José Arturo Torres Aquino y Otros.

Expediente 670/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
670/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • José Luis Jiménez Díaz (Representante común) y Otros.
  • José Arturo Torres Aquino y Otros.
  • Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Otros.
  • José Arturo Torres Aquino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    PRAL.670/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Plazo para la interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y tercera interesada interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional trece de octubre de este año, engrosada el veintiocho siguiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hubiesen hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, por sí o a través del director General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría, que dentro del plazo de tres días proceda a cumplir con la sentencia dictada en este juicio, en los términos planteados en ella, a saber: "1° Dejar sin efectos el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de fecha once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-). 2° Dentro de las facultades que la ley le concede, con independencia del sentido en que lo haga, otorgue respuesta escrita, congruente, completa, fundada y motivada, a cada uno de los puntos solicitados por los quejosos 1) ****** y 2) ******, en su escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado en la Secretaría de Seguridad Pública el veintinueve siguiente. En el entendido que, para ello, deberá tomar en consideración los lineamientos vertidos en esta sentencia, relativos a la medida de protección otorgada a la parte quejosa por el agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 3° Hecho lo anterior, deberá notificar la contestación recaída, en el domicilio que los quejosos proporcionaron en su escrito de petición para oír y recibir notificaciones". 3.1 Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, con sustento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa equivalente a cien días calculados sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. Devolución de tomo de prueba. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en esta Secretaría obra un tomo de prueba que se formó con la copia certificada de la carpeta de investigación 18016/FVCE/TLACOLULA/2021 de la fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, que remitió el fiscal General del Estado de Oaxaca; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que al causar ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 5. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.670/2022.MESA-5 S E N T E N C I A Visto para resolver el juicio de amparo 670/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dos de junio del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio que, por razón de turno, el tres de junio siguiente fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, 1) José Luis Jiménez Díaz y 2) José Arturo Torres Aquino, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del secretario de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca y director General de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Al respecto, los referidos quejosos narraron los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocaron como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Turno al Juzgado Primero de Distrito. En proveído de seis de junio de dos mil veintidós el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca registró la demanda de amparo con el expediente 650/2022, y determinó que, por turno, no le correspondía el conocimiento del asunto, debido a que el acto reclamado se había dictado en cumplimiento a una sentencia de amparo dictada por este juzgado; razón por la cual, por conocimiento previo, remitió la demanda a este juzgado. Admisión de la demanda. En proveído de ocho de junio de este año este órgano jurisdiccional aceptó el turno declinado por conocimiento previo, registró el asunto con el número de expediente 670/2022 y admitió a trámite la demanda; además, dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Informes justificados y pruebas documentales. En auto de veinticuatro de junio de este año se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables, otorgando vista a la parte quejosa para que se impusiera de su contenido; además, en el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós se recibieron diversas pruebas documentales que las autoridades responsables remitieron como justificación a su informe. Aunado a ello, en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós se recibió copia certificada de una carpeta de investigación, como prueba documental recabada de oficio por este órgano jurisdiccional. Audiencia constitucional. Finalmente, previos los trámites de ley, la audiencia constitucional señalada para el trece de octubre de dos mil veintidós se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y la orden y ejecución del acto reclamado se atribuye a autoridades residentes en lugares en los que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias que integran el juicio, se advierte que 1) José Luis Jiménez Díaz y 2) José Arturo Torres Aquino reclaman en este juicio de amparo: Del secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y director General de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría: El oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-), firmado