José Arturo Ruíz Poot

Expediente 2223/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2223/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • José Arturo Ruíz Poot
  • Johan Elías Ruíz Canul
  • José Arturo Ruíz Poot y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Lo anterior, al ser un juicio de al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada mediante resolución interlocutoria de veintinueve de noviembre del año en curso, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Además, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Por último, no habiendo motivo legal alguno para que continúe al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo I formado con las constancias remitidas por el Juez responsable en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, consistente en copias certificadas de las constancias que integran el expediente ********************de su índice; por tanto, devuélvansele, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copias certificadas. Notifíquese.

  2. Principal

    NOT ELECT RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, por su propio y personal derecho, y además, en representación de sus menores hijos de iniciales ******************** y ********************a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos atribuidos al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo acuerdo aclaratorio, por auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, se registró la demanda de que se trata con el número 2223/2022-VIII-A y se admitió a trámite la misma, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable, fundamentalmente, lo siguiente: La Sentencia Interlocutoria de quince de agosto del año dos mil veintidós, dictada en autos del expediente 37/2021, con motivo del recurso de revocación que interpuso en contra del auto de uno de julio del año dos mil veintidós. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." os actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negó su existencia, realizó manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se le atribuye. CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la Litis Constitucional. Previo al análisis de la litis constitucional, cabe destacar que en el presente juicio de amparo de la demanda de amparo que se estudia se advierte que las violaciones que hace valer el promovente únicamente le causan perjuicio al directo quejoso padre de los menores de edad por quienes también acude al juicio de amparo, por lo que el análisis de los conceptos de violación se atenderán en ese sentido. Sin que en el caso se observe alguna violación o agravio que afecte a los menores, por lo cual se deba suplir la deficiencia de la queja en favor de éstos. Ahora en el presente caso, son por una parte infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y por otra inoperantes, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable, que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Escrito de tres mayo de dos mil veintidós, Miriam Georgina Canul Burgos, solicitó al Juez del conocimiento requiriera a ******************** a fin de que cumpliera con el régimen de convivencia fijado en el auto de veinticuatro de marzo del año en curso. 2. Acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por presentada a Miriam Georgina Canul Burgos y previo a requerir al ahora quejoso, la autoridad responsable determinó girar oficio a la Coordinadora del Área de Convivencia Supervisadas del Centro de Convivencia del Estado de Yucatán, para que en el término de ocho días hábiles remitiera los informes relativos a la convivencia supervisada entre la citada Canul Burgos y sus hijos menores de edad, fijada en auto de veinticuatro de marzo del año en curso y la apercibió con multa. De igual manera y respecto de la convivencia con sus hijos menores de edad dio vista a ******************** para que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho corresponda. 3. Por escrito de veinticuatro de mayo del año en curso, el ahora quejoso ******************** desahogó la vista que se le dio en proveído de dieciséis de mayo de la presente anualidad. 4.- En auto de tres de junio del año en curso, se tuvo por presentado al quejoso con su memorial y se le previno para que cumpliera con el régimen de convivencia ya decretado en el expediente origen y se le apercibió con multa de cuarenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en atención a que si bien promovió juicio de amparo (912/2021-I del índice de éste Juzgado) en contra de la aprobación del régimen de convivencia, lo cierto es que se le había negado la suspensión. 5. Mediante escrito de veinte de junio de dos mil veintidós, la ahora tercero interesada Miriam Georgina Canul Burgos solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento al ahora quejoso, se le impusiera la multa de cuarenta veces la Unidad de Medida y Actualización, así como se le apercibiera que en caso de continuar rehusándose a dar cumplimiento al régimen de convivencia se consignaría dicho hecho a la Fiscalía General del Estado. 6. Mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, entre otros, el juez del conocimiento acordó el memorial de Miriam Georgina Canul Burgos e indicó que previo a resolver el planteamiento de la ahora tercero interesada, consistente en hacer efectivo el apercibimiento a ********************, ordenó girar oficio recordatorio a la Coordinadora del Área de Convivencia Supervisadas del Centro de Convivencia del Estado de Yucatán, y la apercibió con imponer la sanción establecida en el proveído de dieciséis de mayo del año en curso. 