JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ o CARLOS MÁRQUEZ ANAYA
Expediente 1143/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 25 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1143/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ o CARLOS MÁRQUEZ ANAYA
- Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.1. y 7.1.1." 1. relativo al tratamiento de los expedientes depurables del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y este proveído. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juzgado, devuélvase a la autoridad responsable magistrados de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y al Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, las constancias que remitieron al momento de rendir su informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió la definitiva solicitada. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar las resoluciones judiciales de diecisiete de agosto de dos mil veinte y ocho de septiembre de dos mil veinte, mediante las cuales se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1143/2021, promovido por José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Marquez Anaya, contra los actos atribuidos a las autoridades que más adelante se precisará. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que determinó confirmar el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 207/2018, del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de la Cuenca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, y su ejecución material, viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Márquez Anaya, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 14, 16 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó en esa propia fecha a este juzgado, donde quedó registrada con el número 1143/2021 y fue admitida el veinte de octubre siguiente; en ese propio auto, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento del representante social que intervino en la causa penal de origen; además que se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este juzgado conoce de todas las materias al carecer de jurisdicción especial, el acto reclamado es de naturaleza penal y tiene ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que reclama, lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. - La resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca JOTP/21/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Marquez Anaya, en la causa penal 207/2018, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado. Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, Tuxtepec, Oaxaca. - La ejecución material de esa determinación. Sobre los aspectos aquí dilucidados, es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca JOTP/21/2020, que confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Marquez Anaya, en la causa penal 207/2018, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado y su ejecución material, pues así lo confesaron las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las constancias que acompañaron deducidas del referido toca penal y sobre el control de la detención y la medida cautelar dictadas en la citada carpeta, así como del contenido del disco versátil digital (DVD), como justificación al informe, las cuales, tienen valor probatorio pleno de documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. Documentales de las que se advierte que la citada sala penal, confirmó la determinación que decretó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de secuestro agravado, Ilícito previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a); en relación con el artículo 10 fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia 1ª./J.43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no advertirse la actualización de una causal de improcedencia, sea porque la hayan hecho valer las partes o porque este juzgador la advierta de oficio, procede analizar el fondo de la controversia planteada, para lo cual, se tienen por transcritos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia, sin que con dicha omisión se trasgredan los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, su estudio y su respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Resulta aplicable en la especie, la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010, visible en la página 830, tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. ESTUDIO. Son infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, sin que se advierta motivo de suplencia en su favor, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En principio y para un mejor entendimiento del asunto, conviene relatar como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: 1. El veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a una orden de aprehensión, se llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación -dentro de la causa penal 207/2018, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de la cuenca con sede en Tuxtepec, Oaxaca, por parte de la representación social contra José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Márquez Anaya, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en agravio de la víctima de identidad reservada O.F.V.H, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el artículo 10, fracción I, incisos b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; en la que: i) Se designó y protestó el cargo de defensor público a Rigoberto Ramón Cohetero; ii) El Juez de Control cuestionó al imputado sobre si ya conocía sus derechos, a lo que respondió de manera afirmativa y a fin de que se entrevistara de forma privada con éste se le otorgó un receso; uva vez que feneció el mismo, en la propia audiencia se le hicieron saber los derechos y prerrogativas que otorga a su favor el artículo 19 Constitucional por parte del Juez de la causa iii) La representación social formuló imputación por los hechos ilícitos anteriormente citados; conforme a la teoría del caso expuesta por la fiscalía; iv) Se cuestionó al imputado si era su deseo hacer uso de la prerrogativa de guardar silencio o rendir declaración en relación al hecho imputado; v) el imputado se reservó el derecho a rendir su declaración -previa consulta con su abogado defensor-, pese a que se le dio oportunidad de rendirla; vi) La fiscalía expuso los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación. vii) la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso; viii) el imputado refirió que no solicitaba la duplicidad del término constitucional, por lo que se señalaron las doce horas del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para resolver la situación jurídica del imputado. 2. El treinta de diciembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, dentro de la causa penal 207/2018, en la que se hizo constar la comparecencia del Ministerio Público, así como del imputado José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Márquez Anaya, quien se encontraba asistido de su defensor; en esa audiencia una vez que se desahogaron las pruebas testimoniales y documentales de la defensa, el imputado (previa consulta con su defensor) solicitó se resolviera su situación jurídica -renunciando al restante lapso del plazo constitucional. 3. En la propia audiencia, se dictó auto de vinculación a proceso, contra José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Márquez Anaya, por su probable intervención en el hecho delictuoso de secuestro agravado, cometido en perjuicio de la víctima de identidad reservada. 4. Inconforme con tal determinación, el imputado -a través de su abogado defensor- interpuso recurso de apelación de la cual correspondió conocer a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien lo radicó bajo el toca JOTP/21/2020; y, mediante resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, confirmó el auto de vinculación a proceso. Esa determinación y su cumplimiento material, son la materia de estudio en este juicio de amparo En contra de dicho acto, el quejoso señala como motivos de inconformidad los siguientes: ? Que es infundado el análisis de la tipicidad realizado, pues no se acredita su participación y con la emisión de la resolución reclamada, se atenta contra el principio de presunción de inocencia, debido proceso legal, fundamentación y motivación, así como, contra el principio pro persona, pues siempre debe estarse a lo más favorable tratándose del imputado. ? Que la determinación reclamada no se encuentra fundada ni motivada, pues no se califica el hecho señalado como secuestro agravado, faltando al principio de congruencia y exhaustividad. ? Que existe una errónea aplicación de los artículos 259, 261, 265 y 316 fracciones III y IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, al existir una valoración probatoria incorrecta en la acreditación de los hechos, pues el nueve de agosto de dos mil dieciocho, se libró una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado contra Carlos Marquez Anaya y otros, la que se ejecutó el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve, capturando equivocadamente a una persona de nombre José Carlos Rodríguez Márquez, aunado a que, en la vinculación a proceso, el juez de control realizó una incorrecta valoración de los datos de prueba ofertados y desahogados por la defensa, así como de las testimoniales de Clemente Rodríguez Romero y Noelia Márquez Anaya ya que no tuvo por justificada la teoría del caso de la defensa, anteponiendo el señalamiento de la víctima, misma que dejó intocada justificando la teoría del caso, resultando parcial al inclinarse y darle mayor valor al señalamiento de la víctima pese a que el mismo juzgador admitió darle credibilidad a los datos de prueba desahogados por la defensa. ? Que si bien señaló el juez que para la procedencia de la teoría del caso de la defensa, pudo haberse presentado a Carlos Márquez Anaya, esa situación no era posible, ya que dicha persona no accedería al tener conocimiento que existía en su contra una orden de aprehensión y que de presentarse corría el riesgo de ser detenido, empero, sin embargo, ello no resultaba un obstáculo para restar restarle valor a las documentales y testimoniales que presentó, mismos que fueron idóneos, suficientes y pertinentes para acreditar que José Carlos Rodríguez Márquez y Carlos Márquez Anaya no son la misma persona y como consecuencia que José Carlos Rodríguez Márquez no participó en el hecho delictivo, por lo que está procesado de manera injusta, pues argumenta que hubo una confusión en la acreditación de su participación al momento de detenerlo, ya que en la orden de aprehensión, se señala como imputado a Carlos Márquez Anaya y no José Carlos Rodríguez Márquez. ? Que si bien pudo controvertir el dicho de la víctima directa, no lo hizo por estrategia de defensa pues era poco probable que la propia víctima se retractara de su señalamiento, empero, en contra de lo señalado por el juzgador, ello no demerita la veracidad de los datos de prueba desahogados, sobre todo de la deposición de Noelia Márquez Anaya, hermana de Carlos Márquez Anaya, quien se encuentra en libertad; por ello, estima que no hay indicio razonable que permita suponer que exteriorizó una conducta prohibitiva por las normas. ? Que el segundo ateste también manifestó que se trata de diversas personas y con las documentales desahogadas se demostró que si existe una persona con el nombre de Carlos Márquez Anaya, contra quien debió ejecutarse el mandamiento privativo de libertad violentando el derecho a la libertad del quejoso. ? Que el solo hecho de haber sido señalado por la víctima, no basta para acreditar su participación en el hecho típico pues no existe claridad y lógica en la imputación de la fiscalía y por ello, debe establecerse que no hay indicio de su participación. Ahora bien, se debe mencionar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, el cual podrá prorrogarse únicamente a petición del inculpado. En relación con lo anterior, el ordinal 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Juez de Control, a petición del Ministerio Público, decretará auto de vinculación a proceso, siempre que se reúnan los requisitos siguientes: I. Que se haya formulado la imputación; II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y III. Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. Asimismo, conforme al diverso precepto 317 de la codificación adjetiva penal aludida, todo auto de vinculación debe contener los requisitos de forma siguientes: I. El delito que se impute al acusado; II. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. III. Los datos personales del imputado; IV. Así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. V. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos previamente mencionados. Es decir, en los preceptos constitucionales y legales de referencia, se establecen los requisitos de forma y fondo que deben de cumplirse para calificar de legal un auto de vinculación a proceso. Por otro lado, se debe resaltar que el recurso de apelación tiene por objeto analizar si en la resolución reclamada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de valoración de la prueba o se alteraron los hechos, así como resolver sobre los agravios propuestos. Se debe señalar también, que en el nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral que rige el procedimiento de origen, no se exige al juzgador valorar los datos que obran en la carpeta de investigación, pues la tasación o justipreciación respectiva se hará hasta la fase de juicio oral, siendo por tanto suficiente que el Ministerio Público al formular la imputación exprese verbalmente los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y que los mismos, a juicio del juzgador, establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, para que dicte el auto de vinculación a proceso, sin que se exija algún otro requisito o se imponga alguna otra condición más que la de exponer los hechos de manera verbal. Esto es, en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Adversarial y Oral, al resolver sobre la vinculación o no del imputado a proceso, de acuerdo con el principio que anima a la oralidad, sólo debe analizar los argumentos que exponga el