José Carlos Benítez García

Expediente 173/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
173/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
11/06/2019

Partes del expediente

  • José Carlos Benítez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, tercera interesada y representante especial, interpusieran recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el diecisiete de mayo del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión, en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo en el presente juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y cúmplase. I-B

  2. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por el quejoso JOSÉ CARLOS BENÍTEZ GARCÍA, contra actos del Juez Primero de lo Familiar, agente Estatal de Investigaciones y Comisario de Seguridad Pública Municipal, todos con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese. I-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado, rendido por la Juez Primero de lo Familiar, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora, de las documentales que en copia certificada la autoridad responsable adjuntó al referido informe de cuenta (fojas 40-48), se advierte que procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Expuesto lo anterior y del análisis integral de las constancias de autos, el suscrito juzgador estima que en el caso se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]. Del referido precepto y fracción se advierte, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos; sin embargo, esa expresión debe ser indudable y completa, es decir, debe revelar de manera evidente que el particular se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Ciertamente, la expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del amparista se traduce en un motivo de improcedencia del juicio de amparo que, desde luego, impide examinar la constitucionalidad del acto reclamado y, en su caso, ordenar la restitución de derechos fundamentales que eventualmente se consideraran transgredidos; y, en ese tenor, exige que la expresión o manifestación de voluntad revele que existe conformidad con ese acto sin duda o parcialidad alguna, pues la intención de la regla de improcedencia es evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero no vedar u obstaculizar el estudio de la constitucionalidad de una decisión de autoridad, en virtud de una actitud que no manifieste de manera directa e indubitable que se ha conformado con ella. Ahora, en el caso concreto de la lectura de la demanda de amparo en su conjunto, se advierte que, en esencia, el quejoso refiere como acto reclamado el siguiente: ? La orden verbal o escrita emitida por la Juez Primero de lo Familiar de Juchitán, Oaxaca, a efecto de entregar o restituir al menor D.B.C. a la señora Maria Luisa Carrasquedo Calvo, dentro de los autos del expediente familiar número 82/2019, relativo al juicio de guarda y custodia y pensión alimenticia, promovido en su contra. Luego, de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable con el informe justificado arriba referido, se advierte que en los autos del expediente 82/2019, relativo al juicio de guarda y custodia, así como de pensión alimenticia, promovido por Maria Luisa Carrasquedo Calvo contra Jose Carlos Benitez Garcia, en siete de mayo del año en curso, ante la autoridad judicial responsable, el aquí quejoso, celebró convenio con la madre del menor D.B.C. (fojas 44 vuelta- 46), en el que entre otros aspectos, convinieron que la guarda y custodia definitiva del referido menor, quedara a favor de su progenitora; convenio, que en esa misma fecha fue aprobado por la juez señalada como responsable, al declarar que no contenía cláusulas contrarias a la moral o al derecho que pudieran afectar de manera manifiesta la equidad entre las partes o que descubrieran la intención de defraudar a terceros, elevando tal convenio a categoría de sentencia definitiva. De lo anteriormente narrado, se advierte que el aquí quejoso, al celebrar el indicado convenio, manifestó su voluntad en entregar o restituir a su menor hijo a la progenitora de este último, conviniendo que la guarda y custodia definitiva quedara a favor de la madre del menor, expresando un allanamiento, anuencia o conformidad por escrito de entregar al infante a Maria Luisa Carrasquedo Calvo, lo que revela de manera evidente que el ahora quejoso, se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales de entregar a su menor hijo en guarda y custodia definitiva a favor de la mamá del indicado infante. Por tanto, la expresión del consentimiento de los efectos del acto reclamado (entregar o restituir al menor) por parte del amparista, se traduce en un motivo manifiesto, notorio e indudable de improcedencia del juicio de derechos fundamentales que, desde luego, impide examinar la constitucionalidad del acto reclamado y, en su caso, ordenar la restitución de derechos fundamentales que eventualmente se consideraran transgredidos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página seiscientos veintiséis, del Libro 51, Febrero de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro electrónico 2016215, cuyo rubro y texto son los siguientes: CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento. De igual manera, cobra aplicación la tesis aislada de la Otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página cuatrocientos nueve, del Tomo III, Primera Parte, Enero- Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro electrónico 207999, con la letra y texto siguientes: CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD POSTERIORES A LA PROMOCION DEL AMPARO QUE ENTRAÑAN EL. Si después de solicitar el amparo en contra de una ley y su acto de aplicación, el quejoso gestiona administrativamente ante la aplicadora que se le autorice a cumplir, con alguna ventaja, dicho acto de aplicación, y la autoridad accede, emitiendo otro acto en que, substituyendo al reclamado, vuelve a aplicar los preceptos combatidos, existiendo constancia de que el quejoso acató el nuevo acto y pide el sobreseimiento, ha de concluirse que esos actos demuestran, por parte del quejoso, manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento de los actos reclamados conforme al artículo 73, fracción Xl, de la Ley de Amparo. Así cosas, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del numeral 63 del referido ordenamiento legal. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades ejecutoras; ya que el acto que les fue atribuido no se combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del reclamado a la ordenadora. Apoya ese argumento la jurisprudencia1 emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. 1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96, Sexta Parte, página 286. Sin que el sobreseimiento implique un agravio o deje sin defensa a la parte quejosa, pues la causal de improcedencia analizada es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte que la prosecución de este juicio carece de objeto, en virtud de que aun cuando se celebrara la audiencia constitucional, el resultado sería el mismo. Por tal razón, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Cabe precisar que algunos de los criterios de jurisprudencia que se invocan, fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior; sin embargo, son aplicables en tanto no se oponen a la vigente, en términos del artículo Sexto Transitorio de ésta última. Notifíquese como legalmente corresponda. I-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado, rendido por el Comisario de Seguridad Pública Municipal, con residencia en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Notifíquese. I-B

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