Jose Carlos Guadalupe de la Parra Mariscal

Expediente 2281/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 17 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2281/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
17/08/2017

Partes del expediente

  • Jose Carlos Guadalupe de la Parra Mariscal

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita regularizar el procedimiento en este asunto a fin de aclarar los efectos de la concesión de la suspensión definitiva dictada en autos, en ese sentido dígase a la parte quejosa que no es procedente regularizar el procedimiento, pues únicamente es necesario precisar los alcances y efectos de la suspensión definitiva concedida y para ello cabe precisar lo siguiente: Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva en los siguientes términos: De la transcripción anterior se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí procede conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichos numerales, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación. La contradicción de tesis referida, dio lugar a la jurisprudencia 2ª./J. 2/2015 (10ª.) definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1760, que a la letra señala: (.) Ahora bien, debe tomarse en consideración que existe una normatividad complementaria que atañe a aspectos específicos, derivados de las disposiciones materia de los razonamientos que anteceden, como parte de la cual se integra incluso, entre otras, la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil quince, y que resulta trascendente respecto de esta resolución porque de un modo u otro obligan al contribuyente a sujetarse al sistema denominado buzón tributario, así como a las denominadas contabilidad electrónica, en sus diversos aspectos inherentes tanto al registro como a la remisión, y revisión electrónica; por tanto, la conclusión alcanzada comprende también a esas diversas disposiciones que en uno u otro aspecto, inciden en la situación jurídico tributaria de la parte quejosa en relación con la obligación de registrar y enviar mensualmente su información contable por medios electrónicos, particularmente a través del buzón tributario y, por tanto, deben seguir la misma suerte que las disposiciones complementadas. Considerarlo de otro modo implicaría dejar sin materia el juicio de amparo, particularmente si se considera que expresa o implícitamente involucra lo relativo a buzón tributario, registro electrónico de contabilidad, remisión de la contabilidad a través del buzón tributario, revisión electrónica y preliquidación, por lo que, excluir de los alcances y efectos de la medida cautelar cualquiera de esos rubros, conllevaría inevitablemente la sujeción del contribuyente quejoso a la regulación inherente a todos los demás y, consecuentemente, a dejar sin materia el juicio de garantías. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 128, 148 y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y por tanto, las disposiciones reclamadas no surtan sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto se resuelva en definitiva el fondo del asunto del que deriva este incidente de suspensión. Debe precisarse que la concesión de la suspensión fue contra normas generales con el carácter autoaplicativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Amparo, por lo que la suspensión tiene por objeto impedir los efectos y consecuencias de dichas normas. En consecuencia, y en atención a lo solicitado por la parte quejosa, con la finalidad de no generarle incertidumbre jurídica, al efecto se precisa que el alcance y efecto relativo consiste en que la autoridad fiscal no podrá exigir que la quejosa ingrese su contabilidad electrónica mensualmente a través del denominado buzón tributario, además, el referido medio de comunicación electrónica no podrá ser utilizado de manera oficiosa por la autoridad para notificarles cualquier acto o resolución que emita, menos aquellos que resulten perjudiciales para los contribuyentes. Se precisa que la suspensión otorgada no implica que el citado medio de comunicación deba suspenderse totalmente por la autoridad, ya que deberá quedar habilitado a efecto de que, de optar por ese medio, la quejosa pueda realizar otras operaciones, tales como presentar promociones, solicitudes, avisos y consultar su situación fiscal, casos en los que la autoridad podrá dar respuesta o solución por el mismo medio o vía electrónica. Sin que pueda considerarse que el otorgamiento de la medida solicitada implique que los contribuyentes queden relevados de la obligación de llevar los registros contables de manera electrónica, ni que la autoridad exactora esté impedida para ejercer sus facultades de comprobación o verificación, siempre y cuando sea por un medio distinto a la vía electrónica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la medida cautelar concedida, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento que antecede dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación al artículo 259 Ley de Amparo; por lo que una vez que transcurra el plazo concedido provéase lo conducente. Finalmente, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo, expídasele copia del presente proveído, y respecto del acuerdo que recaiga a la contestación de la autoridad responsable, dígasele que se acordará lo conducente en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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