José Benito Reséndiz Rocha
Expediente 999/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 40 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Benito Reséndiz Rocha
- Magistrados Integrantes de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
- Sofía Espinosa de los Monteros Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
MESA IX. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo otorgado a las partes en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció, siendo que el quejoso presentó dos escritos a través de los que formuló algunas alegaciones; ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesoria se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que *** solicitó en su favor el reconocimiento de inocencia del que tuvo conocimiento la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo registró con el toca penal 123/2019 y el dos de octubre de dos mil diecinueve, lo declaró improcedente. En contra de esa determinación se promovió este juicio y en sentencia engrosada el treinta de octubre de dos mil veinte, en lo que ahora interesa, se negó la protección constitucional solicitada; inconforme con tal determinación *** interpuso recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por lo que en sesión de tres de junio de dos mil veintiuno, resolvió revocar la sentencia recurrida, esencialmente por lo siguiente: Cuando el sentenciado solicitó el reconocimiento de su inocencia -el treinta de noviembre de dos mil quince-, se encontraba vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que con la aplicación de ese código debe resolverse la solicitud planteada. En ese sentido, concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: 1) Dejar insubsistente la resolución reclamada. 2) Reponer el procedimiento en el incidente de reconocimiento de inocencia a fin de que en el mismo se aplique lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, substanciado el trámite, con plenitud de jurisdicción y motivadamente se emita la resolución correspondiente. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad ordenadora responsable el cumplimiento a dicha ejecutoria; el veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó las gestiones realizadas para el cumplimiento del fallo amparador, hasta que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, indicó haber acatado el requerimiento que se le ordenó, seguido el trámite en el asunto, el cuatro de noviembre del año en cita, se ordenó designar defensor público para que representara al sentenciado y el seis de diciembre se informó de la aceptación del cargo por parte de la licenciada Adriana García García, quien el trece siguiente remitió constancia de la asesoría legal proporcionada a aquél. En ese sentido, del examen de las documentales y disco versátil digital que acompañó la autoridad responsable en apoyo al cumplimiento de la ejecutoria que se le ordenó y las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129, 197, 202, 207, 210 A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, y de conformidad con la jurisprudencia: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL, Y DEBEN DE TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se advierte que dicha responsable llevó a cabo lo siguiente: - El uno de septiembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la determinación de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el toca penal *** por el que se negó el reconocimiento de inocencia promovido por el sentenciado ***. - Ordenó la reposición del procedimiento para que la solicitud de declaración de inocencia, se substanciara bajo las reglas procesales establecidas en el artículo 489 del Código Nacional de Procedimientos Penales. - Recabó las constancias que conforman la causa penal *** en la que fue sentenciado JOSÉ BENITO, así como las pruebas que ofreció al promover el amparo indirecto y señaló fecha para celebrar la audiencia. - El veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, llevó a cabo la audiencia oral en la que se hizo constar que estuvieron presentes el agente del Ministerio Público, asesor jurídico público, la defensora pública del sentenciado y éste (tiempo de reproducción 13:48:10 a 13:51:40) y se destacó que la víctima indirecta no se presentó a pesar de estar debidamente notificada de su cita; la defensa ofreció pruebas con las que se corrió traslado a las partes (tiempo de reproducción 13:55:38 a 14:05:32), expusieron manifestaciones inherentes a su contenido y formularon alegatos (tiempo de reproducción 14:18:24 a 14:30:15); el sentenciado también hizo uso de esta prerrogativa (tiempo de reproducción 14:30:55 a 14:31:25), la Magistrada responsable cerró el debate e hizo saber que en los siguientes cinco días contados a partir de esa audiencia, se emitiría la resolución (tiempo de reproducción 14:31:44 a 14:32:14). El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió el toca de apelación 123/2019 en el que determinó lo que sigue: "PRIMERO.