José Carlos Martínez Ramírez

Expediente 2308/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2308/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/06/2022

Partes del expediente

  • José Carlos Martínez Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, seis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el acta de comparecencia de dos de junio del año en curso, llevada a cabo vía electrónica por la plataforma Webex, la cual se adjunta al presente juicio de amparo en un disco compacto, mediante la cual ********, quejoso en el presente juicio de amparo, ratifico el contenido del escrito con el número de folio 9271, presentado en este órgano jurisdiccional, por el que manifestó su deseo de desistirse del presente juicio de amparo a su entero perjuicio, por así convenir a sus intereses; atento lo anterior, se le tiene por desistido del presente juicio de amparo al citado quejoso, lo que se considerará al momento de dictar la sentencia en el presente asunto. Finalmente, con el acta de comparecencia de cuenta y con el presente acuerdo, ábrase el tomo tres del juicio de amparo en que se actúa, para un mejor manejo del mismo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    EN VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA POR LISTA, QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE DIEZ DEL MES Y AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 2308/2022 A LA QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO DE REFERENCIA; QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista el acta de entrega de cuenta suscrita por el actuario judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual, en cumplimiento al Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remite la demanda de amparo, registrada con el número de juicio 7554/2021, de su índice, promovida por J**********z, por su propio derecho, contra actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. AVOCAMIENTO DEL ASUNTO Y REGISTRO Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones 1 y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de amparo y en términos del Acuerdo General 19/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata, por lo cual, se ordena registrar el asunto con el número de expediente 2308/2022. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos le corresponda el presente asunto, que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. DETERMINACIÓN (DESECHAMIENTO) RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO. De una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y aplicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), en relación a los artículos señalados en el escrito de demanda. Al respecto, a consideración del suscrito, debe desecharse el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, ante la falta de afectación a su interés jurídico, por los motivos que se exponen a continuación. El artículo que establece la causa de improcedencia en cuestión prevé lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio al quejoso, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Aunado a lo expuesto, es conveniente precisar que, tratándose de normas de carácter general, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la distinción de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se establece en términos del concepto de individualización condicionada o incondicionada, es decir, la característica que puede tener una norma jurídica, de cobrar aplicación en la esfera jurídica de su destinatario desde el momento de su entrada en vigor (individualización incondicionada), o bien, hasta que se produzca un acto necesario para que el ordenamiento jurídico adquiera su individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal (individualización condicionada). En ese sentido, una ley se considerará autoaplicativa cuando las obligaciones que de ella deriven nacen desde la entrada en vigor de ésta, independientemente de que no se actualice condición alguna, y en tal virtud, el juicio de amparo podrá ser promovido desde tal instante, pues se trata de disposiciones que, acorde al imperativo que contienen, vinculan al gobernado a su cumplimiento inmediato, en razón de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Por otra parte, cuando la aplicación jurídica o material de una norma está sometida a la realización de un hecho futuro incierto, ésta tendrá el carácter de heteroaplicativa, ya que las obligaciones de hacer o no hacer no surgen de manera inmediata por la entrada en vigor de tal disposición, sino que requieren un acto diverso que condicione su aplicación y, en consecuencia, será hasta este momento en que la esfera jurídica del quejoso se vea afectada. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª) y la tesis aislada 2a. XIX/96 (9ª) (registros 198200 y 200627), cuyos rubros son: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACION INCONDICIONADA)." Ahora bien, de la revisión a la red de información y comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la página electrónica accesible vía intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, mediante auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández se pronunció sobre la afectación que pudiera generar el decreto aquí impugnado con motivo de su entrada en vigor, en los términos siguientes: "(.) Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. (.) Sin embargo, aun partiendo de dicha interpretación, en el caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos invocados por los accionantes, como lo son, entre otros, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma. En efecto, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto impugnado, si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de abril del presente año (sic), lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta, primero, a la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo transitorio tercero, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y los datos biométricos. Y segundo, al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo transitorio cuatro, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo transitorio quinto). En este sentido, y toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión de la afectación a los derechos humanos precisados y esta afectación no se resentirá de manera inmediata a partir de la expedición del decreto cuya invalidez se solicita, dado que éste se produciría, en su caso, a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados, en consecuencia, no se actualizan los supuestos excepcionales precisados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la suspensión solicitada en este medio de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que varíen las circunstancias valoradas en este auto para negar la suspensión, dicha medida cautelar pueda ser nuevamente analizada. (.)" De la transcripción que antecede se advierte lo siguiente: El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no es susceptible de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia. Lo anterior, ya que si bien, conforme a su régimen transitorio, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta: 1. A la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo tercero transitorio, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y los datos biométricos. 2. Al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto impugnado para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo cuarto transitorio, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el mencionado decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo quinto transitorio). Derivado de lo anterior, la posible afectación que pudiera generar el decreto impugnado a sus destinatarios no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados. En el caso, se reitera que la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo en contra del Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, -con motivo de la sola entrada en vigor-, de ahí que se estime que dicha norma de carácter general no genere perjuicio con su sola expedición. Cabe destacar, que conforme a lo expuesto en la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de forma precisa, entre otros, el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el que se establece, en esencia, lo siguiente: Se obliga a todos los titulares de las líneas telefónicas móviles "celulares" a registrar sus datos biométricos, bajo pena de cancelar la línea y no acceder a los beneficios de la misma. Se faculta a las compañías telefónicas privadas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para recabar, obtener e ingresar los datos personales (biométricos) al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada con antelación, ya que el decreto controvertido no genera perjuicio a la parte quejosa, con motivo de su entrada en vigor. Así se afirma, ya que la posible afectación que pudiera generar el acto reclamado a la parte quejosa no es susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino en el momento en que se esté en aptitud de proporcionar la información establecida en el artículo 180 quáter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados en los artículos tercero y cuarto transitorio del mencionado decreto, los cuales disponen lo siguiente: Tercero. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto. La no emisión de las disposiciones de carácter general en el plazo referido en el párrafo anterior, dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuarto. En el caso del registro de líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, contarán con un plazo de dos años a partir de su publicación para cumplir con las obligaciones de registro a que se refiere el presente Decreto. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, durante el plazo de dos años a que hace referencia el párrafo anterior, deberán realizar una campaña de información dirigida a sus clientes, con la anticipación que les permita cumplir con su obligación de registrar y actualizar sus datos. Para tal efecto los usuarios deberán presentar ante el concesionario o autorizado de que se trate la tarjeta SIM, así como la documentación fehaciente a que hace referencia el artículo 180 Ter de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión o a través de los medios tecnológicos que faciliten a los usuarios el registro. También deberán ser informados de que, en caso de no realizar dicho trámite dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna. Transcurrido el plazo señalado para el registro de titulares o propietarios de las líneas telefónicas móviles, el Instituto solicitará a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes Aunado a lo anterior, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que de la página oficial electrónica del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a saber http://www.ift.org.mx/, a la presente data, no se han emitido las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior sucede así, con motivo de la suspensión concedida en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en la controversia constitucional 71/2021, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), determinación que fue confirmada mediante diversa resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el recurso de reclamación 61/2021-CA, del índice de dicha Sala, dichas determinaciones resultan un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Esto es, con motivo de la suspensión concedida en dicha controversia constitucional, se determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no debe emitir las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido, lo anterior, hasta en tanto se verifique la constitucionalidad de dicha porción normativa, de ahí que al día de hoy, aún no se hayan emitido las disposiciones de carácter general en comento. