José Aureliano Carbajal Rodríguez

Expediente 126/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
126/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • José Aureliano Carbajal Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito remitido por ***, Defensor Público Federal, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido, para fungir como asesor jurídico del aquí quejoso ***. En ese sentido, se tiene al ocursante aceptando y protestando el cargo conferido, a efecto de que, por su conducto, le sea explicado al quejoso de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. En otro orden de ideas, se tiene al defensor público federal señalando para oír y recibir notificaciones el medio electrónico que menciona, de conformidad con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, respecto a su petición, en el sentido de que se autorice al usuario "wdibarra", para acceder al expediente en línea, indíquesele al respecto, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, siempre y cuando se realicen con el usuario antes citado y este se encuentre registrado en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre del promovente, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Finalmente, comisiónese a uno de los actuarios de la adscripción para que notifique de manera personal a Diego Wilfrido Ibarra Sánchez, en su calidad de asesor jurídico de la parte quejosa, el acuerdo de dieciséis de marzo de dos ml veintiuno, mediante el cual se determinó desechar de plano la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y cúmplase en los términos expuestos.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el encargado de despacho de la Delegación Morelos del Instituto Federal de la Defensoría Pública, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, designa como defensor público federal de la parte quejosa, al licenciado Diego Wilfrido Sánchez Ibarra, Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos. En consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al defensor público federal Diego Wilfrido Sánchez Ibarra, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificado de este auto, manifieste si acepta o no el cargo conferido. En la inteligencia que de no hacerlo en el término concedido, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que su conducta de omisión se haga del conocimiento de su superior jerárquico. En esa tesitura, se ordena hacer del conocimiento del licenciado Diego Wilfrido Sánchez Ibarra, que se encuentran a su disposición los medios especiales de comunicación, consistentes en el teléfono celular 5523348140 y correo electrónico nicolas.contreras.velazquez@correo.cjf.gob.mx, para que se encuentre en aptitud de participar en el presente juicio de amparo, de manera electrónica; salvo los casos en que la promovente cuente con firma electrónica, la cual deberá utilizar para actuar en el presente asunto. Asimismo, quedan a su disposición los medios electrónicos antes referidos, a efecto de coordinar su aceptación y protesta del cargo conferido con el personal de este Juzgado, para que, en términos del aludido Acuerdo General 21/2020, sea innecesaria su comparecencia ante este Juzgado de Distrito, por lo que se tienen por señalados el número telefónico y correo electrónico que señala el encargado de despacho de la Defensoría Pública Federal en el Estado para localizar al citado defensor. Notifíquese; y personalmente al defensor público federal Diego Wilfrido Sánchez Ibarra.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto dictado el ocho de marzo del año en curso, en la cual manifiesta lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad señale únicamente a la autoridad penitenciaria de Atlacholoaya". En tales condiciones, en atención a la prevención efectuada por auto de veintiséis de febrero actual, cumple con lo requerido; por lo que este Juzgado Federal al respecto provee: Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del Juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En esa tesitura, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que el acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad penitenciaria de otorgar al aquí promovente una visita familiar, no es susceptible de combatirse en la presente vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé el principio de definitividad de los actos reclamados, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, la parte quejosa debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Ahora bien, los artículos 18 y 21 constitucionales establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que ésta establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.18/2012, estableció que la entrada en vigor de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, realizó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y los eventos que acontezcan durante el cumplimiento de las penas, sino que ello corresponde a las autoridades judiciales, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal. Asimismo, en la jurisprudencia P./J.31/2013, ese Alto Tribunal, consideró que no es posible lograr la reinserción social que prevé el artículo 18 de la Constitución, sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte. Conforme a esos criterios, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a.XI/2018, determinó que la atención a la salud es una parte medular de la reinserción social. En ese sentido, resulta pertinente destacar que como resultado de las reformas constitucionales, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Ahora, en su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley. Se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor- , pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido no debe perderse de vista que el Artículo Transitorio Tercero de la Ley Nacional de Ejecución Penal que sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, este Juzgador estima que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional, por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal, de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la Ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley, establece en sus artículos 1 y 2, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por: Prisión preventiva, En la ejecución de penas y En las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de dichos principios. