José Cirilo Pichón Flores

Expediente 1154/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1154/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • José Cirilo Pichón Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veinte (fojas 93 a 115), en la que por una parte se decretó sobreseer y por otra negar el amparo y protección constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se establece que el juicio de amparo es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse negado la protección constitucional, en la inteligencia que deberán conservarse la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que considere el titular el titular del órgano jurisdiccional, los cuales deberán ser transferidos a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido dicho termino, dentro del pazo de noventa días hágase la depuración del mismo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Devolución de tomos de pruebas. Por otra parte devuélvasele mediante oficio a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las copias certificadas del expediente 27/2018, relativo al Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria en seis tomos, así como un tomo relativo al recurso de revocación 06/2019, de su índice. Incidente de suspensión Se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, por haberse concedido la suspensión provisional como definitiva. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; las resoluciones relativas al otorgamiento o violación de la medida cautelar y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; lo que deberá justificarse en el acuerdo de desincorporación, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se establece que el cuaderno duplicado del incidente de suspensión es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Resguárdese por el término de seis meses, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos o billetes de depósito al no constar estos en autos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido de la resolución del treinta de noviembre de dos mil veinte: Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 76 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Cirilo Pichón Flores, de acuerdo al considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Cirilo Pichón Flores, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto, inciso c), por los motivos señalados en el considerando octavo de esta resolución.

  3. Principal

    S E N T E N C I A. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1154/2019-III, promovido por José Cirilo Pichón Flores; por propio derecho; y, R E S U L T A N D O. I DEMANDA Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil diecinueve (foja 5), ante la autoridad responsable, José Cirilo Pichón Flores; por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos por el orden constitucional y las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II TRÁMITE Por razón de turno conoció de la demanda el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el cual, mediante acuerdo plenario de doce de diciembre de dos mil diecinueve, registró la demanda con el número de amparo directo 993/2019, y resolvió remitir por incompetencia el asunto planteado a los Juzgados de Distrito en el estado de Tlaxcala en turno, por lo que remitió los autos para conocimiento de éstos (fojas 24 a 26). De la incompetencia descrita, tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, el cual, mediante proveído de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, la registró con el número 1154/2019-III y admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, no se solicitó a la autoridad responsable Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, su informe justificado, ya que el mismo obraba en el amparo directo 993/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; por otra parte, se solicitó a las restantes autoridades responsables Auditora Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y Congreso del Estado de Tlaxcala, dio al agente del Ministerio Público Federal adscrito la intervención que legalmente le compete, y señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 85). Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró en esta data, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO I COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados emanan de una autoridad con residencia en esta entidad federativa. II FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis P.VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Congreso del Estado de Tlaxcala: La omisión legislativa que incurrió al no dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 51, fracción XVII, inciso d) y f) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. De la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala: La resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación 06/2018 y su acumulado 07/2018, derivado del Procedimiento para el Finamiento de Responsabilidad Indemnizatoria 027/2018. Del Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala La resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria 027/2018. III CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, para por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Tiene aplicación al caso y en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Son ciertos los actos que se reclaman de la Auditora Superior y Especial de Cumplimiento, ambos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, pues así lo reconocieron al rendir su respectivo informe justificado; certeza que queda corroborada con las constancias que para tal efecto remitió la primera de las autoridades. Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Por su parte, el Congreso del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye; sin embargo, a continuación hizo manifestaciones que evidencian su existencia, pues adujo que en el Estado de Tlaxcala, se encuentran vigentes normas jurídicas como la Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en las que se contemplan los procedimientos a que se sujetarán los servidores públicos que sean investigados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala; en consecuencia, debe tenerse por cierto el acto que se le reclama. IV CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo VII, Materia Común, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". La autoridad responsable Congreso del Estado de Tlaxcala, adujo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción II, éste último, aplicado a contrario sensu, respecto del acto reclamado consistente en la omisión legislativa que incurrió al no dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 51, fracción XVII, inciso d) y f) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que se le atribuye, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo. Para evidenciar lo anterior, es pertinente señalar que, dentro de las funciones orgánicas que desarrolla el Estado, se encuentra la de legislar, cuya finalidad y propósito esencial es generar normas que permitan la convivencia armónica de las personas, la realización y optimización de las políticas públicas del Estado y además, siguiendo los lineamientos del artículo 1º de la Carta Magna, garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de la implementación de mecanismos (garantías judiciales) para hacerlos eficaces. Ahora bien, puede suceder que en el proceso legislativo se produzca una insuficiencia sustancial o falta total de regulación normativa de algún aspecto, y por ende, ante la ausencia íntegra de normatividad, ésta no puede ser cotejada con el texto constitucional. En otras palabras, no se ha externado jurídicamente la intención de crear leyes. La segunda -omisión relativa- tiene lugar cuando el legislador regula de manera insuficiente una prerrogativa, mandato o directriz constitucional, o cuando, un órgano legislativo soslaya incluir una condición que constitucionalmente es exigencia esencial para armonizar con la Carta Magna, por ejemplo: i) Cuando se expide una ley, que si bien, desarrolla un deber impuesto por la Constitución, favorece a cierto sectores y perjudica a otros; y ii) Cuando se adopta una norma que corresponde a una obligación constitucional, empero, los beneficios que otorga, únicamente son para unos cuantos ciudadanos, excluyéndose expresa o tácitamente a otros, lo cual, como se ve, conduce a la transgresión del derecho fundamental de igualdad. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha distinguido a la omisión legislativa absoluta y relativa, de la forma siguiente: Omisiones absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; Omisiones relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; Omisiones absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, Omisiones relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia P. /J. 11/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, de la novena época, visible en la página 1527, de rubro y texto siguientes: OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente" En el caso, como quedó precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, el quejoso reclama del Congreso del Estado de Tlaxcala, la omisión legislativa que incurrió al no dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 51, fracción XVII, inciso d) y f) de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Tlaxcala. Sin embargo, tal violación constituye una omisión legislativa que no puede repararse a través del amparo, puesto que a virtud de sus efectos no puede obligarse al legislador ordinario a colmar la actualización o adecuación, de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Tlaxcala, dado que el efecto relativo de las sentencias de amparo lo impide, pues en su caso, contravendría uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de relatividad de las sentencias. Sustenta a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, de la Décima Ápoca, página 1164, de rubro y texto siguientes: OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El precepto constitucional citado, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, dispone que las sentencias pronunciadas en el juicio de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, de donde deriva que respecto de dichas sentencias aún prevalece el principio de relatividad, dado que no pueden tener efectos generales. En congruencia con lo anterior, en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal, es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, pues de concederse la protección constitucional al quejoso, el efecto sería obligar a la autoridad legislativa a reparar la omisión, dando efectos generales a la ejecutoria, lo cual implicaría la creación de una ley, que constituye una prescripción general, abstracta y permanente, que vincularía no sólo al promovente del amparo y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada. No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una norma con efectos generales, toda vez que esa declaración debe emitirse en un procedimiento específico por parte de este Alto Tribunal, sin que sea posible adoptar una decisión de tal naturaleza en un caso concreto; máxime que el procedimiento para la declaratoria general de una norma se refiere a normas existentes y no a omisiones legislativas. Por otra parte, tampoco es obstáculo que el artículo 103, fracción I, constitucional, establezca que los Tribunales de la Federación conocerán de toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, ya que dicho precepto no contempla la posibilidad de que puedan reclamarse omisiones legislativas, dado que opera la limitante prevista en el referido artículo 107, fracción II, párrafo primero, en el sentido de que las sentencias dictadas en el juicio de amparo no pueden tener efectos generales." Así como la diversa IV.2o.A.56 A, por igualdad de