Ministerio Público, pues éste actúa bajo los principios de lealtad y buena fe; es decir, con rectitud y apegado a la verdad, lo que indica que la imputación la endereza bajo un ámbito de credibilidad y no de falsedad; y, en consecuencia, al resolver el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada examinará si en dicho acto se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la valoración de los datos de prueba o se alteraron los hechos. En el caso particular, del contenido de las videograbaciones que conforman la carpeta administrativa de origen, remitidas por la autoridad judicial responsable, se advierte que tal y como lo argumentó la sala responsable, en la emisión del auto de vinculación a proceso, se cumplieron por el juez de origen las formalidades esenciales del procedimiento, debido a que: ? La fiscalía formuló imputación contra José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Márquez Anaya, haciéndole de su conocimiento, que se sigue una investigación en su contra por su probable participación en el hecho que la ley tipifica como secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9 fracción I, inciso a); en relación con el artículo 10 fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo alusión a las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución; forma de intervención; y las personas que deponen en su contra. ? El imputado, decidió reservarse su derecho a declarar; acto seguido, la fiscalía solicitó que se le vinculara a proceso; consecuencia de un acto informado, el imputado solicitó que su situación jurídica fuera resuelta antes del vencimiento del término constitucional, por lo que, se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, por su probable participación en el hecho delictuoso de referencia. Lo anterior evidencia que no se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se precisó, se cumplieron con los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por consiguiente, no se vulneraron los derechos constitucionales del quejoso, reconocidos en los artículos 14 y 20 de la Carta Magna. Por lo que hace al requisito de fondo, previsto en la fracción III del citado precepto 316, como se destacó por la sala responsable, del análisis realizado a las videograbaciones de origen, se aprecia que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado; por ende, es conforme con los derechos de seguridad y legalidad jurídicas, impuestos en el ordinal 16 de la Constitución Federal. Se estima lo anterior, ya que los artículos 9 fracción I, inciso a); 10 fracción I, inciso b) y c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén el hecho que la ley señala como DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO, mismos que establecen: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; - - -" "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: {.} b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; - - -" En ese sentido, de acuerdo con la información contenida en la videograbación en la que consta la audiencia de imputación correspondiente, el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, elementos de la policía Estatal recibieron una llamada telefónica por parte del Agente Municipal de Pueblo Nuevo, Tuxtepec, Oaxaca, quien les comunicó que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos, ".en el 'bar One', ubicado en la Avenida Ferrocarril de esa población de Pueblo Nuevo, habían levantado a una persona de oficio platanero, y que se lo habían llevado sujetos armados a bordo de una camioneta de color rojo". Después se supo que se trataba de Óscar Francisco Valencia Hernández -de identidad reservada en el proceso de origen1-, porque éste pudo recuperar su libertad -gracias al pago de un rescate-, y el veintiséis de abril de dos mil dieciocho presentó una denuncia en contra el ahora quejoso y otras personas, por el delito de "secuestro agravado". Tales hechos se encuentran acreditados con los datos que enseguida se insertan: I.- La denuncia de la víctima de identidad reservada, con iniciales O.F.V.H., de veintiséis de abril de dos mil dieciocho relevante para el presente asunto, por lo que se reproducirá la referencia que hizo el Ministerio Público acerca de su contenido (cuando formuló la imputación contra el hoy quejoso). Según sus propias palabras, la víctima manifestó lo siguiente: "[.] el día sábado diecisiete de febrero del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las nueve de la noche, salió de su domicilio a bordo de su motocicleta de la marca Italika y se dirigió hacia unos platanares a vigilar porque le estaban robando sus plátanos, manifestando que de momento en que salió de su domicilio se percató que la persona de nombre LUCIANO LÓPEZ MORALES alias 'el garrafón' a quien dijo conocer ya que es originario dijo de Pueblo Nuevo en donde también tiene su domicilio la víctima, esta persona lo empezó a seguir, que en primer momento no le tomó mucha importancia pues no se imaginó que le fuera hacer algo malo, que posteriormente la víctima se dirigió al bar denominado 'One' ubicado en la Avenida Ferrocarril, en Pueblo Nuevo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y que acudió a este lugar ya que fue en busca de su trabajador de nombre PEDRO REFUGIO HERNÁNDEZ esto lo buscó con la finalidad de encomendarle las labores que tenía que hacer dijo al día siguiente y que fue a buscarlo a ese lugar porque le habían comentado que su trabajador andaba tomando y que a ese lugar acude regularmente a tomar, que una vez que llegó al bar dijo que estacionó la víctima su motocicleta afuera del bar, que ingresó y que ahí encontró a PEDRO con quien tomó una cerveza, que incluso también se encontraba la persona de nombre DANIEL OCAMPO que enseguida se percató que al mismo bar entró la persona de nombre LUCIANO LÓPEZ MORALES y que este se sentó enfrente de la 1 En el proceso a esta persona se le identifica con las iniciales "O.F.V.H.". Su nombre fue revelado por el Defensor Público de la entonces imputada y durante la tramitación del presente juicio de amparo indirecto. víctima aproximadamente a cinco metros de distancia, posteriormente refiere la víctima que salió hacia la calle, salió del bar esto con la finalidad de vigilar su motocicleta que también su trabajador PEDRO refiere que salió y que permaneció afuera del bar, que al salir dijo que se percató que afuera del bar se encontraba parado un moto taxi es decir dijo una motocicleta que tenía unido un remolque con el cual se presta el servicio público de transporte y que en lugar del conductor de ese moto taxi se encontraba una persona de sexo masculino de aproximadamente veinticinco años de edad y de piel clara y así mismo dio sus demás características, refiriendo que a esta persona la conoce de vista ya que este sujeto dijo conduce un moto taxi en la Población de Agua Fría y que en ocasiones conduce un camión cañero, percatándose refirió que en la parte de atrás del moto taxi, es decir en el remolque o en el lugar de pasajeros, se encontraba la señora ALEJANDRA SALOMÓN HERNÁNDEZ a quien refirió que también conoce ya que esta persona vive dijo en Pueblo