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y Órganos Jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la referida Ley establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. En ese tenor, como puede advertirse, el aquí promovente no agotó el principio de definitividad antes de acudir a la vía constitucional, pues una vez analizada la demanda de amparo, atendiendo la causa de pedir, se colige que la negativa de otorgar una visita familiar, es susceptible de resolverse ante el Juez de Ejecución Penal, como se explicará a continuación. Como se aprecia de la demanda de amparo, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", con sede en Atlacholoaya, Morelos; por tanto, en primer término, deben elevar sus peticiones al Comité Técnico, quien es el órgano competente para satisfacer sus necesidades como reclusos, atendiendo los propios lineamientos de la institución. En caso de resolverse desfavorablemente o de ser omisa la autoridad penitenciaria (como en el caso se reclama), debe acudirse ante el Juez de Ejecución, quien deberá resolver en un plazo no mayor a setenta y dos horas sobre dicha cuestión. Al respecto, la referida Ley de Ejecución Penal establece los mecanismos para hacer tales peticiones, a saber: "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación (.)". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito (.)". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente (.)". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria". "Artículo 116. Controversias. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II. El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales (.)". Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente: Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación. Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución. Si la petición no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva. Los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Para la ejecución de esta acción constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa. Como puede advertirse el quejoso reclama la negativa de la autoridad penitenciaria de otorgarle una visita familiar, sin embargo, conforme a lo antes citado, debió acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de estar inconforme con la respuesta, formular controversia ante el Juez de Ejecución (entendido éste como el juez que conoció del proceso tratándose del sistema tradicional y juez especializado en ejecución de penas en relación con el nuevo sistema acusatorio adversarial cuando ya exista sentencia, o bien, el juez de la causa o el juez de control, respectivamente, cuando no exista condena), pues aunque se trate de una disposición tendiente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. Apoya las consideraciones anteriores, la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Asimismo, apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 1ª./j. 79/2018 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Así como la tesis I.7o.P.3 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE UNA CORRECCIÓN O SANCIÓN DISCIPLINARIA A UN SENTENCIADO. AL SER UN ACTO VINCULADO CON LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS, SE SURTE A FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. Si bien es cierto que la competencia para conocer de un juicio de amparo indirecto se surte en favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal cuando se reclame cualquier acto vinculado con la ejecución de las penas (como la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, el aseguramiento del cumplimiento de las penas y el control de las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria), también lo es que se surte tratándose de la imposición de una corrección o sanción disciplinaria a un sentenciado, pues aunque se trate de una disposición tendente a preservar la organización, el control y el orden que debe prevalecer en los recintos carcelarios, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas, máxime cuando dichas sanciones disciplinarias se fundamentan en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal." Por tanto, para que se surtan las citadas causales de improcedencia, es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1. Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, el referido acto reclamado se imputa únicamente una autoridad penitenciaria (Director General del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"). Por lo cual, el acto de molestia proviene de autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. 2. Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a la misma ley se suspendan los efectos de dicho acto mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor para ello. En el caso, los artículos transcritos establecen un medio de control sobre las decisiones que tome el personal que labora en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" o, inclusive, sobre las determinaciones u omisiones del Comité Técnico de dicho centro, al poder ser revisados en controversia ante el Juez de Ejecución que resulte competente. 