razón, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, de la Novena Época, página 1549, de rubro y texto siguientes: LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL DE APROBAR Y EXPEDIR CUOTAS Y TARIFAS APLICABLES AL IMPUESTO PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. Respecto de la omisión atribuida al Congreso del Estado de Nuevo León de dar cumplimiento al mandato constitucional de aprobar y expedir las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría obligar al Congreso Local a emitir disposiciones generales, abstractas y permanentes en las que se contuvieran cuotas y tarifas, así como tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, y que sirvan de base para el cobro del impuesto predial, lo cual vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con las normas emitidas, lo que resultaría apartado del principio de relatividad enunciado. Lo anterior, sin perjuicio de que el órgano de control constitucional atienda los conceptos de violación que combatan la constitucionalidad de las disposiciones reclamadas que contienen la mecánica del impuesto predial, precisamente por el indicado vicio." En consecuencia, se actualiza la hipótesis de improcedencia invocada por la autoridad responsable Congreso del Estado de Tlaxcala, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción II, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado que le atribuye. En otro aspecto, continuando con las causales de improcedencia, en relación al acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria 027/2018, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra la resolución reclamada en el juicio de amparo, y aquél se resuelve en un sentido determinado, o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que esa resolución primigenia deja de surtir efectos y se sustituye procesalmente por la resolución dictada en el recurso interpuesto que, a partir de que se dicta, es la que rige la situación procesal específica. Así, de la interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: a) Por revocación; o, b) Por sustitución procesal. Este segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. En ese sentido, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, emitió la resolución relativa al recurso de revocación hecho valer por el quejoso, en contra de la diversa determinación de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento en el juicio. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia precisada, en el supuesto de sustitución procesal, pues el acto reclamado ya no surtirá efecto alguno en contra del peticionario de amparo, al haberse sustituido por la diversa determinación de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en el recurso de revocación interpuesto contra aquélla determinación, pues es la que rige la situación jurídica del ahora quejoso, y la que incide en su esfera de derechos, al sustituir procesalmente a la diversa emitida el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho por el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. En este sentido, tomando en cuenta que al haber cesado en sus efectos por sustitución procesal la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria 027/2018 del índice de la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, resulta ocioso examinar su constitucionalidad aun cuando ya no está surtiendo sus efectos; lo que procede es sobreseer en el presente juicio. En los términos previamente apuntados, al haberse actualizado la causa de improcedencia antes analizada, resulta innecesario el estudio de la restante que hacen valer las autoridades responsables. Es aplicable el criterio aislado identificado con el número de registro 216878, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." V OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de revocación 06/2018 y su acumulado 07/2018, derivado del Procedimiento para el Finamiento de Responsabilidad Indemnizatoria 027/2018, que se atribuye a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el quejoso manifestó que fue notificado de la citada resolución el ocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 13), lo que se corrobora de las constancias que remitió la autoridad responsable (fojas 213 y 214 del tomo de pruebas VII); notificación que surtió efectos el mismo día, de conformidad con el numeral 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, por disposición expresa del artículo 56 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del once de noviembre al tres de diciembre de dos mil diecinueve; de ahí que, al haberse presentado la demanda el tres de diciembre de ese mismo año, debe estimarse oportuna, pues fue presentada dentro del plazo de quince días, tomando en consideración que los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinte, veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre y uno de diciembre, todos de dos mil diecinueve, fueron inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia. Lo que se evidencia en la siguiente tabla: NOVIEMBRE 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 7 8 Notificación y surte efectos acto reclamado 9 Día inhábil 10 Día inhábil 11 Día uno 12 Día dos 13 Día tres 14 Día cuatro 15 Día cinco 16 Día inhábil 17 Día inhábil 18 Día inhábil 19 Día seis 20 Día inhábil 21 Día siete 22 Día ocho 23 Día inhábil 24 Día inhábil 25 Día nueve 26 Día diez 27 Día once 28 Día doce 29 Día trece 30 Día inhábil DICIEMBRE 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Día inhábil 2 Día catorce 3 Día quince Presentación demanda VI Causas de Improcedencia. Ante todo, debe tenerse presente que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio de amparo, deben analizarse por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo; lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden público. Primera causa de improcedencia -infundada-. Por su parte, el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hace valer la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo en virtud de que sostiene que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió de agotar el principio de definitividad, lo anterior dado que, en contra de dicha resolución procede el recurso de revisión previsto en los artículos 124 y 125 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Esta causa de improcedencia resulta infundada, como se verá a continuación. Los numerales 46 a 49 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, disponen: ".Artículo 46. El Órgano con base en los resultados de la fiscalización que realice de la cuenta pública, podrá determinar responsabilidades indemnizatorias cuando detecte irregularidades que permitan presumir daño al patrimonio e indicios de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios causados a los entes fiscalizables. