José Carlos Ramos Ruiz
Expediente 1273/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1273/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/09/2019
Partes del expediente
- José Carlos Ramos Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que remite la delegada de la Fiscalía del Estado de Jalisco, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de septiembre del presente año, por medio del cual, remite copia certificada del oficio FE/DRF/461/2019, suscrito por el Director de Recursos Financieros, del que se desprende que dio contestación al diverso oficio FE/DA/RH/67171/2019, del que se desprende que el Secretario de la Hacienda Pública del Estado, no ha dado respuesta al diverso oficio FE/705/2019, en el que solicitó la partida de los laudos laborales 3941, lo cual se ordena agregar para que obre como corresponda y se le tiene informando las gestiones que se encuentra realizando para dar cabal observancia al fallo protector. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Fiscalía del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Acredite con documento fehaciente, la respuesta dada por el Secretario de Hacienda Pública, a su solicitud realizada en el oficio FE/705/2019, de diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Asimismo, informe las gestiones actuales que se encuentra realizando, para la obtención de recursos económicos necesarios para cumplir la ejecutoria de amparo. Asimismo, conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de la Hacienda Pública del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Remita copia certificada de la respuesta que dio al oficio******************** en el que se le solicita su apoyo para la autorización del presupuesto adicional para la partida 3941 de laudos laborales para atender el pago de la ejecutoria del presente juicio de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe precisar que no es óbice a lo anterior, la eventual circunstancia de que la autoridad requerida Secretaría de la Hacienda Pública, no hubiese figurado con el carácter de responsable en el presente juicio, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ella, y que por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, en atención al numeral 197 de la Ley de Amparo.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio que firma el Secretario General del tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, remite copia certificada del acuerdo de veinte de agosto del presente año, por el cual ordena girar oficio recordatorio a la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, dentro del juicio burocrático de origen, del que se desprenden las gestiones realizadas para dar cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, ya que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que realice lo siguiente: -Continúe realizando las gestiones que en el ámbito de su competencia se encuentren para llevar a cabo el cumplimiento del laudo dictado en el juicio burocrático 205/2013 de su índice. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir con la ejecutoria de amparo, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Estado procesal de autos. Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. Se ordena archivar. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Destino. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del referido.
- Principal
Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración en que se concedió el amparo en el presente juicio, éste se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio ********************, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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