3. Que se trate de personas privadas de su libertad, ya sea por una medida de prisión preventiva o por una condena de prisión. Lo que en el caso resulta aplicable, toda vez que se trata de una persona que se encuentra interna en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos". En ese orden de ideas, si se toma en consideración que para que el quejoso se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad, sólo se requiere la existencia de una ley que prevea un recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, que con su interposición se suspendan sus efectos, sin exigirse mayores requisitos, ni plazos que los que consigna la Ley de Amparo, para su concesión y teniendo los mismos alcances que ésta, por lo que se tiene que en el caso en estudio se actualiza ese supuesto ya que la parte quejosa debió acudir previamente ante Juez de Ejecución Penal, puede subsanarse, como ya se dijo, el acto que se impugna por esta vía, por lo que operan las causales de improcedencia invocadas. Por tanto, en el caso en estudio la parte quejosa se encuentra obligada a agotar los medios de impugnación de que se trata antes de acudir al juicio de amparo, pues no hay razón para pretender que no deba agotarse el expresado control judicial, cuya interposición priva de definitividad al acto recurrido, máxime tratándose de un acto formal y materialmente administrativo, que no se sitúa en los casos de excepción al principio de definitividad. En relación a ello, el transcrito precepto 116 de la invocada legislación, establece que la controversia ante juez de ejecución es procedente, entre otros casos, respecto al plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales; por tanto, aún en el supuesto de que la negativa que refiere la parte quejosa tuviera afectación de derechos primarios, es procedente la controversia ante el referido funcionario judicial, pues la celeridad de su tramitación (setenta y dos horas) resulta más benéfica para la parte quejosa, además de que se trata de condiciones sobre su internamiento que competen a dicho juzgado. Atendiendo a lo anterior, es indudable que, aún de admitir la demanda y solicitar informes a las autoridades señaladas como responsables, se llegaría a la misma determinación de improcedencia del juicio de garantías, al no agotarse el medio de defensa ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. En las relatadas condiciones, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Con lo anterior no se deja de aplicar el principio pro homine ni se dejan de observar disposiciones de tratados internacionales en materia de derechos humanos, que recoge el artículo 1 de nuestra Constitución Política, ya que su aplicación no implica desconocer los presupuestos formales y materiales de procedencia de las acciones, que el estado implementa para una mejor eficacia de sus medios de impugnación o defensa. Determinación que tampoco es violatoria del derecho humano a la administración de justicia, pues el derecho de acceso a la justicia está limitado a los plazos y condiciones contenidas en la ley, las cuales pueden versar sobre los presupuestos procesales necesarios para el estudio de fondo de algún asunto; por lo tanto, si la propia ley de amparo contiene causales de improcedencia, que tienen su razón de ser en el artículo 17 constitucional, al evitar la saturación de los tribunales con asuntos estériles, en perjuicio de todos los usuarios del sistema, ergo, no es violatorio de derechos fundamentales la vigilancia de su correcta aplicación, como acontece en el caso. Apoya lo anterior, los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el amparo en revisión 896/2017, resuelto en la sesión celebrada el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, amparo en revisión 247/2018, resuelto en la sesión celebrada el diecisiete de agosto del año en curso y amparo en revisión 196/2018, resuelto en la sesión celebrada el veinticuatro de agosto del presente año. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del auto dictado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la cual manifiesta lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad reclamo la negativa de otorgar una visita familiar por parte de la autoridad penitenciaria. Pido abogado de oficio". Ahora bien, de la constancia de cuenta se advierte que el promovente pretende dar cumplimiento a la prevención formulada por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, sin que haya lugar a tenerla por satisfecha en su integridad. Lo anterior es así, ya que si bien precisa bajo protesta de decir verdad, el acto reclamado que pretende combatir en el presente asunto; sin embargo, fue omiso en informar bajo protesta de decir verdad, que Juez de Primera Instancia, de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, desea señalar como responsable o en su caso indicar sí únicamente desea señalar como responsable a la autoridad penitenciaria (nombre de la autoridad). En consecuencia, hágase del conocimiento al ocursante que subsiste la prevención formulada en el proveído de referencia, así como el apercibimiento ahí decretado; sin embargo, indíquesele que el término restante (de los días que ahí le fueron concedidos), se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sirviendo de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a. /J. 39/2012 (10a.), que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo I, página 400, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." En otro aspecto, se tiene al promovente de amparo solicitando un asesor jurídico de oficio; por lo que a efecto de no dejarlo en estado de indefensión y garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 Constitucional, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1°, 4° fracciones I y II y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, requiérase al Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que en el término de cuarenta y ocho horas, contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, designe un asesor jurídico o defensor público a******************** a efecto de que, por su conducto, le sea explicado de manera clara, completa y específica los proveídos que emanen de este expediente. Por lo que, tal nombramiento tendrá que hacerlo del conocimiento de este órgano constitucional, asimismo, deberá de informar el domicilio en donde pueda ser notificado de manera personal o por algún medio especial de notificación (número telefónico o correo electrónico). Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se harán acreedores a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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