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Órgano procederá a: Cuantificar los daños y perjuicios correspondientes; Fincar la responsabilidad indemnizatoria consistente en: a) Sanción indemnizatoria que consistirá en una sanción pecuniaria que no podrá exceder de tres tantos del monto de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados, y b) Multa de conformidad con el artículo 55 de esta Ley III. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades previstas por la Ley e incoar las acciones de responsabilidad a que se refiere el título XI de la Constitución Política del Estado, y IV. Presentar, en su caso, denuncias penales, así como coadyuvar con el ministerio público en la averiguación previa y en los procesos penales. Los importes por multa derivada de responsabilidad indemnizatoria, deberán ser pagados dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, mediante depósito a la cuenta bancaria que al efecto señale la Secretaría Administrativa del Congreso. (.) Artículo 47. Las responsabilidades indemnizatorias serán determinadas por el Órgano y tendrán por objeto el restablecimiento de la situación anterior a la afectación patrimonial, así como el pago total de los daños en términos del artículo anterior. Artículo 48. Las responsabilidades indemnizatorias a que se refiere esta Ley, se impondrán a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o jurídicas y en general a cualquier personal pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos, por los actos u omisiones que causen daño o perjuicio estimable en dinero a los entes fiscalizables que se deriven de la gestión financiera, así como a los servidores públicos del órgano, cuando al revisar la cuenta pública no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten. Artículo 49. Las responsabilidades indemnizatorias a que se refiere esta Ley, se constituirán en primer término a los servidores públicos o a quienes fungieron como tales, que directamente hayan originado el daño o perjuicio y, subsidiariamente y en ese orden, al o a los servidores públicos jerárquicamente inmediatos que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos." De la lectura de los artículos transcritos se advierte que el Órgano de Fiscalización Superior, en sus facultades de revisión y fiscalización de las cuentas públicas, pueden fincar responsabilidades de tipo indemnizatorio, cuando detecte irregularidades que permitan presumir el daño al patrimonio e indicios de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios causados a los entes fiscalizables, es decir, que conforme a la anterior ley, el Órgano de Fiscalización Superior, tiene facultades legales para fincar directamente responsabilidades de tipo indemnizatorio. Así, en términos de lo dispuesto en la fracción III, articulo 46, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, puede proceder a "promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades previstas por la Ley e incoar las acciones de responsabilidad a que se refiere el título XI de la Constitución Política del Estado.", para ese tipo de responsabilidades administrativas, es aplicable la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, que entre otros sujetos y en el ámbito de su competencia el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, puede instaurar dicho procedimientos administrativo en contra de determinados servidores públicos. Aunado a que, conforme al numeral 2 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esta no es aplicable, tratándose de procedimientos de responsabilidades para los servidores públicos, pues el procedimiento administrativo sobre el que se interpuso el recurso de revocación, versa sobre el fincamiento de responsabilidad indemnizatoria derivada del procedimiento de responsabilidad 027/2018, instruido por la Auditoría Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Siendo relevante destacar que dicho procedimiento desde el inicio y hasta la resolución del recurso de revocación que ahora constituye el acto reclamado, se sustanció y fundó con base en la Ley de Fiscalización Superior de Estado de Tlaxcala y sus Municipios. En consecuencia, no resulta aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; por ende, no tenía que agotar el recurso de revisión a que se refiere los numerales 1245 y 125 de la aludida legislación. Además, sin que implique una equivocada o apresurada conclusión, el hecho de haber elegido el recurso de revocación previsto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y haber optado por esa vía "ordinaría", tampoco obliga a agotar ineludiblemente el citado recurso de revisión, pues aun cuando la parte quejosa en contra de la resolución primigenia haya interpuesto recurso de revocación, eso no origina que debía promover la revisión regulada en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, antes de acudir al juicio constitucional; ya que las hipótesis de excepción al principio de definitividad son de aplicación estricta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Época: Novena Época, Registro: 