José Carlos Aquino Suárez

Expediente 540/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
540/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • José Carlos Aquino Suárez

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Toluca, Estado de México; ocho de mayo de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio signado por el Juez decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa no insistir en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por José Carlos Aquino Suárez y otros, circunstancia de la que se toma conocimiento. En otro orden, el estado procesal de este asunto evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, remítase al archivo de este Juzgado de Distrito y las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: El presente cuaderno es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto citado). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    IV) Toluca, Estado de México; treinta de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual remite el original del juicio de amparo 510/2019-XII de su índice, promovido por José Carlos Aquino Suárez, Naivi Angarica Rodríguez, Giancarlo Recio Manso, José Raúl Hernández Álvarez, Rodin Machado Martínez, Isaac Padrón Mora, Yury Alexey Diñeiro Portero, José Manuel Suárez Estévez, Katia Tereza Liens Pérez, Liam Gabriel Ríos Liens y Yasmanis Ríos Delgado, contra actos del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado como juicio de amparo 540/2019-IV. No aceptación competencia. Atento a ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, éste Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, no acepta la competencia planteada, en atención a las consideraciones siguientes: A fin de sustentar tal determinación, resulta pertinente destacar que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, sustentó su determinación con los argumentos siguientes: "(.) En la especie los quejosos señalaron como acto reclamado la inminente detención, expulsión y deportación o repatriación y manifestaron que al presentarse en las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México, el cual tiene su sede en la ciudad de Toluca, a solicitar su salvoconducto de tránsito, les manifestaron que no estaban realizando ese trámite y que estaban empezando a detener y deportar a todo migrante que no contara con algún documento que le permitiera su legal estancia en el país. Por tanto, de conformidad con el ordinal 37 de la ley de la materia, se estima que la competencia para conocer del asunto a estudio, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad responsable ejecutora, es decir, un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Bajo esa óptica, este órgano de control constitucional considera que si la autoridad responsable ejecutora tiene su lugar de residencia en Toluca, Estado de México; en consecuencia, corresponde el conocimiento del juicio de garantías a un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esa ciudad, en turno, en favor de quien se declina la competencia, ello en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la competencia para conocer de un juicio de garantías deriva del lugar en que residan las autoridades ejecutoras. (.)". Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional, no comparte el criterio que sustenta el homólogo declinante, por lo siguiente: En el caso, se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo de manera integral, para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto, el artículo 37 de la vigente Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se deducen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez en cuyo ámbito territorial deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito, pero continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de cualquiera de ellos, a prevención; y 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La competencia por razón de territorio en materia de amparo se fija en atención a un criterio unitario, relativo a la naturaleza del acto que puede tener ejecución material o bien, tratarse de actos de naturaleza meramente declarativa. Para que un juzgador tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera la garantía de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los Jueces de Distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Corolario a lo expuesto, este juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovido por José Carlos Aquino Suárez, Naivi Angarica Rodríguez, Giancarlo Recio Manso, José Raúl Hernández Álvarez, Rodin Machado Martínez, Isaac Padrón Mora, Yury Alexey Diñeiro Portero, José Manuel Suárez Estévez, Katia Tereza Liens Pérez, Liam Gabriel Ríos Liens y Yasmanis Ríos Delgado; lo anterior, toda vez que del citado auto de incompetencia se advierte que el Juez declinante sostuvo su determinación de incompetencia únicamente en el hecho de que la autoridad ejecutora tiene el lugar de residencia en Toluca, Estado de México. Sin embargo, a juicio de este juzgador, en primer orden, debe considerarse que los actos reclamados por los quejosos, son de aquellos que requieren de ejecución material, pues se hacen consistir en su detención y retención con fines de deportación, expulsión y/o repatriación asistida fuera de procedimiento. En ese escenario, debe atenderse a las hipótesis primera, segunda y tercera de las reglas de competencia prevista en el artículo 37, de la Ley de Amparo, esto es, será competente en juez cuyo ámbito territorial deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que son competentes a prevención donde se haya presentado la demanda, es decir, en Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Entonces, de esa información se obtiene que los quejosos transitan destino a la frontera Norte de México, que se encuentran varados en esta ciudad (México) pero no precisan en que parte del Estado de México, de ahí que, hasta este momento no se tiene los elementos necesarios para determinar que los actos reclamados tengan ejecución en esta ciudad de Toluca, Estado de México, porque, por un lado los quejosos