- Se declara infundada la solicitud de RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA, promovida por el sentenciado *** porque no opera en el particular ninguna de las hipótesis establecidas en el numeral 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Y en su parte considerativa destacó: ". En ese sentido, no se cumplen los supuestos de procedencia de la solicitud de reconocimiento de inocencia, previstos en el numeral 486 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque el sentenciado no ofreció algún medio de convicción superviniente, que, dada la naturaleza del reconocimiento de inocencia, eran necesarios para demostrar de manera plena los supuestos a que hace referencia; esto es, que las pruebas en las cuales se sustentó la sentencia condenatoria, hubieran quedado desvirtuadas y, como consecuencia que el hecho no aconteció como se estableció en la sentencia definitiva y tampoco se acredita su intervención en su comisión. Porque los documentos que presentó no satisfacen los requisitos de procedencia... dado que no son una prueba novedosa y superviniente que demuestre de manera plena que no existió el delito por el cual se dictó sentencia condenatoria, tampoco demuestra que no participó en su comisión, ni mucho menos le ayuda para desacreditar formalmente las pruebas en las que se fundó la condena." En las relatadas circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Se afirma lo anterior, ya que de manera contraria a lo que alega el promovente -respecto a que no se dio cumplimiento a la sentencia de amparo-, la autoridad responsable, en estricto acatamiento a los lineamientos precisados por el Tercer Tribunal Colegiado, dejó insubsistente el acto reclamado, repuso el procedimiento en el incidente planteado y resolvió la solicitud de declaración de inocencia que promovió el sentenciado, aplicando para ello lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico, lo que establece el artículo 489 del código referido y determinó que la solicitud planteada resultó improcedente. Por tanto, la determinación adoptada por la autoridad responsable, es congruente con los efectos de la ejecutoria, pues en ella expuso las razones jurídicas que le llevaron a resolver de esa manera. En esas condiciones, conforme lo prevé el numeral 196 de la ley de la materia, se ordena archivar este asunto como concluido. Se determina que este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b) de la fracción I del ordinal 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se concedió la protección constitucional; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación la demanda de amparo, la resolución recurrida y la sentencia que puso fin al juicio, así como esta determinación, y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo dispone el último párrafo del citado artículo, una vez que transcurran tres años y terminado el proceso de depuración, deberá transferirse el expediente a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, como lo dispone el precepto 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno. Finalmente, la decisión que precede, en modo alguno restringe el derechos de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el numeral 202 del referido ordenamiento legal.
- Principal
MESA I.- Agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada Adriana García García, en su carácter de defensora pública de JOSÉ BENITO RESÉNDIZ ROCHA, mediante el cual hace del conocimiento que se entrevistó y asesoró al quejoso, lo que acredita con la cédula interna de registro de asesoría jurídica, que anexa al escrito de cuenta, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MES AI Agréguese a los autos el escrito remitido vía interconexión signado por la licenciada Adriana García García, defensora pública designada para representar al quejoso JOSÉ BENITO RESÉNDIZ ROCHA (cargo que acredita con la cédula profesional que anexa y credencial); en atención a su contenido, se le tiene aceptando y protestando el cargo conferido en este juicio de amparo. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; y por autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo a las personas que señala para tal efecto. Por otra parte, se le tiene señalando el correo electrónico defensoria.adriana@gmail.com para comunicaciones no procesales.
- Principal
MESA I Vista la notificación personal de JOSÉ BENITO RESENDIZ ROCHA, se advierte que solicita un defensor público; en ese sentido, se requiere al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su notificación designe a un defensor que asesore al justiciable. Lo anterior, en virtud de que el quejoso, señaló como autoridad responsable a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por lo que, la designación de defensor o asesor jurídico es de naturaleza local, por ser ésta la jurisdicción de la autoridad antes precisada. Apercibido que de incumplir con lo anterior, con fundamento en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá multa de cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización. Resulta aplicable la Jurisprudencia 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO".
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