175624, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Al no advertirse la actualización de alguna otra causal de improcedencia, ni las partes hicieron valer diversas a las estudiadas, se procede al estudio de la cuestión efectivamente planteada. VII Conceptos de violación. No se trascriben los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo título y contenido es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". VIII Estudio del fondo. Son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que proceda realizar suplencia en la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1417, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo título y contenido es: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa.". Ahora bien, por cuestión de técnica y orden, se analizarán los conceptos de violación formulados en un orden diverso al propuesto por los impetrantes, apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO". En la resolución primigenia de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, -materia de análisis en la resolución aquí reclamada- el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en el expediente 027/2018 relativo al procedimiento de responsabilidad indemnizatoria, resolvió, fincar una responsabilidad indemnizatoria en contra de los ciudadanos José Cirilo Pichón Flores y otros, por lo que estableció un primer crédito fiscal, a favor del municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, por un importe de $1,025,446.55 (un millón veinticinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 55/100 M.N.), respecto a las observaciones señaladas, que deberá pagar en primer lugar y de manera directa el ciudadano José Cirilo Pichón Flores (quejoso), en favor del municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala; y un segundo crédito fiscal, a favor del municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, por un importe de $70,487.37 (setenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 37/100 M.N.), por las observaciones señaladas, que deberá pagar en primer lugar y de manera directa el ciudadano José Cirilo Pichón Flores. Por otra parte, la parte quejosa señala en uno de sus conceptos de violación, que en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la autoridad responsable en el recurso de revocación 06/2019 y su acumulado 07/2019, derivado del Procedimientos de Responsabilidad Indemnizatoria 027/2018, adolece de una debida fundamentación y motivación transgrediendo con ello, el debido proceso, el cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en un procedimiento, aunado a que no se había emitido el pliego de observación anual, el cual es el documento técnico emitido por el órgano de fiscalización, derivado de la revisión y fiscalización superior que contiene las recomendaciones, faltantes, irregularidades y/o deficiencias detectadas en la gestión financiera del ente fiscalizable. También sostiene que en la resolución que se combate la autoridad responsable no dio contestación al primer agravio, referente a que en dicha resolución, no se establece cuál fue la acción u omisión realizada por el quejoso para considerarlo como responsable. Dichos conceptos de violación resultan inoperantes, pues la parte quejosa no combate las consideraciones de la autoridad responsable para desestimar el agravio respectivo de su ocurso de revocación. En efecto, en el citado escrito de agravios, en síntesis, el ahora impetrante, afirmó: Existe una falta de fundación y motivación, en la resolución impugnadas Dentro del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria la Auditoria Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, tuvo a partir de la celebración de la audiencia de procedimiento (veintiuno de agosto de dos mil dieciocho), treinta días hábiles para dictar la resolución para que determinara una responsabilidad indemnizatoria, por lo que, una vez fenecido dicho término, resulta que la fecha de dictar resolución ha caído en exceso. La resolución impugnada de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, tiene falta de fundamentación y motivación, ya que no se establece la acción u omisión realizada el quejoso. La resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, es violatoria dado que no se ha emitido el pliego de observación anual, para determinar las observaciones no solventadas y proceder a las responsabilidades indemnizatorias (Fojas 36 a la 43). Ante tales motivos de disenso, la responsable sostuvo: De la anterior inserción de imágenes, se obtiene que la autoridad responsable desestimó los agravios del recurrente, aquí quejoso, tomando en consideración los siguientes argumentos: Resulta improcedente lo manifestado por el quejoso en el sentido de que el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, emite una resolución en la que se vulneran sus garantías de legalidad y de debido proceso establecidas en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ya que se encontraba en tiempo y forma como lo establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado y sus Municipios, aunado a que el artículo 50 de la referida Ley, contempla la figura de la prescripción, en la cual establece un plazo de cinco años contados a partir del informe de resultados para la imposición de responsabilidades indemnizatorias. Asimismo, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y sus Municipios, no prevé de manera expresa decretar la caducidad, toda vez que dicho ordenamiento legal persigue un interés asociado con el bien colectivo, como lo es el manejo, administración y aplicación de los recursos públicos. De igual forma, si bien el Código de Procedimientos Civiles Federales, es de aplicación supletoria, el mismo es para cuestiones de procedimiento Respecto de que el Auditor Especial le finca una responsabilidad de manera subsidiaria sin establecer en particular la acción u omisión realizada por el quejoso, al cual se le finca una responsabilidad indemnizatoria, en