Jose Arturo Juarez Sanchez
Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2021
Partes del expediente
- Jose Arturo Juarez Sanchez
Actuaciones
- Principal
CITATORIO.- Por este medio, se le notifica al perito Jaime Hernández Tejeda, el proveído de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, que en síntesis indica lo siguiente: Zapopan, Jalisco, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Analizadas las constancias del presente juicio de amparo y la certificación secretarial, se advierte que en diecisiete de enero de dos mil veinte, se reservó proveer en relación a las pruebas periciales en materia de topografía, geomática e identificación de predios e ingeniería en agronomía, así como las diversas de inspección judicial y testimonial ofrecidas por la parte quejosa mediante escritos con número de orden 947 y 948, hasta que se hubieran emplazado a la totalidad de partes en el presente asunto, situación que ya aconteció, por lo que levanto la reserva antes señalada para acordar lo siguiente. II. Se admite prueba testimonial. Por otra parte, se tiene a Felipe Pimienta Vaca, autorizado en amplios términos de la persona moral quejosa ***, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada de capital variable ofreciendo prueba testimonial; en consecuencia y al cumplir con los requisitos esenciales de la ley de la materia, con fundamento en lo previsto en el último párrafo del artículo 119 de la Ley de la Amparo, se admite la prueba testimonial a cargo de los atestes Héctor Miguel García Ayala, Gerardo Parra Venancio y Oscar Eduardo Álvarez Núñez. III. Presentación de los testigos. En virtud de lo anterior, y tal como lo manifestó la autorizada en amplios términos de la parte impetrante de amparo, en su escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, queda a su más estricta responsabilidad y cargo la presentación de los referidos atestes, los cuales se deberán presentar una vez que el presente asunto se encuentre debidamente integrado, a la data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; quienes deberán presentarse con una identificación oficial original y vigente. IV. Apercibimiento. Se le apercibe a la parte oferente de la prueba, que en caso de no presentar a los referidos testigos en el momento procesal a que se hizo referencia, se tendrá al promovente desinteresado en el desahogo de dicha probanza. V Distribución de copias del cuestionario. Con fundamento en los artículos 174 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes las copias del interrogatorio en cuestión, y se les requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, presenten el interrogatorio que contenga las repreguntas que deseen formular. VI. Apercibimiento. En el entendido que de ser omisos en presentarlo dentro del plazo concedido, se les tendrá por perdido el derecho para hacerlo, sin perjuicio de que al momento de la celebración de la audiencia en que se desahogue el aludido medio de convicción puedan formular repreguntas de manera verbal. VII. Calificación del interrogatorio. Se les hace de su conocimiento que las preguntas y posibles repreguntas, serán calificadas al momento de su desahogo, acorde a lo establecido por el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. VIII. Se admiten pruebas periciales. Asimismo, por lo que ve a los diversos medios de convicción relativos a las pruebas periciales en materia de ingeniería en agronomía y la prueba pericial en topografía, geomática y de identificación de predios ofertadas por la parte quejosa, ha lugar a admitirse en términos de los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, al haber sido ofertadas en tiempo y forma. IX. Designación de perito de la parte quejosa Bajo esa tesitura, téngase a la parte quejosa designando como peritos de su parte a Alfredo Rodríguez Ramírez y a Jaime Hernández Tejeda, a quienes se les deberá requerir de manera personal, la aceptación del cargo que les fue conferido. X. Requerimiento a diestros designados. En consecuencia, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, requiérase a Alfredo Rodríguez Ramírez y a Jaime Hernández Tejeda, para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, comparezcan a las instalaciones que ocupa este juzgado de Distrito a aceptar y protestar el cargo conferido ante la presencia judicial. XI. