José Arturo García Murgia

Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • José Arturo García Murgia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso ****, mediante el cual solicita se le devuelva el documento que adjuntó al escrito inicial; por tanto, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional pone a disposición de la parte quejosa la documental de referencia, previa identificación y toma de razón que por su entrega se deje en autos. Se hace saber a la parte quejosa que de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su periodo de vigencia por su similar 25/2020), el acceso a las instalaciones de este juzgado de manera física será mediante previa cita, misma que deberá agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.... se declara que el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por medio del cual este Juzgado de Distrito tuvo desecho de plano la demanda de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar.... archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.... Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de veinticinco de marzo del año en curso, por los motivos que ahí expone. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24, 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizar la publicación del auto referido, así como las subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos electrónica, que a su vez se fija en un lugar visible en la entrada del edificio donde este órgano jurisdiccional tiene su residencia oficial, hasta en tanto señale un diverso domicilio. Notifíquese.********************************************************** Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** , por propio derecho, contra actos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 250/2021-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causal manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los preceptos transcritos se infiere que, el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que, con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, lo siguiente: I.- Del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos: ".la omisión o falta de contestación al escrito de fecha 6 de noviembre de 2020, presentado en la oficialía de partes de la autoridad responsable el 6 de noviembre de 2020". En tal escrito, la parte quejosa se dirige al citado Instituto para hacerle saber que el veintinueve de enero de dos mil veinte obtuvo pensión por cesantía en edad avanzada y que se le han venido cubriendo las mensualidades correspondientes al periodo de enero a octubre de dos mil veinte, sin embargo, dicho decreto señala el pago retroactivo a partir del día siguiente a aquél en que fue dado de baja, es decir, desde el primero de marzo de dos mil diecisiete, sin que se le hayan cubierto las cantidades correspondientes al periodo del primero de marzo de dos mil diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, por lo que solicita su pago. Por lo tanto, el acto reclamado, surge de una relación de coordinación entre patrón y trabajador, dada la existencia de derechos y obligaciones que comparten entre sí, en virtud de que la parte quejosa lo que plantea, esencialmente, es la omisión de dar contestación a un escrito de petición presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, por parte del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en el que solicita el pago de mensualidades vencidas de pensión. Con otras palabras, la autoridad del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, tiene el doble carácter de autoridad responsable en la demanda de amparo y de patrón de la parte quejosa. De ahí que, si por tal relación laboral existe un desacuerdo entre dichas partes, entonces será en otra vía en la que se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello sobre la base de que, de la eventual insubsistencia del acto reclamado se derivan prestaciones derivadas de un nexo de trabajo. Por tanto, dichos actos no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que, corresponde al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que, se insiste, actúan en un plano de igualdad. Además, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5, fracción ll, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acuerdo reclamado no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 42, mayo de dos mil diecisiete, tomo II, página 1426, materia laboral, registro 2014236, que dice: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS. Acorde con los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción VII, 57 a 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil, y 38, fracciones VII, LXIV, LXV y LXVI, de la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Morelos, los trabajadores al servicio de dicha entidad federativa y de sus Municipios, así como sus beneficiarios, tienen derecho a gozar de una pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, entre otras, como parte de la seguridad social que los Ayuntamientos deben proporcionar a sus empleados. En torno a dicha prerrogativa, la citada legislación establece requisitos y formalidades que deben cumplir tanto el trabajador o sus beneficiarios como el Municipio, y que es éste el facultado para resolver sobre el otorgamiento o la negativa de la pensión solicitada. En esas circunstancias, al constituir el otorgamiento de las pensiones un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos como consecuencia de la relación laboral, el conflicto suscitado, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo previsto en el artículo 38, fracción LXVI, indicado, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el cual está facultado para prevenir a la parte actora para que exhiba constancia de la solicitud que presentó ante el Ayuntamiento demandado o, incluso, desechar la demanda laboral si es que de los hechos manifestados en ésta se advierte que la solicitud no se presentó conforme al artículo 57 invocado". Por lo expuesto, este Juzgado Federal considera que, respecto del acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, en la especie, no es autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Se estima oportuno señalar que, si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje al promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Domicilio procesal y autorizados En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a las personas que indica, en razón de que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Notifíquese personalmente.

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