7. En proveído de uno de julio de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, el Juez responsable procedió a resolver sobre la solicitud de Miriam Georgina Canul Burgos, consistente en su intervención a fin de que se cumpliera con los objetivos de la convivencia decretada con sus menores hijos y por cuanto en el mismo auto se tuvo por recepcionado el oficio remitido por la Coordinadora del Área de Convivencia Supervisadas del Centro de Convivencia del Estado (CECOFAY), y ******************** ya había desahogado la vista que se le diera en proveído de dieciséis de mayo del año que transcurre; argumentó y determinó que ante el incumplimiento del ahora quejoso al requerimiento de presentar a sus menores hijos al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), se hizo acreedor ******************** de una multa por la cantidad de tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos con ochenta centavos, moneda nacional, equivalente a cuarenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, consecuencia contenida en el proveído de tres de junio de dos mil veintidós. De igual manera, requirió nuevamente a ******************** para que cumpliera debidamente con el régimen de convivencia provisional decretado, en sus modalidades virtual y presencial, y lo apercibió que por cada ocasión que no presentare a sus hijos al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán (CECOFAY), se haría acreedor a una multa de veinte veces la unidad de medida y actualización; así como que de incurrir nuevamente en ese tipo de comportamiento se consignaría de oficio ese hecho al Ministerio Público. 8. En auto de catorce de julio de dos mil veintidós el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, admitió el recurso de revocación interpuesto por ******************** en contra del auto de uno de julio del año en curso, y se dio vista a Miriam Georgina Canul Burgos para que manifestara lo que a su interés convenga. 9. Por interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintidós, el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, confirmó en todas sus partes el auto dictado el uno de julio de la presente anualidad. Resolución interlocutoria que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. En esta tesitura, el quejoso ******************** aduce como conceptos de violación: Que la autoridad responsable viola el principio pro persona y de interés superior del menor, así como los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que a su parecer, el acto reclamado carece de congruencia, fundamentación y motivación, que junto con la de legalidad, rigen toda resolución judicial, pues aduce que no se le dio la vista correspondiente respecto del incumplimiento denunciado por Miriam Georgina Canul Burgos, en su escrito de veintiuno de junio de dos mil veintidós en el auto dictado el veintiséis de mayo del citado año lo cual a su parecer resulta incongruente. También refiere que la autoridad responsable viola su derecho de audiencia y de debido proceso por cuanto cuando se da vista a alguna de las partes de lo manifestado por su contraria se hace atendiendo al derecho fundamental de audiencia, lo cual a su parecer no hizo la responsable. Estos argumentos son infundados. Se dice lo anterior, ya que contrario a lo alegado por el aquí quejoso, la resolución interlocutoria de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el expediente de divorcio incausado 37/2021, sí cumple con la fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la responsable, al emitirla, expresó los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevaron a pronunciar su determinación, citó los preceptos en que apoyó sus razonamientos, emitiendo así una resolución congruente, precisa y clara. De esta forma, la responsable sí señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta para el pronunciamiento del acto reclamado, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, que es lo que patentiza la fundamentación y motivación que todo acto de molestia debe reunir. Apoya lo anterior la jurisprudencia 260, visible a foja 175, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por ilustrativa, en cuanto al tema de la fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, se cita la jurisprudencia siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Se dice lo anterior, por cuanto de las constancias que integran el expediente 37/2021 del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, se aprecia que mediante memorial de tres mayo de dos mil veintidós (foja 246 anexo), Miriam Georgina Canul Burgos, solicitó al Juez del conocimiento requiriera a ******************** a fin de que cumpliera con el régimen de convivencia fijado en el auto de veinticuatro de marzo del año en curso; a dicho escrito le recayó el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintidós (foja 248 anexo), en el que se tuvo por presentada a Miriam Georgina Canul Burgos y previo a requerir al ahora quejoso, la autoridad responsable determinó girar oficio a la Coordinadora del Área de Convivencias Supervisadas del Centro de Convivencia del Estado de Yucatán, para que en el término de ocho días hábiles remitiera los informes relativos a la convivencia supervisada entre la citada Canul Burgos y sus hijos menores de edad, fijada en auto de veinticuatro de marzo del año en curso y la apercibió con multa. De igual manera y respecto de la convivencia con sus hijos menores de edad el juez del conocimiento dio vista a ******************** para que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 248 vuelta anexo), la cual desahogó mediante memorial de veinticuatro de mayo del año en curso (foja 270 anexo). De ahí que no le asiste la razón al quejoso al manifestar que no se le dio vista del memorial de la tercero interesada y si bien yerra la autoridad al mencionar en su resolución que por esta vía se combate, que el acuerdo en el que se dio vista fue de veintiséis de mayo del año dos mil veintidós, cuando lo fue de dieciséis de mayo de la presente anualidad, ello no lo dejó en estado de indefensión por cuanto como ya se hizo mención, el ahora quejoso sí desahogo la vista que se le diera en el citado auto de dieciséis de mayo del año en curso, por lo que fue correcta la determinación de la autoridad responsable en ese sentido. Sin que sea el caso pronunciarse respecto de las manifestaciones que hace el quejoso entorno al auto de tres de junio del año en curso emitido en el juicio de origen, por cuanto manifestó que promovió diverso juicio de amparo con número 1447/2022-I-B del índice de este Juzgado, el cual se encuentra pendiente de resolver. Como segundo concepto de violación, refiere el quejoso que se viola en su perjuicio los principios pro persona y de interés superior del menor, así como