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tengan para ello, se les impondrá al omiso una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, conforme lo previsto en la fracción I, del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. XII. Requerimiento a las partes procesales. Hágase saber a las partes que acorde al numeral 119 de la Ley de Amparo, cuentan con un lapso de tres días legalmente computado, para nombrar a un perito de su parte, para los efectos del precepto 120 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacerlo, se les tendrá por conformes con la opinión técnica que emita el perito oficial en la prueba respectiva, y en su caso, con el designado por el oferente de la prueba o de los demás terceros interesados. XIII. Distribución de copias del cuestionario. Distribúyanse entre las partes, excepto a los oferentes, las copias del cuestionario que contiene los puntos sobre los que versará dicha prueba, el cual será calificado en su momento procesal oportuno, y de conformidad al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se les otorga un plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este auto, para que si lo estiman necesario, adicionen preguntas o manifiesten si están conformes con éste. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA OTORGAR A LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE EL DERECHO A ADICIONAR EL CUESTIONARIO QUE ÉSTE EXHIBIÓ" XIV. Apercibimiento. En el entendido que de ser omisos en presentarlo dentro del plazo concedido, se les tendrá por perdido el derecho para hacerlo. XV. Designación de peritos oficiales. Para la debida integración de las pruebas periciales, requiérase al Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, delegación Jalisco, así como al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, delegación Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, acorde a lo estipulado en la fracción II, del numeral 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, informen si cuentan con algún especialista en materia de en materia de ingeniería en agronomía y en topografía, geomática y de identificación de predios, para que funjan y desempeñe el cargo como perito oficial en este asunto. XVI. Apercibimiento a las dependencias requeridas. Apercibidos que de incumplir con lo anterior dentro del término otorgado, o bien, de no informar el impedimento legal o material que tengan para ello, se impondrá a la omisa como medida de apremio una multa de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción conforme disciplinan los arábigos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. XVII. Inspección asociada de peritos en materia de ingeniería civil y agronomía. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba de inspección asociada de peritos en materia de ingeniería civil y agronomía ofertada por la parte quejosa y por tanto se le tiene señalando a los peritos Jaime Hernández Tejeda y Alfredo Rodríguez Ramírez, quienes acompañarán al personal del Juzgado a quien corresponda desahogar la presente probanza, a fin de señalar de manera puntual el predio a inspeccionar; queda a su más estricta responsabilidad y cargo la presentación a los citados peritos, quienes se deberán de presentar a la data y hora señaladas para el desahogo de la diligencia de que se trata, con una identificación oficial original y vigente. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119 último párrafo de la Ley de Amparo, dese vista y córrase traslado a las demás partes, a excepción de la oferente de la prueba con el ocurso y anexos respectivos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, manifiesten por escrito si es su deseo ampliar los puntos sobre los cuales versará el desahogo de la probanza de mérito. XVIII. Apercibimiento. Se apercibe a las demás partes procesales que de no realizar manifestación alguna respecto al cuestionario exhibido, se les tendrá por perdido el derecho de realizarlo, acorde al numeral citado en el párrafo anterior, y dicho medio de convicción se desahogará sujetándose únicamente a los puntos ofertados por la parte quejosa. XIX. Se reserva señalar fecha de desahogo. Por tanto, hasta en tanto no acontezca lo anterior o fenezca el plazo concedido, se reserva proveer lo conducente respecto a designar día y hora para el desahogo de dicha prueba. XX. Diferimiento. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para hoy y se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal.
