José Barragán González
Expediente 87/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/05/2023
Partes del expediente
- Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco
- José Barragán González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Se notifica cambio de titular. Vista la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/684/2022, suscrito electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento que, en sesión ordinaria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción de la Jueza Alva Miranda Ramírez, a este Juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de noviembre siguiente. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos del presente juicio, se advierte que el cinco de octubre de dos mil veinte, se realizó pronunciamiento respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente sumario, se ordenó su archivo como asunto concluido y se realizó la valoración correspondiente, señalándose que el cuaderno incidental sería destruible, al encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Regularización del procedimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se ordena dejar sin efectos el párrafo relativo a la valoración del original del cuaderno incidental contenido en el citado auto de cinco de octubre de dos mil veinte, para quedar como sigue: "(.)Valoración del original del cuaderno incidental. Respecto del incidente de suspensión derivado del presente juicio, en resolución de siete de marzo de dos mil diecinueve, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, resolvió revocar la interlocutoria dictada por este juzgado y en su lugar conceder la suspensión definitiva a la parte quejosa, se determina que debe consérvese el original del incidente de suspensión, así como todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; de conformidad con el párrafo segundo fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte. En el entendido que el mismo no se glosa a los autos, en razón de lo establecido en la página veinticinco del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación(.)" En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa en virtud de que se reclaman actos de autoridad distinta de la judicial, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de la litis. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, debe precisarse que de la integral lectura de la demanda de amparo, se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Del Instituto de Pensiones y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ambos del Estado de Jalisco: El descuento vía nómina, con motivo de rentas vencidas derivadas de un contrato de arrendamiento, en el cual el quejoso figura como fiador. TERCERO. Determinación acerca de la existencia de lo reclamado. Por razón de método en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, dado que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no habría materia para efectuarlo. En ese sentido, resultan verídicos los actos que se atribuyen al Instituto de Pensiones y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ambos del Estado de Jalisco, precisados en el considerando precedente, dado que en su informe de ley aceptaron su existencia, lo que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Procedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, de oficio se advierte que opera la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1o, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional. Cierto, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Así las cosas, sólo los actos de autoridad pueden dar lugar a la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, el legislador no informó en la ley, quiénes son autoridad para los efectos del amparo, únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, ni abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de dicho juicio. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad, lo que se interpretó con rigor en el sentido de que sólo tenían carácter de autoridad quienes dispusieran de fuerza pública, identificando la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública, criterio que superó al sustentar, con posterioridad, la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO" que adelante se cita, de la que en síntesis se destaca, según las consideraciones que en esa tesis se contienen, que se estima una autoridad para efectos del amparo la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Aunado a lo expuesto, dicha Sala estimó que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Lo expresado revela que debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. Para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, en cuyo caso debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio administrativo, civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo, entonces, una autoridad responsable. Con base en las anteriores consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la tesis de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Así mismo, la referida Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 76/99, fallada el veintiocho de septiembre de dos mil uno, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no se requiere acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, dieron lugar a la tesis cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora bien, en el caso en particular la parte quejosa argumenta que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de manera unilateral efectúan descuentos a su nómina con motivo del contrato de arrendamiento celebrado entre el instituto y Antonio Juvenal Espinoza y en el cual, figura como fiador el solicitante del amparo. Entonces, para determinar si dichos actos pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, es necesario analizar los términos en los que se celebró el contrato de arrendamiento, que en copia certificada exhibió la autoridad responsable, por lo que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en lo que interesa, establece lo siguiente: "INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Contrato 10-1355 GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO EL DÍA 27 DEL MES DE ENERO DEL 2010, ANTE LOS TESTIGOS QUE AL FINAL SUSCRIBEN, COMPARECIERON POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO REPRESENTADA POR EL C. GUSTAVO ROMERO MORA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'EL ARRENDADOR', Y POR OTRA PARTE EL (LA) C. JUVENAL ESPINOZA ANTONIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'EL ARRENDATARIO', ASÍ MISMO LOS C.C. BARRAGÁN GONZÁLEZ JOSÉ, EN SU CALIDAD DE FIADOR (ES) DE 'EL ARRENDATARIO', TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, HÁBILES PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y DIJERON: QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES: DECLARACIONES (.) CLÁUSULAS (.) SEXTA.