José Austreberto Aragón Guirrión
Expediente 1114/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1114/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Austreberto Aragón Guirrión
Actuaciones
- Principal
PRAL 1114/2017 6A" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. ...se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho acuerdo. ...ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental,... ...procédase a su DESTRUCCIÓN,... ...se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
- Principal
PRAL.1114/2017-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Incumplimiento de prevención. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días otorgado en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso (fojas 9 a 13), a fin de que cumpliera las prevenciones referidas en ese auto; sin que lo hubiera hecho, pese haber quedado notificado el dos de este mes y año (foja 14). Determinación. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto inicial (fojas 9 a 13) y ante el incumplimiento del promovente a las prevenciones formuladas, que repercute determinantemente en la acción de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo que originó este asunto. Sin que con esta determinación se vea vulnerado su derecho al recurso judicial efectivo y acceso a la justicia, pues los requisitos que se les exigió eran indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo. Es aplicable por similitud de condiciones jurídicas, la Jurisprudencia 2a./J.12/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 763, Libro 27, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Registro 2010984, cuyo rubro y texto son: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA PRAL.1114/2017-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil diecisiete. Desistimiento. Agréguese el escrito del quejoso José Austreberto Aragón Guirrión, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo origen de este juicio de amparo; en consecuencia, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en los artículos 63 fracción I, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, como así lo dispone su numeral 2°, requiérase a la citada quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, comparezca a este órgano jurisdiccional, con identificación oficial, en horas y días hábiles; a efecto de que, en diligencia relativa, manifieste si ratifica el contenido de su escrito de cuenta. En el entendido de que, de no cumplir con lo anterior, se continuará con el procedimiento respectivo. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la foja 295, Tomo XXIV, Agosto de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro refiere: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO". Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miguel Ángel Ovando Jerónimo, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA PRAL.1114/2017-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Recepción de la demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este Juzgado el veintiocho del actual, promovida por José Austreberto Aragón Guirrión, contra actos del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, y de otras autoridades. En consecuencia, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 1114/2017; además, respecto a este auto y los subsecuentes que se dicten, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Prevención. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracciones I, III, IV y V, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, con las copias necesarias para correr traslado a las partes, y bajo protesta de decir verdad, la aclare como sigue: 1.- Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta a la dirección electrónica http://sise.cjf.gob.mx/sise/AdministracionDocumentos/AdminDocumentos.aspx de la plataforma electrónica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que ante este órgano jurisdiccional, se presentó la demanda de amparo 1115/2017, promovida por José Austreberto Aragón Gurrión, contra actos del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, y de otras autoridades, por el mismo acto reclamado, en la que hizo valer los mismos conceptos de violación que en esta instancia reclama y, además, solicita la suspensión del acto reclamado en los mismos términos; lo que resulta un hecho notorio, de conformidad con la jurisprudencia XXII. J/12, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, que aparece en la página 295 del tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 199531, que refiere: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". Por lo anterior, requiérase al promovente para que manifieste si José Austreberto Aragón Guirrión (aquí quejoso) y José Austreberto Aragón Gurrión, son la misma persona. Ello a fin de que, de admitir la demanda y recibir las constancias relativas al informe, no se actualice lo previsto en el artículo 249 de la Ley de Amparo que, a la letra dice: "(.) Artículo 249. En los casos a que se refiere el artículo 49 de esta Ley, si el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontraren motivo fundado para la promoción de dos o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, impondrá al o los infractores multa de cincuenta a quinientos días, salvo que se trate de los casos mencionados en el artículo 15 de esta Ley. (.)" 2.- De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como autoridades responsables a (fojas 2 y 3): (Imágenes escaneadas) Empero, es omiso en precisar, atento al acto que les reclama, el carácter que se les atribuye; por tanto, indicará: a) A qué autoridades les atribuye el carácter de ordenadoras y cuáles el carácter de ejecutoras respecto de los actos reclamados en esta instancia constitucional. Máxime que, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa refiere (foja 4): ".Solicito se me conceda la suspensión provisional del acto reclamado (...) y en caso de llevarse a cabo la ejecución del acto reclamado se me causaría un perjuicio de imposible reparación." (lo resaltado es propio) Cabe mencionar que los anteriores requerimientos se realizan toda vez que, aunque este juzgador interpretara la demanda de manera íntegra, no ocurre lo mismo para las diversas partes, en el caso particular, para la(s) autoridad(es) responsable(s), quien(es), en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, deberá(n) conocer claramente qué actos se le(s) reclaman a fin de que defienda(n) su constitucionalidad al emitir su informe justificado y se integre la litis de manera correcta. En ese sentido, en términos del artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo, resultan aplicables al caso, los siguientes criterios: La Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece en la foja 69 del tomo VII, Octava Época, Registro: 223603, Tesis: I. 30. A.J./26 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que refiere: Se invoca en apoyo, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." La jurisprudencia P./J. 127/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 32 del Tomo X, Noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA". Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con los requerimientos formulados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento del promovente del amparo, así como de sus autorizados, que la Ley de Amparo sanciona la afirmación de hechos falsos así como la omisión de aportar datos que no le consten con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual, se le exhorta que, al cumplir con todas las prevenciones antes formuladas, se conduzca con verdad. Ley de Amparo "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falso (.)" Domicilio y personas autorizadas. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional por así solicitarlo expresamente en su demanda de amparo; y, por autorizados, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a 1) Octavio Sergio Porras y 2) Cesar Gómez Castillo, toda vez que de la consulta a la base de datos del registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró número de registro único a sus nombres. En tanto que a la diversa persona que menciona, con fundamento en el artículo 24, segundo párrafo, de la ley de la materia, se le autoriza únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos, por no encontrarse número de registro único a su nombre que lo faculte a ejercer la profesión de licenciado en derecho; sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviniere, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo. Publicación de datos personales. Finalmente, con fundamento en el artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68 y 81, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase de su conocimiento que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista de acuerdos al quejoso por así solicitarlo en su demanda. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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