José Bernardo Cervantes Beltran

Expediente 676/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
676/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
07/07/2023

Partes del expediente

  • José Bernardo Cervantes Beltran
  • Presidente de la Décimo Tercera Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Guadalajara, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo actuado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo definitivo. Asimismo, del expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de siete de febrero de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: El original del presente cuaderno es conservable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, se transferirá al depósito documental respectivo. Y, respecto del duplicado de este incidente, es destruible, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, por lo que, trascurrido el plazo de seis meses ahí indicado, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en las carátulas respectivas, en términos de lo dispuesto por el numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, siete de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, en la que, se sobreseyó en el juicio de amparo; en este proveído causó estado; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 20 fracción I, del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo de tres años, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el precepto legal invocado y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 34 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la presentación de la demanda de amparo tuvo lugar el tres de noviembre de dos mil veintidós, en la que el quejoso José Bernardo Cervantes Beltrán, reclamó: "De la autoridad señalada como responsable ordenadora, El señor Presidente de la Décimo Tercera Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el auto de dictado dentro del expediente número 1963/2009-C promovido por Alma Angélica Guzmán León, mediante el cual ordenó embargo que a la postre recayera sobre la cuenta bancaria de la cual soy titular, del cual se ignora la fecha por no ser parte en dicho juicio." Esto es, esencialmente se duele del auto por el que se ordenó el embargo o bloqueo de la cuenta bancaria 60-52965629-6 del Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México. Ahora bien, de autos se tiene que la responsable Presidente de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco con sede en Guadalajara, al rendir su informe justificado, en fecha dos de marzo de dos mil veintitrés, manifestó que los actos eran inexistentes puesto que, dentro del juicio laboral 1963/2099/13-C promovido por los trabajadores Alma Angelina Guzmán Limón, Edgardo Isai Rodríguez Gómez y Perla Licet Gollas Loera frente a Elsa Margarita Valencia Jiménez, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós los actores comparecieron a manifestar que la patronal les había cubierto la totalidad de las prestaciones a que fue condenada mediante laudo dictado el veintiocho de noviembre de dos mil doce, así como las actualizaciones derivadas de los salarios caídos, y por así convenir a sus intereses, se desistieron del embargo realizado a las cuentas bancarias, de diversas índoles, de la empresa de donde emano la relación laboral, por lo que solicitaron el archivo, en consecuencia en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós se ordenó el levantamiento del embargo de cuentas y se calificó dicho procedimiento como totalmente concluido. Ahora bien, debe destacarse que el quejoso en su escrito inicial de demanda refirió que ante el bloqueo reclamando en el año dos mil veintidós, al no poder tener acceso a sus cuentas acudió a la institución financiera que las alberga, y al pedir información sobre el bloqueo, le informaron que lo era por un embargo derivado de un oficio girado dentro del Juicio Laboral número 1963/2009-C, del índice de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco con sede en Guadalajara promovido en contra de Elsa Margarita Valencia Jiménez, quien es esposa de la parte quejosa. De lo anterior se tiene que a la presente fecha la cuenta que en su momento fue bloqueada y que generó el acto reclamado primordial ha quedado completamente liberada, pues como lo refiere la propia responsable, los acreedores en el juicio laboral de origen se dieron por pagados, y solicitaron el levantamiento del embargo relativo a las cuentas a que se refiere el juicio laboral 1963/2009-C. Bajo las relatadas condiciones se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto legal transcrito establece que se actualiza la causa de improcedencia cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la causa de improcedencia invocada no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con título: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Bajo las anteriores consideraciones, debe convenirse que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, pues el quejoso José Bernardo Cervantes Beltrán, ya cuenta con total acceso a la cuenta que le fue bloqueada y que señaló como acto reclamado, como se precisó en supralíneas y por los argumentos allí referidos. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por tanto, de conformidad con lo dispuesto del artículo 63, fracción V, de la ley en cita, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.". Asimismo, la jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con título: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil veintitrés. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Control (Electrónico) respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que por auto de dos del mes y año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Presidente Especial de la Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, y en atención a que manifestó: Se ordenó requerirle mediante oficio las constancias a que hizo referencia dicho informe, sin que las haya remitido. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que quede debidamente notificado del presente proveído, remita copia certificada, completa y legible de las constancias del expediente a que se refiere en su informe de cuenta, apercibida que en caso de ser omisa se le impondrá una MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se fijan las once horas con diez minutos del seis de julio de dos mil veintitrés, para su verificativo. NOTIFÍQUESE.

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