Nuevo Tuxtepec, Oaxaca en donde tiene su domicilio la víctima refiriendo que se percató tanto el moto taxista como la señora ALEJANDRA, se le quedaron viendo y que la víctima ahí permaneció unos minutos afuera del bar ya que estuvo hablando con PEDRO y que posteriormente como dos o tres minutos después, dijo que en esa calle pasó una motocicleta que era conducida por la misma persona a quien describió momentos antes y que era quien manejaba el moto taxi pero que en esta ocasión ya únicamente era solo la motocicleta es decir que ya no llevaba el remolque, percatándose dijo que iba una persona de sexo masculino [sic] en la parte de atrás de la motocicleta a quien dijo conocer con el nombre de JENIFER BARRIENTOS SALOMÓN dando referencia que esta persona es decir JENIFER, es la amante de DARIEL FERNÁNDEZ LASCURAIN o GARI DARIEL LASCURAIN RIVERA e hija de la señora ALEJANDRA SALOMÓN HERNÁNDEZ, refiere la victima que en ese momento se percató que nuevamente que esas personas se le quedaron viendo y que minutos después volvieron a pasar esas mismas personas en la misma motocicleta a una velocidad lenta, refiriendo que se percató que lo estaban vigilando por lo cual refiere que entra nuevamente al bar y que se percató que ahí permanecía la persona de nombre LUCIANO y que se percató que lo estaba vigilando por lo cual en seguida sale nuevamente del bar hacia la Avenida Ferrocarril y se percata que nuevamente se encuentra parada una motocicleta frente al bar en la cual se encontraba el moto taxista y en la parte trasera JENIFER BARRIENTOS SALOMÓN, y que al ver a la víctima estas dos personas comenzaron a avanzar lentamente y que en ese momento se percata que LUCIANO, la persona de nombre LUCIANO, se encontraba parada en la puerta del bar por lo cual refiere la victima que ingresa al bar para pagar las cervezas y que al momento que iba a pagar, al bar ingresaron cinco personas de sexo masculino que todos ellos llevaban pistolas en sus manos y que apuntaban con sus pistolas hacia sus personas, hacia las personas que estaban adentro del bar, que esas personas refirió que llevaban cubiertas sus caras con playeras, que dos de ellos dijo se dirigieron primeramente hacia PEDRO y a la persona de nombre DANIEL, mientras que otros tres sujetos refiere que se dirigieron hacia la víctima y que uno de ellos realizó tres disparos y que le dijo a la víctima 'vámonos hijo de tu puta madre, a ti te andamos buscando', a lo que la víctima le contestó 'que porque se lo iban a llevar', pero que en ese momento, lo empezaron a jalonear entre los cinco sujetos y que pudo ver o más bien le jaló el trapo a uno de ellos y pudo reconocer a la persona que responde al nombre de NATANAEL RODRÍGUEZ SALOMÓN, refiere que esta persona tiene aproximadamente diecinueve años y que lo conoce porque de igual forma es de la población de Pueblo Nuevo,Tuxtepec, Oaxaca y que incluso le refirió que porqué se lo iban a llevar, si son del mismo pueblo, a lo que la víctima refiere que NATANAEL le dijo que eso a él le valía madres, por lo cual se estuvieron jaloneando entre los cinco sujetos, hasta que finalmente lograron sacarlo del bar, que ya estando afuera del bar se percató que en la calle, frente al bar, se encontraba parada una camioneta Chevrolet, tipo Cheyenne, de color rojo con el motor y las luces encendidas, que en ese momento le jaló el trapo que le cubría la cara a otro de los sujetos y que logró reconocerlo como la persona de nombre CARLOS MÁRQUEZ ANAYA, refiriendo que esta persona tiene entre dieciocho y diecinueve años de edad y que lo conoce por que también es de Pueblo Nuevo, Tuxtepec, Oaxaca. Que enseguida se percató que de la camioneta Chevrolet tipo Cheyenne, color rojo, se bajó una persona del sexo masculino a quien reconocer con el nombre de DARIEL FERNÁNDEZ LASCURAIN o GARI DANIEL LASCURAIN RIVERA, dando cuenta que lo conoce debido a que esta persona dice es originaria de Agua Fría, Tuxtepec, Oaxaca y que tuvo una cantina en Pueblo Nuevo, Tuxtepec, Oaxaca, cerca del domicilio de la víctima, por ese motivo refiere que lo conoce perfectamente y que lo pudo ver en ese momento debido a que las luces de la camioneta se encontraban encendidas, que también lo reconoce y sabe de esa persona ya que se comenta que es conocido en esa Región y porque se dedica a secuestrar y que es el jefe de la banda y que en ese momento 'el Gary', les gritó a los demás sujetos diciéndoles: 'valen verga, esta madre se hace así' y que con una pistola que llevaba en su mano derecha le realizó un disparo a la víctima en su pierna izquierda por lo cual luego perdió fuerza, ya que le fracturó el hueso y que en ese momento aprovecharon los demás sujetos para subirlo a la batea de la camioneta en donde también se subieron la persona a la que se refiere como el moto taxista, es decir el que manejaba el moto taxi y otra persona quien dijo responde al nombre de ÁNGEL, así como a otra persona más a quien todavía no recocina, porque llevaba cubierto el rostro, refiriendo que la camioneta comenzó a avanzar a gran velocidad por la calle principal de Pueblo Nuevo, Tuxtepec, Oaxaca y que posteriormente se fue hacia el Santuario, Otatitlán Veracruz y que de ahí tomó una desviación hacia Isleta, Otatitlán Veracruz, en el trayecto refiere que pudo reconocer a otra persona, ya que como iban en la batea por el aire que hacía se le descubrió el rostro a uno de los sujetos y lo reconoció como la persona que responde al nombre de MARCELO LASCURAIN URBANO alias ´el chelo o el lagrimita' y como señas particular refiere que esta persona también es de la población de Agua Fría, Tuxtepec, Oaxaca y que tiene aproximadamente veinticinco años, refiriendo que como seña particular, esta persona tiene tatuajes en forma de lagrimitas a lado de los ojos y que lo pudo ver debido a que en las calles que iban pasando había alumbrado público, refiere que antes de llegar al lugar denominado Isleta, se bajaron de la camioneta NATANEL, CARLOS y el moto taxista, que ya únicamente lo iban cuidando ÁNGEL y MARCELO alias 'el chelo o el lagrimita', pero que la víctima se iba desangrando de su pierna por el balazo que le había dado 'el gary', que así llegaron dijo hasta unos cañales en Isleta, Otatitlán Veracruz y que en ese lugar 'el Gary', le estuvo pidiendo el número telefónico del padre de la víctima, diciéndole que le diera el número ya que tenía que hablar con su papá para pedirle el rescate, a lo cual la víctima le refirió que en ese momento no contaba con el número de su papá ya que no llevaba su teléfono, por lo cual refiere que 'el Gary' se enojó y lo empezó a patear principalmente en la pierna que tenía herida, que posteriormente a bordo de motocicletas llegaron hasta ese lugar NATANAEL, CARLOS y el moto taxista, que enseguida refirió que 'el gary' realizó una llamada telefónica a través de un celular y que escuchó la víctima que 'el gary' dijo: 'JENIFER, necesito que me consigas el número telefónico del papá de este pendejo, para pedirle el rescate, pero apúrate porque esto urge', refiere la víctima que se dio cuenta que con quien hablaba 'el Gary' era con JENIFER SALOMÓN BARRIENTOS, quien es su