José Baldomero Méndez Ortigoza

Expediente 2196/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2196/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • José Baldomero Méndez Ortigoza y Otros.
  • José Baldomero Méndez Ortigoza
  • Dario Demetrio Hernández Lima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Oficio. El Tribunal Superior de Justicia nos devuelve el tomo de pruebas I, en relación de que manifiesta no ser de su índice. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Agréguese a los autos el oficio de cuenta, acúsese de recibo al Tribunal Superior de Justicia. Ahora bien, toda vez que el tomo de pruebas I, que al efecto devuelve la oficiante se encuentra conformado por copias certificadas del expediente ******************** del índice del Juzgado Sexto Especializado en materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitidas por el Tribunal Superior de Justicia mediante promoción en cumplimento a un requerimiento efectuado en autos; se ordena su destrucción junto con el juicio de amparo en el que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vistas las certificaciones de cuenta, se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se declaró que el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo causó estado y se ordenó el archivo del presente juicio. Asimismo, se evidencia que obra por cuerda separada los legajos de pruebas I, II, III y IV. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo En consecuencia, se ordena la devolución de los legajos de pruebas I, II y III a la autoridad responsable Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla, y de igual forma el tomo IV al Tribunal Superior de Justicia toda vez que no existe motivo legal alguno para que sigan al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos remitidos por las autoridades responsables; devuélvanse los referidos anexos a las mismas. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Cúmplase.

  3. Principal

    L. 9 San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B O C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 19 DE MAYO DE 2023: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. De las constancias que remitió la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, se puede apreciar la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reclamación 490/2021/5C, promovido por ---, cuya resolución en su parte considerativa establece lo siguiente: ---- Por otra parte, vista la demanda de amparo, y las constancias remitidas en el informe justificado, se advierten los siguientes datos: --- Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la referida legislacion. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). B.- El acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque: a.- Sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que el acto reclamado del que se duele, únicamente tiene que ver con derechos adjetivos, en virtud que el acto del que en realidad se duele es por el cual la autoridad responsable observó la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, al reconocer el interés de María Elena Mercedes Lima Rugerio dentro del expediente 490/2021. Por tanto, al tratarse de una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, es imposible analizarla a través del amparo biinstancial, pues el hecho de que se haya resuelto el recurso de reclamación desfavorable a los intereses de la parte quejosa, constituiría en todo caso, una violación procesal que podría trascender al fondo del juicio de origen, por lo que el peticionario puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor, pues de lo manifestado por la promovente y la resolución que adjunta, se advierte que el asunto de origen a la fecha se encuentra en trámite. De ahí que, la posible violación podrá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva correspondiente en caso de que sea adversa a los intereses de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, y en tal juicio constitucional se podrán argumentar todas las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna. b.- Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que el acto reclamado no impide la debida integración de la litis; tampoco ocasiona el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determina definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, como se mencionó en líneas anteriores (en el punto a.-) en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarla a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer la violación alegada como vicio del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. Similar criterio estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la queja número 46/2023, de su índice, correspondiente al día treinta de marzo de dos mil veintitrés. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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