José Asamar Ramírez Espinosa
Expediente 836/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 836/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Asamar Ramírez Espinosa
Actuaciones
- Principal
MESA III. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo concedido por acuerdo de diez de octubre del año en curso, para que el quejoso José o Josué Asamar Ramírez Espinosa, señalara autoridades ejecutoras en esta Ciudad, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y se provee lo conducente respecto a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda. Sentado lo anterior, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público, por tanto, preferentes. En principio, la competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por el juez incompetente. Luego, primeramente debe atenderse a lo que la Carta Magna -máxima fuente del derecho interno en el país- establece respecto de la competencia, para después acudir a la ley de la materia. Entonces, conforme al artículo 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Federal, la competencia -por razón de territorio- recae en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con ese numeral, al crear el artículo 37 de la Ley de Amparo, el legislador ordinario estableció tres reglas para establecer la competencia, según si el acto requiere o no de 'ejecución material', entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado. De modo que la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo; sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. Con base en esas premisas, la primera regla determina que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda indica que cuando el acto pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, la tercera establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más Distritos. De ahí que, conforme a la primera regla, será competente el Juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, del análisis integral de la demanda d amparo se advierte que el quejoso reclama las órdenes de presentación, aprehensión y detención, así como su ejecución; asimismo, únicamente señala como autoridades responsables a la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México y al Director General de Seguridad Pública de Ixtapaluca en el Estado de México, con el carácter de ejecutoras. En ese sentido, es indiscutible que las órdenes reclamadas, son actos que requieren ejecución material. Además, al momento en que el quejoso promovió demanda de amparo, el mandato de captura reclamado no se había ejecutado ni se estaba ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, porque tales actos se consuman en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, los citados actos reclamados en este juicio requieren ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Por tanto, la regla para fijar la competencia en este supuesto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 37 de la ley de la materia, estriba en el lugar en que ese acto deba tener ejecución o trate de ejecutarse. Ahora, dichos actos pueden ejecutarse en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio, como lo refiere el quejoso en este juicio; sin embargo, ello no es suficiente para dar competencia al juez de amparo. En efecto, si bien el quejoso señala que en su domicilio ubicado dentro de la jurisdicción de este juzgado, se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, ese dato es insuficiente para determinar la competencia de este juzgador, pues era necesario que éste señalara autoridades ejecutoras con residencia en esta Ciudad, para lo cual se le dio vista, sin que hiciera tal manifestación. Conviene precisar que la inminencia de la ejecución del acto reclamado no implica que dicha ejecución deba tener lugar necesariamente en la Ciudad de México, no obstante la circunstancia de que el accionante del amparo tenga su domicilio en la Ciudad de México, aunado a que de autos no se aprecia constancia de la que se infiera que la intervención de autoridades con residencia en esta Ciudad en la ejecución de dicho acto, como lo sería un oficio de colaboración. Contextualizado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por José o Josué Asamar Ramírez Espinosa, el Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, pues el quejoso no señaló autoridades ejecutoras con residencia en el territorio en el que este juzgado de amparo ejerce jurisdicción. Para concluir lo anterior, no se desconoce que sí es factible la colaboración entre autoridades ministeriales de distintas Entidades Federativas para la ejecución de una orden de aprehensión. Sin embargo, no por ello opera la segunda regla competencial -a prevención- prevista por el mencionado artículo 37 del catálogo normativo en consulta, pues la naturaleza del acto reclamado justifica que su ejecución no puede realizarse en dos o más Distritos. Según ha quedado establecido, originariamente es instantánea, aunque con ciertas particularidades, sus efectos se prolongan en el tiempo. Así, en el supuesto que se analiza, no fueron señaladas autoridades ejecutoras con sede en la Ciudad de México y no hay datos que permitan inferir que el destinatario de esa orden privativa de la libertad ya se encontraba localizado, por ejemplo y, sobre bases sólidas, establecer con certeza que trató de ejecutarse en este territorio. Aunado a que, como ya se dijo, se previno al quejoso en auto de diez de octubre pasado para tal efecto, sin que hiciera manifestación al respecto. Luego, la circunstancia que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio señalado por el quejoso en su demanda, sino de la autoridad a quien se encomiende su ejecución, pues adoptar ese criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar el lugar en donde según él se pretendió ejecutar el acto reclamado, aún a pesar de señalar autoridades foráneas a esa localidad; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 52/2013, Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo; y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. La decisión asumida encuentra su fundamento en lo previsto en el punto cuarto, apartado segundo, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, fórmese cuadernillo de antecedentes y remítase este juicio de amparo 836/2017-III, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno; solicitando al órgano de control constitucional que conozca, el acuse de recibo correspondiente y la comunicación de la resolución que se pronuncie al respecto.
