José Bautista Martínez

Expediente 948/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
948/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • José Bautista Martínez y Otros.
  • José Bautista Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    L. 3. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo y remite las constancias para justificarlo. Agréguese a autos los oficios y anexos que remite el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, y se está en espera del desahogo que realice respecto del requerimiento realizado el veintidós de octubre pasado. Notifíquese.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B O C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 06 DE OCTUBRE DE 2020: Visto el estado procesal de autos, téngase por cumplido el requerimiento hecho a la autoridad responsable en autos de doce de marzo y ocho de septiembre de dos mil veinte, toda vez que en diverso de veintisiete de agosto de dos mil veinte, se tuvieron por recibidas las constancias relativas al expediente 351/2018, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, las cuales fueron remitidas por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por lo que con fundamento en lo establecido en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se da vista las partes por el plazo señalado en ese numeral para que se impongan de las mismas y hagan valer lo que a su interés corresponda. Emplazamiento terceros interesados. Por otra parte, en proveído de seis de febrero de dos mil veinte, se reservó el reconocimiento y emplazamiento de los terceros interesados hasta en tanto se contara con los informes justificados, de las constancias con las que se cuenta del juicio de origen, se advierte que a quienes les asiste dicho carácter son: ***** En consecuencia, por conducto de cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, se ordena el emplazamiento de los terceros interesados ******, en el domicilio señalado anteriormente, corriéndoles traslado con los insertos necesarios, haciendo de su conocimiento la hora y fecha de la audiencia constitucional, por si es su deseo acudir a este juicio. Finalmente, se requiere a los terceros interesados para que en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, señalen domicilio en la residencia de este juzgado de distrito o en la zona conurbada, para recibir notificaciones; apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por medio de lista, aun las de carácter personal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Requerimiento a la parte quejosa. Por otra parte, respecto del tercero interesado *****, no se advierte el domicilio en el expediente de origen. En tales condiciones, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto donde pueda ser emplazado al presente juicio José Luis Martínez Silva, o bien manifieste su imposibilidad para hacerlo. Apercibimiento. De no desahogar el requerimiento formulado en el plazo concedido, se procederá a realizar la investigación correspondiente y en su momento se ordenará el emplazamiento de los terceros interesados por edictos a costa de la parte quejosa. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional por falta de emplazamiento del (de los) tercero(s) interesado(s). Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las once horas con veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

  3. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil veinte. Escrito. Visto el escrito de cuenta se tiene a la parte quejosa, desahogando en tiempo la prevención decretada por este juzgado de distrito mediante proveído de siete de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierten los siguientes datos: Autoridades responsables Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Diligenciario encargo de los expedientes nones del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. D.- Actos reclamados. El proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte dictado en el juicio privilegiado de guarda y custodia número *** mediante el cual el juez responsable desechó las pruebas de inspección judicial, pericial en psicología y pericial en trabajo social, ofrecidas por el demandado - aquí quejoso y su notificación. Fundamentación. Artículos 3, 21, 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo. Artículos 68, 97, 98, 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acuerdo y/o motivación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Derivado de la contradicción de tesis, el Pleno de la SCJN emitió la jurisprudencia: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). B.- El(los) acto(s) reclamado(s) es(son) intraprocesal(es) y no es(son) de imposible reparación. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque: Sólo produce(n) una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que el acto reclamado se trata del acuerdo emitido el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia número *** del índice de la responsable, en lo referente al desechamiento de las pruebas de inspección judicial, pericial en psicología y pericial en trabajo social, ofrecidas por el demandado - aquí quejoso-. Al efecto, cabe precisar que este Juzgado de Distrito no soslaya que una parte quejosa aduce que con esa probanzas pretendía acreditar sus pretensiones y que de no admitirse se vulnera el intereses superior de los menores y los derechos humanos; sin embargo, de las propias manifestaciones de la parte quejosa, se advierte que dichas probanzas no fueron admitidas, por lo que se considera que esa circunstancia no dota al acto reclamado de una ejecución de imposible reparación sobre la parte demandada, hoy quejoso; toda vez que el desechamiento de las pruebas de inspección judicial, pericial en psicología y pericial en trabajo social no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Por tanto, no se actualiza el supuesto contenido en la jurisprudencia que enseguida se cita, atento a que el desechamiento de las pruebas mencionadas, no afecta directa e inmediatamente sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución, pues al ser una violación procesal, esta puede ser reclamada hasta sentencia definitiva, si es que la misma no se dicta conforme a sus intereses. En tanto, que las pruebas de inspección judicial, pericial en psicología y pericial en trabajo social no se admitieron MENOS AÚN SE ORDENÓ SU DESAHOGO, siendo en este último supuesto el que genera la afectación de derechos sustantivos dada la especial naturaleza de la prueba. De lo que derivaría la ejecución irreparable en el acto reclamado, lo cual, no se actualiza en la especie al desecharse el medio probatorio. Lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia 1a./J. 20/2011, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXIII, Mayo de 2011, visible en la página 128, interpretado a contrario sensu, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. b.- Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que el(los) acto(s) reclamado(s) no impide(n) la debida integración de la litis; tampoco ocasiona(n) el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determina(n) definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarla a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer la(s) violación(es) alegada(s) como vicio(s) del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo, precepto que señala. Sin que lo anterior signifique desconocer el principio pro homine o el control de la convencionalidad consagrados en la Constitución Federal a partir de las reformas de junio de dos mil once, en cuanto a que obligan a que el juzgador privilegie la norma y la interpretación que favorezca en mayor medida la protección de las personas; sin embargo, la aplicación de los mencionados principios no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de la acción de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito que a continuación se cita: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Datos de contacto. Se toma conocimiento del correo electrónico y del número telefónico que señala, a través de los cuales -de manera excepcional- se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; sin que haya lugar a fijarlo como domicilio procesal de la parte promovente, toda vez que la Ley de Amparo no prevé como vía de comunicación oficial dicho medio, ni el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo autoriza. La anterior determinación no se contrapone, en virtud de que, de conformidad con la normativa vigente y aplicable, los medios de comunicación procesal con las partes siguen siendo aquellos que prevé la propia ley de la materia, por lo que se seguirán realizando bajo sus mismas reglas y en caso de ser personales, en el domicilio procesal señalado por las partes y autorizado por este órgano jurisdiccional y, solo en casos excepcionales, como el suscitado en el periodo de contingencia del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, siempre que el estado procesal del juicio lo requiera, se podrá entablar comunicación con las partes por cualquier medio disponible como puede ser el correo electrónico o un número telefónico, bajo los términos estipulados en el párrafo que antecede. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    1) PREVENCIÓN. Previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracciones I, II, III, IV y V, 113 y 114, fracciones I, II, IV y V, en relación con el diverso numeral 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO: Se previene al promovente para que acredite su personalidad como representante de los menores (...) Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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