José Castro Rosas apoderado de

Expediente 572/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
572/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • José Castro Rosas apoderado de

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de ******************** , en el que se ********************de amparo promovida por ********************; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena realizar la anotación de que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto establecido en el ********************, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Por otro lado, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos aportados por ********************, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve José Castro Rosas, Apoderado Legal de la persona moral denominada Banco Azteca, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclama el proveído de dictado el dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, dentro del expediente 503/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual la autoridad responsable desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la falta de notificación del acuerdo de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciocho, por considerarlo extemporáneo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 572/2018-IV. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva del hecho que el acto reclamado, consistente en el proveído de dictado el dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, dentro del expediente 503/2017, del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual la autoridad responsable desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la falta de notificación del acuerdo de fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciocho, por considerarlo extemporáneo. Este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Las disposiciones invocadas estatuyen: ... El segundo de los numerales reproducidos establece la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos ocurridos fuera de juicio o después de concluido; este último supuesto contiene dos reglas especiales, a saber: Tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo procede el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la cual debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la resolución definitiva en que se ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de bienes rematados. Para efectos de este fallo, cobra relevancia la primera regla enunciada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 27/99, estableció que la finalidad de la regla de que el amparo sólo procede contra la "última resolución" dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia (o de remate), en el cual pueden impugnarse las violaciones que pudieran cometerse durante ese procedimiento que dejaren sin defensa al quejoso, tuvo por objeto evitar el entorpecimiento y retardo en el cumplimiento de las sentencias, así como el abuso del juicio de amparo, permitiendo que los fallos dictados se cumplimenten, en acatamiento al derecho fundamental de acceso a la justicia, contenido en el precepto 17 de la Constitución Federal. Así, una vez materializada la ejecución puede entonces ejercerse la acción constitucional. ... Además, debe tenerse presente que el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010 (criterio aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley vigente), estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, instituye, en principio, una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; asimismo, que la fracción IV (actualmente V) del mismo precepto establece que el amparo procederá contra actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Agregó, que la amplitud de la norma contenida en la citada fracción da pauta para interpretar la fracción III y no a la inversa, de modo tal que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV (actualmente V), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo que deberá apreciarse en cada caso, atendiendo a la naturaleza y efectos de los actos reclamados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/96 -aplicable por redacción similar al artículo 107, fracción IV, de la ley de amparo vigente-, determinó cuál es la "última resolución" que se dicta en el procedimiento de ejecución de sentencia (de un juicio de arrendamiento inmobiliario) en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, bajo las consideraciones que se invocan en vía de argumento de autoridad y se sintetizan a continuación: La regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la ley de la materia, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardarían, como es el caso de las que apercibe al condenado para que dé cumplimiento voluntario a la sentencia definitiva, apercibido de hacerlo forzosamente, o bien, la que ante el incumplimiento ordena la ejecución material de tal apercibimiento. La etapa de ejecución de sentencia obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; por ello, en el caso, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de aquellas que ordenan al condenado a entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndolo de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo. Sin embargo, ninguno de tales proveídos resulta ser el último dictado en el procedimiento ejecutivo, pues ambos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado; en el primer caso, depende de la voluntad o no del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de primera instancia de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva. Por tal motivo, -concluyó la Corte- la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia de un juicio del arrendamiento inmobiliario es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese orden de ideas, sólo en contra de la determinación que se dicte -reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia-, procederá el juicio de amparo indirecto. De esta manera, -agregó la Sala- no únicamente se impide la promoción de demandas de amparo contra cualquier determinación, sino también se da la pauta para poder reclamar todas las violaciones cometidas en el propio procedimiento ejecutivo. Este criterio es aplicable por identidad de razón al caso concreto, pues el juicio del que deriva el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, aunado a que lo concluido por el Máximo Tribunal del País es aplicable en exclusiva al orden civil. Ahora de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Presidente de la Junta Especial número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en expediente paraprocesal 503/2017, mediante el cual desecho por extemporáneo el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto en la fase de ejecución de convenio, contra el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en el que dictó auto de ejecución y embargo, para el cumplimiento del convenio a que llegó la aquí quejosa con el actor del juicio natural. Lo anterior se advierte de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó el promovente del amparo, quien literalmente señaló: "IV.- Actos reclamados. - De la autoridad responsable. EL ACUERDO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A TRAVÉS DEL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE DESECHA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, POR CONSIDERARLO EXTEMPORÁNEO, CONTRAVINIENDO ASÍ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 735, 739, 741, 742 FRACCIÓN V, 744, 751,752, 761, 762 FRACCIÓN I, 763 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LO QUE IMPLICA QUE EL MISMO NO SE ENCUENTRE FUNDADO Y MOTIVADO Y SEA CONTRARIO A DERECHO, VIOLENTÁNDOSE ASÍ LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA ASÍ COMO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, PRONTA Y EXPEDITA YEN LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN EN LAS LEYES APACIBLES PARA EL CASO EN CONCRETO, QUE CONSAGRAN A FAVOR DE MI REPRESENTADA LOS ARTÍCULOS 14,16Y17 CONSTITUCIONALES." Asimismo, del capítulo de antecedentes se advierte: "IX.