MESA III. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por José Asamar Ramírez Espinosa, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y Director General de Seguridad Pública de Ixtapaluca Estado de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 836/2017-III-A. PREVENCIÓN Con el objeto de estar en condiciones de acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es pertinente destacar que el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto establece las reglas para determinar la competencia de un Juez de Distrito, a saber: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, un aspecto fundamental para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, es el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. En el caso concreto, José Asamar Ramírez Espinosa, en el capítulo de autoridades responsables, señala como tales a: a). Procuraduría General de Justicia del Estado de México. b). Director de Seguridad Pública de Ixtapaluca Estado de México. De lo anterior, se advierte que el impetrante no señaló a alguna autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, con el objeto de determinar si los actos reclamados (ejecución de la orden de detención, presentación o aprehensión), pueden ser ejecutado en la Ciudad de México. Cobra aplicación la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, tomo IX, mayo de 1992, tesis 1a. III/92, visible en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo. Aspecto que se estima imprescindible, a fin de que este juzgado esté en aptitud de determinar la competencia, y en vía de consecuencia, la procedencia del juicio biinstancial, por ser una cuestión de análisis oficioso y preferente al fondo del asunto. En consecuencia, procede conforme al mencionado artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA" prevenir a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, siguientes al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad haga lo siguiente: Señale a la autoridad ejecutora con residencia en esta Ciudad. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no señalar la autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, se proveerá lo conducente únicamente en cuanto a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 383, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Con la citada prevención, de ninguna manera se desconoce que el impetrante señala domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, él mismo que señala donde puede ejecutarse el acto reclamado; sin embargo, ello no es suficiente para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, ya que implicaría sujetar una cuestión de orden público (competencia) a la voluntad del quejoso. Es aplicable la jurisprudencia 12/1995, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Materia Penal, página 97, de rubro y texto: COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda. Ahora bien, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Hernández Hidalgo y Rogelio Palacios Islas, en virtud que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos; en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a Arturo Almaraz Hernández por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema descrito. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido de la Secretaria María del Rosario Licona Valentín, que autoriza y da fe. AAH Ciudad de México, diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por José Asamar Ramírez Espinosa, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México y Director General de Seguridad Pública de Ixtapaluca Estado de México, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16, Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 836/2017-III-A. PREVENCIÓN Con el objeto de estar en condiciones de acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es pertinente destacar que el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Dicho precepto establece las reglas para determinar la competencia de un Juez de Distrito, a saber: 1. Con independencia de dónde radique la autoridad responsable, corresponde conocer del juicio de amparo indirecto al Juez del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión requieren de ejecución por parte de la misma autoridad o una diversa. 2. Para el caso que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales residentes en esas localidades. 3. En el supuesto que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito diverso al que se presentó la demanda de amparo, será competente el Juez donde se presentó la demanda. 4. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se ve, un aspecto fundamental para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, es el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. En el caso concreto, José Asamar Ramírez Espinosa, en el capítulo de autoridades responsables, señala como tales a: a). Procuraduría General de Justicia del Estado de México. b). Director de Seguridad Pública de Ixtapaluca Estado de México. De lo anterior, se advierte que el impetrante no señaló a alguna autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, con el objeto de determinar si los actos reclamados (ejecución de la orden de detención, presentación o aprehensión), pueden ser ejecutado en la Ciudad de México. Cobra aplicación la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, tomo IX, mayo de 1992, tesis 1a. III/92, visible en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: COMPETENCIA EN MATERIA PENAL DE LOS JUECES DE DISTRITO PARA CONOCER DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. NO DEBE ATENDERSE A LOS DOMICILIOS QUE SEÑALA EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR LA. Cuando el acto reclamado requiera de ejecución material (orden de aprehensión), la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del asunto no debe circunscribirse al lugar del domicilio de trabajo o particular que señaló el quejoso en su demanda de garantías, sino al lugar de residencia de las autoridades ejecutoras que reconocieron el acto reclamado o de aquellas a las que se les tuvo por cierto, de conformidad con la interpretación del artículo 36 de la Ley de Amparo. Aspecto que se estima imprescindible, a fin de que este juzgado esté en aptitud de determinar la competencia, y en vía de consecuencia, la procedencia del juicio biinstancial, por ser una cuestión de análisis oficioso y preferente al fondo del asunto. En consecuencia, procede conforme al mencionado artículo 108, fracciones IV y V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, de rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA" prevenir a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días hábiles, siguientes al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad haga lo siguiente: Señale a la autoridad ejecutora con residencia en esta Ciudad. El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no señalar la autoridad ejecutora con residencia en esta ciudad, se proveerá lo conducente únicamente en cuanto a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Página: 383, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Con la citada prevención, de ninguna manera se desconoce que el impetrante señala domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, él mismo que señala donde puede ejecutarse el acto reclamado; sin embargo, ello no es suficiente para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, ya que implicaría sujetar una cuestión de orden público (competencia) a la voluntad del quejoso. Es aplicable la jurisprudencia 12/1995, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, Materia Penal, página 97, de rubro y texto: COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSION, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su escrito de demanda. Ahora bien, se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Hernández Hidalgo y Rogelio Palacios Islas, en virtud que cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos; en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, a Arturo Almaraz Hernández por no contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema descrito. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA..III. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta mediante la cual la fedataria judicial adscrita hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo la notificación ordenada en proveído de diez de octubre del año en curso, al quejoso José o Josué Asamar Ramírez Espinosa, por las razones que expone; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el citado proveído de diez pasado; así como las subsecuentes determinaciones de carácter personal para el quejoso, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones.
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