amante y que esta persona junto con su madre, la señora ALEJANDRA SALOMÓN HERNÁNDEZ, son las personas que se encargan de ubicar a las personas que 'el Gary' y su banda secuestran, refiriendo que así continuo posteriormente 'el Gary', hablando por teléfono en varias ocasiones con JENNIFER, que en una ocasión 'el Gary' le preguntó a la víctima si conocía a la persona de nombre TOÑO VALENCIA, a lo que la víctima le respondió que sí, que era su primo, que en ese momento 'el Gary' marcó al número de su primo TOÑO, pero que en un primer momento no entró la llamada, posteriormente JENNIFER refiere, le pasó otro número al 'Gary' y que era el correspondiente al número de MISAEL VALENCIA y que 'el Gary' le marcó a MISAEL VALENCIA pero que tampoco entró la llamada por lo cual posteriormente le habló nuevamente a su primo TOÑO y que al contestar TOÑO, que en ese momento 'Gary' le dijo que le consiguiera el número del papá de la víctima y que escuchó que le decía que no se hiciera pendejo, que posteriormente 'el Gary' le dijo a la víctima o le pasó el teléfono a la víctima para que hablara con su primo TOÑO y que además de que 'Gary' le pedía a su primo TOÑO que le consiguiera el número del papá de la víctima, y que al darle el teléfono 'el Gary' a la víctima para que hablara con su primo, la víctima le dijo 'primo hazme el paro, consígueme el número de mi papá, me tienen secuestrado, estoy herido, me dieron un balazo en la pierna', que enseguida 'el Gary' le quitó el teléfono a la víctima y le dijo a TOÑO 'ya oíste hijo de tu puta madre, consigue el número y mándaselo a JENNIFER por Facebook, porque si no tu primo se muere', haciendo mención la víctima que su primo TOÑO conoce a JENNIFER BARRIENTOS SALOMÓN, en virtud de que hace tiempo dijo tuvieron una relación de noviazgo, que posteriormente 'el Gary' habló en varias ocasiones con JENNIFER hasta poder conseguir el número del papá de la víctima de iniciales G.V.O, y que refiere que el número de su papá es el 2292518677, y que aproximadamente entre las once y once y media de la noche de ese mismo día, 'el Gary' le marcó al papá de la víctima y le dijo 'hijo de tu puta madre tengo a tu hijo secuestrado, quiero un millón y medio de pesos lo más rápido que puedas, y no le avises a la policía, ni al ejercito porque te estamos vigilando, te voy a pasar a tu hijo para que hables con él', que enseguida 'el Gary' le dio el teléfono a la víctima y que pudo hablar con su papá diciéndole: 'ayúdame papá, estoy herido de la pierna', a lo cual su papá le dijo que aguantara y que lo iba a sacar de ese problema, que posteriormente 'el Gary' le quitó el teléfono y así estuvo negociando con el papá de la víctima mientras que a la víctima la dejaron en la batea de la camioneta, que posteriormente 'el Gary' avanzó un poco más con la camioneta hasta meterla entre unos árboles y que en ese lugar se quedaron cuidándolo MARCELO y CARLOS, mientras que 'el Gary' y NATANAEL y el moto taxista, se fueron en sus motocicletas, refiriendo que la víctima no se pudo escapar de ese lugar ya que tenía fracturada la pierna, además de que CARLOS y MARCELO contaban con armas de fuego, que así permaneció en ese lugar en la batea de la camioneta, que el día dieciocho de febrero del año dos mil dieciocho, como a las siete de la mañana refiere nuevamente llegó 'el Gary', que llegó con NATANAEL, pero que NATANAEL refiere que iba cubierto del rostro pero que la víctima lo puedo reconocer por las características físicas de su cuerpo, que incluso 'el Gary' le preguntó que si conocía a esa persona, es decir a NATANAEL, y que la víctima a pesar de que sí lo había conocido le dijo que no, que posteriormente 'el Gary' habló por teléfono con una persona, pero que su teléfono lo puso en alta voz y que refiere la víctima que escuchó una voz del sexo masculino y que reconoció esa voz, como la voz de LUCIANO LÓPEZ MORALES, refiriendo que conoce esa voz ya que es de su misma población de Pueblo Nuevo Tuxtepec, Oaxaca, y que en diversas ocasiones lo ha escuchado hablar y que 'el Gary' le dijo a LUCIANO que no se preocupara ya que 'el Teco' no los había reconocido, manifestando la víctima que al referirse 'El Teco' se referían a él, ya que también es conocido con el apodo de 'El Teco', refiere la víctima que así pasó ese día, que 'el Gary' estuvo realizando también diversas llamadas telefónicas, que en otra llamada telefónica nuevamente 'el Gary' le comunicó a su papá y que nuevamente le pedía a su papá que lo apoyara, que lo ayudara y que su papá le decía 'que aguantara un poco más, que él lo iba sacar de ese problema', que así permaneció el día dieciocho de febrero del dos mil dieciocho, que posteriormente el día lunes diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, la víctima permanecía sentado en la batea de la camioneta en donde lo cuidaban CARLOS y MARCELO, que ese día llegó 'el Gary' en tres ocasiones y que de igual forma 'el Gary' habló con el papá de la víctima y le comunicó y le pasó el teléfono a la víctima, a lo cual le decía a su papá que se apurara porque ya no aguantaba y que su papá le refirió que aguantara un poco más, que ya lo iba a sacar del problema, que así permaneció y que aproximadamente a las nueve de la noche, refiere que hasta el lugar en donde se encontraban cuidando a la víctima en cautiverio en donde lo cuidaba MARCELO y CARLOS, que hasta ese lugar llegó 'el Gary' y otro sujeto que dijo conocer con el nombre de JOSÉ ALBERTO JAIMES ROQUE, alias 'el Pepe Jaime', dando referencias de que JOSÉ ALBERTO tiene aproximadamente veintiocho años y es de Santuario Otatitlán Veracruz, manifestando también que lo conoce porque lo ha visto en la zona y que sabe que éste es el jefe de 'el Gary' y que ya lo había visto en varias ocasiones ya que como la víctima se dedica a comprar y vender plátanos, que refirió que hace tiempo tuvo un trabajador de El Santuario Otatitlán Veracruz y que ese trabajador le señaló a la persona de nombre JOSÉ ALBERTO JAIMES ROQUE refiriéndole su nombre y que era la persona que era el jefe de una banda que se dedicaba a secuestrar y que además de que la víctima refirió conocer por su trabajo toda esa zona y que estas dos personas llegaron, es decir; 'el Gary' y JOSÉ ALBERTO y que lo bajaron de la batea de la camioneta Chevrolet tipo Cheyenne color rojo y que lo subieron a una motocicleta la cual era conducida por JOSÉ ALBERTO JAIMES ROQUE alias "el Pepe Jaime´, que a la víctima la subieron en la parte de en medio y que en la parte trasera o en la parte de atrás de la motocicleta se subió ´el Gary´ y que así refiere que se lo llevaron en esa motocicleta hasta un lugar conocido como el muro el Papaloapan en San Juan Bautista, Tuxtepec, a un lado de la secundaria técnica y que ahí lo dejaron tirado y que todavía le dijeron que le iban a estar cobrando cuota y que estas dos personas se fueron a bordo de su motocicleta, dejando en ese lugar a la víctima, que posteriormente como quince minutos después refiere que esta ese lugar llegó el papá de la víctima, así como su tío de nombre PEDRO VALENCIA OCAMPO y que lo rescataron, que se lo llevaron a un hospital de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca para darle atención médica por la lesión que tenía en la pierna, refiere la víctima que posteriormente su papá le dijo que tuvieron que pagar la cantidad de doscientos mil pesos como rescate para que fuera liberada la víctima y que ese dinero por indicaciones de los secuestradores lo tuvo que entregar en la población de Gabino Barreda Veracruz, manifiesta la víctima que se presenta hasta este fecha a declarar, es decir, hasta el día veintiséis de abril del año dos mil dieciocho, en virtud de que posterior a los hechos tenía miedo junto con su familia de denunciar por las represalias que pudieran tomar los secuestradores, pero que finalmente tomó él la decisión de denunciar esos hechos ya que no era justo para él lo que le habían hecho los secuestradores y que no podía caminar en virtud de que se trasladaba o podía moverse únicamente en sillas de ruedas por la lesión que le había causado en la pierna ya que se le había fracturado del balazo que le dio DARIEL FERNÁNDEZ LASCURAIN o GARY DARIEL LASCURAIN RIVERA" 2 . II.