- 'EL ARRENDATARIO' conjuntamente con su(s) fiador(es) afiliado(s), autorizan al 'ARRENDADOR', para que gire orden de descuento quincenal vía nómina de la dependencia donde presta sus servicios, sobre sus percepciones y se aplique al precio pactado como renta, así como el pago de interese moratorios que pudiesen generarse. De la misma manera el 'ARRENDATARIO' faculta al 'ARRENDADOR' para que el monto de la renta descontado afecte el alcance de sus préstamos, de tal manera que la suma de todas sus deducciones no excedan el 50% de la precepción total sobre la que cotice. Para los efectos a que hubiera lugar, 'EL ARRENDATARIO' y el (los) fiador(es) afiliado(s) respectivamente prestan sus servicios en: ARRENDATARIO: JUVENAL ESPINOZA ANTONIO AFILIACIÓN 20-03-030852 DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL. FIADOR(ES): BARRAGÁN GONZÁLEZ JOSÉ, AFILIACIÓN 92-06-010945, DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL." (Lo resaltado es propio del órgano jurisdiccional) De la cláusula en estudio, se advierte la parte quejosa mediante un acuerdo de voluntades con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco le autorizó a éste a fin de que se realizarán afectaciones a sus percepciones hasta en un cincuenta por ciento, para cubrir el monto de la renta y en su caso, los intereses moratorios. Por otro lado, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, faculta al instituto señalado como responsable para adquirir o construir inmuebles para ser vendidos o arrendados a sus afiliados; además, en el caso del arrendamiento, prevé que este se regirá por el derecho común. En ese sentido, para que dicha autoridad proceda a descontar las cantidades que se apliquen al salario para el pago de rentas vencidas, requiere la existencia de un convenio celebrado y en este caso, los descuentos no pueden refutarse como unilaterales y obligatorios, pues se sustentan en la voluntad del asegurado, al haber celebrado un contrato con el Instituto señalado como responsable. Entonces, la celebración del citado contrato es el punto de distinción para concluir si el descuento que realiza el instituto mencionado es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En otras palabras, cuando no exista el referido contrato, es dable aseverar que el Instituto de Pensiones sí efectúa actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que no puede afirmarse que exista una relación de coordinación, en razón de que el asegurado no ha manifestado su voluntad para que la nómina que goza sea afectada, por lo que en este supuesto se actualizaría una relación de supra a subordinación. En cambio, si las deducciones tienen como fundamento el contrato previamente celebrado entre el afiliado (acreditado) y la entidad pública, resulta lógico que deriva de una relación de coordinación, al tener sustento en un acto en el que intervino la voluntad del afectado; por lo que cualquier cuestión que se relacione con su cumplimiento deberá ventilarse en las instancias ordinarias. En el caso concreto, como quedó puntualizado en líneas que anteceden, el aquí quejoso autorizó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a fin de que realizara afectaciones a sus percepciones hasta en un cincuenta por ciento; deducciones que derivan de una cláusula contenida en un contrato jurídicamente existente, es decir, la sexta, en la que el ahora quejoso otorgó su consentimiento para que se afectaran sus percepciones, en concreto se le hicieran descuentos en su nómina, que es lo que realmente ubica como acto reclamado. Por lo que se concluye que las autoridades responsables, no materializan los descuentos de manera unilateral y obligatoria, sino que lo hace en acatamiento a la autorización que el propio quejoso suscribió para tal efecto, en una relación de coordinación. De ahí que se diga que dicho instituto así como la dependencia estatal no sean considerados como autoridad para efectos del juicio de amparo. De tal manera, la demanda de amparo que nos ocupa, al derivar de un acuerdo tomado entre las partes involucradas, en el cual constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede, como se indicó, contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación y no como en el caso que se trata de una relación contractual. En mérito de lo anterior, debe sobreseerse en el presente juicio constitucional acorde con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, conforme lo prevé el artículo 63, fracción V, de la citada legislación; sobreseimiento que al tener como base una relación contractual entre particulares, comprende la totalidad de los actos reclamados. En atención a que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no se entrará al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la peticionaria del amparo, ya que al haberse actualizado una causal de improcedencia del presente juicio, impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que la anterior determinación se considere denegación de justicia, porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita la legitimación de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63 y 73, todos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ------, respecto de los actos precisados en el considerando segundo y por las razones contenidas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Motivos por los cuales se difiere la audiencia incidental. De las actuaciones que conforman este cuaderno incidental, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental, en razón de que en autos se concedió prórroga de diez días a la autoridad responsable Síndico Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, para dar cumplimiento con el requerimiento formulado en autos. Sin embargo, de una consulta efectuada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que se encuentra pendiente de notificar a la autoridad responsable, a fin de comunicarle el proveído referido. Diferimiento. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, difiérase la audiencia incidental programa para este día y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, a la parte tercera interesada UNIVERSIDAD AUTÓNIMA DE GUADALAJARA, ASOCIACIÓN CIVIL, por conducto de quién la represente, el proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, el cual dice: se requiere por segunda ocasión a la diversa tercera interesada Universidad Autónoma de Guadalajara, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, para que en el plazo de tres días computados conforme a derecho, remita copia fidedigna y completa del acta elaborada con motivo de la celebración de la Asamblea General de Ejidatarios, llevada a cabo el veinte de febrero de dos mil diecisiete, o bien, manifieste la imposibilidad jurídica o material que tenga para ello. En el caso de que no cuente con el acta de asamblea de que se trata, precise a qué autoridad puede solicitarse dicha documental. Apercibida que de incumplir con lo anterior, o bien, de ser omisas en manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, conforme lo previsto en la fracción I, del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo.
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