José Carlos Ramos Ruiz
Expediente 2101/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2101/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/05/2019
Partes del expediente
- Junta Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco
- José Carlos Ramos Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a recoger el documento fundatorio que aportó al procedimiento; apercibido que de no acudir por éste, en el plazo indicado, será destruido junto con el expediente. En otro contexto, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por la autoridad responsable Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual expresó diversas manifestaciones relacionadas con el pretendido cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo. Con el citado oficio, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el término de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de nueve de julio de dos mil quince, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la actual Ciudad de México, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Transliquid Guadalajara, Sociedad Anónima, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, respecto de los artículos 27, fracción XI, y 28, fracciones I y XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce. Inconforme con dicha resolución, las autoridades responsables, Presidente de la República y Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras de Diputados y Senadores, interpusieron recurso de revisión, que por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien lo registró con el número 27/2016 y, previos los trámites de ley, el diez de mayo de dos mil dieciocho, dictó sentencia, en la que modificó la resolución recurrida, de cuyos puntos resolutivos se advierte que negó el amparo solicitado por lo que ve a los artículos 28, fracciones I y XXX; y concedió la tutela constitucional respecto del numeral 27, fracción XI, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, para los efectos siguientes: "Así, la concesión del amparo será para el efecto de que las deducciones que realice la quejosa por los gastos de previsión social de los trabajadores no sindicalizados, no estén sujetas al límite previsto por el artículo 27, fracción XI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, concretamente los párrafos cuarto y octavo (último) de dicha porción normativa". Por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se tuvo al Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, en suplencia y por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informando que desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, el contenido del artículo 27, fracción XI, párrafos cuarto y octavo (último), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente en dos mil catorce. - En el diverso auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Subadministrador de Amparos e Instancias Judiciales, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual informa que la porción normativa declarada inconstitucional no se aplicó ni individualizó en la esfera jurídica de la quejosa. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de trece de abril de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el escrito signado por la parte tercera interesada ****, por medio del cual, solicitó la remisión de diversas constancias que consideraba necesarias para la resolución del juicio de garantías en que se actúa, y en atención a lo peticionado, fueron solicitadas a los respectivos órganos jurisdiccionales, mismas que a la fecha ya obran agregadas en el presente sumario, según se aprecia en los proveídos de diecinueve, veinte y veintidós de abril, seis de mayo, todos de dos mil dieciséis, así como diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En virtud de lo anterior, dese vista al tercero en comento *** así como a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días establecido en la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacerlo se les tendrá por conformes con dichas constancias. Por lo anteriormente expuesto, a fin de dar oportunidad a que ello ocurra, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las catorce horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil dieciocho para que tenga verificativo la misma.
- Principal
SE TIENE A DIVERSA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO, CON SU CONTENIDO, DÉSE VISTA A LAS PARTES PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA. ASIMISMO, SE TIENEN POR ADMITIDAS Y DESAHOGADAS EN RAZÓN DE SU PROPIA NATURALEZA LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE ANEXA, MISMAS QUE SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO. SE TIENE COMO DELEGADOS A LAS PERSONAS QUE PROPONE. NO HA LUGAR A TENER POR SEÑALADO COMO DOMICILIO PROCESAL EL QUE INDICA, POR LAS RAZONES QUE SE EXPONEN.
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