- Dictámenes médicos realizados por el perito de la Fiscalía CHRISTIAN SOTO PALMA de veintiséis de abril de dos mil dieciocho y tres de abril de dos mil dieciocho. III.- Testimonio de la víctima de identidad reservada con iniciales G.V.O., IV.- Testimonios de Pedro Valencia Ocampo e Higinio Medina Hernández, 2 El Juez de Control de San Bautista Tuxtepec, Oaxaca también reprodujo este texto en la versión escrita del auto de vinculación a proceso. Véase el tomo de pruebas a partir de la página 17. V.- Inspecciones oculares realizadas por el Agente Estatal de investigaciones Andrés Mario Castellanos Merino, de veintinueve de abril del año dos mil dieciocho. Datos de prueba que, contrario a lo que indica el quejoso en sus argumentos y como adecuadamente lo asentó la sala responsable, el juez a quo valoró de manera libre y lógica para concluir de manera fundada y motivada, que existen indicios razonables y suficientes para acreditar que el activo, probablemente participó en la comisión de los hechos imputados, pues dichos de datos de prueba permitieron al jurisdicente, advertir lo siguiente: 1.- Que el día diecisiete de febrero del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las nueve de la noche, la víctima de identidad reservada con las iniciales O.F.V.H, salió de su domicilio a bordo de una motocicleta y desde ese momento lo comenzó a seguir una persona del sexo masculino a quien lo conocen con el alias "del garrafón", posteriormente la víctima ingresó a la cervecería de nombre "One", la cual se encuentra ubicada en la Avenida Ferrocarril, en Pueblo Nuevo, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, en donde tomó una cerveza con PEDRO REFUGIO HERNÁNDEZ y DANIEL OCAMPO, hasta ese lugar es hasta donde llegó la persona que lo iba siguiendo y a quien conoce como el alias "El garrafón" y continuó vigilándolo desde el interior del bar, mientras que desde afuera del bar lo vigilaban varias personas dentro de ellas dos del sexo femenino. 2.- Aproximadamente a las veintiuna horas con treinta minutos de ese mismo día, en la cervecería denominada "ONE" entraron cinco personas dentro de ellas Carlos Márquez Anaya O José Carlos Rodríguez Márquez, otra con el alias "el chelo o lagrimitas", quienes llevaban pistolas en sus manos, con las que amagaron a las personas que se encontraban en dicho lugar, realizando disparos al aire, enseguida se dirigieron a la víctima diciéndole uno de ellos "vámonos hijo de tu puta madre, a ti te andamos buscando", por lo que empezaron a jalonear entre todos a la víctima quien trató de defenderse en ese momento y forcejeando lograron sacarlo del bar, en donde ya se encontraba una camioneta marca Chevrolet tipo Cheyenne, color rojo, con el motor y las luces encendidas, de la cuales se bajó una persona del sexo masculino a quien le apodan "el Gary", quien les gritó a los cinco sujetos diciéndoles, "valen verga, esta madre se hace así", al mismo tiempo que se acercó a la víctima y con una pistola que traía en la mano derecha, le realizó un disparo en la pierna izquierda de la víctima, causándole fractura y disminución funcional de dicha pierna, situación que aprovecharon en ese momento los otros dos sujetos que lo jalonearon y lo subieron a la batea de la camioneta a la víctima, en donde también se subieron cinco personas del sexo masculino, dentro de los que iba el señor Carlos Márquez Anaya O José Carlos Rodríguez Márquez. 3.- Una vez que privaron de la libertad a la víctima, se lo llevaron en la camioneta Chevrolet tipo Cheyenne color rojo hasta un terreno de cañales entre unos árboles, en Isleta, Otatitlán Veracruz, en donde lo tuvieron en cautiverio en la batea de la camioneta, posteriormente una persona del sexo masculino, a quien le apodan "El Gary" estuvo realizando diversas llamadas telefónicas hasta conseguir el número del padre de la víctima y aproximadamente entre las once y media de la noche de ese día diecisiete de febrero del año dos mil dieciocho, la persona de identidad reservada y con las iniciales G.V.O., quien resulta ser padre de la víctima, recibió una llamada a su teléfono celular con número 2292518677 en la que la persona del sexo masculino a quien apodan "el Gary" le dijo "hijo de tu puta madre, tengo a tu hijo secuestrado, quiero un millón y medio de pesos lo más rápido que puedas y no le avises a la policía, ni al ejercito porque te estamos vigilando", en la misma llamada le comunicó a la víctima, quien le dijo; "ayúdame papá, estoy herido de la pierna", posteriormente Carlos Márquez Anaya o José Carlos Rodríguez Márquez, y otra persona del sexo masculino se quedaron vigilando a la víctima en el lugar del cautiverio. 4.- Que la víctima continuó en cautiverio los días dieciocho y diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho y hasta ese lugar en el que se encontraban cuidándolo Carlos Márquez Anaya o José Carlos Rodríguez Márquez, y la otra persona del sexo masculino llegaron a bordo de motocicletas otros imputados del sexo masculino, dentro de los cuales se encontraba al que apodan el "Gary", mientras que uno más del sexo masculino vigilaba el domicilio de la víctima, en esos días el padre de la víctima negoció con los secuestradores el pago para la liberación de la víctima, pactando finalmente la cantidad de doscientos mil pesos, cantidad de dinero que fue entregada en una bolsa de mandado aproximadamente a las dieciocho horas del día diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, esto fue en dos paquetes, uno de ciento cincuenta mil pesos y otro de cincuenta mil pesos, dinero que el padre de la víctima en compañía de otra persona, por indicaciones de los secuestradores lo dejaron en la orilla de un terreno de cañales, justamente en el cruce de dos caminos, aproximadamente a tres kilómetros de la Telesecundaria de Gabino Barreda, Veracruz. 5.