José Caballero Aragón y Otros.

Expediente 393/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
393/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • José Caballero Aragón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese a los autos el oficio 30071, signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, del que se advierte que se acepta la competencia declinada para conocer del juicio de amparo 1014/2018 de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A-Penal

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. a) Datos de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ CABALLERO ARAGÓN, NEREO CABALLERO ARAGÓN, JESÚS CABALLERO ALAVEZ y MIGUEL CABALLERO ALAVEZ, contra actos del Visefiscal Regional de la Costa, con residencia en Puerto Escondido, Juquila Oaxaca, Fiscal del Ministerio Público de Ríos Grande y Comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, ambos de la Agencia Municipal de Río Grande, Municipio de San Pedro Villa de Tututepec, Juquila, Estado de Oaxaca; que hace consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Los infundados e ilegales citatorios, girados a los suscritos quejosos, para el día 6 de septiembre del año 2018, a las 13:00 horas; mediante los cuales pretenden obligarnos para entregar la legitima posesión de una parcela que se localiza dentro de los bienes comunales de la Luz, Municipio de la Villa de San Pedro Tututepec, Juquila, Estado de Oaxaca; al señor IGNACIO CABALLERO ARAGÓN, que perteneció a mi finada madre y que se encuentra relacionada dentro del juicio de sucesión intestamentaria a bienes de la señora ONESIMA ARAGÓN LÓPEZ, bajo el número de expediente 318/2017, del índice del Juzgado Segundo Mixto de Puerto Escondido, San Pedro Mixtepec, Juquila, Estado de Oaxaca. (sic)". Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; regístrese con el número 393/2018, que le corresponde. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, que a saber, son las siguientes: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El transcrito numeral establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: a) El del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Las dos primeras reglas establecen como presupuesto fundamental la ejecución de los actos, pero la diferencia entre una y otra es que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, ya que la primera regla prevé todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que su ejecución se efectúe en una jurisdicción; en cambio, la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes, al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Por otro lado, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La intención del legislador al fijar la competencia de los Jueces de Distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito, al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto no requiere ejecución material será competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda de amparo. Por su parte, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vigor desde el día veintitrés de enero de dos mil trece, establece que los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, ejercen jurisdicción territorial, en los municipios que expresamente refiere, a saber: ". XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." Bajo esa consideración, se tiene que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo análisis es previo a la admisión de una demanda, como así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis 1a. II/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, visible en la foja 94, correspondiente a la Octava Época, registro 206167 cuyo rubro y texto es de la expresión siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Criterio jurisprudencial citado aplicable al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, conforme a las prescripciones que señala el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo lo será el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. De una recta intelección del artículo acabado de mencionar, se desprende que la competencia por razón de territorio cuando el acto reclamado tiene ejecución material, se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. En tales condiciones, cabe destacar que cualquier Juez de Distrito se deberá declarar incompetente de plano, cuando se presente una demanda de amparo en contra de un acto reclamado que tenga una ejecución material y que ésta se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado en otra jurisdicción que no le corresponda, pues en estos casos mandará los autos al Juez que considere competente. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto destacado que por esta vía constitucional reclaman los promoventes del amparo, lo es: los citatorios de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, girados a éstos por el Fiscal del Ministerio Público de la Agencia Municipal de Rio Grande perteneciente al municipio de San Pedro Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, para que se presentaran ante dicha autoridad el seis de ese mismo mes y año a las trece horas, a efecto de entregar la posesión de inmueble ubicado en el referido municipio, cuyos originales se acompaña con el escrito de demanda. Circunstancia que le genera competencia a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para conocer de la demanda de amparo de mérito, por actualizarse la hipótesis que establece el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que se refiere a que será competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; lo anterior, en virtud de que la comparecencia de los quejosos en razón de dichos citatorios tendría ejecución en la Agencia Municipal de Rio Grande perteneciente al municipio de San Pedro Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, lugar donde tiene ubicadas sus oficinas la referida autoridad responsable que emitió los citatorios en comento y el inmueble del que se duelen. En efecto, la Agencia Municipal de Rio Grande perteneciente al municipio de San Pedro Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca, de conformidad con el punto cuarto, fracción XIII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no está comprendido dentro de la relación de municipios en los que los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ejercen su jurisdicción de territorial. Por lo tanto, por exclusión corresponde conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en términos del punto cuarto, fracción XIII, primer párrafo del Acuerdo General antes referido, toda vez que, el acto reclamado tendría ejecución material dentro del ámbito territorial de la Agencia Municipal de Rio Grande perteneciente al municipio de San Pedro Villa de Tututepec, Juquila, Oaxaca. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo en cuestión, por lo que se declina competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; por consiguiente, remítase el original de la demanda de amparo de referencia, con sus dos anexos, y sus cinco copias, así como la papeleta de turno respectiva, para que proceda conforme a sus facultades legales. Déjese en este expediente copia certificada de la demanda de amparo y de la papeleta de turno respectiva. Por otra parte, téngase solamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a Alberto Ortega Méndez, Verónica Ortega Tabares y Alejandro Casarrubias Pinzón, en virtud de que no acreditaron con prueba documental alguna su calidad de licenciado en derecho, además, no existen registradas cédula profesional alguna en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede, sin perjuicio que una vez que acrediten tal extremo con la documental idónea, se les tenga autorizados en los términos amplios previsto en el citado artículo 12 de la ley de la materia. Asimismo, como lo solicita expresamente la promovente, téngasele únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones, así como las de carácter personal, a Javier Palacios Cruz. En cuanto a los estrados de este juzgado, que señala la parte quejosa como domicilio para recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos y como autorizados para tal efecto a las personas que indica. Notifíquese por lista a la parte quejosa, como se encuentra ordenado en este proveído, y cúmplase. II-A-Penal

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano