José Armando Farias Pimentel
Expediente 266/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 266/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 07/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Armando Farias Pimentel
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo... se declara que dicha sentencia ha causado estado. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales...se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente cuaderno, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece artículo 21, inciso b), del acuerdo que nos ocupa. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución interlocutoria de treinta de julio de dos mil veintiuno, se negó en parte y en otra se declaró sin materia la suspensión definitiva de los actos reclamados; en esa medida... envíese el presente incidente al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a, del referido acuerdo y en apoyo a lo establecido en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal emitido por la Dirección General de Archivo y Documentación, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es destruible. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Siendo las once horas con diez minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia incidental, , dentro de la cual se dictó resolución incidental, dentro de la cual se dictó resolución, misma que concluyó de la siguiente manera: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Armando Farías Pimentel, por su propio derecho, contra el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO.- Se declara SIN MATERIA el presente incidente de suspensión, respecto del acto reclamado de la autoridad responsable señalada en el considerando cuarto de esta interlocutoria, por las razones ahí expuestas. NOTIFÍQUESE; Y HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE JUZGADO.
- Principal
En razón de que la parte quejosa JOSÉ ARMANDO FARÍAS PIMENTEL o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos; treinta y uno de julio del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Proveído que en lo conducente dice: Uruapan, Michoacán, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de dos de julio del año en curso, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de lo informado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, Michoacán, en el sentido de que en data diecinueve de mayo del año en curso se emitió auto de no vinculación a proceso, en términos de lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor del imputado (quejoso), al no justificarse su probable intervención en la comisión del hecho con la apariencia de delito; y que, por ende, se decretó la inmediata libertad del quejoso; sin que haya hecho manifestación alguna al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se entiende que está conforme con dicha información de la autoridad responsable, para los efectos legales consiguientes. ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, es conveniente señalar que el estudio de las causas de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". De igual manera, cabe precisar que, en la demanda de amparo, depositada en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el doce de mayo de dos mil veintiuno, consta que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La orden de aprehensión y su ejecución. Al respecto, del oficio registrado bajo el consecutivo 8592, por el que rindió su informe justificado la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, así como de su diverso oficio registrado bajo el consecutivo 10689 y su anexo, se advierte que en los autos del proceso penal de origen -136/2019-, la autoridad responsable aceptó que sí se dictó una orden de aprehensión en contra del quejoso, previa a la presentación de la demanda de amparo, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en agravio de Miguel Ángel Vargas Torres, la cual fue cumplimentada el catorce de mayo próximo pasado; y que en data diecinueve de mayo del año en curso, se emitió auto de no vinculación a proceso, en términos de lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor del imputado en mención (quejoso), al no justificarse su probable intervención en la comisión del hecho con la apariencia de delito; por ende, se decretó la inmediata libertad del quejoso; y para ello remitió copia del acta mínima de la audiencia celebrada el diecinueve de mayo del año en curso, en la que consta que se dictó auto de no vinculación a proceso al quejoso José Armando Farías Pimentel. Documental pública que hace prueba plena respecto de los hechos enmarcados en su contenido, en atención a su naturaleza pública y conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Por consiguiente, tal circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, en relación con la causal de sobreseimiento a que se refiere la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica acaecido en el mismo, deban considerarse que se consumaron irreparablemente las violaciones que se reclaman por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el presente caso, se afirma que se actualiza la referida causal de improcedencia, en virtud de que según quedó acreditado en autos, el diecinueve de mayo del año en curso, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan emitió auto de no vinculación a proceso, en términos de lo que establece el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a favor del imputado (quejoso) en mención, al no justificarse su probable intervención en la comisión del hecho con la apariencia de delito; por ende, se decretó la inmediata libertad del quejoso; y para ello remitió copia del acta mínima de la audiencia celebrada el diecinueve de mayo del año en curso, en la consta dicha situación; ello derivado de la orden de aprehensión reclamada materia de este juicio de amparo. En consecuencia, si en un inicio se reclamó la orden de aprehensión y posteriormente se dictó auto de no vinculación a proceso, es inconcuso que operó un cambio en la situación jurídica del aquí quejoso, pues al dictarse el auto de no vinculación a proceso por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, es precisamente esa última resolución la que establece los derechos, cargas u obligaciones del aquí quejoso en el procedimiento penal; y dio lugar a que las violaciones que reclamó en relación a la orden de aprehensión y de la que fue sujeto hayan quedado consumadas irreparablemente con el dictado del auto de no vinculación a proceso, puesto que no podría decidirse sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica a que se alude, ya que se le dejó en libertad respecto de la causa penal 136/2019, que dio origen a la orden de aprehensión de la que se dolía la parte quejosa. Lo anterior, en virtud de que es precisamente esa última resolución la que establece los derechos, cargas u obligaciones del aquí quejoso en el procedimiento penal Lo anterior encuentra sustento por identidad jurídica, en la jurisprudencia 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Asimismo, por orientación, en la diversa tesis II.2o.P.44 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1702, Décima Época, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes.". Aunado a que la diversa autoridad señalada como responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, Michoacán -en cuanto ordenadora-, al momento de rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado por la quejosa de mérito. Por lo antes expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley en cita, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada contra el aquí quejoso en la causa penal 136/2019 del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil veintiuno. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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