no precisan en qué lugar se encuentran varados de modo que con base en ello poder determinar dónde podrían ser detenidos en cumplimiento a la ejecución del acto reclamado. Además no debe perderse de vista que si los quejosos dicen que tienen como destino el Norte del País, con rumbo a los Estados Unidos de América, se entiende que los actos reclamados pueden ejecutarse en cualquier lugar que se encuentren en tránsito, incluso en el territorio de Naucalpan, Estado de México, donde es probable se encuentren, por ser el lugar en que formularon la demanda de amparo, como se advierte del encabezado de la demanda, donde además designan domicilio procesal. Todos estos factores de hecho, impiden hasta este momento procesal, sostener que los actos reclamados necesariamente se ejecutan, puedan tener ejecución o tratar de ejecutarse en esta ciudad de Toluca, pues también existe la posibilidad de que se ejecute en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En ese orden, a prevención quien debe conocer de la demanda es el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Es cierto que se señalaron como autoridad ordenadora al Delegado Estatal del instituto Nacional de Migración y como ejecutora al Agente Migratorio adscrito al citado instituto, ambos con residencia en Toluca, Estado de México. Sin embargo, para determinar con base en ello, la competencia para este Juzgado, necesariamente se requiere que las autoridades responsables hayan aceptado el acto reclamado, y en caso de que lo nieguen, la parte quejosa deberá desvirtuarlo atendiendo al principio de quien afirma está obligado a probar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 52/2013, (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2004166, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 383, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Así como la Tesis 2a. XXVII/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro 164731, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 438, de rubro y texto: "PLAZOS EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE RESULTA INNECESARIA SU AMPLIACIÓN POR RAZÓN DE LA DISTANCIA. Acorde con el artículo 24, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ampliar los plazos en el juicio de garantías por razón de la distancia debe considerarse la facilidad o dificultad de las comunicaciones, de donde se obtienen dos variables lógicas: 1. A mayor facilidad de las comunicaciones, menor es la posibilidad de que se otorgue al quejoso o recurrente la ampliación del plazo; y, 2. A mayor dificultad en ellas, mayor será esa posibilidad. Este precepto debe interpretarse armónicamente con el numeral 25 de la propia ley, que faculta a las partes que residan fuera del lugar del juicio a presentar sus promociones en la oficina de correos o telégrafos correspondiente al lugar de su residencia, en el sentido de que en este caso resulta innecesaria la ampliación del plazo señalado, porque al tener a su alcance inmediato un medio de comunicación no tienen necesidad de trasladarse al lugar en donde reside el tribunal para presentarlas." Por otro lado, no debe perderse de vista que en caso particular, atendiendo al contenido integral de la demanda se advierte que los quejosos también reclaman la omisión de las responsables de proporcionarles el salvo conducto para seguir su tránsito hacia el Norte de este país, rumbo a los Estados Unidos de América. Entonces, dicho acto actualiza la hipótesis de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido que es competente el juez de Distrito el del lugar en que se presente la demanda cuando el acto no requiera de ejecución material, como acontece en la especie en que la omisión reclamada no tiene ejecución, cuenta habida que no se podría dividir la continencia de la causa. Sirve de sustento a lo anterior por si idea jurídica, la tesis PC.XV. J/34 L (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2017790, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1393, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE HACER CUMPLIR EL LAUDO Y ACORDAR PETICIONES, ASÍ COMO LA ABSTENCIÓN DE ACATARLO. AL SER ACTOS QUE NO REQUIEREN DE EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El artículo 37, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; luego, la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo dictado y de acordar sus peticiones, así como la abstención de acatarlo, reclamados a las autoridades responsables (autoridad jurisdiccional y parte patronal en el juicio laboral), constituyen actos que no requieren de ejecución material. Por lo que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, ya que se trata de una abstención, en tanto que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, es decir, no modifican el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito de lo formal, al omitirse realizar los actos necesarios para cumplir el laudo condenatorio, por lo que solamente permanece ese estado de inejecución, lo que se traduce en que se trata de una omisión simple que carece de efectos positivos, al margen de que ese "no hacer" conlleve que mientras las autoridades persistan con la abstención reclamada, el quejoso continúe resintiendo una afectación en su derecho de acceso a la justicia. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, es decir, un no actuar, y un acto omisivo es el que deberá determinarse, en caso de existir, si es o no vulnerador de derechos humanos, no así los actos que pudieran desplegar las autoridades responsables." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este juzgado federal no acepta la competencia declinada por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, pues como se expuso anteriormente el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito y por consiguiente, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Atento a lo anterior, devuélvase el juicio de amparo remitido a su lugar de origen, solicítese el acuse de recibo respectivo y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

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