los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues el acto reclamado carece de congruencia, fundamentación y motivación, elementos básicos que junto con el de legalidad rigen toda resolución judicial, ya que a su parecer la autoridad responsable equivocadamente sostuvo que el recurso que interpuso (revocación) no era el idóneo para analizar la validez de la notificación de que se duele ya que en su caso sería materia de análisis de un incidente de nulidad de notificaciones por lo que resultaba improcedente su agravio, así como que, no todos los acuerdos o resoluciones pronunciados deben ser notificados personalmente a las partes; refiere el quejoso que la responsable pierde de vista que no sólo se trata de la forma en que se notificó el auto recurrido originalmente, sino que se trata del acuerdo en sí mismo, porque a su parecer lo correcto era se ordenara que dicha notificación se notificara personalmente en su domicilio, como refiere lo disponen los artículos 211, fracción V, 212 fracciones II y III, incisos d) y e) del Código de Procedimientos de Familia del Estado. Es infundado lo aducido en el concepto de violación, porque el peticionario del amparo se limita a precisar que la responsable debió ordenar se notificara personalmente el acuerdo que refiere, pero pasa por alto los argumentos en que descansa la resolución reclamada, y que invocó el juez para resolver como lo hizo, esto es, que si bien la normativa que invocó (artículo 211, fracción V, Código de Procedimientos Familiares del Estado) señala que el requerimiento de un acto que deba cumplir cualquiera de las partes debe notificarse personalmente, sin embargo, el objetivo de que se enteré del contenido del acuerdo, ocurrió ya que se hizo sabedor de él, pues accedió a su contenido a través de la reproducción electrónica. En otra parte de su concepto de violación, también aduce que en cuanto al derecho de convivencia y la multiplicidad de apercibimientos simultáneos dirigidos a su persona, la autoridad incurre en prejuicio y viola anticipadamente su derecho fundamental de audiencia porque cierra la posibilidad de que el ahora quejoso pueda justificar cualquier presunto incumplimiento adicional a los ya expuestos en el juicio de origen. De igual manera es infundado su argumento ya que como acertadamente le indico la autoridad responsable, por ser el padre custodio es su deber acudir con los menores al Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, ya que éstos necesitan con cierta regularidad el contacto físico con su madre; además de que como le fue indicado en la resolución que combate el daño patrimonial que en su momento se ocasione dependerá de cómo se conduzca el quejoso y no de las sanciones que como medio de apremio imponga el juez responsable, por lo anterior, la indicada resolución se encuentra ajustada a derecho. Por otra parte, son inoperantes los restantes conceptos de violación ya que el quejoso fue omiso en combatir los argumentos que conllevaron a la responsable a considerar improcedentes los agravios ante ella formulados, por lo que no pueden ser analizados en esta resolución. Tales como: a). ".... Sin embargo, el objetivo de que se entere el recurrente del contenido del proveído de fecha uno de julio de dos mil veintidós, se cumplió, ya que se enteró con oportunidad. Ello, por su interés natural en el procedimiento." b) ".Se afirma lo anterior, pues accedió a su contenido a través de la reproducción electrónica adoptada por su parte, al acudir a este recinto judicial, ya que obtuvo la imagen de éste, el mismo día -seis de julio de dos mil veintidós- que salió publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, véase la constancia colocada al re folio trescientos ocho de este sumario; actuar que convalida la de la notificación realizada a través de lista publicada en dicho comunicación oficial." c) "Se agrega, utilizó la información plasmada en él, ya que con inmediatez hizo valer el recurso que nos ocupa." d) Como se puede advertir las circunstancias existentes justificaron la sanción pecuniaria de la que se duele el recurrente, ya que los que ejercen la patria potestad, aún, cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes. Por su parte la fracción II del numeral 82 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, prevé los límites para imponerla, razón por la cual se emitió la correspondiente, monto que no es excesivo ni desproporcionado debido a que dicho actuar se encuentra dentro de esos límites (mínimo y máximo), ya que la impuesta es de las mínimas fijadas por la ley, muy lejos de los de ciento veinte días de salario mínimo." De ahí que las consideraciones hechas por la responsable ordenadora deben subsistir sosteniendo el fallo combatido, con independencia de su legalidad o ilegalidad, al no operar en la especie la suplencia de la queja deficiente por no darse alguna de las hipótesis del numeral 79 de la ley de materia, por cuanto en ella no se afectan los derecho de menores. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sostenida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Así como la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados en parte e inoperantes en otra los conceptos de violación hechos valer por el inconforme, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, por su propio y personal derecho, y además, en representación de sus menores hijos de iniciales ******************** y ********************contra los actos que reclamó al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    NOT ELECT Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el escrito presentado mediante el uso de la FIREL de la asesora jurídica federal ********************, representante especial de los menores de edad de identidad reservada con iniciales ********************y en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos realizados por el ocursante, para ser tomados en consideración al momento de verificarse la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes del informe que se relaciona en el proveído de veinticinco de octubre del año actual. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.

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