por la segunda autoridad mencionada, y que da respuesta a la petición formulada por los quejosos mediante ocurso de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dirigido a la primera autoridad; y las consecuencias de dicho oficio, que se traducen, sustancialmente, en la falta de seguridad pública solicitada. TERCERO. Existencia de acto reclamado. Al rendir informe justificado, ambas autoridades responsables adujeron que es "parcialmente cierto" el acto reclamado; pues aunque reconocieron su existencia, afirmaron que el mismo no transgredía los derechos fundamentales de la parte quejosa, es decir, hicieron depender la parcialidad de la existencia del acto de su alegada constitucionalidad. De modo que es cierta la existencia del oficio reclamado; pues su certeza no depende de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, situación que, en todo caso, será objeto de estudio en diverso considerando. Máxime que la existencia del oficio reclamado se encuentra plenamente demostrada en autos, ya que tanto la parte quejosa como las propias autoridades responsables exhibieron como prueba documental el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-), por el que se dio respuesta al escrito de petición de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado el veintinueve de julio siguiente, por la parte quejosa. CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, conforme lo previene el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no advierte motivos de improcedencia que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que procede el análisis de la litis planteada en esta vía constitucional. QUINTO. Estudio de la inconstitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa alega, sustancialmente, que la autoridad responsable vulnera sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que: El escrito de petición se dirigió al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; sin embargo, fue respondido por una autoridad diversa, esto es, el director General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría; situación que, afirman los quejosos, genera la inconstitucionalidad del oficio reclamado. En el escrito solicitaron la atención de seis aspectos; pero los mismos no fueron respondidos, pues de manera incongruente con su petición, la autoridad sólo les indicó que se condujeran en trámite diverso ante el Ministerio Público, con motivo de la existencia de una carpeta de investigación. La seguridad pública no está condicionada a la existencia de una orden que, en ese sentido, emita previamente una autoridad ministerial; de modo que los quejosos afirman que la respuesta recaída a su escrito de petición no debió depender de una carpeta de investigación referida por la autoridad responsable. Todas las personas tienen derecho a la seguridad pública, a la cual se encuentra constitucionalmente obligado el Estado, por ser parte de sus atribuciones legales; incluso, refieren que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca dispone que a la Secretaría de Seguridad Pública le compete establecer y ordenar la ejecución de los programas permanentes para la vigilancia del orden público y prevención de delitos. En primer lugar, debe decirse que resulta infundado el primer concepto de violación formulado por la parte quejosa; ya que en el oficio reclamado (SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022), se estableció que la petición formulada al secretario de Seguridad Pública del Estado se respondía por el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, en uso de las facultades a que se refieren los artículos 46, apartado A, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca; 5, 1.0.2. y 111, fracción III, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, que dicen: "Artículo 46. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que son competencia de la Secretaría, contará cuando menos, con las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados siguientes: A. Unidades administrativas: Fracción V. Dirección General de Asuntos Jurídicos; "Artículo 5. Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Secretaría contará con las áreas administrativas desconcentrados y órganos colegiados siguientes: 1.0.2. Dirección General de Asuntos Jurídicos. "Artículo 111. La Dirección General de Asuntos Jurídicos contará con un director general, quien dependerá directamente del secretario y tendrá las siguientes atribuciones: Fracción III. Representar legalmente al secretario en los procedimientos judiciales y administrativos o en cualquier otro asunto, en el que tenga interés o injerencia la Secretaría y, en su caso, a los titulares de las áreas administrativas de la Secretaría". De ahí que resulta evidente que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, con la potestad legal que otorgan los artículos invocados, instruyó al director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para pronunciarse sobre las peticiones formuladas por los quejosos. Entonces, el hecho de que la petición se haya dirigido al secretario de Seguridad Pública, pero haya sido respondida por el director general de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría, de ningún modo ocasiona la inconstitucionalidad del oficio reclamado, pues, se reitera, la autoridad que suscribió el oficio actuó en ejercicio de sus facultades legales. Máxime que no debe pasar desapercibido que esta cuestión ya quedó analizada en el diverso juicio de amparo 1168/2021, de este Juzgado, en el cual se concedió la protección constitucional a los quejosos, para los efectos siguientes: "1º. El director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca deje sin efecto el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/3805/2021 de uno de septiembre de dos mil veintiuno. 