José Arturo Castro Bonilla

Expediente 523/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
523/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
23/02/2021

Partes del expediente

  • José Arturo Castro Bonilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos, se advierte que en sentencia autorizada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por. en los términos siguientes. De lo que se infiere que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. El veinte de febrero de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, la citada autoridad responsable mediante oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de las constancias, con las cuales consideró dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Mediante auto de diecisiete de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del informe de cumplimiento a la sentencia amparadora. En ese entendido, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las copias certificadas remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, se advierte que realizó lo siguiente. Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, y restituyó al quejoso en el pleno goce y disfrute de los derechos violados; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa, a través de sus escritos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado, cuatro de noviembre y veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en los cuales refiere, sustancialmente, que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) realizó la devolución del inmueble denominado. y el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Veracruz, no ha informado respecto del levantamiento del aseguramiento de dicho inmueble, de igual forma, que la propuesta de no ejercicio de la acción penal, formulada por el Agente del Ministerio Público aún no había sido aprobada. Sin embargo, dichos argumentos son ineficaces, en razón de que la protección constitucional fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitida en la averiguación previa. y emitiera una nueva, en la que colmara la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, respecto de la prescripción de la acción penal, lo cual hizo, por tanto, el contenido de la nueva determinación emitida por la responsable fue dictada con libertad de jurisdicción, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido, ni tuvo el alcance de imponer al superior jerárquico de la responsable que aprobara la propuesta que éste le hizo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO Y POR OTRA SE CONCEDIDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los tres tomos de prueba que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, relativos a la averiguación previa. de su índice cronológico; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos, se advierte que en sentencia autorizada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por. en los términos siguientes. De lo que se infiere que la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía. El veinte de febrero de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, el cumplimiento del fallo protector. En acato a ello, la citada autoridad responsable mediante oficio de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, remitió copia certificada de las constancias, con las cuales consideró dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Mediante auto de diecisiete de diciembre del año próximo pasado, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del informe de cumplimiento a la sentencia amparadora. En ese entendido, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo, con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de las copias certificadas remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, se advierte que realizó lo siguiente. Por tanto, dado que la responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, y restituyó al quejoso en el pleno goce y disfrute de los derechos violados; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido lo manifestado por la parte quejosa, a través de sus escritos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado, cuatro de noviembre y veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en los cuales refiere, sustancialmente, que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) realizó la devolución del inmueble denominado. y el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Veracruz, no ha informado respecto del levantamiento del aseguramiento de dicho inmueble, de igual forma, que la propuesta de no ejercicio de la acción penal, formulada por el Agente del Ministerio Público aún no había sido aprobada. Sin embargo, dichos argumentos son ineficaces, en razón de que la protección constitucional fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, emitida en la averiguación previa. y emitiera una nueva, en la que colmara la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, respecto de la prescripción de la acción penal, lo cual hizo, por tanto, el contenido de la nueva determinación emitida por la responsable fue dictada con libertad de jurisdicción, pero sin que existiera imperativo de resolver en determinado sentido, ni tuvo el alcance de imponer al superior jerárquico de la responsable que aprobara la propuesta que éste le hizo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO Y POR OTRA SE CONCEDIDO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los tres tomos de prueba que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, relativos a la averiguación previa. de su índice cronológico; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, y anexo que al mismo acompaña; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias relativas al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 196, de la Ley de Amparo, con copia certificada de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, dese vista a las partes por el plazo de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas, que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto del cumplimiento del fallo protector.

  4. Principal

    .Córdoba, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso. en este asunto; en atención a su contenido, se provee: Toda vez que el artículo 14, fracción III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus. únicamente se autorizó el regresó del treinta por ciento del personal de este juzgado y acceso restringido a los justiciables y al propio personal, privilegiando el trabajo a distancia, en salvaguarda de la salud e integridad de las personas justiciables y del personal del órgano jurisdiccional; por tanto, expídase al solicitante una copia certificada digitalizada de las constancias que indica, mediante la utilización de firma electrónica, dado que no constituye un volumen considerable; ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En el entendido que los documentos digitalizados con firma electrónica serán remitidos a la parte quejosa una vez que proporcione una cuenta de correo electrónico, para su envió; hecho lo cual deberá quedar asentada la certificación correspondiente y agregarse a los autos. Finalmente, respecto del término de cinco días que solicita para saber si la propuesta de no ejercicio de la acción penal que realizó el Ministerio Público fue aprobada; se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, remita copia certificada completa y legible de los acuerdos de doce de octubre de dos mil veinte, emitidos en la averiguación previa. mediante los cuales determinó que era procedente la prescripción de la acción penal y emitió acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal; y por el que dejó sin efectos el acuerdo de aseguramiento de doce de julio de dos mil siete, respecto del bien inmueble denominado.

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