José Carlos Corzas Alarcón
Expediente 1005/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Carlos Corzas Alarcón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del diverso 11957/2019 de uno de abril de dos mil diecinueve, por el que se hizo de su conocimiento el auto emitido en esa data, y se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado, consistente en un tomo de pruebas. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a cuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del diverso 11957/2019 de uno de abril de dos mil diecinueve, por el que se hizo de su conocimiento el auto emitido en esa data, y se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado, consistente en un tomo de pruebas. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia mediante la cual SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, dictada el cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 99 a 107), por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que le transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo a la autoridad responsable; en virtud de que carece de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 23, tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que una vez transcurridos cinco años el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, POR HABERSE NEGADO EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos cinco años ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, de autos se desprende que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió un tomo con el que se ordenó formar un cuaderno de prueba, al ser innecesaria su conservación remítase a su lugar de origen...
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia mediante la cual SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, dictada el cuatro de marzo de dos mil diecinueve (fojas 99 a 107), por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que le transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo a la autoridad responsable; en virtud de que carece de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 23, tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que una vez transcurridos cinco años el presente expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, POR HABERSE NEGADO EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste una vez transcurridos cinco años ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, de autos se desprende que la autoridad responsable Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, remitió un tomo con el que se ordenó formar un cuaderno de prueba, al ser innecesaria su conservación remítase a su lugar de origen.
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