2º Como existe una petición formulada por los quejosos, se deberá contestar por la autoridad a la que va dirigida, como lo es el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, y si no tiene competencia para analizar los puntos sometidos a su consideración, así deberá determinarlo por escrito y notificarlo a los referidos quejosos. 3º Y para el caso de que esta última responsable estime turnar esa promoción a una autoridad distinta, esta última emitirá la resolución respectiva, en la que señalará los fundamentos y motivos que tiene para pronunciarse al respecto; hecho lo cual, con libertad de jurisdicción decidirá sobre lo planteado por los quejosos". Efectos que mediante auto de veintidós de julio de dos mil veintidós se declararon debidamente cumplidos, si exceso ni defecto; sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra ese auto. Entonces, es evidente que, al menos en ese aspecto, no puede realizarse un análisis diverso, pues el acto reclamado en este juicio de amparo se dictó justamente en cumplimiento a la protección constitucional decretada en el juicio de amparo 1168/2021. Ahora, en segundo lugar, los diversos conceptos de violación formulados por la parte quejosa serán analizados de manera conjunta, dada la estrecha relación que guardan, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo; sin que con ello se irrogue perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la ley no prohíbe el estudio en forma conjunta de los conceptos de violación, siempre y cuando se analicen todos los puntos planteados. Una vez precisado lo anterior, se determina que son sustancialmente fundados los conceptos de violación propuestos por los quejosos, como a continuación se expondrá: El artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece expresamente lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Como se ve, por imperativo constitucional, toda autoridad está obligada a respetar el ejercicio del derecho de petición de los gobernados, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, lo cual obliga a las autoridades a acordarlo también por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en breve término. Ese ejercicio del particular y la correlativa obligación de la autoridad de emitir una respuesta, se caracterizan, por lo siguiente: A. La petición debe: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. B. La contestación debe: 1. Emitirse en breve término. 2. Ser congruente con la petición (estar debidamente fundada y motivada); 3. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea, necesariamente, de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver conforme con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Por tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Constitución Federal, al dictar un acuerdo congruente y por escrito, fundado y motivado, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que se emita; en el entendido que, además de la obligación de dictar el acuerdo correspondiente a esa petición, el artículo 8o de la Constitución Federal impone la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXI, Tercera Parte, página 68, materia Constitucional, registro digital 818268, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. DERECHO DE. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." En el caso, se advierte que 1) José Luis Jiménez Díaz y 2) José Arturo Torres Aquino formularon una petición de manera pacífica y respetuosa, en seis puntos, identificados del inciso a) al f), según se desprende de la copia del escrito de fecha veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca el veintinueve siguiente; como se aprecia de la imagen escaneada que ahora se inserta: (.) Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, por conducto del director general de Asuntos Jurídicos, no acreditó haber dado respuesta congruente y completa a la petición de los quejosos a través del oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-); como se ve a continuación: Esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, realizo un análisis de su solicitud, por lo que la misma fue turnada mediante similar SSP/DGAJ/DPCDH/3455/2021, de fecha cuatro de agosto del año dos mil veintiuno, al Comisionado de la Policía Estatal, para su atención correspondiente, por lo que con fecha trece de agosto del año dos mil veintiuno, mediante oficio 1165/2021, signado por el Inspector Jefe Florentino Juárez Pérez, Comandante del 13/o. Sector de Seguridad Pública: ".que salió de la comandancia del 13o sector el policía segundo Santiago Romero Mondragón, con cinco elementos de línea a bordo de la patrulla número 1684, implementando acciones de seguridad con patrullajes preventivos y disuasivos, en la Ex Hacienda San Antonio Buenavista, San Sebastián Teitipac, Tlacolula, Oaxaca, por lo que siendo las trece horas, arribaron a la entrada de la Agencia de Policía de San Antonio Buenavista, en ese momento fueron interceptados por un sujeto que dijo llamarse Cecilio Hernández Lázcarez, quien manifiesta ser hijo del C. Isidro Hernández Villanueva, Agente de Policía en función, mismo que se encontraba en compañía de treinta ciudadanos de la citada población, los cuales se encontraban con