José Campa Garcia

Expediente 476/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
476/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2017

Partes del expediente

  • José Campa Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; once de mayo de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual comunica la aceptación de la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por el quejoso José Campa García. Atento a lo anterior y al estado procesal del presente cuaderno de antecedentes evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, por lo tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, y los escritos signados por el quejoso José Campa García. Ahora bien, respecto el primero de cuenta, la oficiante rinde su informe justificado, ahora bien de la lectura del mismo se advierte lo siguiente: ".1. En efecto, este Primer Tribunal de alzada, se radicó el toca de apelación número 762/2002,formado con motivo del recurso de apelación instado por José Campa García, en contra de la sentencia condenatoria, que le fue dictada en la causa penal 31/2001,del índice del entonces Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del distrito Judicial de Toluca, Estado de México,- actualmente causa 66/2015 del Juzgado Segundo Penal misma instancia y sede-, por la comisión del delito de ULTTRAJES, cometido en agravio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, así como por el delito de ROBO CON VIOLENCIA, cometido en agravio de CÉSAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO MEJÍA MEJÍA,JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ, VICENTE JOSÉ MARTÍNEZ, y la empresa denominada TURISMOS Y AUTOBUSES MÉXICO- TOLUCA, TRIANGULO Y AUTOBUSES C.V., representada por FERNANDO RUÍZ VÁZQUEZ y PEDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en el que SE CONFIRMÓ LA SENTENCIA RECURRIDA, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil dos. 2. Inconforme con la resolución aludida en el punto que antecede, el sentenciado JOSÉ CAMPA GARCÍA, promovió juicio de garantías vía directa, radicada en el Tercer Tribunal colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, bajo el número 241/2006; mismo que se falló el cinco de octubre del dos mil seis, CONCEDIÉNDOLE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN A JOSÉ CAMPA GARCÍA. 3. Consecuentemente, este Primer Tribunal de alzada en Materia Penal Toluca, en fecha treinta de octubre de dos mil seis, dictó nueva resolución en acatamiento a la ejecutoria amparante, siguiendo los lineamientos de esta, MODIFICANDO LA SENTENCIA CONDENATORIA, de tal suerte que la resolución de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dos, fue sustituida por la nueva resolución emitida. 4. De ello se advierte que la nueva resolución, ha quedado firme habida cuenta que JOSÉ CAMPA GARCÍA, al promover otra demanda de amparo, que se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado Materia Penal del Segundo circuito, bajo el número 258/2007; LE FUE NEGADO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN." Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese orden, este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. Ahora, analizado en su integridad el informe justificado referido en párrafos que anteceden, se desprende que el acto por esta vía impugnado es la resolución de treinta de octubre de dos mil seis, dictado por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, en acatamiento a la ejecutoria amparante, siguiendo los lineamientos de esta, modificando la sentencia condenatoria, de tal suerte que la resolución de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dos. Lo anterior, en atención a una interpretación del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, al ser aquella la última resolución emitida por el tribunal de alzada en el toca de apelación 762/2002, y al pretender el quejoso declare la nulidad de acumulación de sus "(seis) sentencias" en una sola de treinta años, materia de la resolución en comento. Inclusive refiere en su escrito aclaratorio, que la fecha que tuvo conocimiento del acto reclamado, fue hace quince años, cuando se notificó la sentencia condenatoria en el toca de apelación 762/2002. Ahora, en principio, conviene precisar el contenido del artículo 47 de la Ley de Amparo, en la parte que nos interesa establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda..." Por tanto, en la especie se actualiza la hipótesis descrita, pues el acto reclamado en esta instancia (la resolución de treinta de octubre de dos mil seis, dictado por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca), no se estiman materia de este juzgado, pues se advierte que deriva de una sentencia condenatoria. Lo anterior se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado el Magistrado Presidente del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de las que se evidencia que el acto reclamado deriva de una sentencia condenatoria. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que es legalmente incompetente por razón de competencia para conocer del presente juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado se estima es materia de amparo directo, ya que, es la resolución de treinta de octubre de dos mil seis, dictado por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, a modificar la sentencia condenatoria de primera instancia, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil dos. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48, de la Ley de Amparo, y con apoyo además en el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límite territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, ya que el acto reclamado por la parte quejosa, es materia de su conocimiento, por los motivos expuestos. En mérito de lo expuesto, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal de Alzada, para que determine lo conducente. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Tribunal de Alzada que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional, vía fax o correo electrónico oficial, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. En diversa tesitura, por lo que respecta al segundo y tercero de cuenta, por medio de los cuales el quejoso ofrece pruebas y formula alegatos, ahora bien, este órgano jurisdiccional se reserva de proveer respecto, hasta en tanto el Tribunal de Alzada correspondiente comunique lo procedente respecto a la competencia declinada. Asimismo se reserva de señalar fecha y hora para la audiencia constitucional, por los motivos antes expuestos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria JOSÉ MAURICIO NEIRA VILLARREAL que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo 2°, por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso José Campa García, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita copia certificada de todo lo actuado en el presente asunto; por tanto, no ha lugar a realizar mayor proveído respecto al domicilio que señala, toda vez que en auto de cuatro de los cursantes, este órgano se pronunció al respecto. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase al promovente la copia certificada de las actuaciones que integran el presente expediente, facultando al actuario de la adscripción para que las entregue al momento de notificar al impetrante la presente determinación, debiendo asentar la razón de su recibo, para debida constancia legal. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil diecisiete. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso José Campa García, desahoga en tiempo y forma el requerimiento hecho en auto aclaratorio de veintisiete de marzo pasado (fojas 8 y 9); en consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Admisión. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. Apertura de incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la parte inconforme no lo solicitó expresamente. Intervención del Ministerio Público. Notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio. Señalamiento de audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con quince minutos del tres de mayo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Causales de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; en esas condiciones, con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, la presente y las subsecuentes notificaciones realícense por oficio, adjuntando al que derive del presente, copia simple de la demanda y escrito aclaratorio. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notifíquese y mediante oficio al tercero interesado. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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