos reclamados constituyen la abstención y la negativa de las autoridades de actuar de determinada manera, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Tienen aplicación al caso las tesis cuto rubro y texto son: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender". Máxime que el quejoso no exhibió documento alguno para acreditar el interés suspensional y así acreditar que es familiar o tiene el carácter de albacea o representante del occiso, cuyo cuerpo han sido omisos en devolverle; aunado a que, como se ha venido planteando, si bien se tiene por cierto el acto reclamado, la materia de la medida cautelar del juicio de amparo es la de preservar el acto combatido, por lo que, de concederse la suspensión definitiva se estarían dando efectos restitutorios propios de la sentencia constitucional que se pronuncie en el cuaderno principal de esta incidencia. Por lo anterior se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Clemente Adán Hernández Duarte, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables identificadas en el considerando tercero. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Rafael Torres Campos, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Isaac En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

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