primer lugar y de tipo directa, más no de manera subsidiaria; asimismo en el considerando V, inciso a) el Auditor Especial de Cumplimiento establece la acción u omisión realizada por el José Cirilo Pichón Flores ex Presidente Municipal, quien durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, fue servidor público y por tanto contaba con facultades para autorizar las órdenes de pago e igualmente se encontraba obligado a vigilar el correcto funcionamiento de la hacienda pública municipal En veintisiete de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Auditor Especial de Cumplimiento, se dio inicio al Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria en contra de ex servidores públicos del municipio de Santa Cruz Quilehtla, Tlaxcala, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en el que dice se dio a conocer al quejoso las cuarenta observaciones no solventadas del dictamen legislativo de la cuenta pública del Municipio de referencia y así mismo se le hizo saber que el día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, se llevaría a cabo una audiencia, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho e interés conviniera, por sí mismo o por medio de un defensor; aunado a que a partir de la notificación del proveído quedarían a la vista para su consulta los documentos de cuenta que dieron inicio al procedimiento indemnizatorio. Al respecto, como quedó establecido en párrafos, el quejoso se limita a señalar que la autoridad no dio contestación a los agravios, así como que, la resolución que combate carece de una debida fundamentación y motivación, al no establecer cuál fue la acción u omisión que se le atribuye para ser considerado responsable imponerle una sanción; sin embargo, como se ve, no combate las consideraciones de la autoridad responsable para desestimar sus agravios. En efecto, no señala porqué la contestación que dio la autoridad responsable a sus agravios, no son suficientes para considerar que les dio respuesta En esas circunstancias, si la parte quejosa tiene la obligación de que mediante los conceptos de violación desvirtuar la legalidad del acto reclamado y, como en el caso, aduce argumentos en donde no se controvierten de manera específica las consideraciones que la responsable tomó en cuenta en el acto combatido, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes. Cobra aplicación en ese sentido la Jurisprudencia I.6o.C. J/21, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." De igual forma, respecto al concepto de violación en el que la parte quejosa se duele de que no se le corrió traslado con el pliego de observaciones o con los documentos soporte de dichas observaciones. Dicho motivo de disenso resulta inoperante por reiterativos dado que constituyen una simple reproducción de los planteamientos ya expresados en el recurso de revocación que no controvierten la desestimación que de ellos realizó la autoridad responsable. Aplica el criterio de jurisprudencia (IV Región) 1o.10 C (10a.), emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Página: 2409, Época: Décima Época, Registro: 2018415, de rubro y texto: "REMATE. SON INEFICACES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO, SI SE REITERAN LAS MISMAS VIOLACIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA EL PROVEÍDO QUE APROBÓ AQUELLA DILIGENCIA, SIN IMPUGNAR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS EXPRESADOS POR LA AUTORIDAD DE SEGUNDA INSTANCIA. Si la demandada en un juicio civil interpone el recurso de apelación en contra del proveído que aprobó la diligencia de remate y hace valer como agravios las mismas violaciones al procedimiento de remate que formuló a título de conceptos de violación, las cuales fueron analizadas y desestimadas por el tribunal de alzada; en esta hipótesis, la quejosa está obligada a impugnar los motivos y fundamentos expresados por la autoridad de segunda instancia para desestimar esas violaciones al procedimiento de remate que hizo valer en aquella sede ordinaria, en razón de que al existir pronunciamiento de la autoridad judicial común, éste debe impugnarse en la vía constitucional para estar en posibilidad de analizar los conceptos de violación expresados en contra de la decisión ordinaria pues el órgano de amparo ya no puede analizar, de primera mano, el procedimiento de remate, sino sólo lo que se dilucidó al respecto en segunda instancia. Precisado lo anterior, si del escrito de apelación interpuesto por la demandada-recurrente, ahora quejosa, se aprecia que hace valer exactamente las mismas violaciones al procedimiento de remate en la vía de amparo indirecto, las cuales fueron desestimadas por el tribunal de alzada, sin que se hayan controvertido los motivos y fundamentos que dicha autoridad expresó para ello, los conceptos de violación resultan inoperantes por reiterativos dado que constituyen una simple reproducción de los planteamientos ya expresados en el recurso de apelación que no controvierten la desestimación que de ellos realizó la autoridad de alzada." Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación hecho valer, en relación a que la resolución reclamada no está fundada ni motivada, en virtud de lo que se expone a continuación. En primer lugar, debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías que protegen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el artículo 16 Constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y que dicha obligación se satisface ando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Consecuentemente, la garantía del derecho fundamental de legalidad consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia, para cumplir así con uno de los requisitos formales contenidos en el citado derecho fundamental. Además, la exigencia de fundar en ley, tiene como propósito que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si éstos no fueron correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada, en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Para