José Carlos Méndoza Alcalá
Expediente 1951/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1951/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Carlos Méndoza Alcalá y Otros.
- José Carlos Méndoza Alcalá
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede, el secretario encargado del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. II. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en el artículo décimo primero, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en el auto dictado en este juicio se sobreseyó fuera de audiencia, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa V-B "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio y anexo señalados en la cuenta al juicio de amparo en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, declaró fundada la queja 88/2017, que interpuso la parte quejosa contra el auto de admisión de demanda dictado el pasado dos de febrero de dos mil diecisiete, en los términos siguientes: [.] Luego, al desahogar la prevención respecto de la falta de atención médica reclamada, el propio quejoso reiteró como acto reclamado la inadecuada alimentación; sin embargo, el juez de Distrito admitió la demanda únicamente respecto a la falta de atención médica y suministro de medicamentos, y consideró que no había lugar a admitir la demanda de amparo respecto de la inadecuada alimentación, toda vez que se trataba de actos novedosos que no tenían estrecha relación con el reclamado inicialmente en su escrito de demanda. Determinación que no resulta ajustada a derecho, pues contrario a lo considerado por el juez de Distrito, la falta de atención médica y suministro de medicamentos no fue el único acto que reclamó, ya que -como se vio- desde su escrito inicial de demanda el quejoso señaló la falta y escasez de alimentos, y por ello una inadecuada alimentación que de ninguna manera constituye un acto novedoso. [.] En consecuencia, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, procede declarar fundado el recurso de queja, para que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, provea lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la inadecuada alimentación". Acúsese el recibo de estilo correspondiente y se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada mediante proveído del pasado siete de abril. En el caso, existe un impedimento legal para acatar lo determinado por el Tribunal de Alzada, pues los actos que en la demanda reclamó el quejoso y que incluyen la inadecuada alimentación, se generaban en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y durante el trámite de este asunto José Carlos Mendoza Alcalá, egresó de dicho centro penitenciario para ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 8, "NOR-PONIENTE". Ciertamente, derivado de la ejecutoria con que se dio cuenta, este juzgador respetuoso de esa decisión, no desatiende -como lo determinó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en el toca 88/2017-, que el quejoso reclamó también la inadecuada alimentación que se le proporcionaba al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, hecho que atribuye al titular del Área Médica y al director General de dicho centro de reclusión; sin embargo, previo a la recepción de la determinación de la superioridad, las autoridades responsables comunicaron que el peticionario del amparo egresó de tal Centro Penitenciario, lo que a juicio del suscrito actualiza la hipótesis legal prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impide jurídicamente continuar con el trámite del juicio de amparo, respecto de los actos reclamados, incluido el destacado por el Tribunal Colegiado, pues el quejoso ya no se encuentra sujeto a su potestad al haber egresado por traslado a distinto centro de reclusión y por consecuencia la falta de atención médica y la inadecuada alimentación que refiere el peticionario, ya no puede atribuirse a las dependencias señaladas por el inconforme. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". (Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 858)". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a. XLVIII/98, página 241). Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 3044/98, 901/2000, 197/2001, 210/2002 y 737/2002, que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". En esos asuntos, la Segunda Sala explicó que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, acotó la Segunda Sala, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso en que el acto reclamado consiste en la falta de atención médica y suministro de medicamentos que requiere respecto de la lumbalgia crónica que padece, pues adujo que tiene un derrame en la parte baja de su columna vertebral y la inadecuada alimentación; actos que se presentaron en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tal hipótesis, si encontrándose pendiente de resolver el juicio de amparo, el quejoso fue trasladado a diverso centro de reclusión y con ello, las autoridades responsables dejaron de realizar cualquier tipo de conducta en la persona del impetrante del amparo, se impone concluir que aun cuando el acto reclamado subsista, el objeto o materia de ésta habrán dejado de existir. De ahí que al haber egresado del centro de internamiento cuya administración corresponde a las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo, se impone concluir que el objeto material del acto ha dejado de existir, en tanto que éste ya no podrá concretarse en perjuicio del quejoso. En virtud de actualizarse la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el quejoso, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Sin que el hecho de decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría desvirtuarse dicha causa de improcedencia, con prueba alguna y el resultado del fallo seria siempre en el mismo sentido. Este juzgador estima conveniente hacer énfasis en que con esta determinación no se desatiende lo ordenado por el Tribunal de Alzada, pues el análisis de las causas de improcedencia es de estudio preferente; de ahí que, al analizarse la invocada, se impide el estudio de fondo de los actos reclamados y como se dijo, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Tomando en consideración que el quejoso ya no se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca y que en auto de veintiséis de enero del año dos mil diecisiete dictado en este juicio, se tuvo a la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en San Bartolo Coyotepec, designando al maestro Omar Iisidro Vicente como defensor público federal adscrito a esa delegación, para que asistiera al citado quejoso; por tanto, notifíquese este proveído de forma personal al citado defensor federal. Sin que haya lugar a dejar sin efecto fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional toda vez que este juicio de amparo se encontraba suspendido desde el siete de abril del año en curso, con motivo de la queja interpuesta, misma que fue resuelta como se advierte del oficio de la superioridad que se ordenó agregar en esta propia fecha. Notifíquese personalmente al quejoso por conducto del defensor público Omar isidro Vicente.
- Principal
Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de abril de dos mil diecisiete. En el escrito que se atiende el Maestro en derecho Omar Isidro Vicente, defensor público federal en lenguas indígenas adscrito a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública y autorizado del aquí quejoso ********************, tiene a bien formular alegatos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por hechas las manifestaciones que hace valer, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Notifíquese...
- Principal
Mesa V-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil diecisiete. Vista la cuenta que antecede, se advierte que este expediente no está debidamente integrado para dictar sentencia, pues en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (foja 195), se tuvo al secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso ***********, contra el proveído de dos de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo en que se actúa, por el que se indicó a la parte quejosa que no había lugar a admitir la demanda de amparo contra actos novedosos que reclamó en su ocurso de veinticinco de enero de dos mil diecisiete consistentes en la inadecuada alimentación porque la dieta que le dan es insuficiente por su cantidad y calidad no resulta hipercalórico, debido a su estatura y peso y la falta de acuerdo a su petitorio (fojas 56 y 57); así también, se tuvo a la superioridad informando que dicho recurso quedó registrado con el número de queja 88/2017 (foja 193); de ahí que no es factible celebrar la audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión del procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa por lo que se reserva señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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