- Ese mismo día diecinueve de febrero del dos mil dieciocho, aproximadamente a las nueve de la noche, dos personas del sexo masculino a quienes apodan "El Gary", y "el pepe Jaime", llegaron al lugar del cautiverio y bajaron a la víctima de la batea de la camioneta Chevrolet tipo Cheyenne, color rojo y lo subieron a una motocicleta, llevándolo a un lugar conocido como "el muro" en Papaloapan, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a un lado de la secundaria técnica de ese lugar, en donde lo liberaron dejándolo tirado en ese lugar, hasta en donde minutos después, llegaron familiares de la víctima, quienes lo auxiliaron llevándolo a un Hospital para su atención médica. Así, como lo establece la sala del conocimiento y como adecuadamente lo estimó el juez de la causa, de esos datos de prueba se acreditan los elementos del hecho típico que la ley señala como secuestro agravado y que son los siguientes: 1. Que el sujeto activo prive de la libertad al sujeto pasivo; 2. Que dicha privación de la libertad sea con la finalidad de obtener para sí o para un tercero un rescate o cualquier beneficio; 3. Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas. 4. Que se realice con violencia. Lo anterior es así, porque de los datos de prueba se evidencia que aproximadamente a las veintiuna horas con treinta minutos del día diecisiete de febrero del año dos mil dieciocho, dentro de la cervecería "One" ubicada en Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, Tuxtepec; Oaxaca, Carlos Márquez Anaya O José Carlos Rodríguez Márquez y otras personas más privaron de la libertad a la víctima de identidad reservada con las iniciales O.F.V.H. Así también, se recibieron llamadas al número telefónico 2292518677 para establecer la negociación económica para la liberación de la víctima y exigir la cantidad de un millón y medio de pesos a cambio de su libertad. Por lo que dicha privación fue con la finalidad de obtener un rescate o un beneficio, que al final fue de doscientos mil pesos, con motivo de las negociaciones establecidas. Que la privación de la libertad se haya ejecutado por más de dos personas se evidencia, porque al momento de la privación de la libertad de la víctima, durante su cautiverio y hasta su liberación, pudo reconocer por lo menos a cinco sujetos distintos, quienes ingresaron con armas de fuego para sustraerlo y le realizaron un disparo en la pierna izquierda, incluso durante su cautiverio dicha víctima se encontró lesionada y sin recibir ningún tipo de atención médica. Circunstancias que como adecuadamente se expuso, fueron aprovechadas por el imputado y sus coparticipes para doblegar la voluntad de la víctima y lograr la finalidad de esa privación, que era obtener un rescate, es decir, un lucro para sí, o para otras personas obrando en grupo y mediante violencia. Sin que para ello exista causa alguna que justifique esa conducta como se establece por el artículo 15 del Código Penal Federal, como sería legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de un deber; por lo cual, la conducta desplegada es antijurídica. Luego, en contra de lo que sostiene el disidente, la naturaleza jurídica del auto de vinculación, los requisitos que se requieren para su emisión, así como el estándar probatorio que debe satisfacerse para su dictado, se exige un nivel mínimo, pero suficiente, de fundamentación y motivación al valorar los datos de pruebas que aporte el ministerio público o en su caso la defensa, a efecto de demostrar: (i) la existencia del hecho que la ley señala como delito, -no el delito en sí-; y (ii) la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión -no su responsabilidad penal-. Motivo por el cual, no es factible someter un dato de prueba a un estándar elevado de ponderación, ya que ello sería en detrimento de la propia defensa y vulneraría el principio de presunción de inocencia, aunado a que se desnaturalizaría el nuevo sistema de justicia penal, pues de ser así, en esta etapa procedimental prácticamente se estaría anticipando una sentencia condenatoria; de ahí, que la resolución sobre la vinculación o no del imputado, debe basarse exclusivamente en el estudio laxo, pero suficiente, de los datos en que se sustenta la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social, que deben resultar suficientes para justificar que el imputado sea presentado ante el juez de control. Por tanto, como lo expuso la sala del conocimiento, es que el Juez de Control, únicamente debía verificar que se cumplieran los requisitos previstos en los artículos 19 de la Norma Suprema y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los cuales ya se hizo referencia con antelación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 35/2017 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto que se reproducen a continuación: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley."3 De ahí, que tal y como lo estimó la sala, fue legal el actuar del juez al vincular a proceso al aquí quejoso, pues tal como se sostuvo en el acto reclamado, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público en la audiencia inicial, son idóneos y pertinentes, para establecer la existencia de los hechos que la ley tipifica como el delito de secuestro agravado. En esa tesitura, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, de los datos de prueba enlistados se desprende, como acertadamente lo justipreció la Sala responsable, el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, pues de los mismos se obtiene que los sujetos activos mediante el uso de armas de fuego privaron de su libertad a la víctima, coartándole su libertad ambulatoria al realizar un disparo de arma de fuego en la pierna, esto con la finalidad de someterlo y mantenerlo inmóvil, aunado a que de la exposición del hecho, se evidencia que la víctima en todo momento se encontraba custodiada por los activos. En relación a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho ilícito, como se expuso por el juez de la causa y en contra de lo que sostiene el ahora quejoso se pudo establecer una mecánica de los hechos y la identidad de todos y cada uno de los partícipes al grado de poder ubicar a JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ o CARLOS MÁRQUEZ ANAYA como una de las personas que el día diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, en compañía de otras más lo privaron de su libertad cuando se encontraba en el interior de la Cervecería "One", para posteriormente subirlo a la camioneta y trasladarlo a una población de Otatitlán, Veracruz, y que posteriormente el diecinueve de febrero de ese propio año a la veintiuna horas, hasta el lugar del cautiverio llegó "El pepe Jaime" y el "Gary", 3 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, p. 360, Registro Ius 2014800 quien con auxilio de otras personas más, bajaron a la víctima de la batea de esa camioneta, lo subieron a la motocicleta y conjuntamente lo llevaron hasta el lugar en donde fue liberado, es decir, hay un señalamiento directo y categórico de la víctima de identidad reservada con iniciales O.F.V.H. que es el sujeto sobre el que recayó el hecho típico, con la cual se puede establecer la participación del imputado, sin que exista alguna circunstancia que genere duda de su participación, pues la víctima de identidad reservada lo ubicó desde el momento en que fue privado