una mayor ilustración, a continuación, se transcribe el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Así, por fundar se entiende que en el acto de autoridad se debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivar, que en él se deben señalar, claramente, las circunstancias especiales, razones particulares y/o causas inmediatas que la autoridad responsable haya tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora, para que se cumpla el imperativo constitucional de la fundamentación y motivación, los actos de autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: a) Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). b) Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). c) Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Así, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional en cita se puede dar de dos formas: que en el acto de autoridad exista una ausencia total de fundamentación y motivación del acto o bien, que se dé una indebida fundamentación y motivación. La falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación, el o los preceptos legales que lo justifiquen, ésta omisión debe ser total; asimismo, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos que sustenten su determinación. La indebida fundamentación, por su parte, implica que en el acto sí se citan preceptos legales pero éstos son inaplicables al caso particular; asimismo, la indebida motivación también consiste en que en el acto de autoridad sí se den motivos, pero éstos no se ajusten a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 204 de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 166 del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN; Materia Común; Séptima Época, cuyo contenido es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." A la consideración precedente es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/52 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007 del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste." Así como la diversa jurisprudencia I.3o.C. J/47 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1964 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, cuyos rubro y contenido son: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Ahora bien, en la resolución reclamada (recurso de revocación), se consideró que los agravios expresados por el aquí quejoso eran inoperantes, y confirmó la emitida el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, por el Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior dentro del expediente 027/2018, respecto del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria, para lo cual la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, expuso los motivos por los cuales los argumentos de disenso realizados por el quejoso eran inoperantes, así como que las pruebas que ofreció y le fueron admitidas, no eran suficientes e idóneas para los fines perseguidos por el recurrente. De igual modo, para sustentar el contenido de sus argumentos, la responsable, entre otros, citó los artículos 50, 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Así las cosas, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en la resolución reclamada sí se expusieron los fundamentos legales y argumentos que llevaron a la Auditora Superior del órgano de Fiscalización Superior, a confirmar la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho; por tanto, la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada En las relatadas circunstancias ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación propuestos y al no existir causa o motivo alguno por el cual haya de suplir alguna deficiencia de la queja, como dispone el artículo 79, de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita la parte quejosa contra el acto consistente en la resolución de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado. Por otro lado, respecto del concepto de violación referente a la falta de competencia por parte de las autoridades responsables, para llevar a cabo el procedimiento indemnizatorio y el recurso de revocación; en virtud de que no se ha dictado la Ley que regule la organización y facultades del órgano de fiscalización superior, desde que se ordenó en dieciocho de julio de dos mil diecisiete; al respecto, debe decirse que es infundado dicho concepto de violación, pues precisamente como lo señalan las autoridades responsables tanto en la resolución de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 027/2018, en cuyo considerando primero señala que la competencia para llevar a cabo el procedimiento y resolver, lo contempla los artículos 107.108 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, los artículos 14, en sus fracciones XV y XVI, 34, fracción II y 46, 50 y 54 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. De igual forma, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, es competente para resolver el recurso de revocación 06/2019 y su acumulado 07/2019, en términos de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 31 en sus fracciones II y XIII y 60 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y el artículo 10, en su fracción XI, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73 al 76 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Cirilo Pichón Flores, de acuerdo al considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Cirilo Pichón Flores, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto, inciso c), por los motivos señalados en el considerando octavo de esta resolución.

  4. Incidental

    PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa José Cirilo Pichón Flores, por los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la quejosa José Cirilo Pichón Flores, por los actos y autoridades precisadas en el considerando cuarto y quinto de esta interlocutoria.

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