palos y/o machetes al visualizarnos se tornaron agresivos gritando palabras altisonantes contra los elementos policiales, por lo que nos identificamos plenamente, como integrantes de la policía estatal, haciéndoles de su conocimiento el motive (sic), por el que arribamos a ese lugar, situación que molest al C. Cecilio Hernández Lázcarez, quien manifestó que su población se rige por usos y costumbres, y no se permite el acceso de ninguna corporación de seguridad, por consecuencia no permiten recorridos de seguridad y vigilancia de las Instituciones Seguridad Pública Estatal o Federal y que si en su De lo anterior, se puede concluir válidamente que las autoridades responsables no dieron respuesta congruente a la petición de los quejosos, pues se limitaron a indicarles a) que su petición se turnó al Comisionado de la Policía Estatal, pero que éste informó que a los elementos de la policía a su mando no les fue posible ingresar a la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista, municipio de San Sebastián Teitipac, distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en razón de que unos pobladores agresivos no les permitieron el acceso; y b) que soliciten una medida de protección en su carácter de víctimas dentro de una carpeta de investigación, para que, si lo ordena el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública proceda en los términos del mandato ministerial; ello, aducen las autoridades responsables, con fundamento en lo establecido por los artículos 21 de la Constitución Federal; 4 y 7 de la Ley General de Víctimas, y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, como se advierte de la lectura del escrito de petición, los quejosos no solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública como víctimas dentro de una carpeta de investigación; sino que, al margen de ello, pidieron la intervención de esa Institución a fin de prevenir la comisión de delitos en su contra y de su patrimonio, así como de las personas que habitan y laboran en los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buenavista y El Potrero, ubicados en colindancia con la Agencia de Policía de San Antonio Buenavista, municipio de San Sebastián Teitipac, distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Y en el punto 11 de los hechos narrados en su escrito de petición, destacaron que la solicitud se formulaba en razón de que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, y que a esa Secretaría le corresponde conducir y desarrollar la política estatal en materia de seguridad pública, de prevención del delito, a fin de salvaguardar la integridad y los bienes de las personas, sus derechos humanos, así como prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito y brindar protección a sus bienes y derechos, y así cumplir con su deber de protección a todas las personas contra actos ilegales. De ahí que las autoridades responsables no respondieron de manera completa y congruente cada uno de los puntos del escrito de petición, en el que, esencialmente, se solicitó: Establecer y ordenar la ejecución de un programa permanente para la vigilancia del orden público y prevención de delitos en la Agencia de Policía de San Antonio Buena Vista, municipio de San Sebastián Teitipac, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Garantizar la libertad de tránsito a los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y El Potrero, y se retire la cadena que impide el ingreso a esos inmuebles. Ordenar al Comisionado de la Policía Estatal que salvaguarde la integridad de las personas que habitan, laboran y hacen uso de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y El Potrero. Ordenar al Comisionado de la Policía Estatal que salvaguarde la integridad de los copropietarios de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y El Potrero, así como sus derechos humanos. Ordenar a los integrantes de las instituciones de seguridad pública del Estado, que presten auxilio de manera congruente, oportuna y proporcional a las personas que habitan, laboran y hacen uso de los inmuebles denominados Ex Hacienda San Antonio Buena Vista y El Potrero. Hacer todo lo que esté a su alcance para evitar la violación de sus derechos humanos. En consecuencia, es inconcuso que se violó en perjuicio de los quejosos el derecho tutelado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Máxime que no pasa desapercibido que, por lo que hace a la precisión efectuada en el oficio reclamado, relativa a la necesidad de que exista previamente una orden ministerial de brindar protección a los quejosos; obra en el tomo anexo a este juicio de amparo (foja 74), el oficio 605/2021 de veintitrés de julio de dos mil veintiuno (es decir, emitido antes del oficio reclamado), suscrito por el agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, dirigido al Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, en el que le indica que proceda en términos de la medida de protección otorgada a los quejosos en la diversa carpeta de investigación 18016/FVCE/TLACOLULA/2021; medida consistente, precisamente, en realizar recorridos de vigilancia y brindar auxilio policial a la brevedad posible en caso de que las víctimas lo lleguen a solicitar, en la Ex Hacienda San Antonio Buena Vista en el municipio de San Sebastián Teitipac, distrito de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Y si bien esa orden se giró directamente al Comisionado de la Policía Estatal, resulta preciso que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca o el director General de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría tomen en consideración esa información, para estar en condiciones de contestar el escrito de petición de los quejosos, pues, precisamente, el Comisionado de la Policía Estatal es una de las unidades administrativas con la que cuenta la Secretaría para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que son de su competencia, entre las que se encuentra ejecutar las políticas y estrategias de seguridad pública en el Estado, a fin de salvaguardar la integridad y los derechos humanos de la sociedad, preservar las libertades, el orden, la tranquilidad y la seguridad pública al interior de la Entidad; como así lo establece la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, en sus numerales siguientes: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en el Estado de Oaxaca, y tiene por objeto establecer y desarrollar las bases de aplicación del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de coordinación entre el Estado y los Municipios y regular la función de seguridad pública". "Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, y la reinserción social de las personas, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en las Constituciones Federal y Estatal". "Artículo 3. La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instituciones responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y medidas de seguridad de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley". "Artículo 5. Corresponde al Estado la implementación, supervisión, desarrollo y coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, en un marco de respeto a las atribuciones de los Municipios, para lo cual desarrollará políticas en materia de prevención del delito con carácter integral, sobre las causas y factores que generan éste y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y protección de las víctimas y grupos vulnerables". "Artículo 45. El Secretario, tiene las atribuciones siguientes: Ejecutar las políticas y estrategias de seguridad pública en el Estado, a fin de salvaguardar la integridad y los derechos humanos de la sociedad, preservar las libertades, el orden, la tranquilidad y la seguridad pública al interior de la Entidad; I. Informar periódicamente al Gobernador del Estado sobre el cumplimiento de sus atribuciones; II. Someter a consideración del Gobernador del Estado, las medidas que garanticen eficiencia en la política criminal entre las dependencias y entidades de la administración pública del Estado; III. Presentar al Gobernador del Estado, el proyecto del Programa Estatal de Seguridad Pública; IV. Aprobar el Programa Anual de Trabajo de la Secretaría; V. Participar en el Consejo Estatal y presidir los Consejos Regionales; VI. Representar al Gobierno del Estado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y enlas Comisiones de Seguridad Pública que se establezcan con los estados colindantes; VII. Nombrar y remover a los Subsecretarios, Oficial Mayor y Directores Generales de la Secretaría, así como a los titulares de los órganos administrativos desconcentrados en los casos que legalmente proceda, así como a los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública en comisiones, Municipios, Entidades Federativas y Organismos Estatales, Nacionales e Internacionales; VIII. Expedir los acuerdos, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y demás disposiciones normativas internas, en el ámbito de su competencia, que considere necesarias para cumplir con los fines de la Secretaría y, en su caso, ordenar su publicación; IX. Proponer ante las instancias competentes la normatividad tipo, que permita homogenizar los esquemas operativos y funcionales de los cuerpos de seguridad pública a nivel estatal; X. Proponer al Gobernador del Estado, la expedición, modificación, abrogación o derogación de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes y demás disposiciones en materia de seguridad pública, de conformidad a los procedimientos previstos en la normatividad aplicable; XI. Suscribir convenios, acuerdos de colaboración, coordinación o instrumentos jurídicos con otras Instituciones municipales, estatales, del Distrito Federal, nacionales e internacionales, y organismos no gubernamentales, para el desempeño de sus atribuciones, en el marco de la Ley; XII. Celebrar convenios con Instituciones educativas nacionales e Internacionales, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de excelencia a los servidores públicos de la Secretaría, con la autorización del Gobernador del Estado; XIII. Autorizar los servicios de seguridad privada en el Estado, y evaluar, vigilar y supervisar su funcionamiento; XIV. Aplicar las sanciones correspondientes a las empresas de Seguridad Privada y dar por terminada su autorización y servicio, cuando no cumplan con alguna disposición normativa, o cuando así lo requiera el interés público; XV. Organizar, dirigir, administrar y supervisar a la Policía Estatal, así como el desempeño honesto de su personal, y aplicar su régimen disciplinario; XVI. Organizar, dirigir y administrar el servicio profesional de carrera de las Instituciones Policiales; XVII. Aprobar el Plan Rector de Formación, Capacitación y Profesionalización, así como la actualización, adiestramiento y especialización de los Cuerpos de Seguridad Pública Estatal, conforme a las disposiciones legales aplicables; XVIII. Supervisar la organización, control, verificación y administración de los