de su libertad en la cervecería "One", también lo ubicó como una de las personas que tripulaba en la camioneta en donde lo subieron y que fue uno de los que lo cuidaron o vigilaron en el lugar del cautiverio y posteriormente al momento de su detención en cumplimiento a una orden de aprehensión. Sin que obste que el imputado se identificara como José Carlos Rodríguez Márquez, pues la víctima directa lo señaló como una de las personas que ejecutó el hecho delictivo y atento a su señalamiento fue que se logró su captura; aunado a que su intervención en dicho hecho, fue como coautor material, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal; porque mediante un reparto de actividades tuvieron el codominio funcional de los hechos y por ello, queda justificada la mecánica que narra la víctima desde el momento en que fue privado de su libertad, hasta el momento en que la recobró gracias al pago de un rescate por su progenitor. Además, se evidencia que cuenta con una mayoría de edad, se desenvuelve en un entorno urbano, sabe y conoce la ilicitud de su conducta, ya que la ley prohíbe privar de la libertad ambulatoria a una persona y con ello pedir una cierta cantidad de dinero como rescate; no se evidencia que se encuentre privado de sus facultades mentales o cuente con algún trastorno mental o un desarrollo intelectual retardado que le impida o que no le permita entender, comprender su conducta. Por consiguiente, de los datos de prueba antes referidos, se establece, al menos de manera probable, que el ahora quejoso cometió el hecho delictuoso que se le atribuye; lo cual, se resolvió legalmente en términos de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En contra de lo que sostiene el hoy quejoso, no se trasgrede el principio de presunción de inocencia, pues la hipótesis de la defensa sobre la inocencia de éste, descansa sobre el marco teórico de que se trata de un sujeto de nombre distinto; sin embargo, aun cuando no sea correcto su nombre, la víctima lo reconoce como una de las personas que lo privó de su libertad ambulatoria a cambio de un rescate económico y quien estuvo vigilándolo previo a dicho pago; además, lo señaló al momento de su detención en cumplimiento a una orden de aprehensión. Por ende, el hecho que proporcionara un nombre distinto nada aporta para destruir la proposición que se realiza en su contra ni dan lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la fiscalía. Máxime, que en la entrevista realizada a los testigos que presentó, corroboraron el aspecto físico juvenil de éste en contraposición al diverso sujeto que menciona. De ahí, lo ineficaz de su argumento. Sobre todo, que como se ha destacado para el dictado del auto de vinculación a proceso no es necesario acreditar el cuerpo del delito y justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino que sólo debe atenderse al hecho ilícito y a la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, esto es, no se requieren pruebas plenas sino que basta que existan buenas razones para considerar que se acredita la probable participación del ahora quejoso en la comisión del delito que se le imputa - lo cual se obtiene del señalamiento directo de la víctima-. Así es, al emplear el texto Constitucional el concepto de probabilidad, es decir, como situación en la que un hecho no está probado de forma plena pero hay elementos para considerarlo creíble, no se hace referencia a la verosimilitud, sino a la prueba de ese hecho, es decir, a la presencia de los elementos cognitivos que confirman la hipótesis relativa al mismo. Cobra aplicación el criterio sustentado en la jurisprudencia XVII.1ºP.A.J/25 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, t. 3, p. 1942, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Así como la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Así es, al emplear el texto Constitucional el concepto de probabilidad, es decir, como situación en la que un hecho no está probado de forma plena pero hay elementos para considerarlo creíble, no se hace referencia a la verosimilitud, sino a la prueba de ese hecho, es decir, a la presencia de los elementos cognitivos que confirman la hipótesis relativa al mismo. En consecuencia, no es factible atender al principio de "duda absoluta", puesto que esa posibilidad sólo podría analizarse en la sentencia definitiva, en razón de que es ahí donde tiene que comprobarse plenamente el delito y la responsabilidad. Por tanto, el análisis efectuado por la responsable, como ya se expuso, fue lo suficientemente minucioso, para demostrar el hecho delictuoso y hacer probable la participación del imputado en su comisión, cumpliendo así, con los extremos previstos en los ordinales 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, cabe hacer mención, que con la resolución reclamada, tampoco se trastocaron los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien el precepto constitucional, reconoce que en el territorio nacional todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los Tratados Internacionales en la materia, por lo que la legislación secundaria deberá interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; lo cierto, es que este principio hermenéutico, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar los datos de prueba que fueron anunciados contra el hoy quejoso, dentro de la carpeta administrativa de origen, que ya quedaron debidamente descritos en esta resolución. Hacerlo así, equivaldría a desatender el objeto del juicio constitucional, provocando un estado de incertidumbre jurídica en los justiciables y a desconocer la forma de proceder de los órganos judiciales competentes, así como los presupuestos formales o las normas jurídicas que sean exactamente aplicables al caso concreto. Máxime, que en el caso, no se advierte alguna disposición jurídica que pudiera interpretarse en su beneficio, ni tampoco se advierte que se le haya privado de su derecho de acceso a la justicia; por tanto, no se aprecia alguna transgresión a los referidos principios. Al respecto cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Federación, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES."4 Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Márquez Anaya, contra la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que determinó confirmar el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 207/2018, del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de la Cuenca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, y su ejecución material. Notifíquese personalmente.
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...Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Carlos Rodríguez Márquez o Carlos Márquez Anaya, contra la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que determinó confirmar el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 207/2018, del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de la Cuenca, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, y su ejecución material. Notifíquese personalmente.(SE NOTIFICO POR LISTA ALQ UEJOSO)
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