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Zapopan, Jalisco, a seis de abril de dos mil veintiuno. Se remite oficio. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se solicitó por parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo la remisión vía interconexión del oficio con el que se envió el recurso de revisión presentado en autos. Asimismo, que la revisión contra la interlocutoria del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, fue admitida en acuerdo plenario del diecinueve de noviembre de dos mil veinte por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, bajo el toca 86/2020 y la diversa revisión contra la interlocutoria del veintiuno de febrero de dos mil veinte fue remitida por acuerdo del diecisiete de marzo de dos mil veinte a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y aún no se ha acusado de recibido por parte de la superioridad. Además, en relación con este asunto, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes sólo aparece la referida revisión 86/2020. Por lo anterior, remítase vía interconexión al Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, el oficio 6874/2020 relativo al auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte. De igual forma comuníquese a la superioridad que el asunto se encuentra disponible electrónicamente para su vinculación, como se advierte de la siguiente imagen: Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/Ricardo
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CITATORIO.- Por este medio y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se le notifica a la parte quejosa, la resolución de treinta de noviembre, que en síntesis dice lo siguiente: Análisis de los conceptos de violación. Se tienen por transcritos los conceptos de violación hechos valer, sin que para ello resulte necesaria su transcripción, dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este juzgado Federal; además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, siendo que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dársele respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, hechos valer en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional. Son en una parte infundados y, por otra, inoperantes los motivos de disenso que hacen valer los quejosos, por las razones que a continuación se precisan. En la especie, los peticionarios del amparo se duelen de que en la resolución interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio civil sumario 1157/2002, que declaró improcedente el incidente de prescripción negativa de inejecución de sentencia definitiva promovido por Gilberto Castañeda Limón y María del Rosario Salazar Sotelo, el juez responsable violentó en su perjuicio sus derechos fundamentales protegidos por la Ley Fundamental, esencialmente, por lo siguiente: a) El juez interpreta el articulo sin un fundamento legal que se ampare en el término que establecen los diez años para la ejecución de la sentencia; b), No consideró lo que se estableció en el juicio de origen, en el sentido que no ha concluido; c) En acuerdo de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se solicitó cambio de notario, por lo que al no existir escritura, ya transcurrieron diez años desde que se dictó la sentencia, a saber, el nueve de junio de dos mil nueve; d) No le autorizó la posesión de la finca al actor, porque no ha concluido el remate; e) No se tomó en consideración la petición del actor, cuando mencionó que no tenía dinero para pagar el remanente; así, como que la faltaba dinero para el avalúo; f) No se tomó en consideración el adeudo del remanente del precio que sirvió de base para el remate, por lo que el actor no era propietario de la finca, debido a que el dieciocho de abril de dos mil doce, se estableció la cantidad del remate en $438,159.31 (cuatrocientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos 31/100 moneda nacional), y Román López López, depositó la cantidad $277,909.33 (doscientos setenta y siete mil novecientos nueve pesos 33/100 moneda nacional), de ahí que no se terminó de pagar la finca. En ese sentido, resaltan los siguientes antecedentes: I. Mediante escrito de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve (folios 23 y 24 del tomo II de los cuadernos de pruebas), Gilberto Castañeda Limón y María del Rosario Salazar Sotelo, incidente de prescripción para ejecutar la sentencia, bajo los siguientes argumentos: > Que la sentencia se había dictado el nueve de junio de dos mil nueve, y no había sido rematada y dejó promover desde la entrega de los oficios de veintiséis de junio de dos mil diecisiete; > Desde esa fecha habían transcurrido más de diez y diez años, por lo que no se ha había efectiva la sentencia; > Que al no encontrarse la sentencia ejecutada, debió decretarse la prescripción de la ejecución de la sentencia. Ahora, de la resolución que constituye el acto reclamado, el Juez del conocimiento para decretar la improcedencia del incidente propuesto a su potestad, en lo medular, externó. > Que al tomar en consideración que el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, fue aprobado el cinco de abril de dos mil diecisiete, acuerdo que causó estado el dieciséis de mayo siguiente, con lo que finalizó la ejecución de esa resolución y, por ende, el derecho del cesionario Román López López, fue ejercitado en términos de ley, y no puede declararse prescrito ese derecho al obrar en actuaciones el auto definitivo que ordenó poner fin al juicio, que lo fue la orden de escrituración de veintiséis de junio de dos mil diecisiete. De lo que se