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que, a la fecha de presentación de la demanda (tres de junio de dos mil veintiuno), el decreto reclamado no es susceptible de causar perjuicio a la parte quejosa, al no haberse satisfecho las condiciones y plazos previstos en los artículos tercero y cuatro transitorios citados. De igual forma se precisa, que el suscrito no desconoce el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 32/2005, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable en el caso, ya que para definir si los preceptos reclamados generan perjuicio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, no resultó necesario realizar una interpretación o análisis profundo de su texto, lo cual es propio de la sentencia de amparo, sino únicamente imponerse del contenido de las normas transitorias que integran el decreto controvertido. La presente determinación, también tiene como sustento lo resuelto en las sentencias siguientes: La dictada en el recurso de queja Q.A. 366/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. La dictada en el recurso de queja Q.A. 431/2021, por el Primer Tribunal Colegiado de circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de uno de julio de dos mil veintiuno. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa ofreció como prueba de su parte para acreditar la aplicación de la normatividad que reclama las siguientes: ************ La anterior documental, merece valor probatorio en términos de los artículos 133, 197, 203 y 210-A y demás que resulten aplicables en materia probatoria del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2 y artículo 3, fracción V del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, con las que se acredita, concatenadas entre sí, la identidad del quejoso y que además es usuario del número telefónico que refiere, más no así que con la sola expedición de la norma se realizó una afectación a su interés jurídico. Esta situación corrobora la inexistencia de una afectación a la esfera de derechos de la parte quejosa con la sola entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda, porque su sola vigencia, como se explicó, no trasciende de modo inmediato sobre la esfera jurídica de los sujetos de derecho a se encuentran dirigidos, sino que es menester esperar a que se actualice la condición en ellos establecida para entender materializado así el perjuicio que permite la procedencia del amparo contra leyes. Resulta aplicable, por analogía de razón, la jurisprudencia VII.2o.C. J/20, de rubro: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNAN COMO AUTOAPLICATIVOS LOS ARTÍCULOS 25 BIS, 98 TER Y 113 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA" En consecuencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se desecha el presente juicio de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior; este Juzgado de Distrito considera que en el caso también se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la presentación de la demanda de garantías se presentó de manera extemporánea, al término previsto en los artículos 17 fracción I y 18 de la referida Ley de Amparo. En la especie, de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno; por tanto, el plazo de treinta días con los que cuenta para interponer la demanda de amparo feneció el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. En ese sentido; si la parte quejosa estuvo en posibilidad de inconformarse de tal determinación a partir del día siguiente de aquél en el entró en vigor la norma que por esta vía reclama, resulta claro que la presentación de la demanda que nos ocupa, efectuada el tres de junio de dos mil veintiuno, según se desprende del sello de presentación en la oficina de correspondencia común respectiva, se realizó fuera del término de treinta días que al efecto prevén los artículos 17 fracción I y 18 de la Ley de Amparo. De lo que resulta, que transcurrió en exceso el término de los treinta días hábiles con los que legalmente contaba para la presentación de la demanda de amparo, por lo que la misma fue presentada en forma extemporánea. Bajo esas circunstancias, por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 113, de la ley de la materia, este juzgador determina desechar de plano la demanda de amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Vista la certificación de cuenta; de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones, a **********, lo anterior, hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Además, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada para el único efecto de oír y recibir notificaciones a la persona que para tal efecto designa la parte quejosa. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Atento a la certificación de cuenta de la que se advierte que el usuario "*********" y el correo electrónico "*******", que señala, no cuentan con registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E. 2.0), en específico en el campo "Autorizados Expediente Electrónico", por tanto, dígase al promovente que no es procedente acordar de conformidad la consulta del expediente electrónico, ni realizar las notificaciones por la misma vía, debido a que previo a proveer sobre dicha petición, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, deberá realizar el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento descrito en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y que se encuentra dentro de la jurisdicción de este Juzgado Auxiliar. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la parte quejosa para que de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación en línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura Federal puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL) que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal www.firel.pjf.gob.mx. Para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). TRANSPARENCIA (OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." DOMICILIO DEL JUZGADO Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que las subsecuentes promociones deberán estar dirigidas y ser presentadas en este órgano jurisdiccional auxiliar, o en su caso, en la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, cuyo domicilio se encuentra dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.". NOTIFIQUESE

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