registros estatales de información sobre seguridad pública; XIX. Realizar las acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la Red Pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas; XX. Elaborar estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo; XXI. Establecer sistemas destinados a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; XXII. Proponer al Gobernador del Estado programas y acciones estratégicas tendentes a mejorar y ampliar la prevención del delito; XXIII. Administrar el sistema estatal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de reinserción social; XXIV. Establecer y operar los procedimientos de administración, seguridad, control y de apoyo logístico del sistema estatal penitenciario, definiendo esquemas de supervisión, registro y verificación, así como estrategias de intervención y de apoyo táctico operativo; XXV. Promover métodos para la reintegración social y familiar de los niños, niñas y adolescentes sujetos al Sistema de Justicia para Adolescentes; XXVI. Organizar y operar la Unidad de Medidas Cautelares, en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás normatividad aplicable. XXVII. Ordenar y administrar a las instituciones policiales de la Secretaría, para que proporcionen servicios a la autoridad judicial y ministerial correspondiente, cuando éstas los soliciten, en las diversas etapas del procedimiento penal acusatorio, de conformidad con la normatividad aplicable. XXVIII. Requerir de los Ayuntamientos, copia para conocimiento del presupuesto anual de egresos en la parte correspondiente a lo presupuestado en materia de seguridad pública municipal. XXIX. Prevenir y sancionar las faltas administrativas que determinen las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas aplicables; XXX. Ejecutar y supervisar que la planeación, programación, acciones, proyectos y políticas públicas de la Secretaría sean con perspectiva de género, y XXXI. Las demás que con ese carácter le confieran otras disposiciones aplicables o le encomiende el Gobernador del Estado. El Secretario podrá delegar las facultades necesarias, con excepción de las enumeradas en las fracciones I a V, de la VIII a la XVI, XIX y XXIV, a favor de los servidores públicos correspondientes; asimismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados que se establezcan en su reglamento, a través de los acuerdos correspondientes, que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado". "Artículo 46. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que son competencia de la Secretaría, contará cuando menos, con las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados siguientes: A. Unidades administrativas: I. El Comisionado de la Policía Estatal; (.)". (Transcripción) Así, a la luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la respuesta contenida en el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-), carece de fundamentación y motivación; debido a que las autoridades responsables no emitieron una respuesta congruente con lo pedido, ni se apoyaron en el precepto o preceptos legales que les permitieran expedir la respuesta a la parte quejosa, tampoco expusieron de manera concreta las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de la contestación; entre las que deben encontrarse los artículos invocados y la existencia previa de una medida de protección, en razón de que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; también comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación y la persecución para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la reinserción social de las personas, en las respectivas competencias establecidas en las Constituciones Federal y Estatal, a fin de salvaguardar la paz social e integridad de las personas. Se justifica esta apreciación, porque el derecho de petición se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Conforme a lo expuesto, se tiene que las autoridades responsables, además del multicitado artículo 8° constitucional, transgredieron los derechos de legalidad y de seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que impone conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y al director General de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría; para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SEXTO. Efectos de la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, por sí o a través del director General de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría, deberá realizar lo siguiente: 1° Dejar sin efectos el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de fecha once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-). 2° Dentro de las facultades que la ley le concede, con independencia del sentido en que lo haga, otorgue respuesta escrita, congruente, completa, fundada y motivada, a cada uno de los puntos solicitados por los quejosos 1) José Luis Jiménez Díaz y 2) José Arturo Torres Aquino, en su escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado en la Secretaría de Seguridad Pública el veintinueve siguiente. En el entendido que, para ello, deberá tomar en consideración los lineamientos vertidos en esta sentencia, relativos a la medida de protección otorgada a la parte quejosa por el agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 3° Hecho lo anterior, deberá notificar la contestación recaída, en el domicilio que los quejosos proporcionaron en su escrito de petición para oír y recibir notificaciones. Cabe destacar que la concesión del