-Antecedentes del Acto Reclamado. Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiesto que los siguientes hechos que me constan, constituyen los antecedentes del acto reclamado y de los conceptos de violación. 1.- Con fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete mi representada y el ahora tercero interesado, llevaron a cabo la celebración de un convenio para dar por terminada la relación laboral, mismo que fue cumplimentado en su cantidad pactada, pero quedó pendiente el pago de un remanente dados los días en que se incurrió en el pago. 2.-Al dar cumplimiento al convenio de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, se hizo constar que el domicilio en el cual habita, trabaja y tiene el principal asiento de sus actividades de mi representada es el ubicado en Avenida Insurgentes Sur, Numero 3579, Torre 2, la Joya, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, hecho que fue consentido por el actor en el juicio de origen ya que tuvo pleno conocimiento de ello. 3.- Con fecha veintiséis de enero del año dos mil dieciocho la autoridad responsable dotó auto de ejecución y embargo (el cual jamás se le notificó a mi representada). 4.- Con fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho el actuario adscrito a esta Junta, intento realizar una diligencia de requerimiento de pago y embargo, constituyéndose para tal efecto supuestamente en de domicilio ubicado en Aquiles Serdán Número 402, Apizaco, Tlaxcala, entendiendo la diligencia con una persona que y señala que como trabajador mi representada. 5.- Con fecha veintiséis de febrero del año dos mil dieciocho, el suscrito me entere del estado procesal que guardan los autos y de conformidad con el artículo 735 de la Ley Federal del Tarrago, se presentó el incidente de nulidad de notificaciones que indebidamente fue desechado por la autoridad responsable. 6.- Mediante acuerdo de fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, la autoridad responsable, dicto un acuerdo a través del cual desecha el incidente planteado, fundando su decisión en que al suscrito me habla fenecido el término para interponer el incidente planteado, contraviniendo así lo señalado en los artículos 735, 739, 741, 742 fracción V, 744, 751, 752,761, 762 fracción I, 763 y demás ilativos y aplicarles de la Ley Federal del Trabajo, logrando dictar un acuerdo carente de fundamentación y motivación legal alguna y contraviniendo e! derecho de acceso a una impartición de justicia pronta y expedita y en los términos establecidos para tal efecto, derechos plasmados en los artículo 14, 16, 17 constitucionales, inclusive se violentan sus derechos humanos y garantías individuales reconocidas en su favor, tanto en nuestra carta magna, como en los tratados Internacionales adoptados por el Estado Mexicano al respecto, pasando por alto el principio de PRO HOMINE Y EL CONTROL OE CONVENCIONALIDAD que los juzgados están obligados a observar al momento de realizar sus actuaciones." De modo que, con base en lo establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal, es inconcuso que el acuerdo que desecha el incidente de nulidad de notificaciones en la etapa de ejecución es improcedente, ya que dicho resultado trae como consecuencia que se siga el trámite de la ejecución del convenio, la cual se encuentra sujeto a la voluntad o no del demandado, esto es, a la intención de cumplir o no con éste, y, con base en esa situación, la responsable tomará sus determinaciones. En esta tesitura, al no reclamarse el resultado de un incidente de nulidad de notificaciones respecto de algún acuerdo donde se pronuncien respecto de la aprobación o reconocimiento del cumplimiento total del convenio, o bien, declare la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, menos aún, que ordene el archivo definitivo del expediente, es inconcuso que, en esta etapa, el juicio de amparo es improcedente. ...No se desconoce que como excepción a esa regla general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, estableció que en el periodo de ejecución de sentencia existen dos tipos de actos: los que gozan de autonomía con relación a la ejecución y los emitidos en ejecución de sentencia. Los primeros no tienen como finalidad directa e inmediata la ejecución del fallo, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata; mientras que en los segundos, procede el amparo indirecto, por regla general, contra la última resolución del procedimiento. Consideraciones que sustentan la tesis 1a./J. 19/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, de Mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Sin embargo, en el caso no se actualiza algún supuesto de excepción que amerite someter el acto reclamado al control constitucional inmediato, por no considerarse como de imposible reparación. Ello es así, pues mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformaron, entre otros, los artículos 103 y 107 constitucionales, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo; reformas que entraron en vigor el cuatro de octubre siguiente, de conformidad con el artículo primero de tránsito del decreto referido. De tales disposiciones, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción III, del artículo 107 constitucional, que dimensiona el concepto de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado dicho dispositivo en el sentido de que para efectos del juicio de amparo, acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución. Lo que no acontece en el caso, consecuentemente, es jurídicamente posible concluir que contra el proveído reclamado no se actualiza un supuesto de excepción que amerite someter el acto reclamado al control constitucional inmediato, pues acceder a la petición de amparo implicaría entorpecer el procedimiento de ejecución de la sentencia que ha adquirido calidad de cosa juzgada, cuyo cumplimiento es de orden público y permitiría, incluso, un uso abusivo del juicio de amparo, el cual, como se ha visto, ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, no debe perderse de vista que en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en juicio que se promueva contra la "última resolución", podrán reclamarse todas las violaciones cometidas durante el procedimiento respectivo, que estimen los dejaron indefensos y, en consecuencia, trascendieron al resultado del fallo. Como apoyo de esta determinación, debe precisarse que todo procedimiento judicial, por su propia naturaleza, requiere la realización de diversos actos procesales que pueden causar molestias a las partes, las cuales se encuentran obligadas a soportarlas toda vez que tales procedimientos son los medios que la Constitución General de la Republica establece a favor de los particulares para que exijan justicia y hagan valer sus derechos. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. ... DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Valeria Corona Ávila, Noemí Minor Morales, Conchita Citlalli Díaz Vazquez y Raúl Acuña Cantero, toda vez que no cuentan con el registro de su cédula en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales.

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