obtiene que tal y como lo consideró el juez responsable y contario a lo que aducen los quejosos el procedimiento de ejecución ya concluyó la orden de escrituración de veintiséis de junio de dos mil diecisiete. En efecto, de las constancias certificadas que allegó el juez del cocimiento al rendir su informe justificado, las cuales ya fueron previamente valoradas, se tiene, en lo que interesa el contenido del acuerdo de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el que en atención a lo solicitado por la abogado patrono de la parte actora, ante el incumplimiento de los demandados, se ordenó girar oficio a Miguel Rabago Preciado, Notario Público Número 42 de Guadalajara, Jalisco, a efecto de que realizara la escritura de adjudicación correspondiente atinente a la finca marcada con el número 522 de la calle Andador Agoracrito, construida por el cincuenta por ciento, por el lote 8 de la manzana 9, Sector 19 dela unidad habitacional Miravalle en Guadalajara, Jalisco, en la actualidad en Tlaquepaque, con una superficie de cientos veintiocho metros cuadrados, en favor de la cesionaria de la parte actora Román López López (folio 281 del tomo I de los cuadernos de pruebas). Luego, no asiste razón a los quejosos en cuanto aducen que el juicio no había concluido porque el actor manifestó que no tenía dinero para pagar el remate, así como que en varias ocasiones se le negó el lanzamiento del inmueble, y que no podía rematar en forma definitiva por el adeudo del remate que tenía, por lo tanto, que no era propietario de la finca en controversia. Lo infundado de esos motivos de disenso radica en que en atención al contenido de la jurisprudencia 13/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1066, libro 29, abril de 2016, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la resolución definitiva en un procedimiento de remate es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de la posesión del bien inmueble rematado. Por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Luego, es inconcuso que con independencia que no se haya llevado a cabo el lanzamiento de los demandados respecto del inmueble en disputa, lo cierto es que al haberse ordenado la elaboración de la escritura de adjudicación, concluyó la fase ejecutiva de dicho procedimiento, por lo que en ese sentido no asiste razón a los quejosos en cuanto refieren que no ha concluido el remate por falta de pago. Por otra parte, respecto a la inoperancia de los conceptos de violación, debe decirse que el resto de los argumentos que hacen valer los impetrantes del amparo, no formaron parte de la incidencia de prescripción de ejecución planteada en el juicio natural, puesto que no lo hicieron valer ante la juez responsable, razón por la que no fue materia de análisis y pronunciamiento por parte de ésta al emitir el acto reclamado, y en consecuencia, quien aquí resuelve no puede abordarlo a través del juicio de amparo. Por tanto, cualquier cuestionamiento o planteamiento ajeno a lo anterior, de modo alguno podría constituir materia de la litis analizada, y por ende, susceptible de atenderse al grado de variar el análisis de la cuestión debitada, habida cuenta que la causa de pedir y suplencia de la queja no autorizan al órgano jurisdiccional a cambiar los elementos de la controversia, como la materia de la litis o las partes intervinientes. }Y si bien, en la resolución que constituye el acto reclamado, sí se analizó el tema de la expedición de oficios para la elaboración de la escritura de adjudicación, lo transcendental en el caso, es que ese no fue el único argumento que abordó la responsable para decretar la improcedencia del incidente de prescripción de ejecución de sentencia, como ya se vio. Así, si no se controvirtieron los demás razonamientos externados en dicha resolución, lo que era su obligación a fin de que este resolutor procediera al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución reclamada, por lo cual los argumentos planteados como conceptos de violación, deben declararse inoperantes, pues este juzgador no puede proceder al análisis de esas cuestiones, si no medió motivo de disenso en tal sentido. En ese orden de ideas, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación, y al no existir queja deficiencia que suplir, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a *** y ***. En relación con los alegatos que formuló el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, cabe destacar que no se propone motivo de inejercibilidad alguno, y lo ahí manifestado es genérico, en tanto que no aporta elemento alguno que modifique o refrende las razones plasmadas en el presente asunto; en esa medida es innecesario verter mayor estudio. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** y ****, contra el acto reclamado al secretario adscrito al Juzgado Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por los motivos expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, ni a ****, contra el acto que reclamaron del Juez Décimo Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, que precisado quedó en el considerando segundo, por los motivos expuesto en esta resolución.
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Zapopan, Jalisco, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. I. Superioridad informa. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido electrónicamente por la Secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio, registrándolo bajo el número 427/2019; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/Ricardo
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