amparo tiene como finalidad que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado por las autoridades responsables, sin que esto implique que deban pronunciarse en determinado sentido respecto de lo solicitado. Concesión que se hace extensiva a las consecuencias reclamadas con motivo de la emisión del oficio de referencia, por cuanto que no lo combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento, atento a la jurisprudencia ochenta y ocho, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 70 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a José Luis Jiménez Díaz y José Arturo Torres Aquino contra el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-), firmado por el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, que dio respuesta a la petición formulada por los quejosos mediante ocurso de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dirigido al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, así como contra las consecuencias de dicho oficio; por las razones y fundamentos expresados en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso sexto de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO CITATORIO R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a José Luis Jiménez Díaz y José Arturo Torres Aquino contra el oficio SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022, de once de mayo de dos mil veintiuno (sic -lo correcto es dos mil veintidós-), firmado por el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, que dio respuesta a la petición formulada por los quejosos mediante ocurso de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dirigido al secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, así como contra las consecuencias de dicho oficio; por las razones y fundamentos expresados en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el diverso sexto de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    PRAL.670/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con veinticinco minutos del trece de octubre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de veintiocho de septiembre de este año, para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ******, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan 1) la demanda de amparo promovida por ***** y ******, por propio derecho, 2) el acuerdo ocho de junio de este año por el que se aceptó el conocimiento por turno declinado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, y se admitió la demanda, así como 3) los informes justificados de las autoridades responsables; además, hace constar que: a) no existen promociones pendientes por acordar y b) las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les previno en el auto inicial. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que: La parte quejosa exhibió: -Copia certificada del contrato de compraventa de inmueble de quince de abril de dos mil tres, contenido en la escritura nueve mil doscientos ochenta y ocho, volumen ciento cincuenta y dos, pasada ante la fe del Notario Público setenta y cuatro, en Oaxaca (fojas 22 a 27). -Copia simple y certificada de constancias relacionadas con la resolución de cinco de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno, emitida por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el jefe del Departamento Agrario del Registro Agrario Nacional (fojas 28 a 30 y 83 a 87). -Copia simple del escrito de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, presentado por los quejosos ante la Secretaría de Seguridad Pública el veintinueve siguiente (fojas 32 a 37 y 90 a 95). -Copia simple de una razón de imposibilidad de notificación, suscrita por el notificador del Juzgado de Control del Circuito Judicial del Centro, sede Tanivet, Oaxaca (fojas 39 y 97). -Copia simple del oficio SSP/DGAJ/DPCDH/ 1659/2022 de once de mayo de dos mil veintiuno (sic) suscrito por el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública (fojas 99 y 100). -Copia simple del oficio 605/2021 de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (foja 145). La autoridad responsable -Secretaría de Seguridad Pública-, remitió como justificación a su informe copias certificadas de: -Oficio 9669/2022 de treinta y uno de marzo de este año dictado en el juicio de amparo 1168/2021 del índice de este Juzgado (fojas 105 a 111). - Oficios SSP/DGAJ/DPCDH/1672/2022 de trece de mayo de dos mil veintidós SSP/DGAJ/DPCDH/1659/2022 de once de mayo de dos mil veintiuno (sic) (fojas 112 y 114 a 116) - Acuerdo de diez de mayo de dos mil veintidós emitido por el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública (foja 113). Así también, este órgano jurisdiccional, de oficio, recabó: -La copia certificada de constancias que integran la carpeta de investigación 18016/FVCE/TLACOLULA/2021 de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca (tomo anexo que obra por separado). Al respecto, se acuerda: Las documentales relacionadas se admitieron y desahogaron durante el trámite de este juicio de amparo, en razón de su especial naturaleza, por lo que serán valoradas al resolver en definitiva. Enseguida, abierto el periodo de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; consecuentemente, se cierra esta etapa. Con lo anterior, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución correspondiente. PONCIANO VELASCO VELASCO TITULAR DEL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA JULISSA NOHEMÍ PÉREZ SALINAS SECRETARIA DE JUZGADO

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